Buenos Aires, domingo 7 de julio de 2013 (ANRed).- Veinte meses lleva la familia Solano sin Daniel Solano. La
historia nos muestra constantemente a mujeres repletas de coraje y de fuerza
que buscan a sus hijas e hijos, que reclaman justicia por ellos, que son
capaces de dejarlo todo por obtener respuestas que calmen algunas de las tantas
preguntas. En este caso –enredado si lo hay-, fue el papá de la víctima,
Gualberto, quien se puso al hombro el dolor y lo expresó gritando en silencio
con las facciones de su rostro. Hace cinco días que no come, con frecuencia
tiene episodios de hipertensión y ya sufrió dos principios de accidentes
cerebrovasculares desde que instaló su acampe frente al juzgado de Choele
Choel, cuando desaparecieron a su hijo. “No lo dejemos morir”, se pidió esta
tarde en el pueblo rionegrino en referencia al reclamo de un padre dispuesto a
dejar su vida por la verdad.
Por Soledad Arrieta
Neuquén (8300web).- Habla poco, pero dice mucho más de lo que podría expresar
con todas las palabras que manejamos la mayoría de las personas a diario. Lo
acompañan Pablo y Romina, tío y prima respectivamente de Daniel, además de los
abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio: “estamos acá por él”, sostienen
todos como si se tratara de una gran locura en la que ya están tan inmersos
como lo está la población del lugar con su indiferencia, pero del lado
contrario, literalmente en la vereda de enfrente.
Nunca
pudieron ver su cuerpo ni despedirse de él como lo indica la cultura del pueblo
originario (guaraní) al que pertenecen, pero asumen que está muerto. Lo
asumieron, según cuenta el letrado, el día que Heredia desembarcó en Choele
Choel para ocuparse del caso. Caso que, por otra parte, dista mucho de ser una
coincidencia de uniformados abusadores en un mismo espacio y lugar y abre un
abanico de datos que la justicia formal, estatal, tiene pereza de hilvanar.
Unos 2.500 kilómetros separan a Tartagal de Choele Choel. En
el primero de los sitios nació y vivió Daniel; en el segundo trabajó, fue
terciarizado y explotado, cuestionó y despareció.
Las y los trabajadores golondrina, como habitualmente se los
conoce, son las personas que se trasladan de unos lugares geográficos a otras
para ser explotadas laboralmente en actividades rurales, como la frutícola, en
general por empresas que terciarizan personal a otras empresas, más grandes y
más poderosas.
Las empresas aquí involucradas son Expofrut S.A. –cómplice-
y Agrocosecha S.A. –responsable directa de la desaparición y muerte del joven-.
Atrás, pero no lejos, está el Estado que admite la trata laboral, la
explotación, la terciarización y la existencia de redes mafiosas que pueden
terminar con todo lo que moleste. Pero en el medio, como nexo, se encuentra la
policía, tan estatal como privada en términos de los lados para los que juega:
es una fuerza bígama, funcional a los mejores postores, que siempre estarán
situados en el mismo lugar.
Agrocosecha S.A. pertenecía a los hermanos Adrián y Gustavo
Lapenta, quienes diluyeron la sociedad y ahora operan bajo otro nombre, mismo
rubro, mismas costumbres.
Daniel Solano cosechó manzanas y temor, por eso lo hicieron
desaparecer: les tienen miedo a quienes no tienen miedo, a quienes se atreven a
alzar la voz. Pocos días después, su padre demostraría de dónde sacó ese
coraje.
Pero no fue el único que desapareció. Pedro Cabaña Cubas y
Héctor Villagrán también desaparecieron, aunque al tiempo fue encontrado un
cuerpo misterioso que terminó por asignársele al segundo. Como si la gente
desapareciera porque sí, como si nada, y los cuerpos sin vida aparecieran de
forma tan natural que no asustan. Como si estas cosas ya no llamaran la
atención.
Tras un amotinamiento en el que reclamaban por la cercanía
con sus familias, los policías detenidos en el Penal I de Viedma por esta causa
fueron trasladados al partido de Lamarque el 29 de junio. Ante esto, Gualberto,
su familia y su abogado decidieron dejar de comer. La jueza que tomó la
determinación que favorece a los homicidas uniformados se acercó luego al
acampe para “disculparse”. “Respetamos los derechos del niño, pero ¿y el
derecho de la vida de Daniel?”, le respondieron: “él no está para reclamar por
lo que le hicieron, pero estamos nosotros”.
Hace dos días, se sumó a la protesta la madre de Atahualpa
Martínez Vinaya, el adolescente asesinado en 2008 en Viedma.
Todo por el tío Gualberto
Romina y Pablo llegaron cinco meses después que Gualberto al
acampe. Pablo, que también parece preferir no comunicar todo con el lenguaje
hablado, recuerda que la última vez que vieron a Daniel fue el 7 de octubre del
2011, en Tartagal, y que después sabían de él a través de su padre, quien sí se
comunicaba. “Hasta la noche en la que desaparece mandó mensajes”, resalta
Romina.
“En principio viene él (Gualberto Solano) con su hija y con
un cuñado de Daniel. La empresa le pone un abogado que lo trajinaba de aquí
para allá. Mi tío se dio cuenta de que este abogado tiraba más para el lado de
la empresa. Entonces armamos con la comunidad guaraní un encuentro y convocamos
al doctor Heredia para que él se venga para acá. Cuando él llega para acá se da
cuenta de que a mi tío Gualberto le estaban mintiendo y tratándolo de
ignorante. Le decían que mi primo estaba en Neuquén: ya le estaban entregando
el bolso con ropa de Daniel para que se vuelva a Tartagal”, cuenta con bronca
apretada en los labios la prima del desaparecido en democracia y agrega que
“gracias a nuestro abogado se empezaron a mover muchas cosas y salieron a la
luz”.
“Hoy se cumplen veinte meses de que lo desaparecieron y lo
mataron. De que él (Gualberto) se plantó en esa carpa en la desesperación de un
papá. Hasta que no le entreguen a su hijo, no se va a ir de acá. Lo único que
pedimos es algo justo, saber qué pasó con él y llevárnoslo de acá”, remarca la
joven.
Según contaron Pablo y Romina, durante todo este tiempo de
acampe debieron enfrentarse con situaciones de lo más paradójicas, que fueron
desde la persecución al abogado Heredia por parte de las compañeras de los
policías acusados hasta la llegada de una jueza para insultarlo y luego de los
hijos de esa jueza para amenazarlo. También tuvieron que presenciar una
supuesta “marcha” de trabajadores de Agrocosecha, coordinada por punteros
aliados a la empresa que les hicieron creer que gracias al abogado de la
familia Solano se estaban dificultando las posibilidades de trabajo: como se
dice vulgarmente “el tiro les salió por la culata”, ya que estos empleados
terminaron por desasnarse de cómo estaban siendo estafados y tuvieron que ser
resarcidos económicamente por ello.
“No dejen morir a Gualberto Solano”
“Yo llegué un 5 de diciembre y el día 7 de diciembre en una
terminal de aquí de Choele anuncié, delante del padre, que Daniel Solano había
sido asesinado. Desde esa frase que yo dije, todo pasa a ser una neblina, donde
todo se pierde. Comienza a verse una luz que es un objetivo, que tiene en el
fondo la palabra justicia” relata el abogado Sergio Heredia.
El "estudio jurídico" de Heredia y Aparicio,
instalado en el fondo de la capilla de Choele Choel. El obispo Esteban Laxague,
previo a la marcha, se solidarizó públicamente con la familia y con todas las
familias que sufren las pérdidas sus hijos: “nunca nos volvamos indiferentes
ante la desaparición ni a la muerte de nadie”.
“Hemos entrado a la penumbra de donde ustedes viven, a la
cloaca en la que viven, a la miseria que comenzó para ustedes una noche en
Macuba, pero para nosotros, los tartagalenses, es una miseria que comenzó hace
muchos años, cuando ingresan a mi pueblo y sacan aborígenes para ser traídos a
estos lugares y son explotados, discriminados y asesinados. Ahí comenzó nuestra
miseria. Pero lo lamentable es que ahí comenzó para nosotros, pero ustedes hace
mucho que la tienen y la consienten. La siguen consintiendo a pesar de que hoy
este grupo de norteños busque un cuerpo”, exclamó Heredia.
El abogado, que también se encuentra protestando a través de
una huelga de hambre, sostuvo que “quieren terminar el caso de Daniel Solano
con juicios solamente a siete policías, para que los verdaderos responsables de
estos crímenes queden impunes, que son jueces, fiscales, empresarios, encubridores.
No lo vamos a permitir”.
Sobre la medida extrema que están tomando, Heredia dijo que
“esto es una cuestión de defensa: si no nos matan aquí con la huelga de hambre,
nos van a matar en Tartagal porque son mafiosos. Solano murió por millones de pesos.
Y yo prefiero morir de hambre y que no me maten en Tartagal, porque en Tartagal
voy a andar con mi hijo”.
“Yo he venido a buscar un cuerpo aquí, cumpliendo una
promesa a una comunidad aborigen, para que este padre lo entierre como marca el
derecho natural. Si no entregan ese cuerpo, van a tener cinco cajones yendo a
Tartagal”, dijo el abogado de la familia Solano.
“La justicia y el Estado provincial dejó de buscar el cuerpo
de Daniel Solano y eso es lo que debe buscar el pueblo. Entreguen a su padre el
cuerpo de Daniel Solano. Ya no nos preguntemos dónde está. Entregar el cuerpo
al padre, es entregar la justicia a todos los padres. Es una vergüenza que en
plena democracia se encuentre un cuerpo y nadie diga nada. No nos llenemos la
boca de festejos y de aniversarios y de desaparecidos”, remarcó Heredia y
concluyó su discurso de cierre de la marcha diciendo que “hoy en otro julio,
con otro frío al que nosotros los norteños no estamos acostumbrados, les digo
que no vamos a claudicar, vamos a seguir trabajando: les pido a ustedes que no
dejen morir a Gualberto Solano”.
Cabaña Cuba y Villagrán, más que una coincidencia
Mientras los abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio
investigaban, fueron encontrándose con cabos sueltos. Para empezar, Daniel
Solano parecía no estar solo en la lista de desaparecidos en democracia en el
partido de Lamarque y en relación a las cosechas, lo acompañaban un paraguayo
llamado Pedro Cabaña Cuba y un jujeño llamado Héctor Villagrán.
“El primer encubridor que tiene el caso Solano se llama
Paulino Ribera, que es el que declara haberlo visto el día 9 de noviembre en el
bar El Tano. Después descubrimos que este hombre es el explotador de una
estancia que se llama El Negro Muerto, donde trabajaba Pedro Cabaña Cuba.
Llegamos a la conclusión de que Cabaña Cuba vio algo de Solano y por eso lo
matan”, señaló el doctor Heredia. Tiempo después, en la isla Conesa, aparece un
cuerpo, sin manos y sin pies, que tras un período significativo de burocracia
se determina que pertenece a Cabaña Cuba, “el paraguayo”. El abogado explicó
que la isla Conesa pertenece a la familia Berthe, “uno de los asesinos de
Solano (en referencia a Sandro Berthe). A su vez, Berthe era el que investigaba
la desaparición del paraguayo, quien supuestamente se fue en el colectivo,
igual que Solano”, ironizó.
Héctor Villagrán también trabajaba en Expofrut: “todo lleva
a la misma causa”.
“El caso ya está resuelto. Lo que pasa es que la justicia no
toma la decisión de poner presos. Ya sabemos quién lo mató, por qué lo mataron.
La justicia no quiere detener, porque no se quieren detener ellos mismos”,
concluyó Sergio Heredia.
La mafia
Leandro Aparicio, el otro abogado de la familia Solano, dice
que cuando llegaron “cualquiera podía advertir que era una causa que estaba
toda armada. El mismo policía que lo había llevado al boliche era el que
investigaba su desaparición. No solamente el encubrimiento era de la policía,
sino también de la jueza de instrucción, que fue apartada, del fiscal, de los
dueños del boliche, de los trabajadores del boliche, era un encubrimiento muy
grande del que todavía no hay ningún imputado. No hay ningún imputado de
encubrimiento, de autoría intelectual ni de complicidad: hay una mafia atrás”.
“La huelga de hambre no es una locura que se inventa para
llamar la atención. Nos enfrentamos con mafias, con grupos poderosos, con
intereses poderosos. Tienen conexiones dentro de Expofrut, con la justicia, con
la policía”, remarcaron los abogados Aparicio y Heredia, que además pusieron
énfasis en que descubrieron 179 causas por apremios ilegales. “Llegamos a un
momento en el que no podemos avanzar más. Ya acercamos toda la información a la
justicia de la estafa laboral, probamos la estafa laboral, necesariamente hay
complicidad de Expofrut, hay complicidad de los organismos de contralor”.
“Estos (Agrocosecha) son una asociación ilícita, una banda
que se dedica a estafar aborígenes. Eligen la víctima: no son jóvenes de Río
Negro. Tienen que tener policías, porque no cobraban por cajero, entraban a
cobrar a una oficina y tenía siete policías atrás”, señalaron: “era un modus
operandi. Con Solano lo mandan a matar, porque si Solano hacía el reclamo el
día lunes dejaban de facturar un millón y medio”.
El negocio de esa empresa, radica en modificar la realidad
en los papeles para así quedarse con una parte importante del dinero que la
empresa Expofrut destinaba a los empleados. Esto significa que factura a las
megaempresas que la contratan el monto real que deben percibir los trabajadores
y mediante el cual también se le deben realizar los aportes y contribuciones
patronales, pero luego a estos se les abona apenas una porción de ese dinero,
quedándose la terciarizadora con el voluptuoso remanente teniendo en cuenta la
cantidad de personal con la que cuentan.
Por otra parte, cuentan los abogados, los empleados no
tienen la posibilidad de cuestionar esta quita económica debido a que los pagos
se realizan de forma personal y con personal de la policía rionegrina presente
para evitar “inconvenientes”.
Desaparición forzada u homicidio
“Para nosotros es un homicidio, por más que no esté el
cuerpo, está probado. Hemos aportado pruebas también para probar la asociación
ilícita. Tenemos planteado denunciar también la trata y la desaparición forzada
de personas. Los tenemos presos por homicidio a los policías. Pero el fiscal no
quiere ir más, la jueza no quiere ir más y el gobierno no quiere ir más a la
parte de la autoría intelectual, de la trata de personas, de la asociación
ilícita”, respondieron los abogados en relación a la acusación por homicidio en
lugar de por desaparición forzada de persona.
Para concluir, Sergio Heredia sentenció: “si no se dan
respuestas a la brevedad, se empezarán a morir los de la familia Solano. Hemos
perdido todo y se ve solamente un objetivo. Prefiero morirme acá y no que me
maten un hijo en Tartagal”.
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