jueves 4 de mayo(Red ECO).-
Preocupación
y repudio de organizaciones y referentes de los derechos humanos
ocasionó el fallo de la Corte Suprema que aplica la ley del 2x1 a un
condenado por delitos de lesa humanidad. El llamado a la
“reconciliación” por parte de la iglesia, el beneficio de la prisión
domiciliaria a Miguel Etchecolatz en una de las causas en su contra, el
intento de reinstalar la teoría de los dos demonios y el negacionismo
que se impulsa desde el gobierno de Cambiemos suman sombras a un
panorama que se oscurece. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Luis Muiña formaba parte del autodenominado
grupo "SWAT", un comando paramilitar interno del Hospital Posadas de El
Palomar, partido de Morón, que detenía y torturaba pacientes,
trabajadores y vecinos, durante la ocupación militar del nosocomio
llevada adelante en el marco del Terrorismo de Estado.
En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 lo condenó por
secuestros y torturas a 13 años de prisión, fallo que quedó firme en
2013.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría aplicar
la ley 24.390, conocida como 2 x 1, a Luis Muiña. A favor votaron Elena
Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; los dos
últimos designados por el gobierno de Cambiemos con el apoyo en el
Senado del Frente para la Victoria y la casi totalidad de los bloques
opositores. En contra se manifestaron Ricardo Lorenzetti y Carlos
Maqueda, al señalar que esta reducción de la pena no es aplicable a los
delitos de lesa humanidad.
La ley 24.390 estuvo vigente entre 1994 y 2001, año en que fue
derogada. En diálogo con el sitio Cosecha Roja, Julián Axat, abogado
víctima y querellante en el juicio La Cacha, explicó: “el 2x1 nació por
razones relacionadas con el colapso carcelario y la dilación procesal
judicial. Se disminuyó así la población de internos entendiendo que el
responsable, el que no dictaba condenas, era el propio Poder Judicial”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata y la
CTA Autónoma, señalaron que esta norma “establecía que pasados los dos
años de prisión preventiva, cada día de detención se contabilizaba doble
a los efectos del cómputo de la pena”.
Sin embargo, tras su derogación en 2001 la ley se siguió utilizando
en algunos casos: “existían hechos que tenían origen antes de su
derogación y que por la aplicación de la ley más benigna se seguía
aplicando el 2x1. Los casos típicos son Cabezas y Los Horneros o Grassi.
¿Por qué se les aplicó el 2x1? Porque cometieron hechos que fueron
anteriores a 2001 y tardaron en ser juzgados”, aclaró Axat.
De todos modos, esto no cuenta para los casos de desaparición forzada
de personas, en que el delito se continúa cometiendo: “los crímenes de
lesa humanidad tienen un marco jurídico propio y frente a ellos el
Estado tiene la obligación internacional de perseguir y sancionar a sus
autores. Con una decisión como la que adopta la Corte Suprema se tornan
ilusorias las condenas dictadas y que se dicten en el futuro y se echa
en saco roto el denodado esfuerzo que desde hace décadas venimos
realizando los organismos de derechos humanos para obtener justicia en
el marco de las instituciones”, expresaron desde la CTA-A y la APDH La
Plata.
En la mañana de este jueves, la Asociación de Profesionales del
Hospital Posadas realizó una concentración en el hall de la institución
en repudio a la decisión de la Corte sobre el represor Muiña:
“tristemente conocido aquí en el Posadas, integrante del grupo
paramilitar que, en conjunto a las fuerzas de seguridad, sembraron el
terror, detuvieron, confinaron en centros clandestinos y desaparecieron a
compañeras y compañeros del hospital, transformando nuestro lugar de
vida en uno de muerte”, afirmaron desde la Asociación.
“Independencia” de poderes
Apenas se conoció el fallo de la Corte, el secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la
decisión. En declaraciones radiales afirmó: “Si el fallo está ajustado a
la ley, yo acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1 aunque se
necesita más tiempo para analizar los alcances del caso (…). Hay que ser
respetuosos porque por sobre todos nosotros está el marco regulatorio
de la ley”. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se
limitó a criticar en general la aplicación la ley del 2x1, sin
especificar su impronta en casos de lesa humanidad.
De todos modos, desde distintos sectores no tardaron en relacionar la
decisión de la Corte con la mirada que desde el gobierno de Cambiemos
tienen respecto a los derechos humanos.
Marcelo Ramal, legislador porteño por el FIT, señaló: “aunque parte
del máximo poder judicial, el fallo que le otorga el 2 x 1 a los
genocidas se encuentra en completa sintonía con una orientación
estratégica del macrismo: el rescate de los genocidas de la dictadura,
para reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interior".
La abogada y dirigente del PTS Myriam Bregman agregó: “los jueces que
designó Macri por decreto y cuyos pliegos fueron aprobados luego por
senadores que asumieron para esto. Hoy unos señores designados por
componendas de los partidos mayoritarios deciden tirar a la basura la
lucha de miles contra la impunidad, nuestra pelea por encarcelar a cada
uno de estos criminales (…). Todos estos días se llenaron la boca
diciendo que todos debían cumplir su condena, contra el ‘garantismo’. ¿Y
esto cómo lo explican? ¿Garantismo para genocidas? No nos confundamos,
no se trata de ex represores: benefician a un grupo de criminales que
siguen cometiendo sus delitos, ya que mantienen apropiados a más de 400
jóvenes (…). De esta manera cumplen también con el mandato reciente de
la Iglesia: la reconciliación con los genocidas. Y de paso se ponen a
tono con el negacionismo del Gobierno".
Para el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el fallo de la
Corte no puede relacionarse con un acto de justicia y aseguró: “hay una
clara decisión política detrás de esto. No es casual que los dos jueces
que propuso cambiemos para la CSJN hayan votado a favor de este fallo.
Así como no es casual la prisión domiciliaria a Etchecolatz y el
comunicado del Episcopado. Desde que asumió la gestión Cambiemos, el
retroceso en materia de derechos humanos en el país es muy grave, así
como en todas las áreas de la vida social”.
Panorama incierto
A pocas horas de conocido el fallo un grupo de organismos de derechos
humanos, entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios
Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
convocó a una conferencia de prensa y emitió un comunicado en el que
aseguran que la decisión de la Corte abre la puerta a la impunidad de
los genocidas: “como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron
en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los
crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se
sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas
apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes.
Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.
Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente
por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los
casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias
dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a
centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva
y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso
solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.
Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los
apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley
aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad,
incluso refrendada por la propia Corte Suprema.
De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían
tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y,
así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una
condena no acorde a la gravedad del hecho”.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, también repudiaron el
fallo al que consideraron en consonancia con las políticas de impunidad
que pretende imponer el gobierno nacional: “la reivindicación del
Terrorismo de Estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el
Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política
represiva desplegada a lo largo y ancho del país. Para los genocidas que
torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros,
pedimos cárcel común y efectiva desde hace más de 30 años. Denunciamos
que este fallo, además de ser una verdadera provocación para quienes
hemos luchado por décadas para obtener justicia, resulta un verdadero
mamarracho fascista, pues la regla de aplicar la norma más benigna
resulta absurda, ya que la ley del 2x1 no existía en el momento de
cometerse los delitos. Cada día en el que no se abren los archivos de la
dictadura los genocidas siguen cometiendo una y otra vez el mismo
crimen. Seguimos sin saber dónde están nuestros compañeros detenidos
desaparecidos”.
La pata eclesiástica
“No hay nada nuevo de qué asombrarse” afirmaron desde la APDH tras el
fallo de la Corte. Sucede que esta medida se conoce tras el impulso de
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a un llamado de
“reconciliación” entre militares y familiares de desaparecidos, es decir
entre victimarios y víctimas del Terrorismo de Estado.
“Los dos lugares que más cobertura brindaron al genocidio y nunca
rindieron cuentas ni dieron explicaciones fueron la cúpula de la Iglesia
Católica y el Poder Judicial. Actualmente, son parte imprescindible en
la avanzada siniestra del negacionismo oficial sobre lo que ocurrió en
Argentina durante la vigencia del Terrorismo de Estado”, aseveraron
desde la APDH.
En el mismo sentido, Abuelas de Plaza de Mayo rechazó la idea de
“reconciliación” con los genocidas que impulsa la CEA de la mano de su
presidente, Monseñor José María Arancedo: “la CEA anunció que en su
asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores
para iniciar ‘un itinerario de trabajo sobre el tema de la
reconciliación en el marco de la cultura del encuentro’.
Ante esta información, decimos nuevamente: no hay diálogo posible con
quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e
hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con
quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son
esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan
viviendo bajo una identidad falsa.
Una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble
moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de
nuestros hijos. A través del Movimiento Familiar Cristiano se
blanquearon como ‘adopciones’ lo que en realidad fueron apropiaciones
de, al menos, dos de nuestras nietas”.
Sentencias testimoniales
Para la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el fallo de
la Corte se suma a otros de otras dependencias judiciales que lo que
hacen es convertir las penas dictadas en juicios orales y públicos por
delitos de lesa humanidad en sentencias testimoniales.
Se refieren al dictamen emitido el 28 de abril pasado por la Sala 3
de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana
Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que le otorga la prisión
domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz en una de las causas
residuales por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de
Detención “Pozo de Banfield”. Cabe recordar que en julio del año pasado
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata ya le había
otorgado la domiciliaria en dos de las causas que aún esperan la
realización del juicio; a pesar de estos fallos, el represor continúa
detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condenas por otros hechos.
En este sentido, la AEDD señala que los fallos del Tribunal de
Casación y de la Corte significan “imponer de hecho, nuevamente un punto
final, esta vez no a los juzgamientos a los genocidas, sino a las penas
impuestas por juicios con todas las garantías constitucionales,
deviniendo estos en meros actos declamatorios, sin ninguna consecuencia
para quienes cometieron los más horrendos crímenes”.
“Estos dictámenes y acciones de la Justicia y de la Iglesia se
enmarcan en el discurso negacionista del gobierno intentando imponer
nuevamente como historia oficial la teoría de los dos demonios. Darle la
libertad de ir a su casa a Etchecolatz implica a la vez una peligrosa
advertencia sobre todos los testigos en los juicios por genocidio, toda
vez que no está esclarecida la desaparición de nuestro compañero Jorge
Julio López en la cual todos sabemos que este genocida tuvo
responsabilidad. Por otro lado, el aplicar el 2x1 en casos de autores y
cómplices de delitos de lesa humanidad, equiparándolos a delitos
comunes, implica negar de hecho el genocidio beneficiando a quienes
desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras, robaron bebés,
asesinaron, torturaron, etc. bajo el mandato de un Estado Terrorista”,
expresaron los integrantes de la AEDD a través de un comunicado.
DDHH de ayer y hoy
Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega se refirieron al
fallo de la Corte Suprema pero desde otro ángulo: “En momentos en los
que el impulso de políticas de ‘mano dura’ está a la orden del día. En
momentos donde cada vez más se construye un sentido común marcado por la
idea de que las personas privadas de su libertad ‘entran por una puerta
y salen por la otra’. En momentos en que la superpoblación carcelaria y
las condiciones inhumanas de detención son cada vez más agudas, según
datos estadísticos oficiales.
En ese contexto, el máximo tribunal de justicia de la nación
beneficia a un pequeño sector de detenidos -no a ladrones de gallinas,
sino a quienes cometieron crímenes aberrantes en el marco de un
genocidio-, liberando asesinos, violadores, secuestradores,
torturadores, con un artilugio legal que reafirma las convicciones
ideológicas de un poder judicial ocupado en defender los intereses de
unxs pocxs”.
Para el jueves 11 de mayo, las agrupaciones y organismos que
conforman el Encuentro Memoria Verdad y Justicia habían convocado a la
“Marcha contra la Represión de Macri y los Gobernadores”, como primer
paso de una Campaña contra la Represión, cuyo objetivo es dar respuesta a
la contraofensiva represiva de las últimas semanas, además de
reivindicar el derecho del pueblo a reclamar y luchar en defensa de sus
intereses.
Ahora, a la movilización, que partirá a las 17 desde Congreso para
dirigirse a Plaza de Mayo, se suma el repudio al fallo de la Corte y sus
orígenes y consecuencias. Tal como lo manifestó Marcelo Ramal quien
llamó "reforzar la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia, que marchará el próximo 11 de mayo contra la impunidad a los
genocidas y la actual represión a la protesta social".
Un día
antes, el miércoles 10 de mayo, organismos como Abuelas de Plaza de
Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital,
APDH, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina
por los Derechos del Hombre, convocan a un acto contra la impunidad a
genocidas.
Será a las 18, frente al Palacio de Justicia, ubicado
en la Plaza Lavalle, Talcahuano 550 de la Ciudad de Buenos Aires.
“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca
más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena,
se repite”, afirman.
Además de los actos de repudio, los organismos analizan acudir ante
tribunales internacionales para revertir el fallo de la Corte.
Nacional.- En las últimas semanas,
se han publicado en diversas tapas de periódicos, que el presidente Mauricio
Macri endeudó nuevamente al Estado Argentino, y puso como garantía los recursos
naturales de la Patagonia.Para entender un poco
sobre el endeudamiento, dialogamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador y
especialista en deuda externa. Respecto de la
vinculación entre el pago de la deuda y los recursos naturales como garantía en
caso de no pago, le consultamos a Alejandro Olmos Gaona, si esto fue siempre
así o es una decisión del gobierno de Macri.
Editoriales ANP
