Buenos Aires, 24 de marzo de 2012 (Lavaca).- El 5 de septiembre de 2010 tres jóvenes fueron asesinados en Trelew en dos episodios que involucraban a policías provinciales. Este lunes 19 de marzo se dio a conocer la sentencia unificada de ambos casos, siendo condenados cinco de los ocho imputados por el crimen de los hermanos Aballay, pero absolviendo a quienes las pericias y testimonios señalaban como asesinos de Julián Antillanca. El padre de Julián denuncia la impunidad, una vez más, de la policía de Chubut. El tribunal, compuesto por los jueces Alejandro De Franco, Ivana González y Ana Laura Servent, argumentó que “sobre la base de la duda y la probabilidad no se puede condenar a cuatro personas a prisión perpetua”. Sin embargo, en la causa constan testimonios y análisis de ADN efectuados en los laboratorios de la Corte Suprema que vinculan la golpiza a Julián con el chofer Jorge Abraham, los suboficiales Pablo Morales y Martín Solís y la oficial Laura Córdoba, detenidos hasta este lunes.
Testigos y pericias
El caso de Antillanca se había movido relativamente rápido. Los primeros días tras aquel 5 de septiembre en que fue muerto, el abogado de Antillanca acercó una primera testigo que declaró haber visto a varios policías cargando el cuerpo de Julián. Fue la primera pista que articulaba los hechos con la golpiza que dejaron marcas en su rostro: Julián había ido a bailar con amigos, salió antes del boliche, tuvo un altercado con la policía, y jamás se lo volvió a ver con vida. El testimonio impulsó una serie de pericias en los laboratorios de la Corte Suprema de Trelew que concluyeron que la sangre de alfombras y asientos del patrullero señalado era de Julián Antillanca.
Detenidos a la espera del juicio, el juez a cargo concedió a los cuatro policías detenidos y procesados el beneficio de la prisión domiciliaria. Este lunes 19 se terminó de sellar la impunidad: desestimó los peritajes en los patrulleros y declaró como “poco creíbles” los testimonios que inculpaban a policías.
Dudas
La sentencia comenzó a leerse pasadas las 13:30. Los jueces dieron lugar a cada uno de los argumentos que esgrimieron los abogados defensores de los policías en sus alegatos. Si bien consideraron que Julián Antillanca fue efectivamente asesinado y muerto por un “traumatismo encéfalo-craneal” a causa de los golpes recibidos, desestimaron toda prueba que señalaba a los suboficiales Morales y Solís y la oficial Córdoba como los autores del crimen.
Determinaron como “poco creíble” el testimonio de Jorgelina Dominguez, joven que aseguró haber visto el cuerpo de Julián siendo bajado de un patrullero. Esa declaración fue la que sirvió para identificar a uno de los policías, el suboficial Martín Solís, y por extensión a sus compañeros de turno de la seccional 4º. Para descalificarlo, ya en el tramo de instrucción y días después de que declarara Jorgelina Domínguez, se presentó en la fiscalía Gabriela Bidera, otra supuesta testigo, quien aseguró que Domínguez mentía. En esa etapa procesal, su declaración fue desestimada y Bidera fue imputada por “encubrimiento agravado”.
Se iniciaron así una serie de peritajes sobre dos de los patrulleros en ronda aquella jornada, encontrando sangre de Julián Antillanca en alfombras y asientos de uno de ellos.
Ahora, el tribunal consideró insuficientes estas pruebas, ya que dejaban la culpabilidad en el terreno de la “duda” y la “probabilidad”.
El padre de Julián, César Antillanca, se pregunta quiénes sino los jueces son los encargados de responder esas “dudas”, y si los informes científicos y los testimonios no son suficientes qué otras pruebas se necesitan para condenarlos. Por eso apelará el fallo: “En la pelea seguimos: vamos a impugnar el fallo por arbitrario, horrorosamente tendencioso”.
César, el padre de Julián, dejó su trabajo para poder viajar de Comodoro Rivadavia a Trelew para seguir el trámite judicial. Recorrió provincias y hasta consiguió el apoyo del CELS y CORREPI para monitorear el juicio por su hijo. Tras el fallo, dice: “Esta impunidad, claramente, da vía libre a la policía del Chubut para potenciar sus prácticas de asesinatos, violaciones, desapariciones y golpes a nuestros jóvenes y toda nuestra sociedad. Esta impunidad es parte del acuerdo entre la policía, la justicia y el poder político del Chubut, que funcionan cada vez más como corporaciones que se encubren mutuamente.
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