El Bolsón (ANPP).- La policía de la comisaría 19 del barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén detuvo y golpeó a dos muchachos, e incluso a uno de ellos, Sebastián Hermosilla, le aplicaron picana eléctrica en su cuerpo, según denunció la organización Zainuco.
No conformes con perpetrar estos graves hechos, los delincuentes uniformados, además, allanaron sin orden judicial las casas de sus víctimas.
Los militantes de la organización social Zainuco, de la provincia de Neuquén, describieron lo sucedido en una carta fechada el miércoles pasadoy que fue enviada a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia patagónica, Lelia Graciela Martínez de Corvalán.
En el texto se acusa también a la Fiscalía en turno por ser responsable de la "negligencia" y de las "irregularidades cometidas" luego del grave hecho ocurrido a fines de marzo último.
El 4 de abril, vecinos del barrio Confluencia se habían comunicado telefónicamente con miembros de la Asociación Zainuco relatando que, el fin de semana anterior, la policía de la Comisaría Nº19 había detenido a dos muchachos.
A uno de ellos, Sebastián Hermosilla, lo golpearon severamente y le aplicaron picana eléctrica.
La Asociación Zainuco tiene por objeto social "defender y promover los derechos humanos amparados en los pactos internacionales y la Constitución Nacional, especialmente aquellos de los cuales sean titulares todas las personas privadas de libertad, que se encuentren cumpliendo detención en cualquier establecimiento carcelario, judicial, policial, de internación psiquiátrica o médica u hogares de menores, por disposición de autoridades estatales, o personas que sufran cualquier privación de libertad por agentes estatales o paraestatales".
Entre sus objetivos primordiales, la Asociación Zainuco se propone bregar por el funcionamiento de un aparato judicial ajustado a los lineamientos de las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.
"Vemos con gran preocupación la situación padecida por Hermosilla -declama la carta de Zainuco-, agravada por la total despreocupación de la Fiscalía de realizar el examen médico que resulta una prueba esencial para determinar el delito en cuestión."
En ese sentido, requirieron a la jueza Martínez de Corvalán la "urgente intervención" del tribunal máximo de la provincia, "a fin de bregar por la tutela inmediata de los derechos humanos que se encuentran vulnerados, acogidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales".
Fuente: Agencia Walsh.
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