Cristian Ferreyra, de 23 años, fue baleado por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona.
Por
Darío Aranda
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011.- Cristian Ferreyra nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar: el paraje San Antonio, al norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. “Esto es el Lejano Oeste, no se cumplen nuestros derechos, nos matan como animales”, denunció Marilena Santillán, compañera de militancia de Ferreyra e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), con voz entrecortada, aún conmovida. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en la Argentina cuatro campesinos e indígenas. La organización campesina denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva, sobre territorios comunitarios.
Ferreyra formaba parte de la comunidad indígena lule-vilela de San Antonio, que habita dos mil hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, la comunidad denuncia el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias: cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales.
El miércoles, a la hora de la siesta, según contó ayer Jualián Roqué, un compañero de la víctima, llegaron hasta la casa de Darío Godoy dos personas encapuchadas. “Eran los hermanos Javier y Anton Juárez, dos guardias privados enviados por el empresarios santafesino José Ciccioli”, aseguró Roqué. “Buscaban a Cristian Ferreyra y, sin mediar palabra, le dispararon a sangre fría con una escopeta”, concluyó. Ferreyra falleció desangrado, ante la impotencia y desesperación de su esposa y su hijo de 2 años. Además fue herido Godoy (también integrante del Mocase), con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos.
“Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. El hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron”, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreyra con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras.
El Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
Desde el Mocase-VC, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), explicaron que las tierras ancestrales, que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones, comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria, principalmente para plantaciones de soja, comenzó a expandirse.
La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte: 515 mil hectáreas entre 2003 y 2007, un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación.
La soja transgénica con uso intensivo de agrotóxicos fue autorizada en 1996, cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas en todo el país. En 2000 ya había trepado hasta las 10,5 millones. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la tierra cultivada de la Argentina, 50 millones de toneladas de soja.
El geógrafo y docente Marcelo Giraud analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629 mil hectáreas y dos años después, en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. “En sólo dos años aumentó un 75 por ciento”, afirmó.
La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) publicó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.
En sólo dos años fueron asesinados cuatro militantes por la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra “Ely” Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el qom de Formosa Roberto López. El miércoles, la lista sumó a Cristian Ferreyra. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes.
El Código Civil establece el “derecho veinteañal”, que reconoce a quienes ocuparon y trabajaron un terreno durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional), pero (salvo excepciones) el Poder Judicial no aplica esas leyes.
“El asesinato de Cristian Ferreyra no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos, sus compañeros reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias”, advirtió el Mocase-VC. Diego Montón, del MNCI, aseguró: “El agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio, su lógica es de muerte y lucro, es un modelo donde no hay lugar para la vida”.
El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió llamados de este periodista, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la “capital nacional del kirchnerismo” luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine “radical k”. El Mocase lo señala --en cuanto a la represión al campesinado-- como la continuidad del juarismo.
Editoriales ANP
