Río Negro, 29 de diciembre de 2011 (Red Eco).– La lista parece interminable, los nombres se suman sin darnos cuenta. La impunidad en Río Negro es moneda corriente. Los casos de muertes y desapariciones con policías provinciales involucrados son permanentes.
En Cipoletti, en la madrugada del 25 de diciembre pasado, Nicolás Scorolli conducía un auto robado cuando fue interceptado por la policía. Al bajar del vehículo, el adolescente de 16 años recibió de muy escasa distancia un disparo en la cabeza de una itaka policial. El cabo David Carrasco quedó detenido acusado de ser el autor del disparo, a pesar de haber relatado su poco original versión del “disparo que se escapó producto de un forcejeo con la víctima”.
El crimen de Nicolás se suma -tan solo por enumerar algunos- a los asesinatos de Diego Bonefoi, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche (por el asesinato de Diego fue condenado a 20 años de prisión el policía Sergio Colombil, pero los casos de Sergio y Nicolás continúan impunes), Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma, Guillermo Garrido en El Bolsón (el ahora apartado Juez de Instrucción Ricardo Calcagno había archivado la causa con la carátula de “suicidio”, la autopsia efectuada por peritos ajenos a la provincia determinó que la víctima había recibido un golpe contundente en la nuca en la comisaría 12 de El Bolsón, en la que se encontraba detenido por una infracción de tránsito), Guillermo Trafiñanco en Viedma (el Sargento Silvano Mesa fue condenado a 17 años por haberle disparado a dos centímetros de distancia al adolescente que estaba en el piso boca abajo y con las manos extendidas. A pesar de que los jueces rechazaron que se haya tratado de un disparo accidental, consideraron que era excesivo darle prisión perpetua como pidieron la fiscalía y la familia. El abogado querellante adelantó que apelará la pena.
A los asesinatos también hay que agregar las torturas y vejaciones en comisarías. El juez Martín Lozada procesó hace pocos días a dos policías de El Bolsón por golpizas y malos tratos a dos adolescentes. Los tiraron al suelo, los patearon y golpearon en el rostro, los esposaron y los ingresaron por la fuerza en un móvil, les impidieron llamar a sus padres. Ya en la comisaría, les ordenaron arreglarse la ropa, lavarse y volver a sus casas.
En un informe presentado por la CTA, en el que se analiza la situación en Río Negro tras 28 años de gobiernos radicales, dieron cuenta que actualmente la provincia tiene más de 100 crímenes impunes en su historia reciente, siendo la mayoría de ellos contra mujeres y jóvenes o adolescentes. “No es novedad que la UCR, partido que gobernó por 28 años a Río Negro, dejó una provincia diezmada: con una deuda estimada en 4.800 millones de pesos, que la coloca segunda en el país con la mayor deuda pública por habitante; muchos funcionarios con denuncias de corrupción en los diferentes poderes del Estado; una estructura productiva al servicio del capital concentrado; un Estado que no puede hacerse cargo de los servicios esenciales; una fuerte connivencia de las estructuras políticas y policiales con el delito que ha sembrado la provincias de asesinatos y desapariciones que aun están impunes”, señalaron desde la Central de los Trabajadores. Manifestaron además que la política de “exclusión social” llevada adelante por el gobierno de Río Negro se ha dado “en consonancia con una política represiva que ha tenido a la policía provincial como protagonista con el apoyo en numerosas ocasiones del Grupo Especial BORA”.
Justamente el Grupo Especial BORA apareció en el último tiempo como protagonista de otro caso, aún impune. Daniel Francisco Solano está desaparecido desde el 5 de noviembre pasado. Tiene 27 años y es oriundo de Salta de donde viajó hasta la zona de Valle Medio, Río Negro, en octubre pasado para trabajar en forma temporaria, a través de la empresa Agro Cosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional frutícola Expofruit.
La última vez que Daniel fue visto, era sacado por policías del Bora del boliche Macuba de la localidad de Choele Choel, el 5 de noviembre, a las 3.30 de la madrugada.
Los abogados de la familia de Daniel informaron que ya hay 16 personas denunciadas, entre policías, fiscales y hasta la jueza Marisa Bosco que intervino en primera instancia. Aseguran que se comprobó el desvío de la investigación. Mediante la utilización de testigos falsos se quiso hacer creer que el joven había decidido por su propia voluntad viajar a Neuquén tras el episodio en el boliche. Los testigos admitieron finalmente haber recibido presiones de parte del Grupo Bora. Además, tanto la ropa como la documentación de Daniel fueron encontradas en el lugar donde vivía.
A casi dos meses de su desaparición, los familiares de Daniel han realizado varias movilizaciones exigiendo su aparición con vida. La última fue ayer en la plaza céntrica de la localidad de Luis Beltrán, bajo la consigna: “No hay democracia con desaparecidos y no hay justicia donde hay impunidad”. Allí continuaron juntando firmas para dos petitorios. Uno, para pedir por la aparición de Daniel, el esclarecimiento del caso, juicio y castigo para los responsables ideológicos y materiales de su desaparición. Y el otro, para exigir el desmantelamiento total del grupo Bora y la no incorporación de sus miembros a actividades de la sociedad civil.
Este último pedido se relaciona con el anuncio del flamante gobernador de Río Negro, el kirchnerista Carlos Soria, de desactivar al grupo especial Bora de la estructura de la policía provincial. Según el mandatario, resolvió tomar esta medida por la “mala impresión” que generaba el grupo en la comunidad. Sin embargo, aclaró que los actuales integrantes del Bora pasarán a ser parte de un nuevo grupo porque los considera “hombres muy valiosos”, cuya formación “le costó mucho a la provincia y a la ciudadanía”. Es decir, distinto nombre, mismos integrantes: Muerte e Impunidad garantizadas.
Fuentes: Agencia Pelota de Trapo / CTA / Farco / fm899.com / Diario Hoy
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