Asimismo, denunciamos la situación grave que atraviesa la ciudad de Andalgalá, actualmente sitiada por bloqueos promineros selectivos y discriminatorios, cuya única finalidad es impedir la entrada a periodistas que no son de la zona o que presentan una visión crítica de la megaminería, así como de reconocidos organismos de derechos humanos.
Se trata de bloqueos en los ingresos a la ciudad, en los cuales se han apostado personas que han reconocido públicamente trabajar para las empresas mineras y empresas subcontratistas.
Gabriel Levinas, periodista de plazademayo.com y miembro de Plataforma 2012 no ha podido ingresar a la ciudad. Lo mismo ocurrió con un equipo de periodistas de TN y con nueve personas que iban en representación del Servicio de Paz y Justicia. Estas últimas, cuando se identificaron, además de impedírseles el ingreso, fueron amenazadas y se les dijo que Adolfo Pérez Esquivel era persona non grata allí, acusándolo de ser "el que organizaba con gente de afuera de la provincia toda esta acción de hippies y de ambientalistas contra la minería".
Se nos ha advertido también que camionetas de empresas contratistas patrullan controlando el territorio, siguiendo los movimientos de los periodistas y utilizando maquinaria de las empresas para cerrar caminos vecinales. La policía se ha limitado a controlar que no agredan a los periodistas, pero avala el cierre de los accesos a la localidad, demostrando claramente su complicidad con las patotas que no permiten el ingreso a la ciudad.
Este acto constituye un claro agravamiento de la situación de por sí ya extremadamente dramática que se vive en la provincia de Catamarca, luego de varios episodios represivos y constituye un peligroso atentado contra la libertad de expresión y el pluralismo periodístico, así como de grave persecución a las expresiones de solidaridad para con las resistencias contra la megaminería.
Plataforma 2012 exige a los gobiernos provincial y nacional el cese inmediato de la situación, asegurando los derechos y garantías básicas de todos los ciudadanos, frente a este grave escenario que indica el establecimiento de una zona liberada y controlada por las empresas mineras.
Asimismo expresamos nuestra solidaridad con todas las poblaciones que están resistiendo el avasallamiento de las corporaciones mineras, que han sufrido en estos días distintos modos de represión y, en particular hoy con la población de Andalgalá, organizaciones de derechos humanos y periodistas afectados.
Adjuntamos a esta declaración el resumen del pronunciamiento de Plataforma 2012 sobre megaminería, lanzado el 10 de febrero.
Editoriales ANP
