Buenos Aires (Marcha).-
Y el 7D no fue, pero llegó el 14. Una semana después del día señalado, el gobierno nacional tuvo un importante logro en la batalla judicial contra el grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Durante la tarde del viernes 14 de diciembre se dio a conocer el fallo del juez Federal en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso respecto a la constitucionalidad de la LSCA. A través de un documento de 62 páginas, Alfonso rechazó la “acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín” y ofrendó, “como consecuencia, el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso”. De esta manera cae el recurso judicial presentado por Clarín para frenar la aplicación de los artículos 45 y 161 de la LSCA que regulan la cantidad de licencias que puede poseer cada grupo y obliga (a los que se exceden) a presentar un plan de adecuación para ajustarse al límite requerido.
Sin embargo, el grupo Clarín anunció que apelará el fallo a primera hora. Según los abogados de la empresa, esto retrotraería todo a la situación anterior poniendo nuevamente en vigencia la medida cautelar. Damián Cassino, uno de los abogados, sostuvo que la apelación "tiene un efecto suspensivo tanto de la sentencia como el levantamiento de la medida cautelar, lo que significa que existe una medida cautelar vigente". Desde el gobierno en cambio afirman que no, que la ley ya ha sido declarada constitucional y que hasta que no se resuelva la apelación es una ley efectiva votada por el congreso nacional.
Si lo que sostiene el gobierno se cumple, desde este lunes la LSCA entra en plena vigencia y el Estado debe actuar de oficio sobre aquellos grupos excedidos en la cantidad de licencias y que a su vez no hayan presentado un plan de adecuación propio. Según informaron desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) el único grupo que no ha presentado voluntariamente su plan es Clarín.
La "transferencia de oficio tiene cien días hábiles y se inicia con su notificación para quien no haya presentado su plan voluntario de adecuación” afirmó Martín Sabbatella, titular de la AFSCA. Esto supone que, a partir de este lunes 17, hay entre cinco y seis meses donde el Estado debería informar al grupo Clarín que está en falta; tasar las licencias y bienes del mismo; seleccionar que licencias concursar y cuáles no; concursar las licencias seleccionadas y, por último, adjudicarlas al nuevo titular. Hasta que el proceso de transferencia concluya, según explicó Sabbatella, el actual titular de las licencias "deberá hacerse cargo del servicio, cuidarlo, mantener las fuentes de trabajo y proteger los bienes”.
El titular de la AFSCA también explicó que "la diferencia entre el plan de adecuación voluntaria y el proceso de oficio es que en el primer caso el que lo organiza es el propio grupo empresario, y en el proceso de oficio lo hace el Estado al no haber un cumplimiento de la norma".
Pero en un país de una política tan cambiante y a la puerta de un año electoral, muchas cosas pueden pasar en estos seis meses. Desde las filas del propio kirchnerismo el diputado Andrés Larroque aseguró: “A lo largo de este año, hemos visto como el poder de Clarín fue generando escollos, trampas y situaciones complejas, por lo que debemos ser muy prudentes y tranquilos” y sostuvo que el grupo empresario “le va a encontrar la vuelta para seguir complicando la vida al pueblo argentino".
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