Por
Oscar Ghibaudi
Una nueva temporada comienza y todo el mundo espera sea la mejor en la historia del Cerro Perito Moreno, sin embargo hay circunstancias que la pueden opacar, y mucho…
Comenzando por el presidente de la empresa concesionaria, implicado en la causa penal Nº 47032/12 caratulada "SAIZ MIGUEL ANGEL Y OTROS S/FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA” por tierras fiscales mal habidas, sospechado por haber manipulado una licitación hecha a su medida, incumplimiento en el pago de los pocos u$s 150.000 que debía abonar contra la adjudicación del Cerro y por si fuera poco antecedente, ha sido acusado -por su parentesco con la familia del administrador del magnate inglés Joe Lewis, quien también enfrenta una serie de causas penales por infringir la ley de tierras de la provincia de Río Negro- de ser su simple y cipayo testaferro para conseguir construir su aeropuerto en la CODICIADA Pampa de Ludden, llanura por la que se accede fácilmente hasta el Lago Escondido, que Lewis mantiene cercado con la complicidad del gobierno radical que ya no está, pero pareciera gobernar desde las sombras. Aún no se accede al lago por ninguno de los tres caminos existentes, no se cumple la sentencia del STJ, ni se expropia. La tranquera sigue cerrada y defendida con los winchester de Nico Vandalitmar, Juan Carlos Martínez, alias el chaqueño, y los hermanos Fabián y Guillermo Tornero, entre otros miembros de la banda.
Continuando por un ENTE DE DESARROLLO INTEGRAL DEL CERRO PERITO MORENO –ENDIPEM-, presidido por José Calviño (también presidente del CLUB ANDINO PILTRIQUITRON), confabulado para sacarle la licitación hecha a medida, hacer la vista gorda ante todos los incumplimientos de Laderas del Paralelo 42 S.A. y permitir que la aerosilla con todas las mordazas vencidas sea habilitada violando las normas OITAF, que para hacerlas cumplir fue creado.
Y terminando por una comunidad rural que cuestiona, denuncia y reclama que los gobiernos municipal y provincial hagan cumplir las leyes y sancionen a quienes no las cumplen.
Son apenas algunos ejemplos de los innumerables casos de apropiación ilegal de recursos hídricos por parte de empresarios argentinos y extranjeros que violan leyes provinciales y nacionales, y pasan a ser “okupas” de escenarios naturales que deberían estar abiertos al público. Así lo pudo comprobar Tiempo Argentino tras un relevamiento en todo el país, que permitió detectar en ocho provincias 35 casos en los que ríos, lagos, arroyos, costas y lagunas dejan de ser de todos para ser de algunos pocos, que no prescinden de recurrir a la violencia para obtener y conservar sus privilegios.
El artículo Nº 2.340 del Código Civil incluye a los mencionados recursos como “bienes públicos”, es decir, que pertenecen a los habitantes en general, lo que significa que no está permitido que sean comprados, vendidos, ni transferidos. Sin embargo, lo que viene sucediendo es justo lo contrario. También el artículo 2.639 del mismo código sufre constantes incumplimientos. Esa cláusula indica que “los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización”. Es otra norma que pocos terratenientes respetan.
En Córdoba, por ejemplo, sólo en 2009 la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento retiró 500 alambrados en las sierras chicas que impedían el libre tránsito. En localidades serranas como Huerta Grande, Villa Giardino o La Cumbre es frecuente ver espejos de agua dentro de propiedades y hasta muros con candados que impiden el paso peatonal. En 2004, el gobierno cordobés colocó mojones en siete lagos que delimitaron por primera vez lo público de lo privado, pero ese plan se frenó en 2007.
En la Patagonia la situación es aun más crítica. Es la región donde existen más casos de grandes propietarios, la mayoría de ellos extranjeros, copando espacios públicos. Uno de los más emblemáticos es el del inglés Joe Lewis. En 2011, la justicia rionegrina le ordenó abrir el camino público que atraviesa su mansión y llega hasta el Lago Escondido. Lewis nunca acató el pedido.
Por su parte, el magnate textil Luciano Benetton se apropió de 15 kilómetros de la ruta provincial Nº 4, prohibiendo el acceso al río Chubut y dejando al pueblo de El Maitén con una salida menos.
Otro tanto ocurre en Neuquén con la estancia La Primavera. Allí, hace doce años que Ted Turner, dueño de la cadena CNN, mantiene a los pobladores cautivos en sus propios campos. Uno de ellos es Miguel Lagos, que para salir de sus tierras debía pedir permiso y sortear tranqueras con candados y hasta un puente enrejado. Hoy, Lagos vive en Villa La Angostura. “Me tuve que ir porque me hacían la vida imposible, pero todavía siguen viviendo familias que para salir tienen que hacerlo de a pie y esquivando una zanja de dos metros de profundidad que bordea el terreno”, explicó Lagos a Tiempo. También agregó que “encadenaron el acceso a los ríos Minero y Traful y nadie puede acceder, y al que lo intenta lo corren a los tiros”.
En Santa Cruz los poderosos también parecen tener más peso que la propia ley. Apellidos como Pérez Companc, Benetton, Menéndez Bethy y Braun Menéndez figuran entre los poseedores de grandes estancias que vedan el acceso público a espejos de agua como el lago Strobel, los ríos Penitentes y Gallegos, y las lagunas Chica, Larga y Cóndor.
Oscar Nieddu, ex presidente del Club de Pesca y Tiro Fontinalis, de Río Turbio, relató que “prácticamente ya no se puede pescar en ningún lado de la provincia porque los que dicen quién pasa y quién no son los guardias privados”. Tener el carné habilitante al día ya no alcanza. “Hay muchos lugares que son públicos, pero como hay cotos de caza y pesca privados, tenés que pagar para entrar –sostuvo Nieddu–. Y en otros, directamente no pasás ya que sólo está permitida la entrada a turistas extranjeros a los que le cobran hasta dos mil dólares por día.”
En igual sentido se expresó Ángel González, titular de la Asociación Ríos Libres, entidad que brega por el derecho a acceder sin restricciones a las costas de los cursos de agua. A su hijo de 30 años, Cristian González, lo mataron de un balazo en el cuello el 30 de agosto de 2006, mientras pescaba con un amigo en el río neuquino Quilquihue, cerca del lago Lolog. Le disparó Horacio Calderón, custodio de un complejo de cabañas, que fue condenado a 13 años y medio de prisión. Gaspar Schroh, dueño de la cabaña que facilitó el arma, recibió dos años y medio en suspenso. Hoy está en libertad.
En diálogo con este diario, Ángel González describió la gravedad de una problemática que se repite en varios puntos de la Patagonia. “Los privados no sólo se adueñan de los lagos y los ríos sino que también de la vida de nuestro hijo por defender su negocio. La mayoría trabajan con turismo internacional y le ofrecen el servicio completo de pesca, caza o recreación. El cabañero no dejaba que la gente acampe ni pesque para garantizarles exclusividad a sus clientes”, afirmó González.
Pero no sólo en el sur estas apropiaciones son moneda corriente. También es muy frecuente en la zona del delta del Paraná, donde se asienta uno de los humedales más importantes del planeta. Allí, la modalidad es diferente pero los casos también se cuentan de a decenas.
El arroyo La Cruz, entre la localidad entrerriana de Victoria y la santafesina de Rosario, fue cerrado por un empresario ganadero, cortando por la mitad un enorme sistema de humedales con un endicamiento de dos metros de altura. Cerca de allí, otro productor agropecuario clausuró un arroyo navegable para poder llegar hasta su casa en 4x4.
Elba Stancich, coordinadora del Taller Ecologista Rosario, aseguró que “se construyen terraplenes removiendo el suelo para la construcción de un canal y a través de un sistema de bombas se regula el agua. Esto significa cerrar arroyos, tapar lagunas y cerrar el paso a la gente que estaba acostumbrada a ir a pescar a lugares de costa que hoy están interrumpidos”.
En el sur de Entre Ríos la historia se replica. Allí, Pedro Pou, ex presidente del Banco Central durante el menemismo, levantó un megaterraplén del mismo largo que la autopista Buenos Aires-La Plata, para evitar que las crecidas del río Gualeguaychú y Paraná inunden sus propiedades. Otro tanto sucede en Corrientes, provincia paradigmática en cuanto a la privatización del capital acuífero (ver aparte).
La treintena de casos que Tiempo pudo contabilizar en el mapa argentino dan cuenta del accionar de empresarios nacionales y extranjeros que se adueñan de recursos naturales públicos para garantizar sus negocios. Sin dudas, hay muchos más. Y esto sucede a cuatro meses de la reglamentación de la Ley de Tierras, que busca poner fin a este tipo de especulación de los privados y a la complicidad de los estados municipales y provinciales. <
El caso del vice de Clarín
Mucho se habla de las millones de hectáreas que están en manos extranjeras, pero poco se dice de la batalla silenciosa que se está librando por el acceso a un recurso vital y cada vez más escaso como es el agua.
La provincia de Corrientes es emblemática en este sentido. Desde hace dos años, el magnate húngaro George Soros viene regando 4200 hectáreas de cultivos de arroz con aguas del río Paraná, aprovechando permisos precarios hechos a la medida de sus intereses.
En los Esteros del Iberá hace 25 años desembarcó la millonaria francesa Madame Beaux, que en 2010 construyó una represa para regar 1000 hectáreas de arroz, pero nunca presentó el estudio de impacto ambiental correspondiente. Por el uso de las aguas públicas, Beaux pagó menos de seis pesos por cada hectárea sembrada.
Cerca de allí, el norteamericano Douglas Tompkins tiene más de 200 mil hectáreas. Y si bien Tompkins asegura que no tiene interés en hacer uso comercial de la zona, hay quienes alertan acerca de la ubicación estratégica de sus campos: están sobre el acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más codiciadas del mundo.
En 2010, Tiempo Argentino reveló que, también en suelo correntino, José Antonio Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, planeaba adueñarse del arroyo Ayuí para construir una represa en sociedad con Soros. Una vez más, el objetivo era usufructuar un recurso público para garantizar un negocio privado. El proyecto, que pretende inundar 8000 hectáreas y eliminar 130 kilómetros de bosques en galería, ya fue desautorizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y frenado por la Corte Suprema de Justicia.
Recursos hídricos
QUÉ DICE LA LEY
Según indica el artículo 2.340 del Código Civil argentino, están comprendidos entre los bienes públicos “los ríos, sus cauces, y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general”, como “los lagos navegables y sus lechos”.
Extranjerización
Magnates
Soros, Benetton, Lewis y Turner se encuentran entre los varios millonarios extranjeros que usufructúan recursos hídricos públicos en la Argentina
Editoriales ANP
