Susana Trimarco, madre de Marita Verón, se puso al hombro la búsqueda de su hija y en el camino liberó a 129 mujeres secuestradas por las redes de trata.
Por María Paula García. Luego del vergonzoso fallo en el juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón, un análisis de sus implicancias e impacto en la sociedad y un repaso por los puntos nodales de la problemática de la trata de personas en nuestro país.
El 8 de febrero de este año publicábamos en esta misma sección un artículo dedicado al comienzo del juicio por el secuestro y desaparición de Marita Verón, y nos preguntábamos ¿Sabremos de qué se trata?. En el mismo, señalábamos que, más allá del enorme optimismo expresado por los medios de comunicación y diversos funcionarios nacionales, el proceso ya contenía serias limitaciones y que aún estaba por verse si sería tan trascendental como muchos esperaban.
Pasaron diez meses y los resultados están a la vista: el juicio ha sido trascendental, pero no para avanzar en el castigo de los responsables del secuestro y desaparición de Marita. Más bien todo lo contrario.
Sin embargo, es necesario ir más allá de la razonable indignación porque, efectivamente, la absolución de todos los imputados por parte de los jueces de la Sala 2 de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán es una clara demostración de cómo funcionan las redes de trata de personas y cuál es el grado de complicidad del poder político y judicial en todo ello. Elementos que deben servirnos para comenzar a esbozar algunas reflexiones.
El Poder Judicial debe ser transformado radicalmente
En las últimas semanas, se puso sobre el tapete el tema de la independencia de la justicia y la necesidad de no presionar a los jueces. Si hay algo que demuestra el fallo de los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero es que, y sólo para hablar de este caso, son totalmente independientes. Lo son, en primer lugar, de los intereses y de las necesidades de las mujeres más castigadas de nuestra sociedad. Vale recordar que el fallo absolutorio de los 13 imputados es apenas una de las tantas cuestiones que merecen ser repudiadas. A lo largo de todo el proceso fueron cinco las mujeres que lograron escapar de las redes de trata que se presentaron ante el tribunal y declararon, no sólo como testigos del caso Marita, sino como víctimas de los mismos imputados. Pero los señores jueces consideraron insuficientes sus testimonios. No les creyeron. Cuando cualquier persona más o menos formada en la cuestión sabe del enorme valor que las pruebas testimoniales tienen en estos casos.
Las redes de trata no pueden existir, entre otras cosas, sin apoyo judicial. Más allá de la sospecha de soborno que pesa sobre los jueces, es interesante que se conozca que se negaron a realizar capacitaciones sobre perspectiva de género y trata de personas, dictadas desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia y que se realizaron en Tucumán antes que comience el juicio. Como si esto fuera poco, afirmaron que no querían hacerlas para “no verse condicionados”, como si la perspectiva de género fuera un enfoque parcial o sectorial con posibles consecuencias negativas.
La negación a asumir una perspectiva de género por parte de jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales es mucho más corriente de lo que se supone: junto con el sexismo y la misoginia, constituyen un problema estructural del derecho y la justicia que deben ser superados.
No es sólo el Poder Judicial el que debe democratizarse
Fue la misma presidenta Cristina Fernández quien afirmó la necesidad de “democratizar el Poder Judicial” y de poner en marcha lo que la sociedad reclama. No obstante, poco se dice que la reforma de la Ley de Trata de Personas estuvo durmiendo el sueño de los justos todo el año en el Congreso y que en dos semanas hubiera perdido estado parlamentario.
Lo cierto es que, hasta la ola de indignación por el fallo, nuestros legisladores y legisladoras no consideraban como tema prioritario realizar reformas sustanciales a la ley, que se vienen pidiendo desde 2008. Justamente, entre los puntos a ser reformados se encuentra la figura del consentimiento de la víctima. La ley vigente diferencia entre víctimas mayores y menores de edad, y exige a las mayores probar que no prestaron consentimiento para la esclavitud sexual. Otro tema más que no está en la agenda y que, afortunadamente, se estaría subsanando ante el llamado a sesiones extraordinarias para esta semana a fin de tratar la reforma de la ley.
Es necesario desmantelar las redes de trata
El desmantelamiento de las redes de trata es mucho más que una consigna para colocar en pancartas. Es condición necesaria para que efectivamente todos los poderes del Estado estén al servicio de las víctimas y del castigo a los culpables.
Cuando hablamos de desmantelamiento de las redes hablamos precisamente de la desarticulación de los grupos mafiosos que operan a nivel nacional con ramificaciones internacionales, así como del desbaratamiento de la complicidad y la connivencia de todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad para con los tratantes y proxenetas. El problema de la trata de mujeres para la prostitución no se reduce a un problema provincial, ni mucho menos a deficiencias del poder judicial.
El desmantelamiento implica decisiones políticas concretas que no se han tomado en ningún caso. No sólo sigue completamente en pie el grupo mafioso / empresarial de los Ale, relacionado directamente con el secuestro y desaparición de Marita Verón, casas de juego y numerosos prostíbulos, entre otras “actividades”. Sino que además es sabido de los vínculos políticos que lo sostienen y protegen. La trata de mujeres para la prostitución es el segundo ilícito del mundo y mueve cifras más que millonarias capaces de comprar a cualquier funcionario.
Desmantelar las redes significa atacar de raíz a los grupos mafiosos, empezando por cerrarles los prostíbulos y whiskerías. Y obviamente acabar con la protección que cuentan por parte de las fuerzas de seguridad, funcionarios municipales, intendentes, gobernadores, jueces y fiscales.
Debe comenzar una nueva etapa en la lucha contra la trata
De la mano de la lucha de Susana Trimarco, innumerables organizaciones sociales, políticas y feministas han logrado visibilizar, tanto la existencia de redes de trata que secuestran y desaparecen mujeres y niñas para explotarlas sexualmente, así como el alto grado de complicidad ya sea por acción u omisión de los diversos poderes del Estado. Ha sido una larga lucha hecha de pequeñas grandes instancias, muchas de las cuales reunían unas pocas personas con pancartas y otras que llegaron a reunir 20.000 mujeres, como en la marcha de cierre del Encuentro Nacional de Mujeres Tucumán 2009 que culminó en las escalinatas de la Maternidad donde se dirigía Marita aquel 3 de abril de 2002. La lucha tuvo también grandes debates y confrontaciones ideológicas, como cuando diversos partidos políticos les negaban entidad de desaparecidas políticas a las desaparecidas por las redes de prostitución e innumerables organizaciones de derechos humanos veían con poca claridad en qué medida la trata de mujeres es también una cuestión de corrupción policial, institucional y grave violación a los derechos humanos.
La discusión ha quedado más que saldada. ¡Y vaya de qué manera! Aunque el golpe ha sido duro, y parece retrotraernos al inicio. Si esto le sucedió a Susana Trimarco, imaginemos lo que le sucede diariamente a las cientos de madres y familiares que buscan a sus hijas por todo el país. Pero no nos han vencido. Porque la indignación que estalló en todo el país es una respuesta prometedora. Marita Verón dejó de ser una causa del movimiento de mujeres para convertirse en una causa nacional.
Parafraseando a Susana Trimarco: “No voy a derramar una sola lágrima; comienza una nueva lucha”. La gran cantidad de personas que reaccionaron inmediatamente y se movilizaron en todo el país abre la posibilidad del juicio político a los jueces de la vergüenza y de una apelación que revierta la sentencia. Y también puede ayudar a avanzar en una comprensión más profunda del problema: la trata de mujeres es trata de mujeres para la prostitución, una actividad que no dejaría las millonarias ganancias que deja si los varones que pagan por sexo dejaran de hacerlo. Sin clientes no hay prostitución ni trata. Y, tal como hemos visto esta semana, sin un poder político y judicial que ampare a tratantes y proxenetas, tampoco. Quizá de este desafortunado hecho haya un antes y un después en los poderes institucionales de nuestro país.
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