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repudia las declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina y el
reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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APDH repudia las declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina y el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Ante las declaraciones de la Conferencia Episcopal Argentina y el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la aplicación del cómputo del 2 x 1 a delitos de lesa humanidad, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su más enérgico repudio y ratifica su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
No hay nada nuevo de qué asombrarse
Los dos lugares que más cobertura brindaron al genocidio y nunca rindieron cuentas ni dieron explicaciones fueron la cúpula Iglesia Católica y el Poder Judicial. Actualmente, son parte imprescindible en la avanzada siniestra del negacionismo oficial sobre lo que ocurrió en Argentina durante la vigencia del Terrorismo de Estado.
Es importante resaltar que lo que aconteció en aquellos años fue una dictadura cívico militar que fue posible no sólo por el accionar de las fuerzas armadas sino por la complicidad directa de la cúpula Iglesia Católica, empresarios y corporación judicial, que cooperaron por acción y/u omisión.
A diario se multiplican las acciones por reinstalar la “teoría de los dos demonios”, en función de frenar los procesos de verdad que surgen en los juicios por delitos de Lesa Humanidad, en los que se demuestra la crueldad y perversión de los ejecutores y el interés económico de los mandantes: mataron para robar y destruir un proyecto de país.
La impunidad generada a través de los años para los civiles cómplices, les permitió en esta nueva etapa ser parte de un gobierno constitucional, que conserva idénticos intereses económicos con respecto a la última dictadura.
Repudiamos estas medidas pero lo más importante continuaremos día a día luchando por la Memoria, Verdad y Justicia hasta que el último cuerpo aparezca, el último nieto sea recuperado y el último genocida tenga cárcel común.
Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, 3 de mayo de 2017