Desde diversos sectores se suele atacar y ningunear a aquellos organismos de derechos humanos, organizaciones y partidos que denuncian la "violación a los derechos humanos de ayer y de hoy" por estar supuestamente enarbolando una consigna abstracta que no contiene hechos visibles en la actualidad. Sin embargo, la realidad a veces irrumpe de manera contundente: en una empresa minera que forma parte de la estrategia económica-extractiva del gobierno nacional se descubre como empleado al que podría ser uno de los desaparecedores del escritor Haroldo Conti; la mano de obra de la dictadura reciclada en la policía provincial de Río Negro da cuenta de estructuras represivas intactas en las fuerzas del estado, de la mano de la desaparición de Daniel Solano; mientras que se trasnparenta el pasado colaboracionista de la empresa Ford con la última dictadura militar.
La mano de obra "especial" de la Barrick Gold
El pasado lunes 20 se conocía la noticia que indicaba que uno de los acusados por la desaparición del escritor Haroldo Conti en la madrugada del 5 de mayo de 1976, Rubén Osvaldo Bufano, ex integrante del Batallón 601 durante la última dictadura militar, había sido detenido como presunto corresponsable del secuestro y desaparición del escritor.
Bufano es muy conocido por los organismos de derechos humanos y los asambleístas antimegamineros de San Juan ya que, hasta su detención, coordinó desde el 2006 la seguridad privada en el yacimiento “Veladero” de la empresa megaminera Barrick Gold en la provincia. Como integrante del cuerpo de policía privado que posee la minera, Bufano siguió la lógica de la empresa: persecusión, represión, espionaje y escuchas a los ambientalistas que se oponen a los proyectos de la compañía.
Ramón Gómez Medero, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) dio cuenta, en declaraciones a los medios, que lo conoce bien a Bufano: “la cuestión de la policía privada de la Barrick es un secreto que circula. En realidad, la mano de obra barata y sucia que trabaja para la empresa es la mismísima policía provincial. Pero el trabajo del seguimiento, las escuchas y las amenazas contra nosotros proviene de este tipo de expertos. El llamado D-2 de la policía provincial le sirve a la minera, es decir que la seguridad pública está al servicio de la transnacional, pero este es un esquema que no sólo se da en San Juan, sino también en Catamarca, Chile y Perú donde recientemente se hizo una película al respecto que se llama `Operación Diablo´”.
Pero no sólo eso. Como si faltara algo más en su prontuario, Bufano también está acusado de haber participado en la conocida “Masacre de Fátima” , producida el 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas alojadas en la Superintendencia de Seguridad Social de la Policía Federal fueron trasladadas en camiones y luego fusilados en un tramo de la Ruta 8 , en la zona de Fátima, Pilar, provincia de Buenos Aires.
La mano de obra reciclada en las fuerzas represivas del estado
También la semana pasada habló el abogado de la familia Solano, Sergio Heredia, que en declaraciones radiales indicó que sospecha que el cuerpo del joven aborigen salteño Daniel Solano, estaría enterrado debajo de la Comisaría 8va. de Choele Choele, en Río Negro.
Las sospechas del abogado se basan en situaciones puntuales que surgieron en la investigación de la desaparición del trabajador de Tartagal (Salta):
Los mismos días en que desaparece Solano se iniciaron trabajos de refacción en esa unidad policial, a cargo del albañil Sandro Berthe, policía señalado como uno de los asesinos de Daniel, y que actualmente se encuentra detenido en el marco de la causa.
Ciertas pruebas testimoniales aportadas a la causa determinarían que en la Comisaría 8va. no solo estaría enterrado el cuerpo de Daniel Solano, sino también sus pertenencias. Dos detenidos indicaron que sacaron a Daniel Solano agonizando de la comisaría.
Los perros que trabajaron en el rastrillaje enloquecieron al entrar en la comisaría porque detectaron el olor de las pertenencias de Daniel enterradas allí.
El abogado declaró en la causa el pasado martes 21, en donde indicó que el móvil de la desaparición de Solano fue la protesta que el trabajador intentó organizar contra la empresa tercerizada Agro Cosecha - que ofrece mano de obra barata para la frutera Expo Frut - producto de incumplimientos e irregularidades en los pagos a sus empleados. “Pude exponer toda la estafa que realizó la empresa Agro Cosecha a miles de salteños aborígenes, y que ese fue el móvil de la muerte de Solano, por eso fue asesinado (…) Agro Cosecha es una asociación donde hay policías, empresarios, gente de Expofrut y también asesores legales de la Secretaría de Trabajo de Gobierno. Es una mafia.”, denunció el abogado.
“El Superior Tribunal de Justicia, cuando confirmó el procesamiento y la prisión, dijo bien claro que el oficial (Héctor) Martínez es el principal encubridor de sí mismo y plantó pistas faltas, etc. No lo pudo hacer solo Martínez; a eso lo ayudaron la jueza (Marisa) Bosco, el fiscal (Miguel Ángel) Flores, el comisario (Raúl) Aramendi, los dueños de Macuba (local bailable de Choele Choel), más algunos compañeros de Solano”, explicó el abogado Heredia.
“Probamos que los que mandaron matar a Solano estafaron obreros salteños por un valor de 19 millones de pesos, hay una causa de trata de personas que investiga la justicia federal. A los chicos los sacan, a los aborígenes de Cherenta, de orillas del Rio Pilcomayo para trabajar en el sur, y en Salta nadie dice nada, ni el Gobierno colaboró en nada”, denunció el abogado, que esperará las pruebas periciales y técnicas por parte de Gendarmería Nacional, que ya se solicitaron.
Daniel Solano se encuentra desaparecido hace un año y medio, hay 7 policías detenidos, y aún falta que se esclarezca el encubrimiento y la estafa de las empresas que explotan a trabajadores norteños. El gobierno provincial ordenó un expediente y se comprometió públicamente a ayudar a la familia, pero solo le enviaron 8 mil pesos a los familiares de Daniel Solano.
Ecos del terrorismo de estado en la Ford
Finalmente, también se conoció el procesamiento - sin prisión preventiva - de Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Francisco Jesús Sibilla, tres ex directivos de la empresa automotriz Ford Motors Argentina S.A., por la causa que investiga los secuestros de 24 obreros de esa fábrica automotriz entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976. Müller era gerente de Manufactura, Galarraga gerente de Relaciones Laborales, y Sibilla jefe de Seguridad de la compañía. También correspondía haber llamado a proceso a Nicolás Enrique Julián Courard, quien se habría desempeñado como presidente de la empresa Ford pero, según consta en la causa, habría fallecido en el año 1989 en Chile.
El fallo estuvo a cargo de la jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, que consideró a los tres acusados “partícipes primarios de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve de ellas agravadas por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterado en 24 ocasiones, todos los cuales concurren realmente entre sí”.
Se los acusa de haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares a los delegados y empleados Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán, para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa.
“Concretamente, a los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías -glosadas a sus Legajos personales de la empresa- y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos. Así también se les endilga, el haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo de Recreativo y/o de Deporte, para que en sus dependientes fueran interrogados. Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino”, indica el fallo.
Editoriales ANP
