(Tiempo Argentino).-
Es por el secuestro y desaparición de dos trabajadores de la empresa. Es
la primera vez que la justicia sentencia a personal jerárquico, y lo
hace considerándolos "partícipes necesarios".
“Quedó completamente acreditado que la empresa Ford fue cómplice de
la dictadura militar”, dice Tomás Ojea Quintana, abogado de los
trabajadores en el juicio. En el patio de la sede del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal N°1 de San Martín, los trabajadores, familiares,
organismos de derechos humanos y el público festejaba una condena
histórica: el ex gerente de manufactura de la automotriz, Pedro Müller, y
el ex jefe de seguridad, Héctor Sibila, acababan de ser condenados a 10
y 12 años de cárcel por su responsabilidad en crímenes de la dictadura
cívico militar: los jueces los consideraron “partícipes necesarios” por
los secuestros y torturas de 24 trabajadores delegados de base en
1976.
A esos crímenes los jueces los consideraron delitos de lesa humanidad. Y
ordenaron que los condenados permanezcan en domiciliaria pero que sean
enviados a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal cuando sus
condenas queden firmes. Con los dos civiles, también fue condenado el
jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Omar Rivero.
Le dieron 15 años, por coautor de los secuestros y torturas.
El
fallo fue histórico. “Se demostró cómo una empresa puede ser utilizada a
los fines de poner todos los recursos que tienen a su disposición y a
su cadena de mando para hacer aportes en los crímenes de lesa
humanidad”, redondeó Elizabeth Gómez Alcorta, abogada querellante junto a
Ojea Quintana.
El fallo fue por unanimidad y no condenaron a los
gerentes por complicidad: para los jueces Diego Barroetaveña, Osvaldo
Facciano y Mario Gambacorta, los directivos de la Ford Motors Argentina
fueron “partícipes” del plan sistemático del terrorismo de Estado.
Tanto
Riveros, condenado por coautor, como Müller y Sibila, fueron condenados
por los 24 casos de privación ilegal de la libertad -9 de esos casos
doblemente agravados por el tiempo del secuestro- y de torturas. Es
decir, por los crímenes cometidos contra la totalidad de las víctimas.
Los fundamentos del fallo se leerán el 15 de marzo del año que viene.
“Estoy
muy, muy, emocionado. Son muchos años”, dijo Carlos Propato, con un
nudo en la garganta. “Costó un montón, pero lo logramos. Por todos los
compañeros, los 30000 y los 12 nuestros”, completó el ex delegado del
área de manufactura de la planta de General Pacheco.
“Fue una
lucha larga. Tenía 35 años cuando me secuestraron y hoy tengo 77. Pero
no aflojamos, vamos a seguir”, agregó luego Pedro Troiani, otro
trabajador secuestrado y torturado en la fábrica. De los 24 trabajadores
que fueron secuestrados y torturados, 12 murieron antes del debate. Por
eso la sentencia los animó: “Esto puede ser el futuro de la lucha por
la memoria, verdad y justicia”, concluyó Troiani.
En la lectura
del veredicto estuvieron la Madre de plaza de Mayo, Nora Cortiñas, el
periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el fiscal Felix
Crous, Victorio Pulón (Sec. DD.HH CTA), el nieto restituido por Abuelas
de Plaza de Mayo y diputado nacional, Horacio Pietragalla, y la
economista Victoria Basualdo, investigadora de la complicidad
empresarial con la dictadura.
Cuando los trabajadores, sus
familiares, abogados salieron del Tribunal, los recibieron con aplausos y
festejos los militantes políticos y de derechos humanos que no lograron
entrar en la sala y que desde temprano rebalsaron la vereda y cortaron
la calle Pueyrredón al 3700. Cuando los autos de los jueces salieron
debieron atravesar esa concentración. Los despidieron con aplausos.
“Es
fundamental (la sentencia) y demuestra que por más voluntad oficial que
haya por detener estos procesos, la movilización social y la
consciencia que hay en sectores de la justicia también es muy importante
y no van a poder detener estos juicios”, reflexionó ante la prensa
Verbitsky.
La empresa, responsable
Para
Ojea Quintana las condenas constituyeron un “hito importantísimo” que
debería marcar el camino del resto de los procesos que buscan justicia
por la complicidad y participación de las empresas con los crímenes de
la dictadura.
“Este debate fue contra los individuos, contra los
gerentes y nuestro próximo objetivo es la multinacional, la sociedad
anónima, la empresa, la automotriz Ford. Vamos a explorar la
posibilidades judiciales para hacerle juicio a la empresa y que sea la
que rinda cuentas”, completó.
En el mismo camino, para el abogado
Maximiliano Chichizola, de la querella de la Secretaría de Derechos
Humanos de la provincia, la sentencia que reconoce la participación
criminal de la empresa marca un antes y un después. “Reconoce lo que
pasó en Ford, pero también la excede porque es una sentencia que sirve
para demostrar que el plan sistemático que implementó la dictadura tuvo
intereses económicos y que tuvo un beneficiario directo que fueron los
grandes grupos transnacionales”, dijo.
Editoriales ANP
