Por docentes de El Bolsón
El 10 de diciembre de 2008 el Congreso de la UNTER realizado en Sierra Colorada resolvió el no inicio del ciclo lectivo 2009, teniendo en cuenta el desconocimiento de la patronal del ámbito paritario como lugar de discusión de políticas salariales y condiciones de trabajo; la falta de propuestas y previsión de aumentos salariales, la modificación unilateral de Resoluciones que desvirtúan el escalafón docente, la falta de presupuesto educativo acorde a las necesidades del sistema y la falta de democratización del IPROSS.
El 18 de febrero de 2009 el Congreso de UNTER reunido en El Bolsón resolvió por unanimidad un paro por tiempo indeterminado. El lunes 23, tras una multitudinaria marcha provincial en la ciudad de Gral. Roca, centenares de docentes de todas las seccionales se instalaron en Chichinales, cortando la ruta nacional 22 y desde entonces permanecen allí.
Este se ha transformado en un lugar emblemático para los docentes rionegrinos, especialmente desde que el compañero Pascual Mosca, de la conducción central de UNTER, falleciera como consecuencia de un accidente de tránsito durante uno de los traslados que hacía al servicio de atender a los acampantes de Chichinales.
En toda la provincia se sostienen acciones: cortes de ruta, marchas y manifestaciones u ocupaciones de las Delegaciones Regionales del Consejo Provincial de Educación. El gobierno se ha negado al diálogo, en su lugar ha respondido con hechos de violencia verbales y físicos, información falsa y tendenciosa, publicaciones anónimas, intimidaciones y presiones para volver al trabajo. Así también ha generado situaciones de enfrentamiento en la población con actitudes xenofóbicas hacia docentes que han venido de otras provincias.
Desde ayer, 12 de marzo, un grupo de docentes han ingresado a la Legislatura Provincial en Viedma y permanecen en la Biblioteca del lugar. Se reunieron allí para marchar más de 1500 trabajadores de distintos gremios.
Los trabajadores y trabajadoras de la educación exigimos:
· Un salario acorde a la canasta familiar patagónica
. Mientras el sueldo básico promedio de Santa Cruz y Chubut es de $1200, en Río Negro es de poco más de $400.
· Derogación de dos resoluciones (1127 y 1586/08) que resultan discriminatorias e inconstitucionales. Las mismas priorizan el lugar de residencia y el lugar de origen de título por sobre el puntaje que otorgan la capacitación y la antigüedad en la prestación de servicios docentes.
· Restitución de puestos de trabajo cerrados. Más de 800 cargos docentes se dieron de baja priorizando criterios económicos y no pedagógicos: mientras tanto se crearon gran cantidad de puestos políticos.
· Garantías para el pleno ejercicio del derecho a huelga. La Provincia ha tratado sistemáticamente de amedrentar a los docentes con salvajes descuentos de los días de paro.
· Comedores escolares con alimentación que garantice salubridad y nutrición. Hace años que se denuncia la contratación fraudulenta de empresas de alimentos preelaborados que han puesto en riesgo la salud de niños y niñas; hechos comprobados a través de análisis pertinentes.
· Transportes seguros para las escuelas en un marco transparente de contratación y con las condiciones adecuadas que requiere dicho servicio. El año pasado, un accidente ocurrido en la localidad de El Bolsón, puso en riesgo a un grupo de estudiantes. El mismo dejó al descubierto las precarias condiciones en las que se estaba llevando a cabo esta tarea, situación ya denunciada por padres y madres.
· Pleno funcionamiento de nuestra obra social I.P.R.O.S.S con la cobertura de medicamentos, como así también de las diferentes especialidades y prácticas médicas, sin la utilización del sistema de reintegros.
El gobierno no ha llamado a paritaria desde junio de 2008 hasta el día de hoy, ni tampoco ha hecho a gestos de reconocimiento de la gravedad de la situación. Por el contrario, busca intimidarnos con la presencia de fuerzas represoras (BORA), y moviliza a provocadores para acallar nuestro reclamo.
Necesitamos la difusión de estos acontecimientos en diferentes medios nacionales y el apoyo solidario de organizaciones e instituciones que reconozcan la legitimidad de nuestros reclamos.
Editoriales ANP
