“Quedó completamente acreditado que la empresa Ford fue cómplice de la dictadura militar”, dice Tomás Ojea Quintana, abogado de los trabajadores en el juicio. En el patio de la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, los trabajadores, familiares, organismos de derechos humanos y el público festejaba una condena histórica: el ex gerente de manufactura de la automotriz, Pedro Müller, y el ex jefe de seguridad, Héctor Sibila, acababan de ser condenados a 10 y 12 años de cárcel por su responsabilidad en crímenes de la dictadura cívico militar: los jueces los consideraron “partícipes necesarios” por los secuestros y torturas de 24 trabajadores delegados de base en 1976.
A esos crímenes los jueces los consideraron delitos de lesa humanidad. Y ordenaron que los condenados permanezcan en domiciliaria pero que sean enviados a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal cuando sus condenas queden firmes. Con los dos civiles, también fue condenado el jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Omar Rivero. Le dieron 15 años, por coautor de los secuestros y torturas.
El fallo fue histórico. “Se demostró cómo una empresa puede ser utilizada a los fines de poner todos los recursos que tienen a su disposición y a su cadena de mando para hacer aportes en los crímenes de lesa humanidad”, redondeó Elizabeth Gómez Alcorta, abogada querellante junto a Ojea Quintana.
El fallo fue por unanimidad y no condenaron a los gerentes por complicidad: para los jueces Diego Barroetaveña, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta, los directivos de la Ford Motors Argentina fueron “partícipes” del plan sistemático del terrorismo de Estado.
Tanto Riveros, condenado por coautor, como Müller y Sibila, fueron condenados por los 24 casos de privación ilegal de la libertad -9 de esos casos doblemente agravados por el tiempo del secuestro- y de torturas. Es decir, por los crímenes cometidos contra la totalidad de las víctimas.
Los fundamentos del fallo se leerán el 15 de marzo del año que viene.
“Estoy muy, muy, emocionado. Son muchos años”, dijo Carlos Propato, con un nudo en la garganta. “Costó un montón, pero lo logramos. Por todos los compañeros, los 30000 y los 12 nuestros”, completó el ex delegado del área de manufactura de la planta de General Pacheco.
“Fue una lucha larga. Tenía 35 años cuando me secuestraron y hoy tengo 77. Pero no aflojamos, vamos a seguir”, agregó luego Pedro Troiani, otro trabajador secuestrado y torturado en la fábrica. De los 24 trabajadores que fueron secuestrados y torturados, 12 murieron antes del debate. Por eso la sentencia los animó: “Esto puede ser el futuro de la lucha por la memoria, verdad y justicia”, concluyó Troiani.
En la lectura del veredicto estuvieron la Madre de plaza de Mayo, Nora Cortiñas, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, el fiscal Felix Crous, Victorio Pulón (Sec. DD.HH CTA), el nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo y diputado nacional, Horacio Pietragalla, y la economista Victoria Basualdo, investigadora de la complicidad empresarial con la dictadura.
Cuando los trabajadores, sus familiares, abogados salieron del Tribunal, los recibieron con aplausos y festejos los militantes políticos y de derechos humanos que no lograron entrar en la sala y que desde temprano rebalsaron la vereda y cortaron la calle Pueyrredón al 3700. Cuando los autos de los jueces salieron debieron atravesar esa concentración. Los despidieron con aplausos.
“Es fundamental (la sentencia) y demuestra que por más voluntad oficial que haya por detener estos procesos, la movilización social y la consciencia que hay en sectores de la justicia también es muy importante y no van a poder detener estos juicios”, reflexionó ante la prensa Verbitsky.
La empresa, responsable
Para Ojea Quintana las condenas constituyeron un “hito importantísimo” que debería marcar el camino del resto de los procesos que buscan justicia por la complicidad y participación de las empresas con los crímenes de la dictadura.
“Este debate fue contra los individuos, contra los gerentes y nuestro próximo objetivo es la multinacional, la sociedad anónima, la empresa, la automotriz Ford. Vamos a explorar la posibilidades judiciales para hacerle juicio a la empresa y que sea la que rinda cuentas”, completó.
En el mismo camino, para el abogado Maximiliano Chichizola, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la sentencia que reconoce la participación criminal de la empresa marca un antes y un después. “Reconoce lo que pasó en Ford, pero también la excede porque es una sentencia que sirve para demostrar que el plan sistemático que implementó la dictadura tuvo intereses económicos y que tuvo un beneficiario directo que fueron los grandes grupos transnacionales”, dijo.
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