Buenos Aires (La Vaca).- La Vaca Editora te propone un nuevo título: "Política & Miseria. La domesticación de los movimientos sociales2, de Raúl Zibechi, publicación de 192 páginas que tiene un costo de 55 pesos más gastos de envío.
¿Qué impacto tiene en los movimientos sociales latinoamericanos las políticas sociales de los gobiernos progresistas?¿Por qué la llamada “lucha contra la pobreza” oculta el verdadero problema de la región: la concentración de la riqueza? ¿Las oenegés son la forma blanda del imperialismo?¿Quién cuestiona al modelo económico de extracción de recursos naturales? Raúl Zibechi invita a debatir estos temas con profundidad y sin vueltas. Aporta datos, análisis y miradas sobre estos tiempos. Y regresa al pasado para encontrar algunas pistas sobre lo que vendrá.
Para adquirirlo escribir al correo electrónico infolavaca@yahoo.com.ar
Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
sábado, 11 de junio de 2011
BARILOCHE: MUERTE DE NIÑOS FUSILADOS Y EL REPUGNANTE REINO DE LA IMPUNIDAD
La Plata, 9 de junio de 2011 (Colectivo Interpelación Popular).- Masacre de Bariloche, 17 de junio 2010.
Diego Bonefoi, 15 años ,fusilado por el cabo Colombil.Diego Bonefoi 15 años, La escuela pública de Río Negro lo había expulsado.A un niño de 15 años!. Fuimos todos, somos todos responsables, miremonos ahí cuando callamos.
La impunidad como los tumores uterinos se alimenta de la sangre de la vida que le propiciamos los clases medias tibios e indiferentes.
Diego Bonefoi,15 años ¿has visto alguna vez un niño de 15 años?
¿Qué culpa puede tener un niño de 15 años?
Es repugnante todo lo que sucede en Río Negro, pero más especialmente en Bariloche.
Parecemos una republiqueta de cuarta. Esto se asienta sobre nuestra pobre mediocridad ciudadana.Esto debería haber sido el principio del fin. Sin embargo...
Nicolás Carrasco era un chico bueno, de esos chicos callados dulces obedientes.Estaba por entrar a su casa, su mamá se lo pidió, había laburado todo el día.Si a los 16 años Nino venía de trabajar-supongo de peón de albañil- y se había cambiado para ir a ver a su novia.Solo que cuando vio que la policía estaba masacrando a sus amigos , golpeándolos, tirando con gases, con balas de goma y con balas de plomo! fue que se acercó a socorrerlos.Sus amigos corrían despavoridos pedían auxilio-Él les abrió la puerta de una casa de alguien y también se metió adentro por miedo-Estamos hablando de un chico de 16 años.Y fue ahí donde le dispararon ,fue entre dos policías, uno cubría al otro.Le disparararon al estomágo con una 9 mm.Por solidario.Porque los muy bestias se creen que la solidaridad se aloja solo en el estomágo de un pibe.
Sergio Cárdenas tenía 28 años, era padre de dos hijos, su hija menor tenía en ese momento apenas 6 meses , fue asesinado durante la represión en el Alto Bariloche el 17 de junio 2010,¿Usted sabe que no hay procesados por su muerte? ¿usted sabe que su viuda la señora karina Curaqueo sufre persecución policial todos los días? ah! bueno se lo digo por si no lo sabe. Ahora ya lo sabe.
No hay procesados por estos dos crímenes.Y la sentencia contra Colombil el asesino de Diego Bonefoi, 15 años, a quien este cabo fusiló con saña y alevosía,es una payasada.20 años que son 12, 12 que serán 6 a los 4 sale.
¿Conclusión? Apartaron al juez Lozada.
En Río Negro, y especialmente en Bariloche reina la impunidad, ¿usted lo sabía? Ah, bueno ahora ya lo sabe.
Contacto:
Colectivo Interpelación Popular
Correo electrónico:mientenmucho@gmail.com
Diego Bonefoi, 15 años ,fusilado por el cabo Colombil.Diego Bonefoi 15 años, La escuela pública de Río Negro lo había expulsado.A un niño de 15 años!. Fuimos todos, somos todos responsables, miremonos ahí cuando callamos.
La impunidad como los tumores uterinos se alimenta de la sangre de la vida que le propiciamos los clases medias tibios e indiferentes.
Diego Bonefoi,15 años ¿has visto alguna vez un niño de 15 años?
¿Qué culpa puede tener un niño de 15 años?
Es repugnante todo lo que sucede en Río Negro, pero más especialmente en Bariloche.
Parecemos una republiqueta de cuarta. Esto se asienta sobre nuestra pobre mediocridad ciudadana.Esto debería haber sido el principio del fin. Sin embargo...
Nicolás Carrasco era un chico bueno, de esos chicos callados dulces obedientes.Estaba por entrar a su casa, su mamá se lo pidió, había laburado todo el día.Si a los 16 años Nino venía de trabajar-supongo de peón de albañil- y se había cambiado para ir a ver a su novia.Solo que cuando vio que la policía estaba masacrando a sus amigos , golpeándolos, tirando con gases, con balas de goma y con balas de plomo! fue que se acercó a socorrerlos.Sus amigos corrían despavoridos pedían auxilio-Él les abrió la puerta de una casa de alguien y también se metió adentro por miedo-Estamos hablando de un chico de 16 años.Y fue ahí donde le dispararon ,fue entre dos policías, uno cubría al otro.Le disparararon al estomágo con una 9 mm.Por solidario.Porque los muy bestias se creen que la solidaridad se aloja solo en el estomágo de un pibe.
Sergio Cárdenas tenía 28 años, era padre de dos hijos, su hija menor tenía en ese momento apenas 6 meses , fue asesinado durante la represión en el Alto Bariloche el 17 de junio 2010,¿Usted sabe que no hay procesados por su muerte? ¿usted sabe que su viuda la señora karina Curaqueo sufre persecución policial todos los días? ah! bueno se lo digo por si no lo sabe. Ahora ya lo sabe.
No hay procesados por estos dos crímenes.Y la sentencia contra Colombil el asesino de Diego Bonefoi, 15 años, a quien este cabo fusiló con saña y alevosía,es una payasada.20 años que son 12, 12 que serán 6 a los 4 sale.
¿Conclusión? Apartaron al juez Lozada.
En Río Negro, y especialmente en Bariloche reina la impunidad, ¿usted lo sabía? Ah, bueno ahora ya lo sabe.
Contacto:
Colectivo Interpelación Popular
Correo electrónico:mientenmucho@gmail.com
ESTACIÓN "RODOLFO WALSH"
Buenos Aires, 2 de junio de 2011 (Red Eco Alternativo).- En una acción colectiva, la Estación “Entre Ríos” de la Línea E del subterráneo fue re-bautizada con el nombre del periodista, secuestrado el 25 de marzo de 1977 en esa esquina de Entre Ríos y San Juan.
Participaron pasajeros, trabajadorxs del subte, el Sindicato del SUBTE- Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Taty Almeida (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), H.I.J.O.S., el Grupo de Arte Callejero y Patricia Walsh, hija de Rodolfo.
La Estación “Rodolfo Walsh” es el comienzo de una iniciativa para que las estaciones lleven la identidad y expresiones de su pueblo, como aporte para concientizar a los pasajeros y seguir en el camino de la consolidación de un país con memoria, verdad y justicia. El objetivo de esta acción es modificar el nombre de algunas estaciones, usando el espacio público para pensar el pasado, construir el futuro y homenajear a los luchadores populares.
La acción se llevó adelante durante el mediodía de ayer, pero lamentablemente hoy, a solo un día de su realización, la mayoría de los carteles y fotos ya no estaban renombrando la estación.
Participaron pasajeros, trabajadorxs del subte, el Sindicato del SUBTE- Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Taty Almeida (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), H.I.J.O.S., el Grupo de Arte Callejero y Patricia Walsh, hija de Rodolfo.
La Estación “Rodolfo Walsh” es el comienzo de una iniciativa para que las estaciones lleven la identidad y expresiones de su pueblo, como aporte para concientizar a los pasajeros y seguir en el camino de la consolidación de un país con memoria, verdad y justicia. El objetivo de esta acción es modificar el nombre de algunas estaciones, usando el espacio público para pensar el pasado, construir el futuro y homenajear a los luchadores populares.
La acción se llevó adelante durante el mediodía de ayer, pero lamentablemente hoy, a solo un día de su realización, la mayoría de los carteles y fotos ya no estaban renombrando la estación.
LIBERARON A ROBERTO MARTINO
El militante popular Roberto Martino fue liberado hoy jueves, luego de estar un año encerrado en el penal de Marzos Paz por haberse manifestado contra la política genocida del Estado de Israel.
Buenos Aires, 9 de junio de 2011 (Red Eco Alternativo).- Finalmente, luego de un año de injusto encarcelamiento y de un importante y extendido reclamo por su libertad, el dirigente Roberto Martino, fue liberado hoy por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata que tramita la causa que se le inició a Martino, impulsada por organizaciones de la comunidad judía como la DAIA. A pesar de los intentos para que persistieran los graves cargos políticos de prepotencia ideológica y de la ley antidiscriminatoria por haberse manifestado en contra de la política imperialista y violatoria de los derechos humanos del Estado de Israel, la causa fue elevada a juicio por cargos menores, todos excarlables.
Los abogados de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) Martín Alderete y Omar Dib presentaron la solicitud de excarcelación que obtuvo un fallo favorable. La CADEP manifestó que “fueron necesarios la persistente acción jurídica/política, la movilización y el acompañamiento solidario para desbaratar esta acción de persecución y proscripción que se enmarca en la criminalización de la protesta llevada adelante por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sostenida desde el poder judicial, contra las organizaciones populares, políticas, gremiales estudiantiles, ambientalistas, los pueblos originarios y demás sectores que se rebelan contra la miseria y la entrega, en un intento inútil por frenar la lucha popular”.
Martino estuvo detenido durante un año, por una causa armada y delitos excarcelables, cuando hoy gozan de libertad personajes como el violador Grassi, condenado por abuso de menores y empresarios-sindicalistas como el Momo Venegas, acusado por la causa de la mafia de los medicamentos.
El Comité por la Libertad de Martino convoca a un abrazo fraterno para recibirlo el domingo 12 de Junio a las 14hs. en el Centro Cultural y Comunitario "LA TOMA", calle República Árabe de Siria Nº 75 casi esq. Boedo 2º piso. (Est. de Lomas de Zamora).
Buenos Aires, 9 de junio de 2011 (Red Eco Alternativo).- Finalmente, luego de un año de injusto encarcelamiento y de un importante y extendido reclamo por su libertad, el dirigente Roberto Martino, fue liberado hoy por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata que tramita la causa que se le inició a Martino, impulsada por organizaciones de la comunidad judía como la DAIA. A pesar de los intentos para que persistieran los graves cargos políticos de prepotencia ideológica y de la ley antidiscriminatoria por haberse manifestado en contra de la política imperialista y violatoria de los derechos humanos del Estado de Israel, la causa fue elevada a juicio por cargos menores, todos excarlables.
Los abogados de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) Martín Alderete y Omar Dib presentaron la solicitud de excarcelación que obtuvo un fallo favorable. La CADEP manifestó que “fueron necesarios la persistente acción jurídica/política, la movilización y el acompañamiento solidario para desbaratar esta acción de persecución y proscripción que se enmarca en la criminalización de la protesta llevada adelante por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sostenida desde el poder judicial, contra las organizaciones populares, políticas, gremiales estudiantiles, ambientalistas, los pueblos originarios y demás sectores que se rebelan contra la miseria y la entrega, en un intento inútil por frenar la lucha popular”.
Martino estuvo detenido durante un año, por una causa armada y delitos excarcelables, cuando hoy gozan de libertad personajes como el violador Grassi, condenado por abuso de menores y empresarios-sindicalistas como el Momo Venegas, acusado por la causa de la mafia de los medicamentos.
El Comité por la Libertad de Martino convoca a un abrazo fraterno para recibirlo el domingo 12 de Junio a las 14hs. en el Centro Cultural y Comunitario "LA TOMA", calle República Árabe de Siria Nº 75 casi esq. Boedo 2º piso. (Est. de Lomas de Zamora).
PARO NACIONAL DE CTA: SE GANÓ LA CALLE
Buenos Aires, 9 de junio de 2011 (Red Eco Alternativo).- Paro de actividades, cortes de calles, puentes y rutas, asambleas, actos, y movilizaciones fueron las formas en que los compañeros y compañeras de todo el país, enrolados en la CTA, eligieron para llevar adelante la resolución de paro y movilización tomada por el Congreso Nacional Federal, reunido en marzo en la ciudad de Mar del Plata.
Alrededor de 20.000 compañerxs marcharon de Congreso a Plaza de Mayo donde en el acto de cierre hablaron los dirigentes nacionales Pablo Micheli y Ricardo Peidro, secretario general y adjunto de la CTA respectivamente.cta_08_06_2011.jpg
Micheli aseguró que la jornada de paro y movilización fue para que "el Gobierno escuche que hay una Argentina que no es la que muestran la UIA, la CGT y el INDEC de Moreno".
"El país no es el que le cuentan a la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner)", sostuvo Micheli, cerrando el acto central de una jornada que se desplegó a lo largo de todo el territorio nacional.
Fuente: Secretaría de Comunicación CTA Capital.
Alrededor de 20.000 compañerxs marcharon de Congreso a Plaza de Mayo donde en el acto de cierre hablaron los dirigentes nacionales Pablo Micheli y Ricardo Peidro, secretario general y adjunto de la CTA respectivamente.cta_08_06_2011.jpg
Micheli aseguró que la jornada de paro y movilización fue para que "el Gobierno escuche que hay una Argentina que no es la que muestran la UIA, la CGT y el INDEC de Moreno".
"El país no es el que le cuentan a la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner)", sostuvo Micheli, cerrando el acto central de una jornada que se desplegó a lo largo de todo el territorio nacional.
Fuente: Secretaría de Comunicación CTA Capital.
JORGE RIVAS RESPALDÓ A HEBE DE BONAFINI
Buenos Aires, 2 de junio de 2011 (Prensa de Jorge Rivas).- “La deuda de la sociedad argentina con Hebe de Bonafini y con el conjunto de las Madres de Plaza de Mayo es demasiado grande y valiosa para que convalidemos los repulsivos esfuerzos que hacen los sectores más reaccionarios para vengarse de ellas”, declaró hoy el diputado socialista Jorge Rivas.
“No hay que dejarse engañar – prosiguió Rivas – porque a los detractores de Hebe les importa muy poco si alguno de sus colaboradores es culpable o no de delito alguno: todo lo que quieren es demostrar que a ella nunca la ha guiado más que una ambición deshonesta”.
“De esa manera - analizó el legislador -, creen que van a poder exculpar por vía indirecta a los terroristas de estado y que van a disolver la confianza que sobre todo los jóvenes han depositado en quienes con enorme valor denunciaron desde un principio el salvajismo de la represión ilegal durante la última dictadura cívico militar”.
“Lo que no consiguen entender los agitadores mediáticos con sus pequeñas mentes perversas – concluyó Rivas – es que lo que no pudieron los dueños de la vida y de la muerte con desapariciones y torturas no lo van a lograr ahora ellos con calumnias y títulos amarillos en los diarios”.
“No hay que dejarse engañar – prosiguió Rivas – porque a los detractores de Hebe les importa muy poco si alguno de sus colaboradores es culpable o no de delito alguno: todo lo que quieren es demostrar que a ella nunca la ha guiado más que una ambición deshonesta”.
“De esa manera - analizó el legislador -, creen que van a poder exculpar por vía indirecta a los terroristas de estado y que van a disolver la confianza que sobre todo los jóvenes han depositado en quienes con enorme valor denunciaron desde un principio el salvajismo de la represión ilegal durante la última dictadura cívico militar”.
“Lo que no consiguen entender los agitadores mediáticos con sus pequeñas mentes perversas – concluyó Rivas – es que lo que no pudieron los dueños de la vida y de la muerte con desapariciones y torturas no lo van a lograr ahora ellos con calumnias y títulos amarillos en los diarios”.
FIEBRE MINERA DEL LITIO EN EL NORTE DEL PAÍS
La minería avanza en Jujuy y Salta en búsqueda de litio, un metal utilizado por la industria automotriz y electrónica. Los proyectos afectan comunidades indígenas que viven de las salinas. Los pueblos originarios ya recurrieron a la Corte Suprema.
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 6 de junio de 2011 (Página 12).- “El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
Por Darío Aranda
Buenos Aires, 6 de junio de 2011 (Página 12).- “El oro del futuro.” Así ya se habla del litio, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. En Jujuy y Salta se encuentran buena parte de las reservas mundiales. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero la fiebre del litio vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidando el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte con voz pausada Clemente Flores, del pueblo kolla, que (en un hecho sin precedentes) junto a otras 32 comunidades presentó una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia. Solicitan, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aporta pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo.
En Jujuy y Salta ya desembarcó una decena de compañías mineras (de Canadá, Australia y Estados Unidos, entre otras). Y al menos otros dos jugadores de peso, y ajenos a la minería, ya fijaron sus ojos en la zona: las automotrices Toyota y Mitsubishi (ambas de Japón).
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser la foto más buscada de los turistas que llegan hasta el norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama.
“Nuestros bisabuelos vivieron donde nosotros hoy, y nunca nos dieron los títulos comunitarios. La minera llega y le dan todo. Contaminan y nos quieren echar. No dejaremos que eso pase”, avisa Flores, 47 años, kolla, siete hijos, de la comunidad aborigen El Angosto, localidad de Moreno, respaldado por las 70 familias de la comunidad, con la misma decisión que él. Y no están solos. Otras 32 comunidades, que reúnen a 1300 familias, piensan y actúan de manera similar.
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de su prima hermana, la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso monumental de agua, en una región de extrema sequía.
Del agua dependen todas las comunidades para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y pequeñas chacras. La presentación en la Corte Suprema remarca que corre peligro toda la cuenca hídrica de la Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes, que agrupa cursos de agua de Jujuy y Salta, y de la cual dependen las comunidades indígenas.
“La explotación de la minería y la afectación del uso del agua –con el absoluto desconocimiento de los permisos otorgados, las cantidades asignadas, y mucho menos el tipo de utilización y saneamiento de la misma por parte de las empresas– en una zona árida por excelencia, repercute en una forma especialmente dañosa para las comunidades indígenas, radicadas desde tiempos inmemoriales en las zonas afectadas por tales emprendimientos”, denuncia el amparo que ya está en manos de los jueces del máximo tribunal del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya había dado cuenta del riesgo. “El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación minera plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna)”, advierte la investigación “Recursos Hídricos de la Puna, valles y bolsones áridos del Noroeste argentino”, del INTA Salta.
Respecto de la minería, precisa que sus “principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre pasado, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos”.
“La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (...) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (...) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad.”
Rodrigo Solá, uno de los abogados que participan de la demanda, lo traduce a lenguaje cotidiano. “Perforaron el acuífero. Y realizaron un doble mal. Contaminaron el acuífero de donde obtenemos agua para nosotros, la cría de animales y las huertas. Y, para peor, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, por lo cual no sirve para cortarla y luego vender.”
En febrero de 2010 las comunidades indígenas confirmaron que había empresas que exploran las salinas. Comenzaron a organizarse y muy rápido se sumaron 22, todas con posesión ancestral en las salinas y zona de influencia. Conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes. Realizaron pedidos ante las respectivas provincias pero no hubo respuesta. Las empresas seguían ingresando. “Expediente C-1146/10. Amparo, medida cautelar, Benita Chaves y otro c/ provincia de Jujuy y Salta”, es el título de la causa que en noviembre de 2010 fue presentado en la Corte Suprema. Luego se sumaron otras once comunidades.
Entre los ejes de la demanda figura la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerda que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.
Se solicita la suspensión inmediata de actividades en ejecución, y no otorgar nuevos permisos hasta tanto se expida la Corte. También pide aplicar la Ley 25.675 (“General del Ambiente”), que dispone que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
El amparo presentado en la Corte Suprema hace especial hincapié en la violación de las leyes nacionales, desde la Constitución Nacional hasta convenios internacionales que Argentina suscribió, que obligan a los estados al “consentimiento libre, previo e informado” a las comunidades indígenas respecto de cualquier actividad que pueda modificar su territorio. Se apunta a los gobiernos de Jujuy, Salta y también el nacional.
“No puede ni debe realizarse ningún tipo de actividad minera sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades involucradas”, explica Solá, que desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) acompaña a las comunidades, y precisa que “el consentimiento dado por una comunidad dentro del ámbito de la Salinas Grandes y que pudiera afectar a otras comunidades allí asentadas no sería válido ni pertinente”. Y remarca la vigencia del Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que Argentina suscribió y tiene rango supralegal, por encima del Código de Minería y Código Civil.
Las 33 comunidades de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de la laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes emitieron un comunicado donde aseguran que la actual legislación les da la razón, pero advierten otros caminos. “Tenemos las leyes de nuestro lado”, recuerda Flores y exhibe el amparo. Hace un silencio, pareciera pensar el peor escenario, cierra el puño y avisa: “Somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado de lucha. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y cortar rutas. ¡Y quién sabe qué más! El territorio es todo, más que nuestra vida.”
PERSECUCIONES A CAMPESINOS DEL MOCASE
Esta semana, integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina sufrieron detenciones y allanamientos de parte de la policía y justicia local. Los campesinos responsabilizan a empresarios sojeros que pretenden tierras que no les pertenecen.
Santiago del Estero, 9 de junio de 2011 (Red Eco).– El juzgado criminal 4to de la ciudad de Santiago Capital, a cargo de Tarchini Saavedra, libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos. autodenominados propietarios del campo La Flor del Departamento Alberdi. Aunque las causas están bajo secreto de sumario, el Movimiento pudo saber que quienes tienen orden de allanamiento y detención son Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo, Gustavo Carrizo, entre otros, muchos de ellos referentes de la organiación. Se los acusa por los delitos de asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas de guerra.
En tanto, el lunes pasado la policía detuvo a Alcides Santillán y lo retuvo en la comisaría de Campo Gallo, y a Rafael Martín Galván en Monte Quemado. El mismo día por la noche Santillán fue puesto en libertad.
Desde el Mocase - Vía Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, aseguran que todas estas medidas tienen por objeto amedrentar a los luchadores populares e intentar “frenar la visibilidad de la construcción popular” que realiza el movimiento en Santiago del Estero. “En las últimas horas se ha desatado un raid judicial y policial en la provincia, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley y maniobras que recordamos desde los tiempos de la dictadura y el juarismo, para perseguir a integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Estas acciones no son nuevas, buscan amedrentar a los luchadores populares y frenar la visibilidad de la construcción popular que se está llevando a cabo”, denunció el Movimiento a través de un comunicado.julio_carreras.jpeg
“Este intento de amedrentar, de hacer tener miedo incluso a nuestras familias, es por la mafia de los sojeros (…), detrás de estas detenciones, existe la presión de los cultivadores sojeros”, aseguró Deolinda Carrizo, integrante del Mocase - Vía Campesina a Radio Mundo Real.
“En este caso hay un empresario que está vinculado con supuestos pozos petroleros que hay en la zona. Él dice que es dueño de esas tierras porque hace no sé cuántos años andaba gente por ahí haciendo exploraciones y dijeron que encontraron petróleo. Al menos eso es lo que cuenta la gente. Pero en concreto este empresario tiene estaciones de servicio en varios lugares de la provincia, desde el 2006 estamos teniendo problemas en el territorio con este empresario”, explicó Deolinda y agregó: “Nosotros esperamos que se pare esto, o al menos que se inicie un proceso pero que no se detenga a ningún otro compañero de los que están denunciados”.
Lo cierto es que no es la primera vez que el juez Tarchini Saavedra interviene en una situación así: “Es a esta altura casi un amigo del Movimiento - afirmó Deolinda - porque no es la primera vez que emite resoluciones de este tipo. La semana pasada mandó realizar una inspección ocular de una comunidad indígena ubicada en el Lote 4, donde los compañeros están resistiendo el intento de desalojo de sus tierras. Se trata de un juez que tiene una clara intención de perseguir a los miembros de la organización”.
Deolinda explicó que en el último tiempo muchas comunidades campesinas de Santiago han vivido situaciones similares: “Ellos resisten en las tierras mientras los empresarios van impunemente, en otros casos hasta con gente armada, intentando sacarlos de sus tierras”.
Tal fue el caso de Marcos Almaras, un campesino que hace un mes fue baleado por usurpadores privados en la Comunidad Yakumuchuna del Pueblo Tonokote. Además, tiraron cercos, quemaron una moto, herramientas y pertenencias, y amenazaron a otras personas.
En agosto de 2010, la comunidad campesina de Pozo del Castaño y comunidades vecinas en el departamento Figueroa sufrieron continuos intentos de usurpación en su territorio comunitario. Personas armadas, que respondían a especuladores inmobiliarios, dispararon al aire frente a la escuela primaria ubicada en el centro de la localidad.
El Movimiento Nacional denunció, en un informe reciente, que en la última década al menos 200 mil familias fueron expulsadas del campo.
Contactos:
Adolfo Farias 0384-441-4162 / Deolinda Carrizo 0384-440-8668 / María de los Angeles Goncalves 0384-367-5570.
Fuentes: Radio Mundo Real / Pulsar / MNCI.
Foto: Julio Carreras.
Santiago del Estero, 9 de junio de 2011 (Red Eco).– El juzgado criminal 4to de la ciudad de Santiago Capital, a cargo de Tarchini Saavedra, libró una orden de detención contra 12 integrantes del Movimiento por una denuncia de la Sociedad Julián Hnos. autodenominados propietarios del campo La Flor del Departamento Alberdi. Aunque las causas están bajo secreto de sumario, el Movimiento pudo saber que quienes tienen orden de allanamiento y detención son Ángel Strapazzón, René Santillán, Javier Santillán, Lino Santillán, Deolinda Carrizo, Hugo Carrizo, Gustavo Carrizo, entre otros, muchos de ellos referentes de la organiación. Se los acusa por los delitos de asociación ilícita, daños, usurpación y tenencia de armas de guerra.
En tanto, el lunes pasado la policía detuvo a Alcides Santillán y lo retuvo en la comisaría de Campo Gallo, y a Rafael Martín Galván en Monte Quemado. El mismo día por la noche Santillán fue puesto en libertad.
Desde el Mocase - Vía Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, aseguran que todas estas medidas tienen por objeto amedrentar a los luchadores populares e intentar “frenar la visibilidad de la construcción popular” que realiza el movimiento en Santiago del Estero. “En las últimas horas se ha desatado un raid judicial y policial en la provincia, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley y maniobras que recordamos desde los tiempos de la dictadura y el juarismo, para perseguir a integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina. Estas acciones no son nuevas, buscan amedrentar a los luchadores populares y frenar la visibilidad de la construcción popular que se está llevando a cabo”, denunció el Movimiento a través de un comunicado.julio_carreras.jpeg
“Este intento de amedrentar, de hacer tener miedo incluso a nuestras familias, es por la mafia de los sojeros (…), detrás de estas detenciones, existe la presión de los cultivadores sojeros”, aseguró Deolinda Carrizo, integrante del Mocase - Vía Campesina a Radio Mundo Real.
“En este caso hay un empresario que está vinculado con supuestos pozos petroleros que hay en la zona. Él dice que es dueño de esas tierras porque hace no sé cuántos años andaba gente por ahí haciendo exploraciones y dijeron que encontraron petróleo. Al menos eso es lo que cuenta la gente. Pero en concreto este empresario tiene estaciones de servicio en varios lugares de la provincia, desde el 2006 estamos teniendo problemas en el territorio con este empresario”, explicó Deolinda y agregó: “Nosotros esperamos que se pare esto, o al menos que se inicie un proceso pero que no se detenga a ningún otro compañero de los que están denunciados”.
Lo cierto es que no es la primera vez que el juez Tarchini Saavedra interviene en una situación así: “Es a esta altura casi un amigo del Movimiento - afirmó Deolinda - porque no es la primera vez que emite resoluciones de este tipo. La semana pasada mandó realizar una inspección ocular de una comunidad indígena ubicada en el Lote 4, donde los compañeros están resistiendo el intento de desalojo de sus tierras. Se trata de un juez que tiene una clara intención de perseguir a los miembros de la organización”.
Deolinda explicó que en el último tiempo muchas comunidades campesinas de Santiago han vivido situaciones similares: “Ellos resisten en las tierras mientras los empresarios van impunemente, en otros casos hasta con gente armada, intentando sacarlos de sus tierras”.
Tal fue el caso de Marcos Almaras, un campesino que hace un mes fue baleado por usurpadores privados en la Comunidad Yakumuchuna del Pueblo Tonokote. Además, tiraron cercos, quemaron una moto, herramientas y pertenencias, y amenazaron a otras personas.
En agosto de 2010, la comunidad campesina de Pozo del Castaño y comunidades vecinas en el departamento Figueroa sufrieron continuos intentos de usurpación en su territorio comunitario. Personas armadas, que respondían a especuladores inmobiliarios, dispararon al aire frente a la escuela primaria ubicada en el centro de la localidad.
El Movimiento Nacional denunció, en un informe reciente, que en la última década al menos 200 mil familias fueron expulsadas del campo.
Contactos:
Adolfo Farias 0384-441-4162 / Deolinda Carrizo 0384-440-8668 / María de los Angeles Goncalves 0384-367-5570.
Fuentes: Radio Mundo Real / Pulsar / MNCI.
Foto: Julio Carreras.
CARAVANA SOLIDARIA POR DOCENTES SANTACRUCEÑOS
La huelga de los docentes de Santa Cruz por recomposición salarial se mantiene en pie luego de 46 días, ante el ninguneo y los ataques del gobierno provincial. Este viernes una caravana solidaria convocada por centenares de organizaciones políticas, sociales y de DD.HH. partirá desde Capital con alimentos no perecederos para sostener la lucha de los trabajadores docentes.
Santa Cruz, 9 de junio de 2011 (Red Eco).- El viernes 10 de junio partirá de la Ciudad de Buenos Aires, una Caravana de Solidaridad con la lucha de lxs docentes de Santa Cruz, que llevará alimentos no perecederos hasta la provincia austral, en la que la huelga ya lleva 46 días. Una delegación integrada por representantes de los gremios y organizaciones que llevaron adelante la campaña de recolección de alimentos encabezará la caravana, que realizará varias paradas en diferentes ciudades, para sumar apoyo, presencia y solidaridad, camino a Santa Cruz.
Los trabajadores docentes de Santa Cruz vienen sosteniendo una huelga de enorme trascendencia, que ya lleva 46 días, a lo largo de los cuales sumaron el apoyo de padres, alumnos y la comunidad en general. A pesar de las enormes muestras de solidaridad y del tesón con que los docentes sostienen esta medida de fuerza, el gobernador kirchnerista Daniel Peralta, no sólo no convocó nuevamente a las negociaciones paritarias levantadas unilateralmente por su gobierno, sino que impulsó una campaña de deslegitimación del reclamo, atacando a los docentes, decretando la incorporación de suplentes para reemplazar a los trabajadores de paro, realizando descuentos salariales y multas ($700 mil de sanción económica al gremio ADOSAC y 1.000 pesos de multa por cada día de paro), judicializando la protesta (51 docentes procesados) y amenazando siempre con la represión de la gendarmería.
Cabe señalar que el conflicto por recomposición salarial se inició el 28 de febrero y que la medida de lucha se profundizó luego del ataque por parte de una patota del gremio de la construcción (UOCRA) a un grupo de docentes el pasado 12 de abril.
Durante estas semanas de conflicto, los docentes llevaron adelante cortes de ruta y calles, bloqueos a las empresas petroleras y masivas movilizaciones en las principales ciudades de la provincia, como Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Decenas de escuelas se mantienen tomadas por padres y estudiantes que, organizados en asambleas dieron un contundente apoyo al reclamo de que el gobierno de una resolución al conflicto. También fue central la solidaridad de los trabajadores petroleros de Santa Cruz –quienes llevaron adelante hace semanas un importantísimo paro-. Los petroleros cortaron rutas con los docentes y sostuvieron los bloqueos a las plantas de petróleo y los pozos. Además del conflicto docente, los petroleros se encuentran en estado de alerta ante los intentos de avance de la intervención en el gremio sobre la organización de los trabajadores y la amenaza de YPF de no pagar a las empresas contratistas que no hayan producido.
Mientras el gobierno provincial se dedicó a atacar la huelga sin dar respuesta alguna a los reclamos, el gobierno nacional hizo la plancha, por un lado argumentando que es un conflicto de resolución provincial y por el otro avalando los ataques a los docentes. En este sentido, ADOSAC sostuvo en una carta a los docentes de todo el país difundida esta semana que “Creemos que es hora que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández -quien ha saltado a la vida política desde nuestra provincia- tome cartas en el asunto y adopte las medidas necesarias para solucionar nuestro reclamo, ya que habiendo realizado gestiones en el Ministerios Nacionales de Educación y Trabajo tampoco encontramos puertas abiertas que destraben el conflicto y, en Santa Cruz, el Gobernador Peralta ha demostrado su incapacidad para hacerlo” (ver carta completa ). Por su parte, la CTERA, gremio docente a nivel nacional sólo ha apoyado formalmente en el reclamo y la denuncia del ataque de la UOCRA, pero no ha convocado a ninguna medida de apoyo y mucho menos una huelga a nivel nacional.
El paro nacional de la CTA realizado ayer, miércoles 8 de junio, tuvo como uno de los ejes centrales el apoyo a la lucha de los trabajadores docentes de Santa Cruz, que se sumó a los reclamos contra la inflación, la precariedad laboral, por la recomposición salarial y el 82 por ciento móvil para los jubilados. Se realizaron movilizaciones y actos en todo el país.
Durante esta semana, el gobierno provincial siguió sin plantear una resolución al conflicto y se mantuvieron los bloqueos a las plantas petroleras, las asambleas y los colegios tomados. Muestra del apoyo de los alumnos al reclamo, es que decenas de organizaciones estudiantiles de toda la provincia están convocando a todos los colegios para una marcha a Río Gallegos para el lunes 13 que reclame soluciones urgentes al gobierno, que enfrente los aprietes a los estudiantes e imponga la agenda de las necesidades estudiantiles.
La caravana solidaria partirá el viernes 10 de junio, a las 18 hs, desde el Palacio Pizurno (Callao entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay), sede del Ministerio de Educación Nacional. Entre las personalidades y organizaciones convocantes se encuentran el SERPAJ y el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Ezquivel, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), diversas seccionales de CTA, ATE y gremios docentes como ATEN, AGMER, ANSAFE, ADEMYS, CONADU Histórica, SUTEBA, la COMPA (Coordinadora de movimientos populares de la Argentina),la FUBA, FULP (La Plata), FUP (Patagonia), centenares de comisiones internas, organizaciones estudiantiles y centros de estudiantes, organizaciones territoriales, agrupaciones obreras de base y partidos de izquierda.
Santa Cruz, 9 de junio de 2011 (Red Eco).- El viernes 10 de junio partirá de la Ciudad de Buenos Aires, una Caravana de Solidaridad con la lucha de lxs docentes de Santa Cruz, que llevará alimentos no perecederos hasta la provincia austral, en la que la huelga ya lleva 46 días. Una delegación integrada por representantes de los gremios y organizaciones que llevaron adelante la campaña de recolección de alimentos encabezará la caravana, que realizará varias paradas en diferentes ciudades, para sumar apoyo, presencia y solidaridad, camino a Santa Cruz.
Los trabajadores docentes de Santa Cruz vienen sosteniendo una huelga de enorme trascendencia, que ya lleva 46 días, a lo largo de los cuales sumaron el apoyo de padres, alumnos y la comunidad en general. A pesar de las enormes muestras de solidaridad y del tesón con que los docentes sostienen esta medida de fuerza, el gobernador kirchnerista Daniel Peralta, no sólo no convocó nuevamente a las negociaciones paritarias levantadas unilateralmente por su gobierno, sino que impulsó una campaña de deslegitimación del reclamo, atacando a los docentes, decretando la incorporación de suplentes para reemplazar a los trabajadores de paro, realizando descuentos salariales y multas ($700 mil de sanción económica al gremio ADOSAC y 1.000 pesos de multa por cada día de paro), judicializando la protesta (51 docentes procesados) y amenazando siempre con la represión de la gendarmería.
Cabe señalar que el conflicto por recomposición salarial se inició el 28 de febrero y que la medida de lucha se profundizó luego del ataque por parte de una patota del gremio de la construcción (UOCRA) a un grupo de docentes el pasado 12 de abril.
Durante estas semanas de conflicto, los docentes llevaron adelante cortes de ruta y calles, bloqueos a las empresas petroleras y masivas movilizaciones en las principales ciudades de la provincia, como Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Decenas de escuelas se mantienen tomadas por padres y estudiantes que, organizados en asambleas dieron un contundente apoyo al reclamo de que el gobierno de una resolución al conflicto. También fue central la solidaridad de los trabajadores petroleros de Santa Cruz –quienes llevaron adelante hace semanas un importantísimo paro-. Los petroleros cortaron rutas con los docentes y sostuvieron los bloqueos a las plantas de petróleo y los pozos. Además del conflicto docente, los petroleros se encuentran en estado de alerta ante los intentos de avance de la intervención en el gremio sobre la organización de los trabajadores y la amenaza de YPF de no pagar a las empresas contratistas que no hayan producido.
Mientras el gobierno provincial se dedicó a atacar la huelga sin dar respuesta alguna a los reclamos, el gobierno nacional hizo la plancha, por un lado argumentando que es un conflicto de resolución provincial y por el otro avalando los ataques a los docentes. En este sentido, ADOSAC sostuvo en una carta a los docentes de todo el país difundida esta semana que “Creemos que es hora que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández -quien ha saltado a la vida política desde nuestra provincia- tome cartas en el asunto y adopte las medidas necesarias para solucionar nuestro reclamo, ya que habiendo realizado gestiones en el Ministerios Nacionales de Educación y Trabajo tampoco encontramos puertas abiertas que destraben el conflicto y, en Santa Cruz, el Gobernador Peralta ha demostrado su incapacidad para hacerlo” (ver carta completa ). Por su parte, la CTERA, gremio docente a nivel nacional sólo ha apoyado formalmente en el reclamo y la denuncia del ataque de la UOCRA, pero no ha convocado a ninguna medida de apoyo y mucho menos una huelga a nivel nacional.
El paro nacional de la CTA realizado ayer, miércoles 8 de junio, tuvo como uno de los ejes centrales el apoyo a la lucha de los trabajadores docentes de Santa Cruz, que se sumó a los reclamos contra la inflación, la precariedad laboral, por la recomposición salarial y el 82 por ciento móvil para los jubilados. Se realizaron movilizaciones y actos en todo el país.
Durante esta semana, el gobierno provincial siguió sin plantear una resolución al conflicto y se mantuvieron los bloqueos a las plantas petroleras, las asambleas y los colegios tomados. Muestra del apoyo de los alumnos al reclamo, es que decenas de organizaciones estudiantiles de toda la provincia están convocando a todos los colegios para una marcha a Río Gallegos para el lunes 13 que reclame soluciones urgentes al gobierno, que enfrente los aprietes a los estudiantes e imponga la agenda de las necesidades estudiantiles.
La caravana solidaria partirá el viernes 10 de junio, a las 18 hs, desde el Palacio Pizurno (Callao entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay), sede del Ministerio de Educación Nacional. Entre las personalidades y organizaciones convocantes se encuentran el SERPAJ y el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Ezquivel, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), diversas seccionales de CTA, ATE y gremios docentes como ATEN, AGMER, ANSAFE, ADEMYS, CONADU Histórica, SUTEBA, la COMPA (Coordinadora de movimientos populares de la Argentina),la FUBA, FULP (La Plata), FUP (Patagonia), centenares de comisiones internas, organizaciones estudiantiles y centros de estudiantes, organizaciones territoriales, agrupaciones obreras de base y partidos de izquierda.
LECCIONES DE VIDA: JUBILADOS MARCHARON EN BUENOS AIRES
Ciudad de Buenos Aires, 9 de junio de 2011 (Fabiana Arencibia-Red Eco).- Sin ningún tipo de apurado posibilismo por los años que le roban al destino; sin ningún papel o guión más que el de su memoria activa; convincentes, fuertes, alegres, se reunieron como siempre, como cada miércoles de cada semana desde hace 20 años. Los jubilados y las jubiladas, se movilizaron ayer y convocaron a seguir la batalla de mañana, en la marcha 1001.
“Eso de la constancia lo aprendimos de las Madres de la Plaza y tomamos su frase como nuestra: ‘la única lucha que se pierde es la que se abandona’, dijeron.
El 11 de marzo de 1991, auge del neoliberalismo menemista, 41 organizaciones dieron el puntapié inicial y se movilizaron a las 17 horas frente al Congreso Nacional. “Y desde esa vez resistir es la consigna, hasta que los habitantes de esta bendita tierra, tengan la vigencia plena de la Justicia Social que ahora como abuelos seguimos pregonando”, dicen.
Eran tiempos de la convertibilidad, donde un dólar valía un peso y ellos instalaron su consigna, bajo del reclamo de “los 450”. Paradoja…o no tanto: los 450 dólares/pesos de entonces, serían 1.850 pesos de hoy. Pero casi el 80 % de nuestros viejos apenas llega actualmente a los 1.200.
Marcha Nº 82: 27 de octubre de 1993. La policía los reprimió, tirándoles encima sus motos a toda velocidad; atropellando a los jubilados o agrediéndolos con largos palos. Secuestraron al histórico camioncito que fue llevado a la Comisaría 6º con sus tres tripulantes. Esa fue “la tarde negra de las motocicletas asesinas y los bastones largos".
“Entonces vale hacer un recuento de lo que nos dejaron estos casi 20 años. Porque frente al Congreso pasaron muchas personas que se transformaron en personajes inolvidables: Norma Plá, que hizo llorar al ministro Domingo Cavallo; el hombre del perrito, que asistía a las Marchas con su mascota; el hombre del cuchillo atravesando su cabeza, el compañero que no iba a descansar hasta que Mirta Legrand lo invitara a sus almuerzos. Y habrá otros muchos para nombrar y recordar. Pero serán los actuales jubilados, continuando con su mandato, los que dirán presente el 8 de junio para hacer realidad el 82% Móvil”, escribió Elías Moure, uno de los luchadores históricos de este movimiento (1)
No es extraño que la marcha número 1000 de nuestros queridos viejos haya confluido con la jornada de paro y movilización convocada el día de ayer por la CTA (2)
Porque, tal como ellos dicen, los jubilados de mañana son los trabajadores de hoy. “Venimos planteando algo que no es solo de los jubilados. Es la lucha histórica de la clase obrera de nuestro país. La seguridad social es responsabilidad del Estado y la jubilación debe ser el sustituto del salario para poder vivir en las mismas condiciones del trabajador activo. Es la lucha para los jubilados actuales pero también es la lucha para las generaciones futuras. Hoy, un trabajador que se jubila entra en el 76 % de los jubilados que están bajo la línea de pobreza”, enfatizó Marcos Wollman (3)
“No reclamamos nada nuevo, sino lo que habíamos alcanzado, junto con los trabajadores, en 1958: el 82 por ciento móvil”, recordó Luis Cortadi, otro de los viejos jóvenes, otro batallador histórico.
La convocatoria al paro y movilización de ayer, decidida por los más de diez mil delegados que asistieron al Congreso Nacional Federal en Mar del Plata en marzo pasado, reunió a trabajadores de la central sindical (CTA) junto a los jubilados y también a los chicos.1_jubil_1000.jpg
“Aquí estamos nosotros, aprendiendo de ellos”, dijo Sergio, del Movimiento Nacional de Los Chicos del Pueblo. “Nosotros sabemos que ellos están peleando por nosotros, porque nosotros nos vamos a jubilar algún día. Y nos están mostrando el camino. Porque la educación no es un problema solo de los docentes, es de todos. Y la salud no es un problema de los profesionales y auxiliares sino también de todos. Como los niños también son de todos (…) El hambre es un crimen. En un país donde todos los días salen cinco buques o mas, con 30 mil toneladas de alimentos no se puede explicar el hambre. Pero es un crimen por el cual nadie paga. Alguien tiene que pagar el crimen del hambre”
Al frío de la tarde se lo llevó la sangre joven y caliente de sus cuerpos que acusan el paso de los años. La placa, incrustada en la vereda donde caminan sus marchas, y que quedará allí, como testimonio de las 1000, dice:”Mil miércoles. Mil esperanzas. Mil veces dignos. Mil veces imprescindibles. A ellos, a nuestros viejos, ejemplo de vida y militancia”
(1) Elías Moure es Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA).
(2) CTA es la Central de Trabajadores de la Argentina conducida por Pablo Micheli…por las dudas algún lector desprevenido no esté actualizado con las últimas informaciones por las que la justicia ratificó una vez más lo que la mayoría de los afiliados decidió en dos elecciones. Ver: Libertad y democracia sindical )
(3) Marcos
“Eso de la constancia lo aprendimos de las Madres de la Plaza y tomamos su frase como nuestra: ‘la única lucha que se pierde es la que se abandona’, dijeron.
El 11 de marzo de 1991, auge del neoliberalismo menemista, 41 organizaciones dieron el puntapié inicial y se movilizaron a las 17 horas frente al Congreso Nacional. “Y desde esa vez resistir es la consigna, hasta que los habitantes de esta bendita tierra, tengan la vigencia plena de la Justicia Social que ahora como abuelos seguimos pregonando”, dicen.
Eran tiempos de la convertibilidad, donde un dólar valía un peso y ellos instalaron su consigna, bajo del reclamo de “los 450”. Paradoja…o no tanto: los 450 dólares/pesos de entonces, serían 1.850 pesos de hoy. Pero casi el 80 % de nuestros viejos apenas llega actualmente a los 1.200.
Marcha Nº 82: 27 de octubre de 1993. La policía los reprimió, tirándoles encima sus motos a toda velocidad; atropellando a los jubilados o agrediéndolos con largos palos. Secuestraron al histórico camioncito que fue llevado a la Comisaría 6º con sus tres tripulantes. Esa fue “la tarde negra de las motocicletas asesinas y los bastones largos".
“Entonces vale hacer un recuento de lo que nos dejaron estos casi 20 años. Porque frente al Congreso pasaron muchas personas que se transformaron en personajes inolvidables: Norma Plá, que hizo llorar al ministro Domingo Cavallo; el hombre del perrito, que asistía a las Marchas con su mascota; el hombre del cuchillo atravesando su cabeza, el compañero que no iba a descansar hasta que Mirta Legrand lo invitara a sus almuerzos. Y habrá otros muchos para nombrar y recordar. Pero serán los actuales jubilados, continuando con su mandato, los que dirán presente el 8 de junio para hacer realidad el 82% Móvil”, escribió Elías Moure, uno de los luchadores históricos de este movimiento (1)
No es extraño que la marcha número 1000 de nuestros queridos viejos haya confluido con la jornada de paro y movilización convocada el día de ayer por la CTA (2)
Porque, tal como ellos dicen, los jubilados de mañana son los trabajadores de hoy. “Venimos planteando algo que no es solo de los jubilados. Es la lucha histórica de la clase obrera de nuestro país. La seguridad social es responsabilidad del Estado y la jubilación debe ser el sustituto del salario para poder vivir en las mismas condiciones del trabajador activo. Es la lucha para los jubilados actuales pero también es la lucha para las generaciones futuras. Hoy, un trabajador que se jubila entra en el 76 % de los jubilados que están bajo la línea de pobreza”, enfatizó Marcos Wollman (3)
“No reclamamos nada nuevo, sino lo que habíamos alcanzado, junto con los trabajadores, en 1958: el 82 por ciento móvil”, recordó Luis Cortadi, otro de los viejos jóvenes, otro batallador histórico.
La convocatoria al paro y movilización de ayer, decidida por los más de diez mil delegados que asistieron al Congreso Nacional Federal en Mar del Plata en marzo pasado, reunió a trabajadores de la central sindical (CTA) junto a los jubilados y también a los chicos.1_jubil_1000.jpg
“Aquí estamos nosotros, aprendiendo de ellos”, dijo Sergio, del Movimiento Nacional de Los Chicos del Pueblo. “Nosotros sabemos que ellos están peleando por nosotros, porque nosotros nos vamos a jubilar algún día. Y nos están mostrando el camino. Porque la educación no es un problema solo de los docentes, es de todos. Y la salud no es un problema de los profesionales y auxiliares sino también de todos. Como los niños también son de todos (…) El hambre es un crimen. En un país donde todos los días salen cinco buques o mas, con 30 mil toneladas de alimentos no se puede explicar el hambre. Pero es un crimen por el cual nadie paga. Alguien tiene que pagar el crimen del hambre”
Al frío de la tarde se lo llevó la sangre joven y caliente de sus cuerpos que acusan el paso de los años. La placa, incrustada en la vereda donde caminan sus marchas, y que quedará allí, como testimonio de las 1000, dice:”Mil miércoles. Mil esperanzas. Mil veces dignos. Mil veces imprescindibles. A ellos, a nuestros viejos, ejemplo de vida y militancia”
(1) Elías Moure es Presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados (FETRAJUB-CTA).
(2) CTA es la Central de Trabajadores de la Argentina conducida por Pablo Micheli…por las dudas algún lector desprevenido no esté actualizado con las últimas informaciones por las que la justicia ratificó una vez más lo que la mayoría de los afiliados decidió en dos elecciones. Ver: Libertad y democracia sindical )
(3) Marcos
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