Argentina, 24 de mayo de 2012 (Asociación de Abogado/as de Derecho indígena ).- La Asociación de Abogado/as de Derecho indígena (AADI), tiene como objetivos principales promover la construcción de una República plurinacional y pluricultural, que establezca el reconocimiento pleno de la existencia de los Pueblos Indígenas que habitan su territorio y el derecho de los Pueblos, Comunidades y personas indígenas a conservar, desarrollar y fortalecer su identidad, cultura, idioma, instituciones, derechos, tradiciones culturales y sociales y que garantice la protección de sus tierras y territorios.
La AADI, asimismo, tiene como finalidad impulsar el pleno reconocimiento y la implementación efectiva de los Derechos indígenas en todas las instancias del Estado, en el desarrollo de sus políticas públicas y en sus prácticas.
En los últimos años se han sucedido hechos de discriminación y hostigamiento en contra de abogados que trabajan defendiendo, patrocinando a Personas y Pueblos Indígenas.
Situaciones que eran claramente injustas al conocerlas en forma individual resultan por demás preocupantes cuando- por su reiteración- se tornan una práctica naturalizada y consentida que entorpece o hasta impide la labor profesional de abogados y abogadas, máxime teniendo en cuenta que las acciones aquí denunciadas implican un hostigamiento a defensores y defensoras de Derechos Humanos de Pueblos Originarios.
Una de las situaciones a las que hacemos referencia es la de la abogada Sonia Ivanoff, a quien se persigue penalmente por supuesto uso de documento falso en concurso ideal con estafa procesal de acuerdo a los artículos 296 y 172 del CPP, junto a su patrocinado Carlos Anastasio Antileo de la Comunidad Mapuche Jacinto Antileo, a raíz del cuestionamiento de su propia firma, hecho absurdo cuando la misma fue ratificada oportunamente por la procesada y no ha existido perjuicio alguno invocable judicialmente y que se da en el contexto de un proceso donde es nada menos que el derecho a la tierra lo que está en juego.
Por su parte, Fernando Kosvsky quien ejerce la profesión de abogado en defensa de Derechos Humanos de personas indígenas en la Patagonia Argentina, ha sufrido denuncias reiteradas e infundadas en su contra en los últimos meses ante el Comité de Ética del Colegio de bogados de Bariloche, que por su reiteración y por darse siempre por actos dentro de su ejercicio profesional y vinculados a casos en los que se buscaba reivindicar derechos constitucionalmente reconocido a pueblos indígenas, constituyen actos que buscan intimidar al letrado y disuadirlo de las defensas asumidas quien debió presentar escrito de recusación al Juez, pues su defendidos manifestaron ser racialmente discriminados por el Juez de Instrucción Ricardo Calcagno.
Casos muy preocupantes nos llegan desde Formosa, donde Daniel Cabrera fue privado ilegítimamente de la libertad tres días desde el 17 al 19 de Agosto del 2011, en ocasión de encontrarse acompañando y asesorando a familias campesinas e indígenas que exigían una vivienda digna en la Localidad de Ingeniero Juárez, Provincia de Formosa. Se le imputo el delito de instigación a cometer delitos.
En esta misma provincia, ya en el año 2009, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, realiza una denuncia contra autores ignorados S/ Instigación a cometer delitos, Asociación Ilícita y Homicidio Culposo. Donde los abogados Daniel Cabrea y Gabriel Alcaraz, acompañaban una movilización del Pueblo Wichi, sobre ruta Nacional N°81 a 6 km de la Localidad de Las Lomitas, por su rol de acompañamiento de una causa justa en reivindicación de derechos reconocidos ampliamente por el Derecho Internacional de Derechos Humanos y nuestra Constitución Nacional por medios legales y pacíficos, el Sr. Defensor- Dr. Guialluca- menciona a los letrados, para que “se los investigue”, la denuncia fue presentada en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la 3era. Circunscripción Judicial de Las Lomitas.
No sería pertinente analizar los pormenores de cada una de estas situaciones, bastara lo hasta aquí descrito para graficar lo que como asociación y como hombres y mujeres de Derecho nos preocupa.
Escribimos esta carta con la convicción de no es posible dejar pasar tales atropellos sin denunciarlos ante la opinión pública.
Como venimos diciendo, nos encontramos profundamente preocupados por la situación generada en que abogados defensores de Derechos Humanos de Comunidades Indígenas se ven sistemática y permanentemente hostigados en su ejercicio profesional, en su defensa de los Derechos Humanos de estos Pueblos históricamente flagelados y diezmados, con actos que dificultan, entorpecen y criminalizan el trabajo de los defensores.
Hacemos nuestras las consideraciones de la Resolución 2280 (XXXVII-O/07) de la Organización de Estados Americanos referida a Defensores De Derechos Humanos: Apoyo A Las Tareas Que Desarrollan Las Personas, Grupos Y Organizaciones De La Sociedad Civil Para La Promoción Y Protección De Los Derechos Humanos En Las Américas 5/07/2007 que su parte resolutiva expresa: “ 1. Reiterar su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de derechos humanos, y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio.2. Reconocer que las mujeres defensoras de los derechos humanos, en virtud de sus actuaciones y necesidades específicas a su género, merecen atención especial que permita asegurar su plena protección y la eficacia de las importantes actividades que realizan. 3. Condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos en las Américas”.
Esto es un llamado a que recordemos que sin garantizar las condiciones necesarias para que los abogados defensores- y particularmente de los abogado/as defensores de DDHH- peticionen ante los tribunales, las bases mismas del sistema tambalean.
Todo esto, a su vez, compromete la responsabilidad de la República Argentina ante la comunidad internacional y los órganos internacionales de DDHH.
Quienes integramos la AADI, entendemos que es todo el sistema judicial y la vigencia de los Derechos Humanos lo que se pone en crisis al obstaculizar el trabajo de sus defensores en distintos ámbitos del país, están en juego el acceso a la justicia de los demandantes, el derecho a ejercer dignamente y con libertad suficiente la profesión de abogada/os, libre de hostigamientos o coerción alguna y – en definitiva- la vigencia misma del estado de derecho.
Editoriales ANP
