Por Nahuel Maciel
Entre Ríos 16 de octubre de 2012 (El Argentino).- Si hay una barbaridad que se debe registrar en la "Patria Sojera", es la actitud del Estado entrerriano que se desentiende en la revisación médica periódica para los docentes que se desempeñan en las escuelas rurales debido a la exposición a los agrotóxicos que se utilizan para la fumigación.
La Departamental de Escuelas, el Concejo General de Educación, el Ministerio de Salud, el área de Epidemiología, el de Atención Médica, el Hospital Centenario e incluso hasta la Aseguradora de Riesgo de Trabajo que depende del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, coinciden en señalar que no los compete en esas tareas. Así, los docentes rurales que están expuestos a periódicas intoxicaciones por agrotóxicos se quedan indefensos y sin que nadie atienda un elemental reclamo, incluso vinculado con los Derechos Humanos como la Salud.
EL ARGENTINO accedió al vergonzoso expediente que promovió con justicia la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Gualeguaychú el 12 de noviembre de 2010 y que luego de recorrer todas las vías administrativas, las áreas de Educación completa y las de Salud de manera integral e incluso la del Seguro de Trabajo, concluye que el Estado entrerriano se lava las manos en uno de los flagelos más lacerantes que tiene el actual sistema productivo agropecuario. Les niega atención médica a los maestros que el Estado contrata para dar clases en un medio rural.
El Expediente número 17-7 comienza con una nota de Agmer Gualeguaychú, fechada el 20 de octubre de 2010 y dirigida a la Departamental de Escuelas de ese entonces, Silvia Del Valle. Allí se le hace llegar un petitorio firmado por 95 docentes, todos del departamento Gualeguaychú, que piden se les garantice la revisación médica periódica, dado que para llegar a las escuelas deben recorrer determinados kilómetros y quedan expuestos "permanentemente al uso de herbicidas tóxicos y dañinos para la salud".
La Departamental de Escuela elevó ese petitorio al Consejo General de Educación. Y el 24 de noviembre de 2010, el Consejo de Educación elevó bajo la firma de la presidenta del organismo, Graciela Bar, al entonces ministro de Salud, Ángel Giano, dicho petitorio "a los efectos de que tenga a bien evaluar la viabilidad del control requerido".
El Ministerio de Salud, con fecha 17 de diciembre de 2010 y bajo la firma de la directora General de Despacho, Marta Benaben, remitió las actuaciones a la Dirección de Epidemiología.
Nadie tiene injerencia
El área de Epidemiología respondió a los cinco días, el 21 de diciembre bajo la firma de su directora, doctora Silvina Saavedra, donde informa "a la superioridad que esta Dirección no tiene injerencia alguna en lo que respecta a los exámenes médicos periódicos de rutina a docentes rurales", y en consecuencia sugirió intervención a la Dirección de Atención Médica.
Atención Médica tampoco se hace cargo y gira el expediente a la Comisión Médica Única que depende del entonces Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación.
Esa área, le responde a Graciela Bar (Consejo General de Educación) bajo la firma del doctor José Luis Salerno, "que escapa a la competencia del organismo este tipo de control, debido a que el mismo no se encuentra implementado". Y sugiere darle intervención a la ART conforme al Artículo 4° de la Ley 24.557. A esta altura, el calendario marcaba que era 3 de marzo de 2011.
El Consejo General de Educación no sabe a quien recurrir y entonces elevan una nota con fecha 22 de marzo de 2011 firmada por Graciela Bar y Silvia Del Valle al director del Hospital Centenario, doctor Hugo Gorla, para que "tenga a bien autorizar que los docentes rurales de Gualeguaychú puedan acceder a una revisación médica, a efectos de prevenir enfermedades derivadas de la exposición a los agrotóxicos que se utilizan para las fumigaciones".
¿Adivine lector la respuesta? Sí. El Hospital Centenario también se desentiende del asunto y comunica "a los interesados que no da lugar", tal como figura a fojas 18 del Expediente al que accedió EL ARGENTINO.
Departamental de Escuela devuelve el 16 de abril del año pasado el Expediente a Agmer Gualeguaychú para que se notifique.
En ese marco, el 27 de abril de 2011, Agmer Gualeguaychú expresa por escrito que: "Atento a las sucesivas derivaciones del Expediente, vemos con preocupación que ningún funcionario toma para sí la responsabilidad de instrumentar medidas preventivas de salud requeridas". Y en ese marco solicitan a las máximas autoridades educativas que "tomen decisiones políticas que garanticen los derechos de los trabajadores que dependen de su autoridad", argumentando "los derechos constitucionales, que protegen el trabajo en condiciones dignas, el derecho a la salud, a la prevención en relación al medioambiente, los derechos de la Ley de Educación Provincial que garantizan al docente el desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene y el acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales".
Educación a su vez eleva el 13 de mayo de 2011 las actuaciones a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo que depende del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos.
La ingeniera Luz Fabiana Arnau, responsable de la División Prevención de Riesgos del Trabajo del IAPS, responde: "Le informamos que la Ley de Riesgos de Trabajo establece la realización de exámenes Médicos Periódicos, con la finalidad de evitar o acotar las consecuencias del desarrollo de enfermedades profesionales en aquellas tareas en las que exista exposición a agentes de riesgo. Que tienen por función la detección temprana de las afecciones producidas por el trabajo o los agentes de riesgo a los cuales el trabajador está expuesto con motivo de sus tareas, entendiendo que la exposición compromete frecuencia, tiempo y dosis de una determinada sustancia o agente". No se entusiasme lector, que ahora viene la conclusión de la ART, que dice textualmente: "Por tal motivo, la revisación médica solicitada está excluida de las prestaciones contempladas por el Seguro de Riesgo de Trabajo".
Así las cosas, los docentes rurales que están expuestos a agrotóxicos (que el gobierno no controla y que los legisladores no legislan) se quedan sin atención médica, ni siquiera preventiva. Así las cosas, los docentes rurales expuestos a agrotóxicos quedan indefensos, abandonados.
17 escuelas con intoxicaciones
Agmer Gualeguaychú realizó un relevamiento en el 2010 en las escuelas rurales del Departamento. De ese estudio se desprende que 17 escuelas han denunciado intoxicaciones por agrotóxicos.
El listado es el siguiente: Escuela N° 28 "Presidente Sarmiento" de Estación Escriña. Escuela primaria y de nivel inicial N° 49 "José de Oro"-ex Escuela 60- de Perdices. Escuela N° 52 "Julián Navarro" de Rincón del Gato, Distrito Pehuajó Norte. Escuela N° 41 "Capitán Bermúdez" de Costa Uruguay Norte. Escuela N° 41 "José Mármol" de Palavecino. Escuela de Costa Las Masitas. Escuela "Alberto Gerchunoff" de Colonia La Florida. Escuela N° 67 "José Ingenieros" de Costa San Antonio. Escuela de Colonia Basavilbaso de jurisdicción de Pastor Britos. Escuela N° 40 "Chacabuco" de Pastgor Britos. Escuela N° 54 de Colonia El Paraíso. La Escuela ex 217 "Padre Luis Jeannot Sueyro". La Escuela N° 51 "Horacio Quiroga" de Colonia Italiana. La Escuela N° 109 de Costa Uruguay Norte. La Escuela "Francisco Troisé" de Costa Uruguay Sur y la Escuela N° 66 "Bartolomé Mitre" de Costa Uruguay Sur.
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