Buenos Aires (Agenda Oculta)- "Nada ha cambiado desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Medios. Las licencias sobre el espectro radioeléctrico siguen en manos de unos pocos y la falta de acción de las autoridades designadas para su aplicación echan por tierra la bandera principal de los que fomentaron la Ley: la pluralidad de voces. *por Alejandro Pereyra, abogado especializado en comunicaciones y candidato del FAP a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Las máximas autoridades del Ejecutivo Nacional podrían preguntarse el por qué de tal circunstancia, para cuya respuesta bastaría con sondear entre los funcionarios a cargo del área, actuales o pasados, que justifiquen las causales de motivación más allá de la excusa fácil de la cláusula de desinversión, regulada por el artículo 161 de la Ley. Si sus respuestas fuesen sinceras, se desnudarían los graves errores que se han ido cometiendo desde la entrada en vigencia de la Ley.
Tales errores se agravarían en el futuro, si se pretende subsanar los errores a través de la aplicación de la caducidad de licencias (art. 113 de la Ley) y la prosecución del servicio caído en cabeza de licenciatarios autorizados para ello, como dicen la propaganda oficial en cada partido de fútbol de fin de semana. Es decir, además de estar recomendando nuevos errores en cuanto al derecho aplicable, se obliga a terceros a ser cómplices de dichos errores, que con el tiempo tendrán más dolores de cabeza que satisfacciones del capitalismo prebendarío al que lo llevan con estas medidas. Si cupiesen dudas sobre las continuas equivocaciones en la aplicación de la Ley, vale la pena recordar que los actos dictados por el AFSCA, pueden dividirse en: una inocultable cantidad de Resoluciones que adjudican licencias –muy pocas a nuevas voces– y todas o casi todas bajo la aplicación de la Ley Nro. 22.285, y algunas pocas que se han realizado dentro del marco de la nueva ley. Además, son adjudicadas con plazos de vigencia de quince más diez años, cuando deberían ser solo de diez años; las demás Resoluciones refieren a rechazos de nuevas voces, y un remanente menor de Resoluciones, respecto al llamado a un censo de radios y estaciones de televisión abierta – cuyo resultado no se conoce aún, luego de tres años - , o el llamado a concurso, más tarde suspendido y dejado sin efecto o a la implementación de la carpeta de acceso público de titularidad –que nunca se encuentra disponible– o la participación y facturación en pauta oficial Nacional, Provincial y Local, que jamás se informó. Ni que hablar del retroceso que implicó el dejar sin efecto el llamado a concurso de televisión abierta. Gran parte de estas equivocaciones se podrían solucionar mediante el reconocimiento de los errores en la redacción de la norma, y en los horrores que la soberbia y la ignorancia de los que ejecutaron las acciones gubernamentales. Pero la verdadera respuesta a la falta de aplicación de la Ley, radica en la permanencia oficial durante nueve años de gestión, donde siempre fue y sigue siendo el juego de uno solo. ¿Qué cambió desde la Intervención del COMFER, a la participación de un AFSCA colegiado –con un sentido univoco del oficialismo-?, o ¿Qué cambió en la actual composición, con relación a la aplicación del poder de policía administrativa, dador y administrador del espectro radioeléctrico? La respuesta es simple: NADA. El verdadero monopolio del ejercicio de la potestad pública lo tuvo y lo tiene el mismo elenco de funcionarios públicos. Si a ello se le suma cierta parálisis social, en materia de interpretación de tiempos y personajes en esta historia, lo concreto es que la perversidad del sistema no parece que sea producto de los actores que lo componen, sino de la ineficiencia de los resortes políticos del Gobierno en la materia. Más temprano que tarde será el propio oficialismo el que termine auto incriminándose con cada una de sus revisiones, avances, retrocesos y errores simples o dobles, en lo que haga a la aplicación de la Ley de Medios y allí estaremos atónitos, tal vez viendo un monólogo del funcionario que se vea alcanzado por su propia sombra, lo que será consecuencia matemática de la falta de alternancia, debate constructivo o aplicación del ejercicio de la función administrativa reglada, en los actos de la administración pública.
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