jueves 4 de mayo(Red ECO).-
Preocupación
y repudio de organizaciones y referentes de los derechos humanos
ocasionó el fallo de la Corte Suprema que aplica la ley del 2x1 a un
condenado por delitos de lesa humanidad. El llamado a la
“reconciliación” por parte de la iglesia, el beneficio de la prisión
domiciliaria a Miguel Etchecolatz en una de las causas en su contra, el
intento de reinstalar la teoría de los dos demonios y el negacionismo
que se impulsa desde el gobierno de Cambiemos suman sombras a un
panorama que se oscurece. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina - Luis Muiña formaba parte del autodenominado
grupo "SWAT", un comando paramilitar interno del Hospital Posadas de El
Palomar, partido de Morón, que detenía y torturaba pacientes,
trabajadores y vecinos, durante la ocupación militar del nosocomio
llevada adelante en el marco del Terrorismo de Estado.
En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 lo condenó por secuestros y torturas a 13 años de prisión, fallo que quedó firme en 2013.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría aplicar la ley 24.390, conocida como 2 x 1, a Luis Muiña. A favor votaron Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; los dos últimos designados por el gobierno de Cambiemos con el apoyo en el Senado del Frente para la Victoria y la casi totalidad de los bloques opositores. En contra se manifestaron Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda, al señalar que esta reducción de la pena no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
La ley 24.390 estuvo vigente entre 1994 y 2001, año en que fue derogada. En diálogo con el sitio Cosecha Roja, Julián Axat, abogado víctima y querellante en el juicio La Cacha, explicó: “el 2x1 nació por razones relacionadas con el colapso carcelario y la dilación procesal judicial. Se disminuyó así la población de internos entendiendo que el responsable, el que no dictaba condenas, era el propio Poder Judicial”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata y la CTA Autónoma, señalaron que esta norma “establecía que pasados los dos años de prisión preventiva, cada día de detención se contabilizaba doble a los efectos del cómputo de la pena”.
Sin embargo, tras su derogación en 2001 la ley se siguió utilizando en algunos casos: “existían hechos que tenían origen antes de su derogación y que por la aplicación de la ley más benigna se seguía aplicando el 2x1. Los casos típicos son Cabezas y Los Horneros o Grassi. ¿Por qué se les aplicó el 2x1? Porque cometieron hechos que fueron anteriores a 2001 y tardaron en ser juzgados”, aclaró Axat.
De todos modos, esto no cuenta para los casos de desaparición forzada de personas, en que el delito se continúa cometiendo: “los crímenes de lesa humanidad tienen un marco jurídico propio y frente a ellos el Estado tiene la obligación internacional de perseguir y sancionar a sus autores. Con una decisión como la que adopta la Corte Suprema se tornan ilusorias las condenas dictadas y que se dicten en el futuro y se echa en saco roto el denodado esfuerzo que desde hace décadas venimos realizando los organismos de derechos humanos para obtener justicia en el marco de las instituciones”, expresaron desde la CTA-A y la APDH La Plata.
En la mañana de este jueves, la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas realizó una concentración en el hall de la institución en repudio a la decisión de la Corte sobre el represor Muiña: “tristemente conocido aquí en el Posadas, integrante del grupo paramilitar que, en conjunto a las fuerzas de seguridad, sembraron el terror, detuvieron, confinaron en centros clandestinos y desaparecieron a compañeras y compañeros del hospital, transformando nuestro lugar de vida en uno de muerte”, afirmaron desde la Asociación.
“Independencia” de poderes
Apenas se conoció el fallo de la Corte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la decisión. En declaraciones radiales afirmó: “Si el fallo está ajustado a la ley, yo acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1 aunque se necesita más tiempo para analizar los alcances del caso (…). Hay que ser respetuosos porque por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se limitó a criticar en general la aplicación la ley del 2x1, sin especificar su impronta en casos de lesa humanidad.
De todos modos, desde distintos sectores no tardaron en relacionar la decisión de la Corte con la mirada que desde el gobierno de Cambiemos tienen respecto a los derechos humanos.
Marcelo Ramal, legislador porteño por el FIT, señaló: “aunque parte del máximo poder judicial, el fallo que le otorga el 2 x 1 a los genocidas se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del macrismo: el rescate de los genocidas de la dictadura, para reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interior".
La abogada y dirigente del PTS Myriam Bregman agregó: “los jueces que designó Macri por decreto y cuyos pliegos fueron aprobados luego por senadores que asumieron para esto. Hoy unos señores designados por componendas de los partidos mayoritarios deciden tirar a la basura la lucha de miles contra la impunidad, nuestra pelea por encarcelar a cada uno de estos criminales (…). Todos estos días se llenaron la boca diciendo que todos debían cumplir su condena, contra el ‘garantismo’. ¿Y esto cómo lo explican? ¿Garantismo para genocidas? No nos confundamos, no se trata de ex represores: benefician a un grupo de criminales que siguen cometiendo sus delitos, ya que mantienen apropiados a más de 400 jóvenes (…). De esta manera cumplen también con el mandato reciente de la Iglesia: la reconciliación con los genocidas. Y de paso se ponen a tono con el negacionismo del Gobierno".
Para el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el fallo de la Corte no puede relacionarse con un acto de justicia y aseguró: “hay una clara decisión política detrás de esto. No es casual que los dos jueces que propuso cambiemos para la CSJN hayan votado a favor de este fallo. Así como no es casual la prisión domiciliaria a Etchecolatz y el comunicado del Episcopado. Desde que asumió la gestión Cambiemos, el retroceso en materia de derechos humanos en el país es muy grave, así como en todas las áreas de la vida social”.
Panorama incierto
A pocas horas de conocido el fallo un grupo de organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, convocó a una conferencia de prensa y emitió un comunicado en el que aseguran que la decisión de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas: “como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.
Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.
Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.
De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho”.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, también repudiaron el fallo al que consideraron en consonancia con las políticas de impunidad que pretende imponer el gobierno nacional: “la reivindicación del Terrorismo de Estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país. Para los genocidas que torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros, pedimos cárcel común y efectiva desde hace más de 30 años. Denunciamos que este fallo, además de ser una verdadera provocación para quienes hemos luchado por décadas para obtener justicia, resulta un verdadero mamarracho fascista, pues la regla de aplicar la norma más benigna resulta absurda, ya que la ley del 2x1 no existía en el momento de cometerse los delitos. Cada día en el que no se abren los archivos de la dictadura los genocidas siguen cometiendo una y otra vez el mismo crimen. Seguimos sin saber dónde están nuestros compañeros detenidos desaparecidos”.
La pata eclesiástica
“No hay nada nuevo de qué asombrarse” afirmaron desde la APDH tras el fallo de la Corte. Sucede que esta medida se conoce tras el impulso de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a un llamado de “reconciliación” entre militares y familiares de desaparecidos, es decir entre victimarios y víctimas del Terrorismo de Estado.
“Los dos lugares que más cobertura brindaron al genocidio y nunca rindieron cuentas ni dieron explicaciones fueron la cúpula de la Iglesia Católica y el Poder Judicial. Actualmente, son parte imprescindible en la avanzada siniestra del negacionismo oficial sobre lo que ocurrió en Argentina durante la vigencia del Terrorismo de Estado”, aseveraron desde la APDH.
En el mismo sentido, Abuelas de Plaza de Mayo rechazó la idea de “reconciliación” con los genocidas que impulsa la CEA de la mano de su presidente, Monseñor José María Arancedo: “la CEA anunció que en su asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar ‘un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro’.
Ante esta información, decimos nuevamente: no hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa.
Una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de nuestros hijos. A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como ‘adopciones’ lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas”.
Sentencias testimoniales
Para la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el fallo de la Corte se suma a otros de otras dependencias judiciales que lo que hacen es convertir las penas dictadas en juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad en sentencias testimoniales.
Se refieren al dictamen emitido el 28 de abril pasado por la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que le otorga la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz en una de las causas residuales por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Pozo de Banfield”. Cabe recordar que en julio del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata ya le había otorgado la domiciliaria en dos de las causas que aún esperan la realización del juicio; a pesar de estos fallos, el represor continúa detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condenas por otros hechos.
En este sentido, la AEDD señala que los fallos del Tribunal de Casación y de la Corte significan “imponer de hecho, nuevamente un punto final, esta vez no a los juzgamientos a los genocidas, sino a las penas impuestas por juicios con todas las garantías constitucionales, deviniendo estos en meros actos declamatorios, sin ninguna consecuencia para quienes cometieron los más horrendos crímenes”.
“Estos dictámenes y acciones de la Justicia y de la Iglesia se enmarcan en el discurso negacionista del gobierno intentando imponer nuevamente como historia oficial la teoría de los dos demonios. Darle la libertad de ir a su casa a Etchecolatz implica a la vez una peligrosa advertencia sobre todos los testigos en los juicios por genocidio, toda vez que no está esclarecida la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López en la cual todos sabemos que este genocida tuvo responsabilidad. Por otro lado, el aplicar el 2x1 en casos de autores y cómplices de delitos de lesa humanidad, equiparándolos a delitos comunes, implica negar de hecho el genocidio beneficiando a quienes desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras, robaron bebés, asesinaron, torturaron, etc. bajo el mandato de un Estado Terrorista”, expresaron los integrantes de la AEDD a través de un comunicado.
DDHH de ayer y hoy
Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega se refirieron al fallo de la Corte Suprema pero desde otro ángulo: “En momentos en los que el impulso de políticas de ‘mano dura’ está a la orden del día. En momentos donde cada vez más se construye un sentido común marcado por la idea de que las personas privadas de su libertad ‘entran por una puerta y salen por la otra’. En momentos en que la superpoblación carcelaria y las condiciones inhumanas de detención son cada vez más agudas, según datos estadísticos oficiales.
En ese contexto, el máximo tribunal de justicia de la nación beneficia a un pequeño sector de detenidos -no a ladrones de gallinas, sino a quienes cometieron crímenes aberrantes en el marco de un genocidio-, liberando asesinos, violadores, secuestradores, torturadores, con un artilugio legal que reafirma las convicciones ideológicas de un poder judicial ocupado en defender los intereses de unxs pocxs”.
Para el jueves 11 de mayo, las agrupaciones y organismos que conforman el Encuentro Memoria Verdad y Justicia habían convocado a la “Marcha contra la Represión de Macri y los Gobernadores”, como primer paso de una Campaña contra la Represión, cuyo objetivo es dar respuesta a la contraofensiva represiva de las últimas semanas, además de reivindicar el derecho del pueblo a reclamar y luchar en defensa de sus intereses.
Ahora, a la movilización, que partirá a las 17 desde Congreso para dirigirse a Plaza de Mayo, se suma el repudio al fallo de la Corte y sus orígenes y consecuencias. Tal como lo manifestó Marcelo Ramal quien llamó "reforzar la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que marchará el próximo 11 de mayo contra la impunidad a los genocidas y la actual represión a la protesta social".
Un día antes, el miércoles 10 de mayo, organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, convocan a un acto contra la impunidad a genocidas.
Será a las 18, frente al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza Lavalle, Talcahuano 550 de la Ciudad de Buenos Aires. “Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite”, afirman.
Además de los actos de repudio, los organismos analizan acudir ante tribunales internacionales para revertir el fallo de la Corte.
En 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 lo condenó por secuestros y torturas a 13 años de prisión, fallo que quedó firme en 2013.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría aplicar la ley 24.390, conocida como 2 x 1, a Luis Muiña. A favor votaron Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; los dos últimos designados por el gobierno de Cambiemos con el apoyo en el Senado del Frente para la Victoria y la casi totalidad de los bloques opositores. En contra se manifestaron Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda, al señalar que esta reducción de la pena no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.
La ley 24.390 estuvo vigente entre 1994 y 2001, año en que fue derogada. En diálogo con el sitio Cosecha Roja, Julián Axat, abogado víctima y querellante en el juicio La Cacha, explicó: “el 2x1 nació por razones relacionadas con el colapso carcelario y la dilación procesal judicial. Se disminuyó así la población de internos entendiendo que el responsable, el que no dictaba condenas, era el propio Poder Judicial”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata y la CTA Autónoma, señalaron que esta norma “establecía que pasados los dos años de prisión preventiva, cada día de detención se contabilizaba doble a los efectos del cómputo de la pena”.
Sin embargo, tras su derogación en 2001 la ley se siguió utilizando en algunos casos: “existían hechos que tenían origen antes de su derogación y que por la aplicación de la ley más benigna se seguía aplicando el 2x1. Los casos típicos son Cabezas y Los Horneros o Grassi. ¿Por qué se les aplicó el 2x1? Porque cometieron hechos que fueron anteriores a 2001 y tardaron en ser juzgados”, aclaró Axat.
De todos modos, esto no cuenta para los casos de desaparición forzada de personas, en que el delito se continúa cometiendo: “los crímenes de lesa humanidad tienen un marco jurídico propio y frente a ellos el Estado tiene la obligación internacional de perseguir y sancionar a sus autores. Con una decisión como la que adopta la Corte Suprema se tornan ilusorias las condenas dictadas y que se dicten en el futuro y se echa en saco roto el denodado esfuerzo que desde hace décadas venimos realizando los organismos de derechos humanos para obtener justicia en el marco de las instituciones”, expresaron desde la CTA-A y la APDH La Plata.
En la mañana de este jueves, la Asociación de Profesionales del Hospital Posadas realizó una concentración en el hall de la institución en repudio a la decisión de la Corte sobre el represor Muiña: “tristemente conocido aquí en el Posadas, integrante del grupo paramilitar que, en conjunto a las fuerzas de seguridad, sembraron el terror, detuvieron, confinaron en centros clandestinos y desaparecieron a compañeras y compañeros del hospital, transformando nuestro lugar de vida en uno de muerte”, afirmaron desde la Asociación.
“Independencia” de poderes
Apenas se conoció el fallo de la Corte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se mostró de acuerdo con la decisión. En declaraciones radiales afirmó: “Si el fallo está ajustado a la ley, yo acato lo que dijo la Corte Suprema sobre el 2x1 aunque se necesita más tiempo para analizar los alcances del caso (…). Hay que ser respetuosos porque por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se limitó a criticar en general la aplicación la ley del 2x1, sin especificar su impronta en casos de lesa humanidad.
De todos modos, desde distintos sectores no tardaron en relacionar la decisión de la Corte con la mirada que desde el gobierno de Cambiemos tienen respecto a los derechos humanos.
Marcelo Ramal, legislador porteño por el FIT, señaló: “aunque parte del máximo poder judicial, el fallo que le otorga el 2 x 1 a los genocidas se encuentra en completa sintonía con una orientación estratégica del macrismo: el rescate de los genocidas de la dictadura, para reinsertar a las fuerzas armadas en la represión interior".
La abogada y dirigente del PTS Myriam Bregman agregó: “los jueces que designó Macri por decreto y cuyos pliegos fueron aprobados luego por senadores que asumieron para esto. Hoy unos señores designados por componendas de los partidos mayoritarios deciden tirar a la basura la lucha de miles contra la impunidad, nuestra pelea por encarcelar a cada uno de estos criminales (…). Todos estos días se llenaron la boca diciendo que todos debían cumplir su condena, contra el ‘garantismo’. ¿Y esto cómo lo explican? ¿Garantismo para genocidas? No nos confundamos, no se trata de ex represores: benefician a un grupo de criminales que siguen cometiendo sus delitos, ya que mantienen apropiados a más de 400 jóvenes (…). De esta manera cumplen también con el mandato reciente de la Iglesia: la reconciliación con los genocidas. Y de paso se ponen a tono con el negacionismo del Gobierno".
Para el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el fallo de la Corte no puede relacionarse con un acto de justicia y aseguró: “hay una clara decisión política detrás de esto. No es casual que los dos jueces que propuso cambiemos para la CSJN hayan votado a favor de este fallo. Así como no es casual la prisión domiciliaria a Etchecolatz y el comunicado del Episcopado. Desde que asumió la gestión Cambiemos, el retroceso en materia de derechos humanos en el país es muy grave, así como en todas las áreas de la vida social”.
Panorama incierto
A pocas horas de conocido el fallo un grupo de organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, convocó a una conferencia de prensa y emitió un comunicado en el que aseguran que la decisión de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas: “como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.
Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.
Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema.
De tomar este nuevo criterio de la Corte, los apropiadores podrían tener penas de tres años de prisión, que son de ejecución condicional y, así, un delito que se viene cometiendo durante 40 años recibiría una condena no acorde a la gravedad del hecho”.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, también repudiaron el fallo al que consideraron en consonancia con las políticas de impunidad que pretende imponer el gobierno nacional: “la reivindicación del Terrorismo de Estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país. Para los genocidas que torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros, pedimos cárcel común y efectiva desde hace más de 30 años. Denunciamos que este fallo, además de ser una verdadera provocación para quienes hemos luchado por décadas para obtener justicia, resulta un verdadero mamarracho fascista, pues la regla de aplicar la norma más benigna resulta absurda, ya que la ley del 2x1 no existía en el momento de cometerse los delitos. Cada día en el que no se abren los archivos de la dictadura los genocidas siguen cometiendo una y otra vez el mismo crimen. Seguimos sin saber dónde están nuestros compañeros detenidos desaparecidos”.
La pata eclesiástica
“No hay nada nuevo de qué asombrarse” afirmaron desde la APDH tras el fallo de la Corte. Sucede que esta medida se conoce tras el impulso de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a un llamado de “reconciliación” entre militares y familiares de desaparecidos, es decir entre victimarios y víctimas del Terrorismo de Estado.
“Los dos lugares que más cobertura brindaron al genocidio y nunca rindieron cuentas ni dieron explicaciones fueron la cúpula de la Iglesia Católica y el Poder Judicial. Actualmente, son parte imprescindible en la avanzada siniestra del negacionismo oficial sobre lo que ocurrió en Argentina durante la vigencia del Terrorismo de Estado”, aseveraron desde la APDH.
En el mismo sentido, Abuelas de Plaza de Mayo rechazó la idea de “reconciliación” con los genocidas que impulsa la CEA de la mano de su presidente, Monseñor José María Arancedo: “la CEA anunció que en su asamblea plenaria recibirá a familiares de desaparecidos y de represores para iniciar ‘un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro’.
Ante esta información, decimos nuevamente: no hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa.
Una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones; con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro de nuestros hijos. A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como ‘adopciones’ lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas”.
Sentencias testimoniales
Para la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el fallo de la Corte se suma a otros de otras dependencias judiciales que lo que hacen es convertir las penas dictadas en juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad en sentencias testimoniales.
Se refieren al dictamen emitido el 28 de abril pasado por la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana Figueroa, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, que le otorga la prisión domiciliaria a Miguel Osvaldo Etchecolatz en una de las causas residuales por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Pozo de Banfield”. Cabe recordar que en julio del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata ya le había otorgado la domiciliaria en dos de las causas que aún esperan la realización del juicio; a pesar de estos fallos, el represor continúa detenido en la cárcel de Ezeiza cumpliendo condenas por otros hechos.
En este sentido, la AEDD señala que los fallos del Tribunal de Casación y de la Corte significan “imponer de hecho, nuevamente un punto final, esta vez no a los juzgamientos a los genocidas, sino a las penas impuestas por juicios con todas las garantías constitucionales, deviniendo estos en meros actos declamatorios, sin ninguna consecuencia para quienes cometieron los más horrendos crímenes”.
“Estos dictámenes y acciones de la Justicia y de la Iglesia se enmarcan en el discurso negacionista del gobierno intentando imponer nuevamente como historia oficial la teoría de los dos demonios. Darle la libertad de ir a su casa a Etchecolatz implica a la vez una peligrosa advertencia sobre todos los testigos en los juicios por genocidio, toda vez que no está esclarecida la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López en la cual todos sabemos que este genocida tuvo responsabilidad. Por otro lado, el aplicar el 2x1 en casos de autores y cómplices de delitos de lesa humanidad, equiparándolos a delitos comunes, implica negar de hecho el genocidio beneficiando a quienes desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras, robaron bebés, asesinaron, torturaron, etc. bajo el mandato de un Estado Terrorista”, expresaron los integrantes de la AEDD a través de un comunicado.
DDHH de ayer y hoy
Desde el Colectivo de Abogadxs Populares La Ciega se refirieron al fallo de la Corte Suprema pero desde otro ángulo: “En momentos en los que el impulso de políticas de ‘mano dura’ está a la orden del día. En momentos donde cada vez más se construye un sentido común marcado por la idea de que las personas privadas de su libertad ‘entran por una puerta y salen por la otra’. En momentos en que la superpoblación carcelaria y las condiciones inhumanas de detención son cada vez más agudas, según datos estadísticos oficiales.
En ese contexto, el máximo tribunal de justicia de la nación beneficia a un pequeño sector de detenidos -no a ladrones de gallinas, sino a quienes cometieron crímenes aberrantes en el marco de un genocidio-, liberando asesinos, violadores, secuestradores, torturadores, con un artilugio legal que reafirma las convicciones ideológicas de un poder judicial ocupado en defender los intereses de unxs pocxs”.
Para el jueves 11 de mayo, las agrupaciones y organismos que conforman el Encuentro Memoria Verdad y Justicia habían convocado a la “Marcha contra la Represión de Macri y los Gobernadores”, como primer paso de una Campaña contra la Represión, cuyo objetivo es dar respuesta a la contraofensiva represiva de las últimas semanas, además de reivindicar el derecho del pueblo a reclamar y luchar en defensa de sus intereses.
Ahora, a la movilización, que partirá a las 17 desde Congreso para dirigirse a Plaza de Mayo, se suma el repudio al fallo de la Corte y sus orígenes y consecuencias. Tal como lo manifestó Marcelo Ramal quien llamó "reforzar la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que marchará el próximo 11 de mayo contra la impunidad a los genocidas y la actual represión a la protesta social".
Un día antes, el miércoles 10 de mayo, organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, APDH, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, convocan a un acto contra la impunidad a genocidas.
Será a las 18, frente al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza Lavalle, Talcahuano 550 de la Ciudad de Buenos Aires. “Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite”, afirman.
Además de los actos de repudio, los organismos analizan acudir ante tribunales internacionales para revertir el fallo de la Corte.
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