El fallo emitido ayer por el juez Federal Leónidas Moldes ordena a la secretaría dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación a reinstalar precautoriamente en su puesto a los despedidos y a pagar los salarios caídos desde la fecha de comunicación del despido.
Los reincorporados, Jorge Fuentes Molina, Sebastián Debenedetti y Pablo Losardo, eran además delegados, representantes de los trabajadores en las seccionales Andina y El Bolsón de ATE Río Negro cuando fueron despedidos a fines de agosto.
Las cesantías formaron parte de las políticas de desguace impulsadas por el ministerio de Agroindustria de Nación -instituto que garantiza la presencia del Estado en uno de los principales sectores productivos del país- e implementadas por el ex titular del organismo, Miguel Etchevehere. En el país fueron 600 los empleados despedidos, que se sumaron a otros 350 cesanteados en abril pasado.
En Bariloche hubo 13 despidos, y 20 en total en Río Negro, donde quedaron sin atención ni asesoramiento técnico del Estado unos 12 mil productores que trabajan 5 millones de hectáreas en suelo provincial.
“Sentimos mucha satisfacción por el fallo, por todo lo que atravesaron los trabajadores despedidos, sus familias y los productores afectados por esta ola de despidos. Pero sobre todo por el gran trabajo de nuestro equipo jurídico, siempre a la altura de las circunstancias. En ATE Río Negro no sólo ganamos luchando, sino también desde la defensa de nuestros derechos en el plano judicial”, señaló Rodrigo Vicente, coordinador de ATE Río Negro en organismos nacionales.
Según explicó la asesora legal de del gremio en Río Negro, Ailén Roca, el fallo implica además un precedente que “deja al descubierto, aunque sea cautelarmente, la existencia de rescisión de contratos anticipada y sin causa por parte del Estado nacional, luego de renovaciones contractuales indefinidas y por tiempo indeterminado enmarcadas en ley 25.164 de empleo público nacional, siendo que hace más de una década estos trabajadores se encuentran con renovaciones contractuales fraudulentas, imposibilitados de acceder a la planta permanente y absolutamente desprotegidos ante un despido arbitrario como existió en este caso”.
Los despedidos además de su función gremial eran técnicos de más de 20 años de antigüedad en la Secretaría de Agricultura Familiar.
Conocidas las cesantías ATE se movilizó y planteó el reclamo por vía administrativa y judicial que arribó esta semana a la decisión del juez Moldes, quien ordenó la reincorporación precautoria de los tres trabajadores y el pago de sus salarios.
Ya en octubre el gremio había acordado con el Gobierno Provincial la incorporación al Ministerio de Agricultura de Río Negro de 6 de los trabajadores de la Secretaría, para continuar la tarea de atención a los pequeños productores.
La Ley Nacional de Asociaciones Sindicales resguarda a los trabajadores con representación gremial ante el despido arbitrario mientras dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año posterior, otorgándoles estabilidad plena en el empleo, y establece que “no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo”.
En su artículo 52 la norma señala que “La violación por parte del empleador de las garantías establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía sumarísima, la reinstalación de su puesto, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo”, todo lo cual contempla la decisión del juez Moldes.
“Se trata de una resolución judicial que reivindica el plexo normativo de derechos que resguardan a los delegados con mandato vigente ante un despido arbitrario, violatorio de la tutela sindical propia del cargo de representación gremial que desempeñaban los tres dentro de la Secretaria de Agricultura Familiar”, concluyó la asesora legal de ATE Río Negro, Ailén Roca.
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