Por Guido Turdera. El martes pasado manifestantes contra la megaminería fueron reprimidos por una patota de la UOCRA en las afueras de la Legislatura. Se iba a tratar el nuevo marco regulatorio que permitía la actividad megaminera en la provincia, prohibida por una ley del 2003.
Las filmaciones de manifestantes gritando y dispersándose entre corridas. Las fotos de un joven con su campera blanca teñida de rojo sangre. El ruido de las cadenas sobre los cuerpos, el desliz de los palos y las trompadas. La consecuente represión sobre los que se manifiestan en contra de un modelo extractivo que afecta de forma irreversible tanto a la tierra como a las personas. Estas imágenes se repiten una y otra vez a lo largo de la cordillera argentina. El último martes fue el turno de los asambleístas anti-megaminería de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut.
Resulta necesario recordar que en el año 2003, como producto de la presión popular organizada en asambleas vecinales, se realizó un plebiscito donde el 81% de la población votó en contra de la instalación en Esquel de la transnacional Meridian Gold Corp. Luego cobraría expresión institucional en la Ley 5001, que establece que se “prohíbe la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”. Desde aquellos años hasta el día de hoy, la visibilización del conflicto ha ido aumentando a nivel nacional junto con una escalada de violencia y represión hacia las posturas críticas, propias de las asambleas organizadas por las poblaciones locales.
El último martes a la tarde los militantes que conforman la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) decidieron marchar hacia la Legislatura en Rawson para manifestar su rechazo al “Proyecto de Ley de Marco Regulatorio de las Actividades Hidrocarburíferas y Mineras”. El principal objetivo de este proyecto es instalar la megaminería en Chubut, dando por tierra años con de lucha, resistencia y conquistas de los movimientos asamblearios. Asimismo, determinaría la nulidad de la Ley 5001, por la cual se prohíbe este tipo de actividad productiva. Al momento de su llegada, una no muy grata sorpresa los estaba esperando en las afueras del edificio: un contingente de hombres provistos con palos y cadenas. Entre ellos ondeaban banderas que portaban la insignia dela UOCRA, el sindicato de la construcción dirigido por el ex servicio de inteligencia de la última dictadura Gerardo Martínez, hoy en día parte fundamental del sindicalismo oficialista. Rápidamente la patota sindical se abalanzó sobre los manifestantes, reprimiendo a fuerza de golpes y cadenazos a hombres y mujeres, aún cuando se estaban retirando de las inmediaciones. El resultado fue una decena de manifestantes heridos y tres hospitalizados. La ausencia de la policía se hizo notar, liberando la zona para el libre accionar del grupo de choque.
Cabe destacar que una semana antes de estos sucesos, el gobernador de Chubut Martín Buzzi se encontraba personalmente con Martínez y José López, secretario de Obras Públicas dela Nación, en la sede nacional dela UOCRA. El motivo de la reunión era la presentación de un plan de construcción de viviendas para la provincia chubutense. Hacia el final del acto, el secretario general del gremio sostuvo que “estas soluciones habitacionales son producto de un diálogo y una gestión entre el gobierno nacional, provincial y la UOCRA, y conlleva a un mejor bienestar para todos los ciudadanos”.
A raíz de la fuerte represión, los comunicados de diferentes organizaciones populares no se hicieron esperar. Tanto la UAP como la Unión de Asambleas Ciudadanas esgrimieron tajantemente su repudio a los hechos ocurridos la semana pasada, declarándose esta última en “estado de alerta y movilización máxima en respuesta a la embestida de los gobiernos provincial y nacional contra la población de Chubut”. Asimismo,la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) se solidarizó con los asambleístas chubutenses, al sostener que esta lucha “es también la nuestra por una Argentina donde se valoren los recursos naturales como fuente de vida y no como meras mercancías”. Al día siguiente de la represión, se dieron masivas movilizaciones tanto en Rawson como en la ciudad de Buenos Aires en repudio a los actos represivos.
Las características que terminan de pincelar el cuadro del acontecimiento (esto es, el gobernador a favor de la megaminería, la represión ejercida por una patota sindical, la policía liberando la zona) no resultan ajenas al modus operandi en que el kirchnerismo y las mineras transnacionales pactan en detrimento de los intereses populares, sino que la constituye como tal y le otorga una forma acabada. La tercerización de la represión mediante grupos de choque a sueldo en connivencia con patotas sindicales se han convertido en métodos no sólo importantes, sino necesarios por parte de los poderes políticos locales (y, por supuesto, a escala nacional) para imponer legislaciones que, en realidad, terminan por atropellar lo que las poblaciones locales exigen a sus supuestos representantes.
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