La Multisectorial Contra la Represión y la Impunidad de la ciudad rionegrina denunció que “la policía de Río Negro y el poder judicial eligieron, una vez más, a una de las familias de las víctimas de la masacre de El Alto para ejercer el poder real de la violencia y la arbitrariedad”
Por Multisectorial Contra la Represión y la Impunidad de Bariloche
Foto: Chino Leiva
Foto: Chino Leiva
Este sábado una unidad de la comisaría 28 -la misma que desató la barbarie del 17 de junio de 2010-, allanó ilegalmente la vivienda de un familiar de Nino Carrasco, amedrentó y amenazó a sus ocupantes, para finalmente detener ilegalmente a un tío del joven asesinado hace 4 años.
A sólo 11 días de haberse cumplido 4 años de la masacre de El Alto, la policía hizo una demostración del poder acumulado a la sombra de la impunidad y con la cobertura institucional del gobierno provincial. Los barrios de la jurisdicción de la comisaría 28 siguen cautivos de estas prácticas de persecución y violencia ilegales.
Sin orden judicial la policía entró en una vivienda de barrio llevándose detenido a Luis Curaqueo, tío de una de las víctimas fatales de hace 4 años, sin causa que lo justifique ya que hasta el momento sólo es “por averiguación de antecedentes”. No exhibieron autorización del fiscal y/o juez antes de iniciar el procedimiento, por lo que fue ilegal tanto el allanamiento como la detención del muchacho.
La detención forzada de personas es una práctica absolutamente inaceptable en las fuerzas policiales actuando en un estado de derecho; es una práctica de la dictadura militar. ¿Esta es la policía de un sistema democrático? ¿Cuál es la política de seguridad dictada por este gobierno por la que actúa así la policía?
De nada sirven los comunicados de prensa de ocasión de las secretarías y/o organismos de los derechos humanos, que dice tener a disposición del pueblo este gobierno, si no tienen intervención política efectiva ante estas violaciones a los derechos humanos.
Cuando todavía estamos esperando manifestaciones políticas públicas que insten a la investigación por parte del poder judicial sobre los hechos del 17 de junio de 2010, las violaciones a los derechos humanos se reanudaron contra los vecinos de los barrios populares, afectando la vida cotidiana, la seguridad de los vecinos y victimizando nuevamente a los mismos protagonistas.
Cuando todavía estamos esperando manifestaciones políticas públicas que insten a la investigación por parte del poder judicial sobre los hechos del 17 de junio de 2010, las violaciones a los derechos humanos se reanudaron contra los vecinos de los barrios populares, afectando la vida cotidiana, la seguridad de los vecinos y victimizando nuevamente a los mismos protagonistas.
Este mismo sábado, vecinos del 2 de Abril reclamaron por el accionar de la policía ya que ante un conflicto entre vecinos actuó como una patota armada, se llevaron detenido a un niño, lo esposaron y lo mantuvieron durante horas en un calabozo, desconociendo nuevamente lo que dicta la ley en referencia al tratamiento de los menores.
Será imposible construir una sociedad igualitaria en esta ciudad mientras los palos y las balas valgan más que la vida y la salud. No nos sorprende esta práctica policial, aunque sí nos preocupa el silencio cómplice de la dirigencia política.
Los problemas barriales no se solucionan con represión y hostigamiento, se debe buscar la solución en la implementación de políticas sociales acordes a los barrios, que integren a sus habitantes con trabajo, salud, educación, etc
Esta multisectorial denuncia las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrió la policía de RN con el amparo del poder judicial de la Circunscripción III, a la vez que ratificamos la solidaridad y acompañamiento a las víctimas y sus familiares.
Finalmente, exigimos que los organismos democráticos de gobierno dejen de ser espectadores pasivos ante estas prácticas sistemáticas de violación de derechos y desconocimiento de la ley por parte de las fuerzas policiales, cumpliendo las funciones que correspondan como autoridades del gobierno responsables de velar por la integridad y bienestar de la población y de intervenir cuando ésta se vea amenazada.
Finalmente, exigimos que los organismos democráticos de gobierno dejen de ser espectadores pasivos ante estas prácticas sistemáticas de violación de derechos y desconocimiento de la ley por parte de las fuerzas policiales, cumpliendo las funciones que correspondan como autoridades del gobierno responsables de velar por la integridad y bienestar de la población y de intervenir cuando ésta se vea amenazada.
MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESION Y LA IMPUNIDAD DE BARILOCHE
Editoriales ANP
