Lucena y Rauzzino estaban acusados por el secuestro y desaparición de los militantes de la Juventud Obrera Católica Francisco Gregorio Ponce y Griselda del Huerto Ponce, el sobrino de ambos Julio Genaro Burgos y la estudiante Nelly Yolanda Borda. Para ambos represores tanto los familiares de las víctimas como la fiscalía habían pedido la pena de prisión perpetua en cárcel común.
Clérici dijo que “es agridulce el sabor sí, pero queda claro que esta no es una zona de paz, acá el terrorismo de estado, la doctrina de la seguridad nacional, la desaparición de personas se dio”. Sin embargo la pena más baja que la pedida y el arresto domiciliario “te dá mucha indignación sobre todo por el cinismo que se ha visto plasmado en las voces de ellos, en las caras, en las risas escondidas, se nos están burlando. Te dá mucha bronca, mucha desazón y vos ves en los familiares directos mucha amargura, una frustración tremenda, pero lo real y concreto es que habría que remontarse un poco a cómo fue la instrucción de la causa, acá el juez (Ricardo Antonio) Moreno cometió algunos errores”.
La integrante de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas aseguró que en Catamarca “quedan resabios de la dictadura, de jueces muy probos ellos en cuanto a su capacidad intelectual posiblemente pero de una ideología que los ha mantenido en el poder durante mucho tiempo y que han comulgado con la doctrina de la seguridad nacional y han tenido amistades bastante estrechas con gente de la dictadura y la han continuado durante todos estos años”.
Pero también destacó que “lo importante de este juicio es que se sepa que en Catamarca el terrorismo de estado estuvo. Acá no fue una isla, acá no es que no pasó nada, hemos tenido gobernadores civiles que han estado con la dictadura y hemos tenido funcionarios durante muchos años colaboradores de la dictadura, de modo que eso es lo importante para nosotros, saber que Catamarca estuvo dentro del Tercer Cuerpo del Ejército, que estuvo con Menéndez, que estuvo relacionada con Bussi”.
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