Como Colegio Profesional de Trabajadores/as Sociales de la provincia del Chubut, nos manifestamos con enorme preocupación frente a la compleja situación económica, política y social que se vive en
nuestra Provincia y cada una de nuestras localidades, situación que ha recrudecido visiblemente a la
fecha.
Como Profesionales del Trabajo Social, por nuestras incumbencias y competencias profesionales, nos
insertamos en distintos ámbitos institucionales, (salud, educación, justicia, protección de derechos,
género, desarrollo social, hábitat, economía social, organizaciones, etc). donde abordamos conflictos
y problemas sociales traducidos en demandas concretas de la población. Es parte de nuestra
responsabilidad ético política y como trabajadores/as asalariados/as PRONUNCIARNOS y
DENUNCIAR la compleja situación a la que nos somete el gobierno provincial del gobernador Arcioni
y ALERTAR sobre sus efectos directos en la precarización de las condiciones de existencia y
reproducción humana, exigiendo de manera urgente soluciones efectivas ante el conflicto.
La provincia se encuentra atravesando una crisis económica, política e institucional desde hace varios
años, donde la única salida que se impone desde el gobierno es la profundización de las políticas
extractivistas, como la Megaminería, utilizando a los/as trabajadores/as del Estado y el sistema
previsional, como la única variable de ajuste. El no pago de los salarios en tiempo y forma, el
endeudamiento con proveedores locales, la detención de las obras públicas iniciadas, entre otras
variables, son muestra de la ineficiencia y falta de voluntad del gobierno a brindar respuestas
superadoras de las diferentes problemáticas, lo que ha ido derivando en un creciente vaciamiento y
abandono por parte del Estado provincial de servicios y derechos fundamentales para toda la
población chubutense. La Pandemia vino a profundizar y dejar al descubierto las condiciones de
desigualdad social preexistentes. La consigna “quédate en casa”, solo es posible cuando se la tiene y
se cuenta con condiciones mínimas ambientales para el buen vivir y el desarrollo digno de la vida
cotidiana, sin embargo, el Aislamiento (ASPO) aumentó las condiciones de hacinamiento, la violencia
infantil, de género e intrafamiliar y la crisis habitacional, entre otras.
En el actual contexto social éste colectivo profesional se manifiesta con preocupación ante:
Las riesgosas y violentas condiciones laborales de los/as trabajadores/as estatales en todos los
ámbitos.
La precarización de un gran sector de los/as operadores/as y profesionales que se desempeñan
en el ámbito de los Servicios de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes
sostenidos por profesionales contratados/as, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la canasta
básica alimentaria.
El pago escalonado y con atraso de tres meses en la liquidación de los sueldos de todos/as
los/as empleados/as públicos/as, y del sector pasivo.
El no pago del medio aguinaldo adeudado.
Los recortes presupuestarios en los recursos elementales para la realización de las tareas y
abordajes de las distintas instituciones (Escuelas, Hospitales, Poder Judicial, entre otras),
afectando al servicio, reduciendo su alcance y calidad de prestación.
La reducción de programas de fortalecimiento y protección integral para la niñez,
adolescencia, familia, mujeres y disidencias.
La desarticulación y vaciamiento de Políticas Sociales.
La falta de trabajo y el creciente aumento del desempleo.
La emergencia alimentaria de toda la población, y el aumento de quienes acuden
a comedores barriales o merenderos, llevados adelante por organizaciones sociales o
vecinos/as voluntarios/as.
El abandono y entrega por parte de la conducción de algunos gremios a los/as trabajadores/as
en la lucha por mejores condiciones laborales.
La omisión y silencio del Gobierno nacional ante el estado de abandono y peligro al que nos
expone el Gobierno de Arcioni, sin respuestas efectivas a la crisis prolongada hasta el
momento.
El abuso y hostigamiento policial a la población en contexto de aislamiento y creciente
violencia institucional.
La criminalización de la protesta social, la persecución a los pueblos originarios que revindican
sus territorios y la estigmatización de los barrios populares.
Los/as trabajadores/as sociales nos encontramos en la primera línea de intervención, somos
quienes atendemos la demanda directa generada por la desigualdad social y al mismo tiempo
somos trabajadores/as que sufrimos, junto al resto de la población, estas condiciones de ajuste
y abandono estatal.
Por todo lo antes mencionado, denunciamos el cerco mediático a nivel nacional y llamamos a
las Organizaciones Sociales, Colegios profesionales, Federaciones nacionales, Asociaciones de
trabajadores, Unidades académicas, Medios de comunicación, agrupaciones políticas o
partidarias a replicar este pronunciamiento y dar a conocer la crítica situación en la que
vivimos.
MAS DERECHOS, MENOS CASTIGO
MAS PROTECCIÓN, MENOS SILENCIO, MENOS VIOLENCIA
¡MAS DIGNIDAD!!
Editoriales ANP
