Vamos a luchar para que esté tras las rejas.
El 30 de marzo del 2006, cuando los trabajadores de la educación estábamos en huelga, un grupo organizado por la burocracia de la UOCRA, irrumpió en la concentración de ATEN en la destilería de Plaza Huincul.
La patota de matones pudo actuar porque Jorge Sobisch ordenó liberar la zona, desatando una cacería en donde muchas compañeras y compañeros fueron heridos. La orden dada a la policía fue reconocida públicamente por el mismo Sobisch.
Este hecho, que debería haber llevado al juzgamiento de todos los responsables, contó con un operativo de impunidad de 6 años.
Tanto la fiscal Gloria Lucero, como su colega Ignacio Di Maggio, solicitaron el sobreseimiento, ya que "mal puede otorgársele el carácter de confesión" al discurso en el cual el ex gobernador se atribuyó haber dado la orden a la policía de no intervenir.
El ex jefe de la policía neuquina, Carlos Salazar, y su segundo Moisés Soto, fueron sobreseídos en 2009.
La causa permaneció más de un año en el Tribunal Superior de Justicia sin ningún avance.
El ex gobernador logró sortear las audiencias que lo sentaban en el banquillo de los acusados gracias a la complicidad de la justicia. El juicio fue suspendido una y otra vez ante los certificados médicos presentados por Sobisch. Finalmente este juicio nunca se concretó.
El 27 de diciembre el juez correccional Alejandro Cabral, resolvió declarar “extinguida” la acción penal por prescripción.
Los hechos en Plaza Huincul en el 2006, fueron la antesala de la represión criminal que un año después terminó con la vida de Carlos Fuentealba en Arroyito.
El silencio de los cómplices
Sapag sabe que los trabajadores de la educación hemos resuelto organizar un plan de lucha por las condiciones laborales, salariales, por la educación y por el juicio y castigo a los responsables de la zona liberada en Plaza Huincul y del asesinato de Carlos Fuentealba.
Por ello su “justicia” aceleró el desenlace impune de Sobisch.
El primero que debería haberse manifestado sobre la impunidad de Jorge Sobisch, es el gobernador que ha salido a acusar a los trabajadores de la educación de “violentos”.
No lo hizo con Sobisch, porque con su silencio defiende el régimen político del que es parte. El mismo que en el día de hoy sobreseyó también al ex presidente De la Rua por las 33 muertes en diciembre del 2001.
En febrero se conocerá el fallo condenatorio a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, en donde también se tercerizó la represión en manos de la patota de José Pedraza de la Unión Ferroviaria. Allí están implicados burócratas sindicales, policías y funcionarios del gobierno nacional.
Para luchar contra la impunidad, hay que luchar contra el poder político que la sostiene.
Repudiamos este nuevo acto de impunidad y llamamos a los trabajadores de la educación y a las organizaciones sociales y políticas a concentrarnos mañana viernes 28 en el Juzgado Correccional N°1 (Irigoyen 175) a las 11hs, donde realizaremos una conferencia de prensa.
Editoriales ANP
