Hoy la situación es más alarmante. Tras la renuncia de Adrián López -por razones nunca dadas a conocer-, días antes de iniciarse el histórico juicio a los responsables de la Masacre de Trelew; la Subsecretaría esta acéfala. Esta situación se ha extendido durante más de un mes. El gobierno transmite una clara señal al mantener la acefalía en Derechos Humanos: la nula importancia que le da a esta dependencia estatal, la cual debería jugar un papel clave en la realidad social de Chubut, como garante del cumplimiento de los derechos básicos para sus habitantes.
Hoy están en curso dos juicios fundamentales para la historia y el presente de Chubut en lo que hace a la lucha por los Derechos Humanos: el juicio por la Masacre y el juicio por el espionaje desde la Base Aeronaval. Los mismos se vienen realizando sin que el gobierno realice un seguimiento real de su desarrollo, más allá de las fotos protocolares en el momento del inicio.
Tanto o más grave es la continuidad de la impunidad en los constantes casos de abuso policial e institucional. La falta de responsables condenados en el asesinato de Julián Antillanca es otro terrible ejemplo de la falta de vigencia que tiene la defensa de los Derechos Humanos en Chubut. En lugar de tener una Subsecretaria que cumpla su rol y genere programas tendientes a frenar la violencia institucional-policial, las acciones del Ministro Touriñan plantean la aplicación de “mano dura” como solución a la llamada “inseguridad”. En esa grave perspectiva se ubica la designación de Eduardo Chemín, uno de los policías involucrados en la desaparición forzada de Iván Torres, como jefe de la Brigada de Investigaciones de Rawson, decisión apoyada por Touriñan.
Además es importante señalar que nuestra provincia también está sufriendo el avance de las multinacionales mineras, que reclaman carta libre para saquear a Chubut y destruir su naturaleza. Sabemos que nuestro pueblo no cederá en su lucha por impedir estas prácticas que el gobierno provincial intenta habilitar.
En este contexto no es casual que el gobierno decida, por un lado, vaciar la dependencia estatal que debería ocuparse de los Derechos Humanos, y, por otro, aumente presupuesto para las instituciones que llevan adelante prácticas represivas contra quienes reclaman por sus derechos.
Por todo lo expuesto volvemos a instar al Gobernador que modifique su línea de gobierno, que demuestre en actos concretos, un real compromiso con la defensa y vigencia de los Derechos Humanos, y que designe a cargo de la Subsecretaria de Derechos Humanos a una persona que tenga una trayectoria comprobada en la lucha por la Memoria , la Verdad y la Justicia.
Comisión por la Memoria del Pueblo
Editoriales ANP
