Por Cristian Navazo
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 (Infojus).- Una jueza neuquina falló a favor a una comunidad indígena que reclamaba quitar los alambrados de un campo al que llevaban a pastorear a los animales. En la última década se multiplicaron los conflictos alrededor de la ganadería trashumante. ¿La legislación indígena está por sobre el derecho privado?
Una mañana de enero de 2009, un joven mapuche de la comunidad Tuwum Kupalmeo Maliqueo abrió la tranquera con la que el exjuez federal Pedro Duarte había cerrado un campo en el paraje Paso del Arco, a pocos kilómetros de la localidad turística de Villa Pehuenia, Neuquén. Duarte fue a la justicia: pidió el desalojo. Los mapuches respondieron: las tierras de veranada, los lugares adonde se lleva el ganado durante los meses de calor, no pueden ser de acceso restringido.
Duarte -juez federal durante la última dictadura- negó la existencia de la comunidad porque no tenía personería jurídica. El 9 de noviembre de 2012, la jueza de Zapala Gloria Martina falló a favor de los mapuches: consideró que la tierra de veranada es de “posesión tradicional indígena”, y señaló la prevalencia del derecho de los pueblos originarios, basada en el Convenio 169 de la OIT, y las Constituciones Nacional y de Neuquén.
En la última década se multiplicaron los conflictos alrededor de la ganadería trashumante, un ancestral modo de subsistencia pastoril de criollos, muchos de ellos descendientes de chilenos, del norte de la provincia de Neuquén y de comunidades mapuches del centro.
Los problemas giran en torno a la posesión de los campos y los accesos a los lugares de pastoreo, descanso y aguadas, y afectan a buena parte de las 2.500 familias que viven del arreo.
La actividad de los crianceros, pastores que en su mayoría no tienen títulos de propiedad, es cíclica. Resisten el invierno en las tierras bajas de las estepas (invernada) y en primavera trasladan sus cabras y ovejas hacia las pasturas fértiles de la cordillera (veranada).
Los alambrados sobre las zonas ancestrales que transitan los pastores reducen los callejones de arreo y les impiden llegar a los alojos donde pernoctan con sus animales. Además no pueden acceder a las aguadas y se ven obligados a utilizar las rutas, lo que implica un peligro para ellos, sus animales y el tránsito vehicular.
Gran parte de ellos lleva años reclamando por las tenencias de las tierras, ya sea porque son descendientes de varias generaciones que vivieron en los campos o porque son comunidades aborígenes preexistentes al Estado-Nación.
El fallo de la jueza Martina fue el primero favorable a una comunidad indígena en un litigio trashumancia que determina la supremacía de la legislación indígena por sobre el derecho privado.
En su resolución, la jueza escribió: “Concluyo en que la posesión ejercida por la comunidad mapuche merece la protección supralegalmente otorgada a la ocupación de territorios por las comunidades indígenas. Debiendo considerarse la ocupación tradicional indígena es preexistente al Estado. Confrontado el título exhibido por el actor (Duarte) con el ostentado por los demandados, surge demostrado que el de estos últimos (los mapuches) posee relevancia superior por resultar anterior en el tiempo y por ende preferido en derecho”-
En la cordillera y en el centro
Raúl Maliqueo, integrante de la comunidad, dijo que el exjuez Duarte aún mantiene cercada gran parte de los campos de veranada. “Estamos esperando que haya una sentencia final porque tenemos entendido que él va a apelar al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Queremos tener el veredicto final, no vamos a meternos en las tierras a embarrar la cancha”, le dijo a Maliqueo a Infojus Noticias.
Este tipo de problemas –explicó Maliqueo- son comunes a todas las comunidades mapuches. En la cordillera los corren los grandes emprendimientos forestales, los empresarios turísticos y los estancieros que alambran campos de veranada, callejones de arreo y los accesos a los ríos y los lagos. Y en la zona centro, los problemas son con las petroleras.
“La Provincia vende nuestros territorios porque considera que son fiscales y al no tener personería jurídica no nos otorgan los títulos de propiedad”, dijo Raúl Maliqueo.
Y destacó que muchos mapuches fueron estafados. “Se llevaban a nuestros lonkos a hoteles de lujo en Neuquén capital, los emborrachaban, les hacían firmar papeles y les quitaban las tierras. Hoy no tenemos más miedo y nuestros jóvenes estudian abogacía para poder defendernos, las comunidades están más organizadas”.
Un pueblo vendido
El caso de los Maliqueo es común en Neuquén. “A los permanentes atropellos contra pobladores ocupantes de las tierras por varias generaciones se sumó la grotesca venta de un pueblo completo, como sucedió con Sauzal Bonito”, explicó a Infojus Noticias el abogado de la CTA César Sagredo, que intervino en varios conflictos con crianceros.
Recordó que en 1999 un empresario compró las tierras de la pequeña aldea ubicada a orillas del río Neuquén. Tras asambleas populares y trámites en la Dirección de Tierras, en 2009 los pobladores consiguieron 76 permisos de ocupación.
“La Provincia terminó realizando un negocio ruinoso”, dijo Sagredo, al explicar que vendió “11.000 hectáreas por 0.000 y recompró 2.720 hectáreas por un valor de mostrar.700.000”.
“Extranjeros adinerados y funcionarios ligados al gobierno provincial han ocupado tierras fiscales y se están apropiando de aquellas que desde tiempos inmemoriales han ocupado los crianceros o cerrando los pasos de arreo”, agregó el abogado de la CTA.
Y recordó otro caso emblemático: el de los 12 hermanos Faundes que en 2003 al llegar a su campo de veranada, en las lagunas de Epulaufquen, “se encontraron con que una poderosa abogada de Chos Malal les había usurpado la tierra”.
“Los Faundes no sólo debieron enfrentar a la abogada para recuperar su tierra: también al poder político, la Policía y la Gendarmería”, señaló. En 2006, la jueza civil de Chos Malal Graciela Rossi restituyó la posesión de las tierras.
A desalambrar
Algunas disputas se resuelven antes de recorrer los largos pasos de la Justicia. Hace menos de un mes, autoridades y personal de la Subsecretaría de Tierras provincial levantaron postes y alambres que impedían el tránsito de crianceros y los obligaba a hacer un desvío que les llevaba tres días más hacia la veranada.
El responsable del alambrado fue el exdiputado del MPN Luis Pessino, un hombre con varios antecedentes similares, que ganó cierta fama por desviar hacia uno de sus campos el agua que abastecía a la localidad de Andacollo. Por ese caso fue enviado a juicio, pero el fiscal Guillermo Elfenbaum olvidó presentar las pruebas y finalmente fue absuelto.
Ahora, Pessino alambró el paso por la vieja traza de la Ruta Provincial 43, el primer callejón de arreo exclusivo para la trashumancia reconocido por la Ley Provincial N° 2808, sancionada el año pasado.
Para Gabriel Palmili, zootecnista que trabaja desde hace 29 años con los arrieros del Norte neuquino, el problema es más complejo, “no se reduce a un enfrentamiento crianceros versus estancieros”. Consideró que desde que la Provincia comenzó a dar las tenencias de las tierras “surgieron problemas por los límites de los campos entre vecinos que durante años convivieron sin ningún tipo de problemas porque no hay personal para mensurar los lotes”.
Según Palmili, la mala política de tierras que aplica la Provincia acentúa los conflictos y hacen que “la trashumancia esté en desaparición”.
Comunidades mapuches y organizaciones campesinas exigen el cumplimiento de la legislación indígena y la sanción de una norma que contemple la trashumancia y un reordenamiento territorial.
Fuente: Puerta E.
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