La comunidad Santa Rosa apelará la orden de desalojo y advirtió que resistirá cualquier intento de expulsión. Los abogados dicen que no se respetó el derecho indígena.
Por Darío Aranda
La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006 y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo diez días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.
“A pesar del fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la mapu (tierra). Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche tehuelche y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo”, afirmó la comunidad Santa Rosa, desde su humilde vivienda a la vera de la ruta 40, a mitad de camino entre Esquel y El Bolsón.
El abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, explicó que la sentencia es “sumamente inconsistente, arbitraria y contradictoria”. Basa su crítica en la “errónea apreciación de las pruebas y la errónea aplicación del derecho”. Detalló que la prueba documental y los testigos en favor de la comunidad mapuche fueron dejados de lado o minimizados.
“Al tener por parte a una comunidad mapuche, el juez automáticamente debió haber aplicado obligatoriamente, de acuerdo con la actual jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el derecho indígena. Por el contrario, el juez Magallanes sólo aplicó el derecho civil, sin hacer mención ni a un artículo de derecho indígena”, denunció el abogado de la comunidad.
Volver a las raíces, lograr la comunión con la tierra y recuperar la historia y la cultura ancestrales. Eran los objetivos de Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir en agosto de 2002, cuando se instalaron en Santa Rosa. Pero sin querer, se enfrentaron a un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros. En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento.
El conflicto llegó a tribunales. Dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa. El sustento del fallo, un título de donación de 1896, en el que entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.
Por pedido de Luciano Benetton, en 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma. Luego de horas de discusión, Benetton prometió donar al Estado argentino 2500 hectáreas para que éste restituyera a la comunidad la tierra donde vivir. “Primero habló de donación de tierras. Le aclaramos que así no era. Que nadie puede donar lo que no es de él. Que tenía que ser restitución o devolución. Entonces propuso que donaría al Estado argentino y que éste podría restituir las tierras”, explicaba Atilio Curiñanco a la vuelta del viaje.
En 2005, la provincia de Chubut dictaminó que las 2500 hectáreas cedidas por Benetton eran improductivas y rechazó la donación. “Lo de Benetton fue una trampa”, había afirmado Atilio. Al mismo tiempo, advertían que en esas tierras ya vivían comunidades ancestrales y campesinos. Benetton nunca volvió a hablar del tema.
El 14 de febrero de 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque decidió volver a su territorio. “Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”, retrucaba Atilio Curiñanco. Y comenzaba la nueva batalla judicial.
Durante los últimos cuatro años, historiadores y antropólogos dieron testimonio ante el juez sobre la posesión ancestral mapuche. Y los abogados dieron cuenta de que los derechos indígenas están vigentes en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT. Pero el juez Magallanes priorizó una norma inferior, el Código Civil, y dictaminó: “(Condenar a la comunidad) A restituir la posesión, libre de personas y/o cosas puestas por ellos en el plazo de diez días”.
La compañía envió a Página/12 un comunicado donde resalta: “Hemos sido formalmente notificados del fallo respecto a la propiedad del predio Santa Rosa. Reiteramos nuestra posición de remitir la solución de este caso a la Justicia, más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho desde la compañía para generar un acercamiento entre las partes, que incluyen el ofrecimiento de tierras realizado en dos oportunidades, la primera a través del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la segunda a través del estado provincial”.
miércoles, 9 de marzo de 2011
INEDITA SENTENCIA CONTRA UNA PETROLERA NEUQUINA
El fallo establece que, para trabajar en ese lugar, la empresa debe contar con permiso de la comunidad mapuche. Un antecedente para las comunidades en conflicto de todo el país.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.
La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.
La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.
Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.
“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.
La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.
En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (...). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.
Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.
La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.
Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- En las comunidades indígenas y entre los abogados especializados en derecho indígena se escucha desde hace tiempo una afirmación, mezcla de hipótesis y deseo, pero también con sustento jurídico: de respetarse los derechos indígenas, las empresas y gobiernos no podrían avanzar unilateralmente sobre los territorios indígenas. La Justicia de Neuquén acaba de dar un paso en ese sentido. Falló contra una empresa petrolera que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral. La sentencia, la primera de su tipo en Neuquén y que será precedente para otras causas del país, afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.
En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.
La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra. Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Este diario dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.
La presión sobre la comunidad incluyó la judicialización: la empresa presentó un recurso de amparo para que la Justicia prohíba a la comunidad mapuche realizar acciones directas que pudieran “obstaculizar” la extracción de hidrocarburos en el propio territorio comunitario. En sólo 24 horas, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. La defensa denunció que no se tuvo en cuenta la legislación indígena.
Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo y priorizó el derecho indígena. “Corresponde rechazar la acción promovida por Petrolera Piedra del Aguila”, resume el fallo judicial sin precedentes y remarca que la acción inconsulta de empresas y gobiernos viola la Constitución Nacional y la de Neuquén, y tratados internacionales de rango supraley (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). También se desoyó la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. La sentencia remarca la necesidad de poner en práctica esas normas y rechaza que, como suele suceder en los tribunales, se pretenda imponer el Código Civil por sobre la Constitución Nacional y tratados internacionales.
“Reconoce a la comunidad y reconoce el territorio comunitario y su carácter constitucional. Afirma que la posesión comunitaria de los pueblos indígenas no es la posesión individual del Código Civil. Que se basa en la preexistencia al Estado”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado.
La sentencia, dictada el 16 de febrero pero difundida esta semana, también remarca un derecho imprescindible en cuanto a los territorios indígenas. “Debe asegurarse la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (...). La consagración del derecho de participación implica que las comunidades indígenas siempre deberán ser consultadas cuando se pretendan adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas, ya sea en forma directa como indirecta”, afirma el juez Mario Tommasi, y explica que la participación de las comunidades indígenas debe ser libre y plena en todas las fases del proceso y que la consulta debe ser previa a la adopción de las decisiones que los afecten.
En cuanto al caso concreto, sentencia: “No se ha demostrado el cumplimiento cabal y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescritos por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y el artículo 53 de la Constitución Provincial (...). No se advierte que se haya dado cumplimiento a procedimiento de consulta o gestión conjunta de recursos. Por el contrario”.
Incluso cita como jurisprudencia al Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, máxima instancia judicial de la provincia: “El derecho de consulta de los pueblos indígenas es, en esencia, un derecho fundamental de carácter colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger el parecer libre e informado de dichas comunidades, cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente”.
La sentencia no trata si la empresa debe retirarse del lugar, pero deja claro que no se pueden realizar tareas de exploración y explotación sin previa consulta y participación de la comunidad. “La Justicia nos dio la razón, ahora será el pueblo mapuche movilizado, con cortes de caminos, el que impedirá que exploten y contaminen nuestro territorio”, anunció Juan Carlos Curruhuinca, de la comunidad Wentru Trawel Leufu.
Aunque centrado en un caso (Petrolera Piedra del Aguila y la comunidad mapuche), a lo largo de la sentencia se abordan tópicos sobre derechos que pueden extenderse a los conflictos que enfrentan los pueblos originarios de todo el país frente a industrias extractivas (petróleo, minería, soja y forestales, entre otros). La sentencia reconoce que la gestión de los recursos naturales corresponde a las provincias (artículo 124 de la Constitución Nacional), pero en la misma oración les marca un límite claro a los gobernadores al advertir que no pueden avanzar unilateralmente: “A las comunidades indígenas les está asegurada (por ley) la participación en cuestiones relativas a los mismos”.
OPINIÓN: LOS SOBRESUELDOS EN RÍO NEGRO
Río Negro (Partido Comunista).- Ante la información publicada por un medio regional, señalando el cobro indebido de altos sobresueldos por parte de los ministros del gobierno de la Provincia de Río Negro, que encabeza el gobernador Miguel Saiz, desde el Partido Comunista expresamos nuestro repudio ante la inmoralidad de estos hechos. En una provincia que ostenta la triste fama de pagar los salarios docentes mas bajos del país, con miles de dificultades en los sectores más carenciados, agregando los graves problemas en la atención de la salud pública, la administración de la justicia y con una policía de considerable record de muertos por el gatillo fácil y que parece estar por encima del poder político. Una provincia rica que ha sido empobrecida por 27 años de gobierno radical y, que hoy, con distintas variantes dentro del mismo partido, pretende seguir gobernando, como si los rionegrinos nos hubiéramos olvidado que, todos los que se postulan en una u otra línea de esta interna, participaron de una forma u otra en todos estos años de desgobierno, sin dejar de remarcar la alineación, de unos, con los sectores mas oligárquicos y de otros con el duhaldismo, no existiendo línea divisoria entre ambos
Tampoco, podemos ignorar, que la información difundida, no es casual, y tiene un claro objetivo, pretende castigar a unos y favorecer a otros, creando una enorme confusión en la población y que seguramente debe haber sido pergeñada en los mas oscuros pasillos de la derecha retrógrada que diseña sus estrategias a largo plazo pretendiendo ir construyendo un espacio, no solo mirando la provincia, sino, apuntado los cañones hacia el poder central para lograr destruir lo que tanto le costo al pueblo argentino. Logros como la ley de Servicios Audiovisuales, el matrimonio igualitario, la estatización de Aerolíneas y AFJP, la asignación universal por hijo, la resolución 125, la alineación latinoamericanista, el rechazo al ALCA, etc. etc. Estos temas incomodan fuertemente al poder económico concentrado ligado a los grandes medios de difusión, a la iglesia y a los sectores políticos de la derecha encabezados por Duhalde, padrino del candidato del PJ Rionegrino, Carlos Soria.
Por eso, desde el Partido Comunista de Río Negro, comprometidos en la construcción en nuestra provincia del NUEVO ENCUENTRO , correlato de la construcción nacional que encabezan Carlos Heller del Partido Solidario, Martín Sabatella del Encuentro por la Democracia y la Equidad , y Patricio Echegaray del Partido Comunista, conjuntamente con otras fuerzas de orden local y provincial, como la Federación de Tierras y Viviendas, decimos, que hoy más que nunca es necesario la construcción de una alternativa política que luche por la consolidación de lo logrado y exija profundizar las conquistas para concretar verdaderamente la distribución de la riqueza. Por todo lo expresado convocamos a las distintas fuerzas políticas y sociales que coincidan, a sumarse a este proyecto.
Tampoco, podemos ignorar, que la información difundida, no es casual, y tiene un claro objetivo, pretende castigar a unos y favorecer a otros, creando una enorme confusión en la población y que seguramente debe haber sido pergeñada en los mas oscuros pasillos de la derecha retrógrada que diseña sus estrategias a largo plazo pretendiendo ir construyendo un espacio, no solo mirando la provincia, sino, apuntado los cañones hacia el poder central para lograr destruir lo que tanto le costo al pueblo argentino. Logros como la ley de Servicios Audiovisuales, el matrimonio igualitario, la estatización de Aerolíneas y AFJP, la asignación universal por hijo, la resolución 125, la alineación latinoamericanista, el rechazo al ALCA, etc. etc. Estos temas incomodan fuertemente al poder económico concentrado ligado a los grandes medios de difusión, a la iglesia y a los sectores políticos de la derecha encabezados por Duhalde, padrino del candidato del PJ Rionegrino, Carlos Soria.
Por eso, desde el Partido Comunista de Río Negro, comprometidos en la construcción en nuestra provincia del NUEVO ENCUENTRO , correlato de la construcción nacional que encabezan Carlos Heller del Partido Solidario, Martín Sabatella del Encuentro por la Democracia y la Equidad , y Patricio Echegaray del Partido Comunista, conjuntamente con otras fuerzas de orden local y provincial, como la Federación de Tierras y Viviendas, decimos, que hoy más que nunca es necesario la construcción de una alternativa política que luche por la consolidación de lo logrado y exija profundizar las conquistas para concretar verdaderamente la distribución de la riqueza. Por todo lo expresado convocamos a las distintas fuerzas políticas y sociales que coincidan, a sumarse a este proyecto.
SUMARIO: REVISTA SUDESTADA DE MARZO
Buenos Aires (Sudestada).- Este es el sumario del número 96 de la revista Sudestada:
-América Latina observa con atención el andar de un proceso político ligado a las masas. Conflictos sociales, perspectivas del PSUV, recambio dirigencial. Desde Caracas opinan Raúl Cazal, Ernesto Wong, Inder Herrera y Luis Britto García.
-MTP: De Nicaragua a La Tablada
Segunda parte de la investigación sobre uno de los episodios más confusos y tergiversados de la historia argentina reciente.
-Mundo Villa. Un crimen, un proyecto
A seis meses del asesinato de Adams Ledezma, su proyecto de comunicación barrial sigue en pie y sus asesinos, sueltos.
-Formosa. La represión que no cesa
Una crónica que atraviesa la lucha del pueblo Qom en el paraje La Primavera y la respuesta represiva del gobierno provincial.
-La animación según Adam Elliot
Ternura sin golpes bajos, personajes solitarios y entrañables, y relatos complejos propone un creador extraordinario cuyas herramientas de trabajo son la plastilina y la imaginación.
-Entrevista: Acorazado Potemkin
Charla con la nueva banda con sonido crudo y visceral de los que supieron formar bandas históricas como Pequeña Orquesta Reincidentes, Don Cornelio y la Zona, Los Visitantes y Me Darás Mil Hijos.
-Entrevista: Pancho Cabral
En esta charla, el cantante, músico, narrador y poeta riojano habla de su obra, y de la responsabilidad de los artistas frente a los huecos en las políticas culturales.
-Malditos: Jaime Bateman Cayón
Fue el líder de la guerrilla colombiana M-19, pero también uno de los hombres singulares del proceso revolucionario en América.
-América Latina observa con atención el andar de un proceso político ligado a las masas. Conflictos sociales, perspectivas del PSUV, recambio dirigencial. Desde Caracas opinan Raúl Cazal, Ernesto Wong, Inder Herrera y Luis Britto García.
-MTP: De Nicaragua a La Tablada
Segunda parte de la investigación sobre uno de los episodios más confusos y tergiversados de la historia argentina reciente.
-Mundo Villa. Un crimen, un proyecto
A seis meses del asesinato de Adams Ledezma, su proyecto de comunicación barrial sigue en pie y sus asesinos, sueltos.
-Formosa. La represión que no cesa
Una crónica que atraviesa la lucha del pueblo Qom en el paraje La Primavera y la respuesta represiva del gobierno provincial.
-La animación según Adam Elliot
Ternura sin golpes bajos, personajes solitarios y entrañables, y relatos complejos propone un creador extraordinario cuyas herramientas de trabajo son la plastilina y la imaginación.
-Entrevista: Acorazado Potemkin
Charla con la nueva banda con sonido crudo y visceral de los que supieron formar bandas históricas como Pequeña Orquesta Reincidentes, Don Cornelio y la Zona, Los Visitantes y Me Darás Mil Hijos.
-Entrevista: Pancho Cabral
En esta charla, el cantante, músico, narrador y poeta riojano habla de su obra, y de la responsabilidad de los artistas frente a los huecos en las políticas culturales.
-Malditos: Jaime Bateman Cayón
Fue el líder de la guerrilla colombiana M-19, pero también uno de los hombres singulares del proceso revolucionario en América.
OPINIÓN: LOS MISMOS DE SIEMPRE
Por Revista Sudestada
Resulta por demás extraño: el gobierno de turno se victimiza, denuncia conspiraciones desestabilizadoras, demoniza a pequeños grupos de izquierda y los disfraza de operadores a sueldo de sus enemigos, señala pactos espurios entre algunos funcionarios que, semanas atrás, eran disciplinados soldados de su mismo proyecto. Es decir, una gestión que cuenta con el control de varios medios de comunicación a partir de la pauta oficial, con intelectuales serviles que barren bajo la alfombra cualquier accidente que pueda resultar “funcional” a sus adversarios, que se apoya en la burocracia sindical y en el clientelismo político desplegado en las barriadas de todo el país como mecanismos de control social, que crece en el respaldo mayoritario menos por virtudes propias que por el patetismo de una oposición retrógrada, disgregada y cada vez más cercana al fascismo (que no es opción real de poder ni para quienes financian sus aventuras electorales), se muestra ante las cámaras como víctima de una operación tras otra.
Sin embargo, los muertos del sistema siempre llegan del otro lado: Julio López, Luciano Arruga, Mariano Ferreyra, los ocupantes de Villa Soldati, el pueblo Qom en Formosa, los pibes de José León Suárez, un joven en Baradero… nunca nadie del aparato cae bajo las balas policiales. Es extraño: nunca nadie de esa enorme estructura de gestores, funcionarios y punteros (ni de su periferia) padece la represión de las fuerzas de seguridad, desmadradas en las calles. Las víctimas son los pobres, los activistas, los jóvenes, los marginados del proyecto, los que respiran, en serio, cada día, la atmósfera de la impunidad policial, el brazo ejecutor del Estado en cada barrio. Lejos de las disputas por ver quién se acomoda mejor como candidato o de los pases de factura entre burócratas sindicales; más lejos aún de los debates sobre listas “colectoras” o internas partidarias, las víctimas son las mismas de siempre.
¿Y cómo asume la gestión el problema de la “inseguridad”, tantas veces atribuido a la campaña de miedo y terror sembrada por los medios opositores? Pues tomando decisiones que nada tienen que envidiarle a la oposición de derecha: saca a las calles de la provincia a 9.000 gendarmes, con la ilusión de contar con una fuerza más o menos disciplinada (la misma encargada, históricamente, de reprimir las puebladas en el interior), en una medida que confirma un doble conflicto: por un lado, la certeza de que es imposible controlar a la Policía Bonaerense, el entramado ilegal y mafioso más poderoso del país. Por el otro, y más allá de la retórica progresista de ocasión, responde al pedido de “mayor seguridad” como siempre lo hizo la derecha en el país: metiendo más uniformados en las calles.
Cuando, una vez más, la lógica del “mal menor” se asienta en el sentido común de millones de trabajadores, los falsos debates invitan a cambiar de tema, rápidamente. Sobre el escenario político irrumpen las conspiraciones, los pactos, los proyectos electorales. Por debajo, lejos de las luces, las balas del Estado apuntan contra los mismos de siempre.
www.revistasudestada.com.ar
Resulta por demás extraño: el gobierno de turno se victimiza, denuncia conspiraciones desestabilizadoras, demoniza a pequeños grupos de izquierda y los disfraza de operadores a sueldo de sus enemigos, señala pactos espurios entre algunos funcionarios que, semanas atrás, eran disciplinados soldados de su mismo proyecto. Es decir, una gestión que cuenta con el control de varios medios de comunicación a partir de la pauta oficial, con intelectuales serviles que barren bajo la alfombra cualquier accidente que pueda resultar “funcional” a sus adversarios, que se apoya en la burocracia sindical y en el clientelismo político desplegado en las barriadas de todo el país como mecanismos de control social, que crece en el respaldo mayoritario menos por virtudes propias que por el patetismo de una oposición retrógrada, disgregada y cada vez más cercana al fascismo (que no es opción real de poder ni para quienes financian sus aventuras electorales), se muestra ante las cámaras como víctima de una operación tras otra.
Sin embargo, los muertos del sistema siempre llegan del otro lado: Julio López, Luciano Arruga, Mariano Ferreyra, los ocupantes de Villa Soldati, el pueblo Qom en Formosa, los pibes de José León Suárez, un joven en Baradero… nunca nadie del aparato cae bajo las balas policiales. Es extraño: nunca nadie de esa enorme estructura de gestores, funcionarios y punteros (ni de su periferia) padece la represión de las fuerzas de seguridad, desmadradas en las calles. Las víctimas son los pobres, los activistas, los jóvenes, los marginados del proyecto, los que respiran, en serio, cada día, la atmósfera de la impunidad policial, el brazo ejecutor del Estado en cada barrio. Lejos de las disputas por ver quién se acomoda mejor como candidato o de los pases de factura entre burócratas sindicales; más lejos aún de los debates sobre listas “colectoras” o internas partidarias, las víctimas son las mismas de siempre.
¿Y cómo asume la gestión el problema de la “inseguridad”, tantas veces atribuido a la campaña de miedo y terror sembrada por los medios opositores? Pues tomando decisiones que nada tienen que envidiarle a la oposición de derecha: saca a las calles de la provincia a 9.000 gendarmes, con la ilusión de contar con una fuerza más o menos disciplinada (la misma encargada, históricamente, de reprimir las puebladas en el interior), en una medida que confirma un doble conflicto: por un lado, la certeza de que es imposible controlar a la Policía Bonaerense, el entramado ilegal y mafioso más poderoso del país. Por el otro, y más allá de la retórica progresista de ocasión, responde al pedido de “mayor seguridad” como siempre lo hizo la derecha en el país: metiendo más uniformados en las calles.
Cuando, una vez más, la lógica del “mal menor” se asienta en el sentido común de millones de trabajadores, los falsos debates invitan a cambiar de tema, rápidamente. Sobre el escenario político irrumpen las conspiraciones, los pactos, los proyectos electorales. Por debajo, lejos de las luces, las balas del Estado apuntan contra los mismos de siempre.
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MUERE TRABAJADOR GOLONDRINA EN BELISLE
(AW) Ocurrió el 8 de febrero pasado. Pertenecía a la comunidad indígena Ayllu Atamisqui, del pueblo diaguita cacano, ubicada en Atamisqui, Santiago del Estero, y era enfermo chagásico.
Río Negro 24 de febrero de 2011 (Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayas).- El pasado 8 de febrero murió Elvio del Valle Pajón (45), trabajador rural perteneciente a la comunidad indígena del pueblo diaguita cacano (Atamisqui, Santiago del Estero) en un campo ubicado en la provincia de Río Negro (Coronel Belisle, Departamento Avellaneda), en oportunidad de encontrarse trabajando en la desflorada del maíz para la empresa Semillas Basso S.A.
Elvio viajó con la cuadrilla el 29 de enero, luego de haber sido reclutado por Justo Bravo en Villa Atamisqui, para ir a un trabajo donde no le exigían "revisación médica", ya que él era enfermo chagásico (enfermedad endémica en la provincia de Santiago del Estero).
El 8 de febrero se enfermó en el surco mientras trabajaba en el desflore, por lo que el encargado de la firma lo habría llevado hasta una "salita" donde le habrían diagnosticado una enfermedad leve, reenviándolo para que haga reposo en la "casilla" donde viven estos trabajadores, donde falleció a las pocas horas del mismo día.
El certificado de defunción firmado por la doctora/subcrio. Mabel Semprini (Mat. 1418, dermatóloga) dice que la causa de la muerte habría sido "paro cardiorrespiratorio atraumático". En el Registro Civil de Coronel Belisle, su certificado fue inscripto en el "folio 1, del tomo 1, acta nº 1".
Si bien su tarea consistía en el desflore, para la afip figuraba como realizando "trabajo calificado de huertas, invernadero, vivero y jardines", según lo declarado por Jacob Kassabian, en representación de Semillas Basso S.A.
Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayas de la Unión Solidaria de comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano.
Río Negro 24 de febrero de 2011 (Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayas).- El pasado 8 de febrero murió Elvio del Valle Pajón (45), trabajador rural perteneciente a la comunidad indígena del pueblo diaguita cacano (Atamisqui, Santiago del Estero) en un campo ubicado en la provincia de Río Negro (Coronel Belisle, Departamento Avellaneda), en oportunidad de encontrarse trabajando en la desflorada del maíz para la empresa Semillas Basso S.A.
Elvio viajó con la cuadrilla el 29 de enero, luego de haber sido reclutado por Justo Bravo en Villa Atamisqui, para ir a un trabajo donde no le exigían "revisación médica", ya que él era enfermo chagásico (enfermedad endémica en la provincia de Santiago del Estero).
El 8 de febrero se enfermó en el surco mientras trabajaba en el desflore, por lo que el encargado de la firma lo habría llevado hasta una "salita" donde le habrían diagnosticado una enfermedad leve, reenviándolo para que haga reposo en la "casilla" donde viven estos trabajadores, donde falleció a las pocas horas del mismo día.
El certificado de defunción firmado por la doctora/subcrio. Mabel Semprini (Mat. 1418, dermatóloga) dice que la causa de la muerte habría sido "paro cardiorrespiratorio atraumático". En el Registro Civil de Coronel Belisle, su certificado fue inscripto en el "folio 1, del tomo 1, acta nº 1".
Si bien su tarea consistía en el desflore, para la afip figuraba como realizando "trabajo calificado de huertas, invernadero, vivero y jardines", según lo declarado por Jacob Kassabian, en representación de Semillas Basso S.A.
Consejo de Comunicación de la Atuchajpa Sujllayas de la Unión Solidaria de comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano.
PROCESAN A ABOGADA EN SANTA CRUZ POR APOYAR LUCHA ANTIMINERA
Santa Cruz, 2 de marzo de 2011 (Gremial de Abogados).- La GREMIAL DE ABOGADOS denuncia la alevosa persecución política y judicial que pesa sobre nuestra compañera/colega, la Dra. VERONICA HEREDIA en la Pcia. de Santa Cruz imputada en una causa a partir del ejercicio de su profesión de Abogada.-
La Dra. Heredia es procesada en una causa de tramite en Río Gallegos, a raíz de una intervención de Greenpeace en Puerto Santa Cruz, que denuncia la llegada de la caldera para la usina de la Mina de Río Turbio en octubre de 2009.- Nuestra compañera es convocada como abogada para el caso de la posible existencia de detenciones u otras cuestiones judiciales.-
Al presentarse en el Juzgado interviniente a aceptar el cargo de defensora en la causa donde se investiga corte de vías de comunicación (art. 194 del Código Penal, tan conocido por la mayorìa de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles), es informada que ella también estaba siendo investigada y hoy es llamada a indagatoria luego que se recusara a la Jueza interviniente como así también la cadena de apelación que culmina con el rechazo a nuestras pretensiones ante el mas Alto Tribunal de Justicia Penal de la Nación, la Sala III de la Cámara de Casación.-
Mas allá de que nuestra compañera, miembro activo de la GREMIAL DE ABOGADOS ni siquiera pertenece a Greenpeace y simplemente ha cumplido con un trabajo encomendado como cualquier abogado/a, lo cierto es que estamos ante una clara persecución política y judicial que tiene como base amedrentar y escarmentar a los y las abogadas/os que intervienen en causas donde se afectan los intereses de los sectores mas poderosos y explotadores de la Argentina.-
No es la primera vez que esto ocurre con compañeros/colegas, nuestra GREMIAL ha llegado a tener un abogado preso en Córdoba por defender sectores desposeídos a los que se pretendió desalojar.- Asimismo hemos tenido un compañero fundador de nuestra Asociación en Rosario perseguido judicialmente por representar los intereses laborales de trabajadores en conflicto.-
Situación similar se vive hoy en Neuquen a raíz del procesamiento y elevación a juicio también por el mismo art. 194 CP (corte de ruta) de la colega NATALIA HORMAZABAL del CEPRODH quien solo acompañó y defendió a los trabajadores de Cerámica Stefani.-
Denunciamos a los poderes judiciales y políticos nacionales y provinciales por impulsar, permitir o ser indiferentes ante situaciones de alevosas persecuciones a los y las abogados/as en el pleno ejercicio de su profesión.-
Pero fundamentalmente se persigue a los compañeros/colegas que ponen su profesión y su trabajo al servicio de los luchadores y/o de quienes se enfrentan a los poderosos, a los dueños de la Argentina.-
Pedimos a los colegas abogados/as que no sean indiferentes ante estos avasallamientos, y a las diversas asociaciones de colegas, que se manifiesten repudiando expresamente estos atropellos.-
Pedimos a los Colegios de Abogados y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados que no sean cómplices de las persecuciones como muchas veces lo fueron durante las dictaduras que asesinaron, desaparecieron y torturaron a cientos de abogados y abogadas, muchos de ellos miembros o fundadores de la Gremial de Abogados en la que nos sentimos representados históricamente.-
Pedimos a las Secretarías de DDHH de la Nación y de las provincias que no sean obsecuentes con los poderes de los que dependen y se interesen, pregunten, pidan informes y se expresen sobre lo que aquí denunciamos
Pedimos a las Organizaciones de DDHH, en especial a las mas históricas y sobre todo las mas relacionadas con el Poder Político que acompañen a los colegas perseguidos, sin poner como condición el determinar el pensamiento político de los colegas respecto de si son o no críticos con el actual Gobierno Nacional.-
Y pedimos a los organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles que hagan saber su repudio a estas actuaciones político-judiciales, acompañen a los/as compañeras/colegas y cuestionen duramente las "familias judiciales" y los poderes paralelos de Justicias dependientes y serviles, enquistados desde siempre en las estructuras judiciales donde actúan como si fueran feudos al servicio de intereses minoritarios.-
Nuestra GREMIAL DE ABOGADOS y las y los compañeros/as que la integran, no dejará de continuar poniéndose al servicio de los que luchan, de los que cuestionan, de los que no se resignan y de los que defienden sus derechos por los medios que consideren adecuados.
Fuente: Agencia Walsh.
La Dra. Heredia es procesada en una causa de tramite en Río Gallegos, a raíz de una intervención de Greenpeace en Puerto Santa Cruz, que denuncia la llegada de la caldera para la usina de la Mina de Río Turbio en octubre de 2009.- Nuestra compañera es convocada como abogada para el caso de la posible existencia de detenciones u otras cuestiones judiciales.-
Al presentarse en el Juzgado interviniente a aceptar el cargo de defensora en la causa donde se investiga corte de vías de comunicación (art. 194 del Código Penal, tan conocido por la mayorìa de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles), es informada que ella también estaba siendo investigada y hoy es llamada a indagatoria luego que se recusara a la Jueza interviniente como así también la cadena de apelación que culmina con el rechazo a nuestras pretensiones ante el mas Alto Tribunal de Justicia Penal de la Nación, la Sala III de la Cámara de Casación.-
Mas allá de que nuestra compañera, miembro activo de la GREMIAL DE ABOGADOS ni siquiera pertenece a Greenpeace y simplemente ha cumplido con un trabajo encomendado como cualquier abogado/a, lo cierto es que estamos ante una clara persecución política y judicial que tiene como base amedrentar y escarmentar a los y las abogadas/os que intervienen en causas donde se afectan los intereses de los sectores mas poderosos y explotadores de la Argentina.-
No es la primera vez que esto ocurre con compañeros/colegas, nuestra GREMIAL ha llegado a tener un abogado preso en Córdoba por defender sectores desposeídos a los que se pretendió desalojar.- Asimismo hemos tenido un compañero fundador de nuestra Asociación en Rosario perseguido judicialmente por representar los intereses laborales de trabajadores en conflicto.-
Situación similar se vive hoy en Neuquen a raíz del procesamiento y elevación a juicio también por el mismo art. 194 CP (corte de ruta) de la colega NATALIA HORMAZABAL del CEPRODH quien solo acompañó y defendió a los trabajadores de Cerámica Stefani.-
Denunciamos a los poderes judiciales y políticos nacionales y provinciales por impulsar, permitir o ser indiferentes ante situaciones de alevosas persecuciones a los y las abogados/as en el pleno ejercicio de su profesión.-
Pero fundamentalmente se persigue a los compañeros/colegas que ponen su profesión y su trabajo al servicio de los luchadores y/o de quienes se enfrentan a los poderosos, a los dueños de la Argentina.-
Pedimos a los colegas abogados/as que no sean indiferentes ante estos avasallamientos, y a las diversas asociaciones de colegas, que se manifiesten repudiando expresamente estos atropellos.-
Pedimos a los Colegios de Abogados y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados que no sean cómplices de las persecuciones como muchas veces lo fueron durante las dictaduras que asesinaron, desaparecieron y torturaron a cientos de abogados y abogadas, muchos de ellos miembros o fundadores de la Gremial de Abogados en la que nos sentimos representados históricamente.-
Pedimos a las Secretarías de DDHH de la Nación y de las provincias que no sean obsecuentes con los poderes de los que dependen y se interesen, pregunten, pidan informes y se expresen sobre lo que aquí denunciamos
Pedimos a las Organizaciones de DDHH, en especial a las mas históricas y sobre todo las mas relacionadas con el Poder Político que acompañen a los colegas perseguidos, sin poner como condición el determinar el pensamiento político de los colegas respecto de si son o no críticos con el actual Gobierno Nacional.-
Y pedimos a los organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles que hagan saber su repudio a estas actuaciones político-judiciales, acompañen a los/as compañeras/colegas y cuestionen duramente las "familias judiciales" y los poderes paralelos de Justicias dependientes y serviles, enquistados desde siempre en las estructuras judiciales donde actúan como si fueran feudos al servicio de intereses minoritarios.-
Nuestra GREMIAL DE ABOGADOS y las y los compañeros/as que la integran, no dejará de continuar poniéndose al servicio de los que luchan, de los que cuestionan, de los que no se resignan y de los que defienden sus derechos por los medios que consideren adecuados.
Fuente: Agencia Walsh.
REPUDIO POR EL PEDIDO DE DESAFUERO DEL COMPAÑERO GUILLERMO DE TENARIS-SIDERCA
Neuquén, 3 de marzo de 2011 (Sindicato Ceramista de Nequén).- Desde el sindicato ceramista de Neuquén, queremos sumarnos a la campaña en contra el pedido de desafuero del compañero Guillermo Bentancourt, delegado elegido por sus compañeros de Tenaris-Siderca y militante del CEPRODH.
Esta política, por parte de las patronales de buscar cercenar el derecho de las y los trabajadores a elegir a sus representantes y de decidir cuando deben dar un paso al costado, se esta reproduciendo en distintos lugares.
Es parte de la política que ha adoptado el gobierno de judicializar la protesta y de esta manera avanzar en la represión judicial a los delegados y dirigentes combativos, y que encuentra como cómplices a la burocracia sindical, que ha llegado a expulsar a los referentes elegidos por sus compañeros, para dar paso a la justicia que actúe como brazo ejecutor de esta avanzada.
No podemos permitir que el legítimo derecho conquistado de elegir y determinar quienes queremos que nos represente sea avasallado por quienes, por temor al desarrollo y el avance de una nueva camada que lleva adelante la lucha por los derechos de los trabajadores, intente definir lo que a todos y todas nos corresponde.
Como con el compañero Víctor Ottoboni, delegado de FATE del SUTNA San Fernando, queremos ponernos a disposición de la campaña y levantar en nuestras manos esta lucha en defensa de un proceso imparable de compañeros y compañeras que toman en sus manos la necesidad de nuestra clase y que tiene que exigir las medidas que correspondan por parte de los sindicatos. Hoy vemos cómo las cúpulas sindicales hacen una defensa incondicional con los que entregan y envenenan a las y los trabajadores y una justicia de clase que actúa con mucha celeridad contra los trabajadores y no lo hace así con los empresarios y sindicalistas empresarios.
Esta política, por parte de las patronales de buscar cercenar el derecho de las y los trabajadores a elegir a sus representantes y de decidir cuando deben dar un paso al costado, se esta reproduciendo en distintos lugares.
Es parte de la política que ha adoptado el gobierno de judicializar la protesta y de esta manera avanzar en la represión judicial a los delegados y dirigentes combativos, y que encuentra como cómplices a la burocracia sindical, que ha llegado a expulsar a los referentes elegidos por sus compañeros, para dar paso a la justicia que actúe como brazo ejecutor de esta avanzada.
No podemos permitir que el legítimo derecho conquistado de elegir y determinar quienes queremos que nos represente sea avasallado por quienes, por temor al desarrollo y el avance de una nueva camada que lleva adelante la lucha por los derechos de los trabajadores, intente definir lo que a todos y todas nos corresponde.
Como con el compañero Víctor Ottoboni, delegado de FATE del SUTNA San Fernando, queremos ponernos a disposición de la campaña y levantar en nuestras manos esta lucha en defensa de un proceso imparable de compañeros y compañeras que toman en sus manos la necesidad de nuestra clase y que tiene que exigir las medidas que correspondan por parte de los sindicatos. Hoy vemos cómo las cúpulas sindicales hacen una defensa incondicional con los que entregan y envenenan a las y los trabajadores y una justicia de clase que actúa con mucha celeridad contra los trabajadores y no lo hace así con los empresarios y sindicalistas empresarios.
DOCENTES DE SANTA CRUZ CONTINÚAN LUCHA INICIADA EN 2007
Por Karina Dodman (Corresponsal ANS, Santa Cruz)
Santa Cruz, sábado 5 de marzo de 2011 (Agencia Nodo Sur).- En el mes de diciembre el gremio de docentes de Santa Cruz, ADOSAC y el gremio de escuelas técnicas, AMET, advertían con bombos y platillos que, si no se convocaba a paritarias y se acordaba un aumento salarial, no se comenzaría el ciclo lectivo 2011 en la provincia.
Recién el 22 de febrero del corriente, el gobierno recuerda el pedido de paritarias producto de la insistencia de los gremios. Se lleva adelante una reunión donde los sindicatos despliegan un petitorio con los reclamos inmediatos de los docentes.
Luego de haber conseguido con la unidad, la organización y la lucha en el 2007 que se les pase al básico todo lo que cobraban en “negro”, los docentes y el gremio siguen apostando a mejorar la condición de los educadores.
Los puntos básicos del petitorio son:
- un 50% de incremento al básico.
- el pago de la ayuda escolar en una sola cuota y de igual monto para todos los niveles educativos.
- la devolución de los días caídos (por paro) de los años 2009 y 2010.
- aumento en los montos por escolaridad congelados desde hace más de 20 años.
- el cese de la intervención de la Caja de Servicios Sociales de la provincia.
- la eliminación del impuesto a las ganancias del salario de los trabajadores.
- Posicionarse en contra del sistema jubilatorio provincial ya que reduce indirectamente en un 2 % los salarios provinciales, con la pérdida del 82 % móvil del mejor salario, entre otros.
El gobierno de Peralta, sin embargo, hizo oídos sordos a los reclamos del sector y la propuesta de aumento por parte del gobierno no existió. Claro, que la atención por parte de estos estaba puesta en la renegociación de áreas petroleras con YPF.
Frente a esta realidad, el gremio convoca a Congreso Provincial de ADOSAC, donde se decide ir a medida de fuerza.
El día 25 de febrero se convoca a una movilización en donde participaron aproximadamente 100 docentes reclamando paritarias y aumento ya. Pero la respuesta del gobierno kirchnerista no fue otra que la del apriete. No sólo el Secretario de trabajo afirmó que se les descontaría el día a quienes hagan uso de su derecho constitucional de hacer huelga, sino que la Coordinadora de EGB intimó a los docentes por medio de una nota en donde notificaba a aquellos que habían titularizado que debían presentarse el día lunes 28 de febrero a cumplir funciones.
Bajo este contexto de aprietes, no sólo del gobierno sino de su patota particular, la patota de la UOCRA, los docentes santacruceños le dijeron una vez más no a la política del gobierno, mientras el gobernador negociaba en China vaya a saber qué.
El lunes pasado, como medida de fuerza estaba programado un paro y movilización. Durante varios días el gobierno y los militantes del Frente para la Victoria, desprestigiaron a los docentes (como es habitual en su política frente al reclamo de los trabajadores) en todos los medios posibles, acusándolos de vagos entre otras cosas que no valen la pena reproducir.
El resultado fue una nueva bofetada para los gobernantes. Se estima que el acatamiento al paro fue de un 80% en la provincia. El dato más significativo es que, mientras el presidente del Consejo de Educación abría el ciclo lectivo en una escuela privada, centenares de docentes salieron a las calles a marchar para decirle que la lucha continua. En Santa Cruz nuevamente los educadores cantaron, marcharon y dejaron bien en claro que no están dispuestos a aceptar ni los aprietes, ni las migajas. Ahora, se espera la convocatoria a Asamblea en las filiales y convocatoria a Congreso para determinar el camino a seguir.
Sin lugar a dudas, el camino seguirá siendo la unidad y la lucha, para conseguir sueldos acordes a la canasta familiar y defender la educación pública.
Santa Cruz, sábado 5 de marzo de 2011 (Agencia Nodo Sur).- En el mes de diciembre el gremio de docentes de Santa Cruz, ADOSAC y el gremio de escuelas técnicas, AMET, advertían con bombos y platillos que, si no se convocaba a paritarias y se acordaba un aumento salarial, no se comenzaría el ciclo lectivo 2011 en la provincia.
Recién el 22 de febrero del corriente, el gobierno recuerda el pedido de paritarias producto de la insistencia de los gremios. Se lleva adelante una reunión donde los sindicatos despliegan un petitorio con los reclamos inmediatos de los docentes.
Luego de haber conseguido con la unidad, la organización y la lucha en el 2007 que se les pase al básico todo lo que cobraban en “negro”, los docentes y el gremio siguen apostando a mejorar la condición de los educadores.
Los puntos básicos del petitorio son:
- un 50% de incremento al básico.
- el pago de la ayuda escolar en una sola cuota y de igual monto para todos los niveles educativos.
- la devolución de los días caídos (por paro) de los años 2009 y 2010.
- aumento en los montos por escolaridad congelados desde hace más de 20 años.
- el cese de la intervención de la Caja de Servicios Sociales de la provincia.
- la eliminación del impuesto a las ganancias del salario de los trabajadores.
- Posicionarse en contra del sistema jubilatorio provincial ya que reduce indirectamente en un 2 % los salarios provinciales, con la pérdida del 82 % móvil del mejor salario, entre otros.
El gobierno de Peralta, sin embargo, hizo oídos sordos a los reclamos del sector y la propuesta de aumento por parte del gobierno no existió. Claro, que la atención por parte de estos estaba puesta en la renegociación de áreas petroleras con YPF.
Frente a esta realidad, el gremio convoca a Congreso Provincial de ADOSAC, donde se decide ir a medida de fuerza.
El día 25 de febrero se convoca a una movilización en donde participaron aproximadamente 100 docentes reclamando paritarias y aumento ya. Pero la respuesta del gobierno kirchnerista no fue otra que la del apriete. No sólo el Secretario de trabajo afirmó que se les descontaría el día a quienes hagan uso de su derecho constitucional de hacer huelga, sino que la Coordinadora de EGB intimó a los docentes por medio de una nota en donde notificaba a aquellos que habían titularizado que debían presentarse el día lunes 28 de febrero a cumplir funciones.
Bajo este contexto de aprietes, no sólo del gobierno sino de su patota particular, la patota de la UOCRA, los docentes santacruceños le dijeron una vez más no a la política del gobierno, mientras el gobernador negociaba en China vaya a saber qué.
El lunes pasado, como medida de fuerza estaba programado un paro y movilización. Durante varios días el gobierno y los militantes del Frente para la Victoria, desprestigiaron a los docentes (como es habitual en su política frente al reclamo de los trabajadores) en todos los medios posibles, acusándolos de vagos entre otras cosas que no valen la pena reproducir.
El resultado fue una nueva bofetada para los gobernantes. Se estima que el acatamiento al paro fue de un 80% en la provincia. El dato más significativo es que, mientras el presidente del Consejo de Educación abría el ciclo lectivo en una escuela privada, centenares de docentes salieron a las calles a marchar para decirle que la lucha continua. En Santa Cruz nuevamente los educadores cantaron, marcharon y dejaron bien en claro que no están dispuestos a aceptar ni los aprietes, ni las migajas. Ahora, se espera la convocatoria a Asamblea en las filiales y convocatoria a Congreso para determinar el camino a seguir.
Sin lugar a dudas, el camino seguirá siendo la unidad y la lucha, para conseguir sueldos acordes a la canasta familiar y defender la educación pública.
ESQUEL: MAÑANA MARCHA A TRIBUNALES EN DEFENSA DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE
El Bolsón (ANPP).- Mañana jueves, a partir de las 9, habrá una movilización de comunidades Mapuche-Tehuelche a los Tribunales de Esquel para repudiar la orden de desalojo contra la comunidad Santa Rosa Leleque, ícono de la lucha por los derechos originarios de los últimos tiempos en la región.
La concentracionserá en la plaza Mariano Antieco y se marchará hasta tribunales de Esquel donde se presentará la apelación al fallo del juez Magallanes.
Reproducimos un comunicado de la comunidad:
En el año 2002 decidimos retornar al territorio ancestral, donde nacieron y se criaron nuestros ancestros, donde nosotros recorríamos desde niños. Fuimos aprendiendo a respetar la naturaleza y a convivir con la mapu (tierra), haciendo ngellipun y distintas ceremonias propias de nuestro pueblo, manteniendo las costumbres y la forma de vivir. Es así como a finales del 2002 sufrimos el primer golpe de la justicia, quienes efectuaron el desalojo de la comunidad, donde Benetton y la Compañía Tierras del Sud Argentino S.A, nos denunció como usurpadores de nuestro propio territorio. Pasamos por un juicio donde la justicia de tribunales de Esquel a cargo del Dr. Jorge Eyo, fallo a favor del grupo empresarial Benetton.
Durante ese tiempo viajamos a Italia a encontrarnos cara a cara con Luciano Benetton, quien entra tantas cosas nos prometió buscar una solución al conflicto y también nos dijo que: “su palabra de hombre vale más que firmar un papel”.
Luego de tres años de no haber recibido respuesta y solución por parte del magnate italiano y por el gobierno Nacional, Provincial y Municipal, el 14 de febrero del año 2007 retornamos al territorio ancestral para ser lo que somos, Mapuche: gente de la tierra.
Durante estos años hemos tenido que seguir remando contra la justicia. Al poco tiempo de haber cumplido los cuatro años en el territorio, recibimos este 1 de marzo, la orden de desalojo de parte de la justicia de Esquel. Este fallo, fue firmado por el juez Omar Higinio Magallanes, quien nuevamente actuó a favor de La Companía Tierras del Sud Argentino S.A, propiedad de Luciano Benetton.
Esta sentencia es un error de hecho y de derecho bien concreto, ya que este juez ignoró completamente la orden de la Corte Suprema que obliga a aplicar el derecho indígena ante estos conflictos. Con esto nos deja bien en claro el desconocimiento de los derechos y las leyes que ampara al pueblo mapuche, como el: artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional de emergencia 26.160 y 26.554. Sumado a todo esto, a la hora de la sentencia, solo tuvo en cuenta los testigos presentados por Benetton, dejando de lado completamente los testigos presentados por la Comunidad, como: Ramón Minieri historiador; las antropólogas Claudia Briones y Ana Ramos; y Ruben Llancaqueo, testimonios que dan cuenta de la ocupación ancestral y el despojo.
Sentimos que la justicia y el Juez Omar Higinio Magallanes, ignora que la comunidad es reconocida por la Provincia del Chubut mediante de la personería jurídica y por el I.N.A.I. Mediante la Ley Nacional de Emergencia 26.160, la comunidad ha llevado a cabo el relevamiento territorial, que implica un reconocimiento del Estado Nacional.
Se nos viene a la memoria las palabras que una vez nos dijo este Juez Magallanes que: “a él jamás se le ocurriría ordenar un desalojo a una Comunidad Mapuche-Tehuelche”. Estas palabras nos hicieron entusiasmar y volver a creer aunque sea un poco en la justicia.
Hoy ante esta orden de desalojo nos preguntamos una vez mas ¿Cómo podemos confiar en esta justicia? Que falla otra vez en contra de nuestra comunidad que resiste y lucha en 534 hectareas, mientras que Benetton posee más de 1.500.000 has. en todo el territorio argentino. La justicia ¿alguna vez estará de nuestro lado?
Estamos cansados de jueces sin dignidad, corruptos y que amparan a los terratenientes y a las multinacionales.
Sentimos el acompañamiento y el reconocimiento de todas las comunidades Mapuche-Tehuelche de la provincia del Chubut, así como también de tantas otras que se encuentran en el Wallmapu (territorio ancestral Mapuche). Estamos muy agradecidos de todo el acompañamiento recibido por los hermanos Mapuche y no Mapuche.
A pesar de este fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la Mapu, con nuestros futakecheyem(antepasados), los nien y los newen (fuerzas naturales) del lugar. Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo Mapuche Tehuelche y revertir la historia de despojo humillación y saqueo.
La concentracionserá en la plaza Mariano Antieco y se marchará hasta tribunales de Esquel donde se presentará la apelación al fallo del juez Magallanes.
Reproducimos un comunicado de la comunidad:
En el año 2002 decidimos retornar al territorio ancestral, donde nacieron y se criaron nuestros ancestros, donde nosotros recorríamos desde niños. Fuimos aprendiendo a respetar la naturaleza y a convivir con la mapu (tierra), haciendo ngellipun y distintas ceremonias propias de nuestro pueblo, manteniendo las costumbres y la forma de vivir. Es así como a finales del 2002 sufrimos el primer golpe de la justicia, quienes efectuaron el desalojo de la comunidad, donde Benetton y la Compañía Tierras del Sud Argentino S.A, nos denunció como usurpadores de nuestro propio territorio. Pasamos por un juicio donde la justicia de tribunales de Esquel a cargo del Dr. Jorge Eyo, fallo a favor del grupo empresarial Benetton.
Durante ese tiempo viajamos a Italia a encontrarnos cara a cara con Luciano Benetton, quien entra tantas cosas nos prometió buscar una solución al conflicto y también nos dijo que: “su palabra de hombre vale más que firmar un papel”.
Luego de tres años de no haber recibido respuesta y solución por parte del magnate italiano y por el gobierno Nacional, Provincial y Municipal, el 14 de febrero del año 2007 retornamos al territorio ancestral para ser lo que somos, Mapuche: gente de la tierra.
Durante estos años hemos tenido que seguir remando contra la justicia. Al poco tiempo de haber cumplido los cuatro años en el territorio, recibimos este 1 de marzo, la orden de desalojo de parte de la justicia de Esquel. Este fallo, fue firmado por el juez Omar Higinio Magallanes, quien nuevamente actuó a favor de La Companía Tierras del Sud Argentino S.A, propiedad de Luciano Benetton.
Esta sentencia es un error de hecho y de derecho bien concreto, ya que este juez ignoró completamente la orden de la Corte Suprema que obliga a aplicar el derecho indígena ante estos conflictos. Con esto nos deja bien en claro el desconocimiento de los derechos y las leyes que ampara al pueblo mapuche, como el: artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional de emergencia 26.160 y 26.554. Sumado a todo esto, a la hora de la sentencia, solo tuvo en cuenta los testigos presentados por Benetton, dejando de lado completamente los testigos presentados por la Comunidad, como: Ramón Minieri historiador; las antropólogas Claudia Briones y Ana Ramos; y Ruben Llancaqueo, testimonios que dan cuenta de la ocupación ancestral y el despojo.
Sentimos que la justicia y el Juez Omar Higinio Magallanes, ignora que la comunidad es reconocida por la Provincia del Chubut mediante de la personería jurídica y por el I.N.A.I. Mediante la Ley Nacional de Emergencia 26.160, la comunidad ha llevado a cabo el relevamiento territorial, que implica un reconocimiento del Estado Nacional.
Se nos viene a la memoria las palabras que una vez nos dijo este Juez Magallanes que: “a él jamás se le ocurriría ordenar un desalojo a una Comunidad Mapuche-Tehuelche”. Estas palabras nos hicieron entusiasmar y volver a creer aunque sea un poco en la justicia.
Hoy ante esta orden de desalojo nos preguntamos una vez mas ¿Cómo podemos confiar en esta justicia? Que falla otra vez en contra de nuestra comunidad que resiste y lucha en 534 hectareas, mientras que Benetton posee más de 1.500.000 has. en todo el territorio argentino. La justicia ¿alguna vez estará de nuestro lado?
Estamos cansados de jueces sin dignidad, corruptos y que amparan a los terratenientes y a las multinacionales.
Sentimos el acompañamiento y el reconocimiento de todas las comunidades Mapuche-Tehuelche de la provincia del Chubut, así como también de tantas otras que se encuentran en el Wallmapu (territorio ancestral Mapuche). Estamos muy agradecidos de todo el acompañamiento recibido por los hermanos Mapuche y no Mapuche.
A pesar de este fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la Mapu, con nuestros futakecheyem(antepasados), los nien y los newen (fuerzas naturales) del lugar. Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo Mapuche Tehuelche y revertir la historia de despojo humillación y saqueo.
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