Sin embargo, uno de los primeros problemas del proyecto de ley es que el Congreso debatirá su sanción, impulsada desde el gobierno nacional para ser aprobada y sin modificaciones –política k en términos legislativos– beneficiando a los grandes, perjudicando al campo y a los pequeños productores –sobre todo de características familiares–.
La concentración de la tierra y su uso, la negación de incluir en un debate más amplio la soberanía alimentaria ha generado mediante desalojos, que criminalizan y matan a las familias que trabajan la tierra, un escenario aún más complejo.
Algunos aspectos a tener en cuenta.
La última ley vigente es la 20.247 que data de 1973 y no restringe el uso propio.
La nueva normativa establece el uso propio "gratuito u oneroso". Esto significa que aquellos pequeños semilleros que hicieron de la genética argentina un valor internacional, deberán “regalar” su tecnología a los grandes multinacionales. Además, se toma como base para el uso gratuito a los productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). Pero claro, uno de los argumentos desde el Ministerio, es el “libre acceso” que tendrán más de 50.000 productores, algo así como el 71 por ciento de los agricultores del país. Sin embargo, hay un trasfondo poco “democrático”.
Perjudica al campo porque los productores ya no podrán usar granos de su propia cosecha para utilizarlos en la de la próxima campaña. Es decir, previamente cada productor deberá pedir “permiso”. Sin embargo, el ministerio de Agricultura exceptuó en esta ley a los eventos biotecnológicos, es decir, a la mayoría de las semillas actuales, lo que implica que el uso de dichas semillas se regirá por la Ley de Patentes. Esto es que los usuarios, deberán firmar contratos con las grandes empresas de biotecnología. Un escenario favorable en este marco normativo lo tendrían por ejemplo empresas como Monsanto.
Al mismo tiempo, la avanzada de los monopolios y la ausencia del Estado frente a un debate que implemente una real democratización de las tierras, y no por el contrario el avance de la represión y la criminalización de los jóvenes que la trabajan como fueron los casos de Cristian Ferreyra y Manuel Galván del Mocase, impulsa la propuesta de diversas organizaciones campesinas en el proyecto "Ley de Freno a los desalojos"
Para quiénes sí, para quiénes no.
La aceptación de la industria Asociación Semilleros Argentinos (ASA) y de Aapresid, el respaldo con observaciones de la Rural, CRA y Coninagro, y el rechazo de la Federación Agraria Argentina (FAA) conforman el abanico de los que pisan fuerte.
Luego de un silencio aletargado, la ASA dará una conferencia de prensa el próximo miércoles con motivo de argumentar su apoyo a la ley lanzada por el kirchnerismo, aún cuando algunos del sector semillero preferían resignar las “regalías” que le dejaría la ley antes que quedar “pegados” al Gobierno nacional. Los argumentos buscarán tentar a la FAA, hasta ahora opositora y postular mejoras para la agroindustria. Entre las principales empresas nucleadas en ASA se cuentan, Advanta, BASF, Bayer, Monsanto, Nidera, Syngenta, entre otras.
Por otra parte, las organizaciones campesinas, indígenas y socio-ambientales entienden que el respeto que se pronuncia desde el oficialismo hacia la propiedad intelectual no es más que la profundización de la privatización de la biodiversidad, y la criminalización de los productores que no compren a corporaciones como Monsanto y Syngenta, entre otras, atentando contra la agricultura campesina y familiar, reduciendo la competencia y presionando el precio de los alimentos al alza.
Ley de Freno a los desalojos “Cristian Ferreyra”
En dicho marco, organizaciones de la agricultura familiar, campesinos, indígenas, productores de la periferia urbana y movimientos urbanos –Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina MNCI-CLOC-VC, FONAF, ACINA, FPDS-COMPA, entre otras- se movilizaron ayer al Congreso de la Nación para presentar un petitorio por el tratamiento y urgente aprobación de la Ley de Freno a los desalojos "Cristian Ferreyra"-en conmemoración del campesino del Mocase asesinado en noviembre de 2011-. Luego, se dirigieron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en contra del anteproyecto de Ley de Semillas y por una política que fomente la Soberanía Alimentaria.
La propuesta reside en elaborar un registro de habitantes y la duración en el inmueble (5 años). De esta manera, se irá estableciendo una nueva lógica en materia de legislación de usos de tierra urbana. Uno de los principales problemas que observan dichas organizaciones es el aumento de precios de los alimentos los cuales están directamente relacionados a la concentración de la tierra, de la producción y comercialización de alimentos en pocas corporaciones.
En diálogo con Llevalo Puesto en Radio Sur, Angel Strappazzon del Mocase mencionó que “El Estado debe reconocer al campesinado y el derecho a la tierra, con dominio colectivo y preveer la financiación”. En este sentido remarcó que “desde hace un año venimos trabajando una ley con todas las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar de la Argentina” que incida “en los alimentos sanos. Si consolidáramos con Estado el tema del circuito de mercados de alimentos de nuestra producción, el precio del alimento y la calidad bajaría sustancialmente”.
Por otra parte consideró que “el Ministerio de Agricultura ha tenido algunos problemas frente a la Subsecretaría de Agricultura Familiar que dirige Pérsico, y es el desfinanciamiento. Ahora hay un compromiso para derivar los fondos que nos corresponden como agricultores campesinos y familiares, unos 1200 millones de pesos. Podríamos pensar en este sentido en un desarrollo de la producción de la agricultura agroecológica y de la soberanía alimentaria”.
Por su parte y con respecto a la ley de semillas Deo Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-MNCI) aseguró que “es para que las trasnacionales se apoderen de un bien que es del pueblo, eso significaría la pérdida de mucha variedad de semillas que hoy están en manos de comunidades campesinas y productores familiares a lo largo y ancho de nuestro país”
En este sentido, Strappazzon agregó que la ley “ha sido impulsada por el establishment, y es una vergüenza para la historia genética argentina que sólo beneficia la privatización de las semillas. Lo que hay que entender es que son patrimonio del pueblo, no de cuatro empresas”
Y denunció que la ley se enmarca en una coyuntura de avance regional: “Monsanto está presionando con la CIA la aprobación de la ley –como en Brasil, Chile y el golpe de estado en Paraguay- que los beneficia económicamente aunque saben que van a perjudicar a toda la humanidad. La ley de semillas, se trata de golpes de estado también”.
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