El Gobernador
Martín Buzzi, a partir de su asunción, estuvo lanzado a cumplir una orden
presidencial indiscutible: abrir la provincia a la megaminería. Los esfuerzos
del mandatario, ayudado por el Intendente de Comodoro y otros Intendentes del
interior no encontraron mayores escollos en el plano político, pero sí lo
encontraron en la población. El rol fundamental que jugamos los medios de
comunicación, en la difusión de los entretelones y los conflictos, fue motivo
suficiente para cajonear el Marco Regulatorio Minero, para no desviar la opinión
pública en contra de los candidatos oficialistas, en el 2013.
Chubut, 14 de diciembre de 2012 (OPI
Chubut) – El gobierno de Chubut se ha metido en un problema del
que nadie o muy pocos le habían advertido. Solo la prensa libre y entre ella
nos incluimos, hemos podido predecir las implicancias negativas que tenía en la
ciudadanía una campaña tan abierta a favor de la megaminería, ocultando
intencionalmente, las serias complicaciones que produce la actividad,
constituyendo esa actitud, una suerte de complicidad institucional con las
empresas o al menos con la política nacional de “minería a cualquier
costo”.
Esta
avanzada sin límites que emprendió Buzzi para instalar la megaminería en Chubut
contó con varios elementos que, indudablemente, no fueron analizados en su
plenitud o bien fueron sobreestimados. Entre estos elementos encontramos una
fuerte cultura aniti-minera, nacida a la sombra de los andes en Esquel y
derramada en el resto de la provincia, alcanzando las costas atlánticas en los
últimos dos años, cuando la arremetida minera, arreció sobre la meseta central
sin pausa.
Otro de
estos puntos que no fueron tenidos en cuenta, fue la prensa libre. Aconsejado,
el gobernador, que podría accionar sin problemas en función de la poca
repercusión que tienen las críticas antiminera (como sucede en Santa Cruz, por
apatía pública) descartó de plano cualquier opinión en contrario, sobre los
daños ambientales y físicos de la megaminería y desplegó una fuerte campaña
mediática (a través de los medios pagos) tratando de suplantar el mensaje “apocalíptico”
por el de manual, que impone un reconocimiento a las bondades de la actividad,
la mano de obra que otorga, el desarrollo que consigue para la región, los
avances sociales que se proponen, sin decir nada sobre los aspectos negativos
que oculta.
El
creciente descontento social, las manifestaciones públicas de sectores
chubutenses que se oponen a la minería, tuvo su máxima tensión el día que frente
a la legislatura provincial, el gobierno de Martín Buzzi no tuvo mejor idea que
pedirle a los integrantes de la UOCRA que le dieran una manito para desalojar a
los manifestantes del “No
a la Mina”. Heridos por la patota organizada de la construcción, que
bajaron de colectivos y camionetas armados de palos y cadenas, varios llegaron
al hospital con múltiples secuelas de la brutal golpiza, lo cual le indicaba a
Buzzi, que la cuestión era mucho más compleja de lo que le habían hecho creer y
que haber recurrido a las patotas como fuerza de choque, para no intervenir con
la policía por los “costos políticos” que le acarrearía, fue el peor error que
pudo cometer.
A partir de
allí, en reunión política con sus más allegados colaboradores, el gobernador
decidió “enfriar” la cuestión minera, previendo que el año 2013 se verá
visiblemente afectado por este fenómeno de resistencia pública y por lo tanto,
debilitará cualquier intento por realizar una campaña sin sobresaltos ni
consecuencias negativas para los candidatos a las elecciones
legislativas.
Esto también
ha tenido su lado negativo para Buzzi, ya que las empresas comprometidas en los
trabajos de cateos y exploración, que a su vez han puesto mucho dinero para
cubrir el rojo contable de algunas comunas y para lograr “consenso social”, se
ven contrariadas por la falta de manejo político que demostró el gobierno,
quien, de acuerdo a las fuentes consultadas en el sector minero “se
manejó con torpeza y demasiada soberbia, en una provincia que ya sabemos es muy
resistente a la minería y más a la megaminería; eso parece que no lo evaluó
Buzzi ni Di Pierro, que es un tipo que conoce muy bien de estas cosas”,
aclaró nuestra fuente muy vinculada a una destacada empresa de
servicios.
Un ejemplo
de lo que decimos es que en Gastre la minera Argenta, cursó
60 telegramas de despidos a personal contratado, por cuanto advierte
que si bien el 2012 está perdido, en el 2013 no existe certeza de que puedan
comenzar las labores de explotación, debido a las dudas políticas que se han
generado en el gobierno, hecho que fue convalidado con el envío del Marco
Regulatorio de Minería, al freezer de la legislatura.
Las mismas
fuentes destacaron que el gobernador minimizó el papel de la prensa,
interpretando que “son pocos” lo que se oponen al desarrollo minero y en la idea
de que “el mensaje siempre es el mismo”. Sin embargo, en este punto, el análisis
tiende a contradecir esta opinión de Buzzi, porque si bien los medios críticos a
la actividad no somos tantos, la vinculación en red de los mismos y la
inmediatez de las comunicaciones, hace que el mensaje se multiplique
exponencialmente en la provincia y el mundo, logrando que otras voces se sumen y
se universalicen las mismas y se conozcan los hechos de una manera más efectiva.
Inversamente a lo que piensa Buzzi y el gobierno nacional, el mensaje oficial o
pro-minero, suele ser el que más retardo sufre, porque es, en general, es
rechazado por el lector libre, que busca en la información independiente un
rasgo menos caracterizado con la impronta del interés corporativo que tienen los
mensajes enviados, tanto desde los gobiernos, como desde las
empresas.
Fuente: Agencia OPI
Chubut
Editoriales ANP
