Por Luis Gauna
Argentina, 21 de febrero de 2013(Red Eco).- "¡No vamos a tirar ni un solo árbol, los arboles son sagrados! ¡Los árboles no se tocan! Por lo menos acá, en El Calafate, ¡Sobre mi cadáver, únicamente!” Cristina Fernández de Kirchner, 15 de Febrero de 2013.
Aquel discurso de la Presidenta de la Nación, vitoreado por la multitud que se congregó a la inauguración de la 136° Fiesta del Lago, cargaba la chicana, contra la gestión del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires y los problemas que acarrean sus intromisiones contra el espacio público y con el cuestionado Metrobus. Pero el silencio ante las responsabilidades propias, carga de cinismo aquella frase, más allá del discurso confrontativo frente al macrismo. En la lógica del modelo agropecuario que impone el Gobierno, los grupos armados/patotas , serviles a intereses empresariales del agronegocio, han sometido a la violencia, despojo y muerte a comunidades y habitantes originarios de los bosques nativos, con el resguardo y silencio de funcionarios públicos e integrantes del poder judicial. En estas provincias, los desmontes y el avance de la frontera de monocultivos se producen a costa de los asesinatos a quienes resisten.
Concordantes con la Ley 26.160 y el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Bosques Nativos posee artículos en donde se enfoca la problemática de tierra que acarrea el campesinado y los pueblos originarios teniendo en cuenta la categorización de conservación de bosques (Categoría I y II) prohibidos para su desmonte.
Esta estipula el aprovechamiento de los bosques nativos sin influir ni perjudicar a las comunidades originarias y las tierras que ocupan, promoviendo asistencia técnica y financiera a los pequeños productores y comunidades campesinas para una realización sustentable de sus actividades. Para ello caracteriza el valor social, económico y cultural que las comunidades otorgan a las tierras que ocupan. Pero la legislación se perpetúa en letra muerta, con el modelo agropecuario en el que se ha embarcado el Gobierno Nacional y los correspondientes provinciales, y que se ha profundizado con el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario 2020 hace 2 años.
Con respecto a la protección del territorio de los pueblos originarios y las organizaciones y su vinculación con los desmontes y La Ley de Bosques, Hernan Giardini, Coordinador de Biodiversidad sostuvo: “Se avanzó mucho a nivel legislativo, si querés en la práctica lamentablemente bajó menos de lo que hubiera querido, o por lo menos de lo que uno esperaba, en cuanto a tener una ley que justamente no solamente defiende el bosque, si no también defiende a sus históricos habitantes tanto campesinos como índigenas y lo dice en varios artículos de la ley. (…) Nosotros tenemos contabilizados siete muertos en los últimos 5-6 años relacionados directamente con la deforestación desde Santiago del Estero, Formosa, Tucumán”.
En Santiago del Estero, segunda provincia a la cabeza en desmontes, el MoCaSE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero)-Vía Campesina en sólo dos años ha sufrido la muerte de dos de sus integrantes: Cristian Ferreyra en 2011 y Miguel Galvan en 2012. El movimiento que nuclea a los campesinos santiagueños indígenas, no ha dejado de denunciar los avances de los empresarios del agro, que amparados por grupos parapoliciales, entretejen una trama de despojo y amedrentamiento en pos de ampliar la frontera de su negocio .
“ El territorio de la triple frontera entre Chaco, Salta y Santiago del Estero, desde el 2006 viene siendo un foco de combate terrible y la firmeza de las comunidades organizadas ha evitado el avance de empresarios“, sostenía el MoCaSE en Octubre del año pasado, poco después de conocerse el asesinato de Miguel Galván, de 40 años, en el Paraje Simbol a manos de un sicario al servicio de la empresa Agropecuaria La Paz S.A.
El MoCaSE no ha cesado de reclamar por la sanción e implementación de la Ley contra los Desalojos Rurales, que lleva el nombre del joven campesino de la etnia lule “Cristian Ferreyra”, asesinado en 2011. Pese a las múltiples denuncias por acoso y hostilidades que venía recibiendo la comunidad a la que pertenecía por parte del empresario José Ciccioli, la justicia hizo silencio.
Dicha Ley viene cajoneada desde Noviembre de 2011 y ni la muerte de Miguel Galván, en octubre pasado, motivó a los legisladores a darle tratamiento.
*El 13 de Marzo de 2010, en el paraje campesino de San Nicolás, Sandra Juarez de 33 años falleció a causa de paro cardiorrespiratorio, luego de sufrir una crisis de nervios frente una topadora de la empresa agrícola cordobesa Namuncurá S.A, que había comenzado a desmontar sus tierras.
*En diciembre de 2011, en el paraje Villa Matoque al noroeste de Santiago del Estero, el campesino Nestor Palacios fue baleado en el pecho por una banda armada, cuando se resistió al avance de la empresa agropecuaria Servicios y Negocios de Yerba Buena Tucumán. La empresa en cuestión, desde el 2009, buscaba adueñarse de 15 mil hectáreas, situación que afectaba directamente a más de 50 parajes campesinos indígenas. Así también, tenía amparo del Secretario de la comisión municipal de Villa Matoque (Departamento Copo), Alonso “Chillín” Santillán.
*El 14 de Julio de 2012, el campesino Sixto Ruiz fue baleado en el pecho, en el Paraje Vinalito, en territorio salteño, límite con Santiago del Estero. Al servicio del empresario Gustavo Saa, grupos de sicarios habían amedrentado con armas de fuego durante dos semanas a los pobladores de los parajes Choya, Vinal Macho, Dos Naranjos y Vinalito, donde ocurrió el ataque.
*El 30 de enero de éste año, Juan Santillán, miembro de la comunidad vilela “Tres Leones” fue atacado por el empresario terrateniente Alejandro Porta y sus siete sicarios, quienes lo secuestraron y amenazaron de violarlo.
A estos hechos se le suman, ataques al ganado y viviendas de los pobladores, como así también a la radio comunitaria del Movimiento campesino.
“En una nueva ofensiva del capital sobre nuestro continente, se profundizan los intentos de subordinar la agricultura, la tierra y los bienes naturales al capital financiero transnacional, siendo las Comunidades Campesinas Indígenas verdaderos obstáculos para el capital, que en nombre del progreso promueve la violencia para acaparar los territorios”, sostuvo el MoCaSE en enero de éste año.
“El Estado se mete cuando ya el conflicto tomó un nivel importante y lamentablemente uno conoce la mayoría de los conflictos de las comunidades que están medianamente organizadas. Muchos desalojos, muchos conflictos de gente que está en el medio del monte, no vinculada al MoCaSE o a organizaciones campesinas, no conoce las Mesas de tierras ni esos lugares a donde podrían denunciar los atropellos que viven y esa gente está sola, esa gente es la que lamentablemente si no está agrupada sufre las consecuencias de manera directa y no posee las armas para defenderse”, remarca Giardini.
La situación en Formosa -donde oficialmente se reconocieron 129 mil hectáreas desmontadas, tercer provincia en el podio de desmontes- es igual de grave, y la relevancia que han tomado los conflictos por la tierra desde el 2010 delimita una resistencia día a día del Pueblo Qom y Wichi contra los empresarios sojeros y el gobierno de Gildo Insfrán.
De la represión policial en noviembre de 2010, que se cobrara la vida del anciano qom Roberto López, de los constantes ataques al Carashe Félix Díaz y a su familia, del atropello de un Gendarme a Ricardo Coyipé y asesinato de su esposa Lila y su nieta de 3 meses, hasta la reciente muerte de Daniel Asijak, sobrino de Félix Díaz, la comunidad “La Primavera” ha enfocado todos estos ataques en un punto en común: el conflicto por la tierra.
Es así, que también el dirigente Pilagá de Colonia Alberdi, Mario López, y delegado del Movimiento Campesino de Formosa, perdió la vida cuando viajaba hacia la comunidad para solidarizarse por la represión en la que muriera Roberto López, atropellado por un policía en un hecho que su familia catalogó de atentado.
Entre la disposición de crear la Universidad de Formosa sobre territorio comunitario qom y el corrimiento de los emprendimientos sojeros sobre esas tierras, amparados por los horizontes del Plan Agropecuario Formosa 2015, la comunidad ha conseguido que su resistencia tomara relevancia nacional, como así también los ataques a referentes activos de su lucha no se han hecho esperar. Díaz y Coyipé, son un ejemplo de aquellas constantes vejaciones.
Por su parte, las comunidades wichís del oeste de la provincia, han denunciado recientemente las dificultades que acarreó el desmonte intensivo en las condiciones climáticas de la zona que dificultan la tarea de cultivar sus propios alimentos. A ello, se le suma la desidia de no recibir atención médica, agua, ni electricidad por parte del gobierno que no escucha sus reclamos y de los organismos , ausentes, que deberían velar por el cumplimiento de sus derechos.
Así bien, la provincia de Chaco, carga con la muerte Martirés López, referente qom de la Unión Campesina y de la Corriente Clasista y Combativa por los derechos campesinos e indígenas del Chaco, fallecido el 14 de Junio de 2011, luego de un “accidente” cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. Su familia y compañeros de militancia iniciaron una causa en la que denuncian “homicidio”. Fue reconocido como uno de los dirigentes originarios más duros contra el gobierno de Capitanich, ya que en 2009, encabezó una masiva marcha de 5 días con campesinos, aborígenes y criollos en reclamo de tierras, semillas y vivienda que tomó notoriedad nacional.
Esta sucesión de hechos, si bien puede ser incompleta por los que no salen a la luz o que no toman notoriedad pública, delimita un padecimiento, que en la lógica y profundización del modelo extractivo-agroexportador en el que se ha encaramado como meta el Gobierno Nacional, ha de profundizarse con horizontes agropecuarios que, como demuestran estos hechos, no velan ni respetan los Derechos y legislaciones que protegen la propiedad comunitaria del campesinado y pueblos originarios.
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