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viernes, 9 de noviembre de 2012
SI FUISTE GENOCIDA EN NEUQUÉN, QUEDATE TRANQUILO
Buenos Aires, jueves 8 de noviembre 2012 (Marcha).- El martes pasado se conoció la sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “Escuelita 2” que refiere a un centro clandestino de detención ubicado en la provincia de Neuquén. Las condenas leves y las absoluciones generaron indignación.
“Estamos muy decepcionados con el veredicto que oímos del tribunal” declaró Juan Cruz Goñi, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre (APDH), al programa matutino Con el pie izquierdo de Radio Sur FM 88.3. Es que la sentencia no dejó conforme a nadie. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Neuquén sentenció a seis de los 21 acusados a condenas severas -de entre 19 y 23 años de prisión- mientras que siete recibieron penas más bajas de lo esperado por la querella y ocho fueron absueltos.
“Las 8 absoluciones nos parecen repudiables. 8 absoluciones que comprometían a un sector que para nosotros es fundamental: la Policía rionegrina” agregó Goñi. Además afirmó que “la entonces Comisaría 24° de Cipolletti se instituyó como centro clandestino de detención y de tortura. Sin embargo el Tribunal Federal ha establecido sobreseimientos a varios de los policías que fueron parte de este centro clandestino”.
Saturnino Martínez, Jorge Osvaldo Gaetani, Serapio del Carmen Barros, Emilio Jorge Sacchitella, Gerónimo Emilio Huircaín, Oscar Ignacio del Magro, Julio Héctor Villalobos y Desiderio Penchulef fueron los ocho imputados que resultaron absueltos. “Los motivos”, de estas absoluciones, “no los conocemos porque la sentencia, los fundamentos van a estar recién, se calcula, para fin de año” afirmó el abogado de APDH.
Por su parte el fiscal Marcelo Grosso declaró a la prensa, en medio de los cuestionamientos de los allegados a las víctimas, que no lo conformó el veredicto y que buscarán apelar. "Vamos a evaluar la posibilidad de ir a Casación por algunas absoluciones", señaló el funcionario judicial quien dejó en claro que "no cubrió las expectativas de la fiscalía. Pretendíamos otras penas y otras condenas".
A su vez Goñi destacó que “otra de las cuestiones que tiene este veredicto es que mantiene las condiciones de detención con las excarcelaciones y las prisiones domiciliarias cuando nosotros habíamos solicitado enfáticamente que se les de cárcel común a todos los genocidas”.
Además, el abogado se quejó de que aquellos que fueron condenados recibieron penas leves. “En delitos de lesa humanidad el juez no se puede alejar de los máximos penales porque son los delitos más graves que contiene nuestro orden jurídico. Porque no se atenta sólo contra las víctimas si no contra la humanidad misma” sostuvo.
La historia de la causa
En diálogo con el matutino emitido por Radio Sur Goñi comentó: “Este juicio es el segundo tramo de una causa que comenzó en el año 2008 dónde se juzgó a ocho represores. Ese primer juicio estuvo abocado a definir las responsabilidades que había, por parte de altos jefes militares, sobre este centro clandestino de detención conocido como La Escuelita”.
“Esta segunda parte del juicio era mucho más abarcativa porque no solamente se ocupaba de tratar las responsabilidades militares si no que también comprendía lo que nosotros entendíamos era un circuito represivo” amplió el abogado quién detalló las responsabilidades de otras fuerzas de seguridad en la represión. Esta segunda parte comprendía “la participación de la Policía de Río Negro; también la participación, más limitada, de la Policía de Neuquén, de la Gendarmería, de la Policía Federal, etc.”, explicó.
Tras conocerse el veredicto varios de los referentes que siguieron las instancias y que investigaron a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino la Escuelita, expresaron su bronca y el compromiso de continuar con la lucha por la verdad y la memoria.
"Vamos a seguir luchando", sintetizó Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, quien agregó que "no nos sentimos derrotadas porque la sangre de nuestros hijos no tiene precio, no se vende a ningún gobierno a ningún fiscal ni abogados".
Para Sergio Méndez Saavedra, detenido de Cutral Co, cuestionó la actitud del abogado Rodolfo Ponce de León y la otra defensora presente, Paola Rubianes, al decir "la pena vergonzosa que dan estos abogados". Agregó que los jueces del TOF dictaron "un fallo de impunidad". "No es una burla, es realmente un acto criminal que ha cometido por este tribunal y la justicia Federal", sintetizó Eduardo París, quien fue víctima de la última dictadura militar.