El Bolsón (ANPP).- La diputada nacional Verónica Benas (de Solidaridad e Igualdad) presentó un proyecto de ley de modificacíón del Código Minero que propone priorizar el medio ambiente y la salud de las poblaciones sobre la rentabilidad minera.
Hizo un llamamiento a la población para instalar el debate, “ya que el Congreso Nacional no considera proyectos de reforma a la Ley y Código de Minería”, ni la comisión de minería en ambas Cámaras coloca en temario ningún proyecto que reformule la minería contaminante a gran escala por otras explotaciones artesanales.
La legisladora criticó el criterio de “utilidad pública”, del artículo 13 del código, que da fundamento a la expropiación y constitución de servidumbres a favor de las concesiones.
“Actualmente reconocemos que hay intereses superiores que tienen que ver con la preservación del planeta y de determinados recursos esenciales para la vida, como el agua, que siendo un bien absolutamente indispensable y escaso, resulta ser un recurso en riesgo y en muchos casos severamente contaminado precisamente, por actividades mineras insuficientemente controladas”, señaló.
Y se preguntó: “¿Puede ser considerada de utilidad pública una actividad que utiliza millones de litros de agua por día... aún llevándose a cabo en zonas semidesérticas; qué consume entre el 7% y el 10% de la producción mundial de energía, millones de metros cúbicos anuales de combustibles fósiles (gas o gasoil), en proceso de agotamiento (por ejemplo Potasio Río Colorado prevé utilizar 1.000.000 de metros cúbicos de gas diarios) o que desconoce los derechos de las comunidades aborígenes, avanzando sobre sus territorios?”.
“La minería a gran escala es sólo útil a intereses privados”, sentenció.
La eliminación del artículo 13, por tanto, es una de las modificaciones propuestas por Verónica Benas, de modo de proteger los bienes colectivos presentes y de las generacies futuras.
El proyecto contempla la prohibición de la actividad minera en tierras habitadas por pueblos originarios, tierras cultivadas o de pastoreo, áreas protegidas, bosques nativos, y tierras que sean hábitat de una o más especies autóctonas de flora o fauna consideradas en “peligro de extinción”.
La restricción alcanzaría también a zonas con glaciares y con nacientes de ríos, así como áreas que conforman cuencas y escorrentías.
Benas impulsa también la derogación del artículo 158, que permite que si el terreno correspondiente a una concesión es del Estado, la cesión sea gratuita.
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