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lunes, 20 de julio de 2020
EL HOYO: VECINOS/AS SE AUTOCONVOCAN PARA EL MARTES 21 DE JULIO
DECLARACIONES DEL INTENDENTE DE EL HOYO POL HUISMAN: "ESTO DESNUDA UN MECANISMO...EMPRESARIOS INMOBILIARIOS HACEN FORTUNAS CON EL EMPOBRECIMIENTO DE LOS VECINOS Y ESTO HABÍA QUE FRENARLO"
Escuchemos sus declaraciones de Pol Huisman:
"Me parece que esto desnuda un mecanismo, una trama macabra de tiroteos, es cuestión del porqué hay vecinos que hace 80 o 90 años ocupaban un territorio y no le arreglan su situación dominial. Y está claro, porque muchos personajes, muchos empresarios inmobiliarios, hacen fortunas con esto, hacen fortuna con el empobrecimiento de los vecinos y esto había que frenarlo. Y bueno, nosotros tratamos de frenarlo."
También expresó: "Yo quiero agradecer y creo que todos saben que nosotros no vamos a aflojar. Que vamos primero resolver, ordenar todo esto que está pasando y después vamos a avanzar con lo que siempre dijimos que van a hacer, que de entrada va a ser difícil con este Concejo Deliberante. Vamos a ver cómo ordenamos eso y lo dejo así, abierto como para poder trabajar de la mejor manera posible. Nosotros vamos a seguir con nuestro objetivo, totalmente fortalecidos por el apoyo que recibimos de todos lados, así que muchísimas gracias a todos y todas".
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CONTINUAMOS EN RADIO ABIERTA DESDE LA MUNICIPALIDAD DE EL HOYO
En conjunto Radio Fogón y Radio La Negra registrando la voz de los vecinos y vecinas que le dicen NO al intento destituyente del intendente Pol Huisman.
Así iniciaba la transmisión:
Palabras de Martín Costa, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de El Hoyo. Informó que el Supremo Tribunal de Justicia de Chubut, en Rawson, ya se encuentra "abordando la presentación realizada para salvaguardar la democracia".
También en declaraciones a la radio abierta reafirmó la instancia de diálogo como forma de resolución de las diferencias y la salida política como mecanismos democrático. "Queremos volver lo más rápido posible a la normalidad institucional que nos permita seguir trabajando ", escuchemos:
Palabras de Tatiana Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Hoyo:
Palabras de vecinos/as movilizados a la Municipalidad de El Hoyo:
Nuevamente mantuvo contacto con la radio abierta y los/as vecinos/as Matín Costa, quien comunicó y trasmitió tranquilidad, también que el intendente Pol Huisman se ha encontrado toda la mañana atendiendo medios nacionales preocupados por la situación y que hay una convocatoria, que circula desde el día viernes, para las 12 horas, momento en el cual podríamos contar con las palabras del intendente:
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Palabras de Tatiana Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de El Hoyo:
Palabras de vecinos/as movilizados a la Municipalidad de El Hoyo:
Nuevamente mantuvo contacto con la radio abierta y los/as vecinos/as Matín Costa, quien comunicó y trasmitió tranquilidad, también que el intendente Pol Huisman se ha encontrado toda la mañana atendiendo medios nacionales preocupados por la situación y que hay una convocatoria, que circula desde el día viernes, para las 12 horas, momento en el cual podríamos contar con las palabras del intendente:
Seguí escuchando por:
Radio La Negra: lanegra.redenfoques.com.ar
o
Radio Fogón: http://server3.veemesoft.com.ar:26389
AHORA: RADIO ABIERTA DESDE LA MUNICIPALIDAD DE EL HOYO
El Hoyo, Chubut (RLN).- Radio La Regra en conjunto con Radio Fogón realizan en estos momentos una radio abierta desde la Municipalidad de El Hoyo, donde un nutrido grupo de vecinas y vecinos, junto al intendente Pol Huisman resisten el intento destituyente.
Podes escuchar por:
Radio La Negra: lanegra.redenfoques.com.ar
o
Radio Fogón: http://server3.veemesoft.com.ar:26389
LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS ANTE LOS ASESINATOS MASIVOS, DESAPARICIONES Y OTROS CRÍMENES DE LOS ESTADOS NACIONAL Y PROVINCIALES
EL ROL DE INSTITUCIONES OFICIALES Y LAS SECRETARIAS DE DDHH ANTE ESAS ATROCIDADES.
DESAFIAMOS DISCUTIR ABIERTAMENTE.
(gremialdeabogados.org).-Vimos hace poco sin sorpresa como la Policía del Chaco, reventaba literalmente a un par de familias Qom, y al poco tiempo nos sorprendimos como “Comités contra la Tortura”, “Secretarías de DDHH” y otras instituciones estatales o para-estatales de la misma provincia corrieron a presentarse frente a esos hermanos Qom, a requerirles firmas para ir contra los policías.
Por supuesto, los policías están libres, y aquí no ha pasado nada, y esos organismos estatales ni parpadean. En algunos casos porque realmente creen en la Justicia y en el Derecho, (y además creen aún más en sus rentados puestos administrativos) no hacen mucho más de lo que su protocolos y códigos de procedimiento les especifican.
Esto lo venimos viendo desde (mínimo) hace diez años, o sea, desde que volvimos a reflotar la Gremial de Abogados y Abogadas.
Montones de organismos del Estado, o con sueldos del Estado que salen apresurados a “contener” a las familias de los asesinados por fuerzas de seguridad a quien les paga el mismo patrón que a ellos.
Lo grave es, justamente, que esas instituciones estatales o para-estatales con sueldos del Estado, jamás considerarán la responsabilidad del propio Estado, sea por sus limitaciones ideológicas, sea porque tienen otras ideas políticas, sea para mantener sus puestos rentados.
Porque de lo que se trata es de establecer la máxima responsabilidad ante una muerte, una desaparición o una tortura, y eso corresponde al Estado.
El máximo responsable de las torturas a los Qom en el Chaco es el Gobierno del Chaco y su gobernador. El máximo responsable de la desaparición de una persona en la Provincia de Buenos Aires o Tucumán son igualmente las máximas autoridades provinciales.
Si quieren pensar, decir y tratar de quitarles responsabilidades políticas a sus jefes y empleadores pueden hacerlo, pero no pretendan que todos los demás lo creamos así.
Hace años que los familiares de Kosteki y Santillán bregan por tratar de que los administradores de Justicia accedan a hacer lugar al planteo respecto de la responsabilidad jurídica y penal, de los funcionarios políticos del Gobierno (de Duhalde primero, de los Kirchner después y hoy nuevamente de este actual Gobierno) pero ahí empieza la divisoria de aguas, porque ni muchos organismos de DDHH acompañarán a las familias de esos dos cros caídos, ni mucho menos las “Secretarías” de DDHH de Nación o Provincia de Buenos Aires.
Y es entendible, no se tirarán contra sus empleadores o contra las conducciones de las fuerzas políticas que esos funcionarios “de DDHH” integran.
Junto a ésta nota, la Gremial de Abogados y Abogadas adjunta una planilla detallada de los casos de muertos, o desaparecidos durante la cuarentena, que hasta el momento que la elaborábamos eran veinte pero al escribir esto ya son veintidós y siguen subiendo. (en el enlace a la web)
Pero para ayudar a pensar (o a que nos puteen) vayamos a lo concreto de un ejemplo con algunas preguntas:
La Gendarmería Nacional, es una fuerza nacional o provincial??
Es Nacional y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio de Seguridad es una estructura autónoma o dependiente??
Es dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación o sea del propio Presidente de la Nación.
Entonces, si la gendarmería asesina a un chico como lo hizo en el Bajo Flores, con personal uniformado, en funciones de prevención, con armas reglamentarias, ¿el responsable es solo el gendarme que dispara o hay una responsabilidad en la cadena de mandos? Lo que se llama responsabilidad indirecta.
Para la Gremial de Abogados y Abogadas la responsabilidad de la muerte de ese chico llega hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a la Presidencia.
Acaso no se planteó así cuando desapareció Santiago Maldonado?
Acaso no culpábamos a la Ministra Bullrich y al Presidente Macri? Acaso no nos enfrentamos con Bullrich y Macri cuando asesinaron a Rafita Nahuel?
Es distinta la Gendarmeria de Bulrich que la de Fernández?
Demos otro ejemplo, los juicios de Lesa Humanidad, en estos juicios se ha condenado a altos oficiales de las FFAA por atroces delitos como muertes, torturas, etc.
Por supuesto no habrá una sola prueba que indique que Videla o Massera mataron o torturaron ellos personalmente a alguien. La responsabilidad es indirecta, si Videla era el Presidente o fulano o mengano eran los Jefes de Ejército o Armada, tendrán entonces una responsabilidad por torturas, fusilamientos o apropiación de bebés.
Los organismos de DDHH, las Secretarías de DDHH (querellantes en esas causas), festejan las condenas cuando se aplican las responsabilidades indirectas, pero miran para otro lado cuando se asesina alevosamente a un pibe pobre de un barrio pobre en un proceso de control poblacional como se viene haciendo durante la cuarentena.
He ahí la certeza de la Gremial cuando afirma que no existe la “justicia” tal como nos dicen que debería existir.
Los organismos estatales o para-estatales ahora se hacen los tontos cuando las fuerzas de seguridad del gobierno que integran producen semejantes matanzas.
Porque en este caso las instituciones que dirigen esas fuerzas de seguridad también les pagan sus sueldos a ellos y además son dirigentes del mismo proyecto político que es el del gobierno, o los de los gobiernos provinciales cuando es el caso.
Desde la Gremial de Abogados y Abogadas somos conscientes que hay muchos que no acordarán con estos planteos nuestros, sea por convicción o por conveniencia, pero instamos a las militancias de partidos y organismos de DDHH y sobre todo instamos a los familiares de muertos y desaparecidos a que hagan un esfuerzo para pensar, para reflexionar y para llevar la discusión de estas cuestiones a donde sea que haga falta.-
Ya no podemos ser “cuidadosos” o “diplomáticos” para tratar de evitar una discusión real y concreta que tiene responsables reales y concretos en una situación de represión que avanza y que será cada vez peor.
No podemos decir y repetir como lo hacemos “El Estado es responsable” pero callar ante determinado gobierno. Si el estado es responsable lo es con Duhalde, con Macri, con Kirchner o con Fernández.
La Gremial de Abogados y Abogadas se pondrá a la cabeza de esta discusión y no cederá ni un milímetro en estos planteos, porque surgen de hechos indiscutibles como son los que acá volcamos en la lista que adjuntamos.
Y quisiéramos ser objeto, más de críticas que de aplausos o acuerdos, porque estos últimos nos vienen siempre en la cara, pero los primeros son solapados y no se animan a decírnoslo.
Desafiamos a las autoridades de las Secretarías de DDHH de Nación y de cualquier provincia, a las Fiscalías de DDHH, de Género, de Violencia Institucional, a los jueces y fiscales de cualquier jurisdicción, a los Organismos de DDHH o colectivos de juristas y, por supuesto al o los Ministerios de Seguridad sea Nación o provincia. A cualquiera de todos estos, a que se animen a debatir con la Gremial de Abogados y Abogadas, en los términos que nos impongan, con los moderadores que nos indiquen y con los temarios que acordemos.
Quizás un debate de este tipo, por duro y áspero que sea, pueda evitar mas muertes y la sangría que están produciendo en los barrios y zonas de los pobres, o al menos determinar las responsabilidades.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Julio 2020.
DESAFIAMOS DISCUTIR ABIERTAMENTE.
Por supuesto, los policías están libres, y aquí no ha pasado nada, y esos organismos estatales ni parpadean. En algunos casos porque realmente creen en la Justicia y en el Derecho, (y además creen aún más en sus rentados puestos administrativos) no hacen mucho más de lo que su protocolos y códigos de procedimiento les especifican.
Esto lo venimos viendo desde (mínimo) hace diez años, o sea, desde que volvimos a reflotar la Gremial de Abogados y Abogadas.
Montones de organismos del Estado, o con sueldos del Estado que salen apresurados a “contener” a las familias de los asesinados por fuerzas de seguridad a quien les paga el mismo patrón que a ellos.
Lo grave es, justamente, que esas instituciones estatales o para-estatales con sueldos del Estado, jamás considerarán la responsabilidad del propio Estado, sea por sus limitaciones ideológicas, sea porque tienen otras ideas políticas, sea para mantener sus puestos rentados.
Porque de lo que se trata es de establecer la máxima responsabilidad ante una muerte, una desaparición o una tortura, y eso corresponde al Estado.
El máximo responsable de las torturas a los Qom en el Chaco es el Gobierno del Chaco y su gobernador. El máximo responsable de la desaparición de una persona en la Provincia de Buenos Aires o Tucumán son igualmente las máximas autoridades provinciales.
Si quieren pensar, decir y tratar de quitarles responsabilidades políticas a sus jefes y empleadores pueden hacerlo, pero no pretendan que todos los demás lo creamos así.
Hace años que los familiares de Kosteki y Santillán bregan por tratar de que los administradores de Justicia accedan a hacer lugar al planteo respecto de la responsabilidad jurídica y penal, de los funcionarios políticos del Gobierno (de Duhalde primero, de los Kirchner después y hoy nuevamente de este actual Gobierno) pero ahí empieza la divisoria de aguas, porque ni muchos organismos de DDHH acompañarán a las familias de esos dos cros caídos, ni mucho menos las “Secretarías” de DDHH de Nación o Provincia de Buenos Aires.
Y es entendible, no se tirarán contra sus empleadores o contra las conducciones de las fuerzas políticas que esos funcionarios “de DDHH” integran.
Junto a ésta nota, la Gremial de Abogados y Abogadas adjunta una planilla detallada de los casos de muertos, o desaparecidos durante la cuarentena, que hasta el momento que la elaborábamos eran veinte pero al escribir esto ya son veintidós y siguen subiendo. (en el enlace a la web)
Pero para ayudar a pensar (o a que nos puteen) vayamos a lo concreto de un ejemplo con algunas preguntas:
La Gendarmería Nacional, es una fuerza nacional o provincial??
Es Nacional y depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio de Seguridad es una estructura autónoma o dependiente??
Es dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación o sea del propio Presidente de la Nación.
Entonces, si la gendarmería asesina a un chico como lo hizo en el Bajo Flores, con personal uniformado, en funciones de prevención, con armas reglamentarias, ¿el responsable es solo el gendarme que dispara o hay una responsabilidad en la cadena de mandos? Lo que se llama responsabilidad indirecta.
Para la Gremial de Abogados y Abogadas la responsabilidad de la muerte de ese chico llega hasta el Ministerio de Seguridad de la Nación y alcanza a la Presidencia.
Acaso no se planteó así cuando desapareció Santiago Maldonado?
Acaso no culpábamos a la Ministra Bullrich y al Presidente Macri? Acaso no nos enfrentamos con Bullrich y Macri cuando asesinaron a Rafita Nahuel?
Es distinta la Gendarmeria de Bulrich que la de Fernández?
Demos otro ejemplo, los juicios de Lesa Humanidad, en estos juicios se ha condenado a altos oficiales de las FFAA por atroces delitos como muertes, torturas, etc.
Por supuesto no habrá una sola prueba que indique que Videla o Massera mataron o torturaron ellos personalmente a alguien. La responsabilidad es indirecta, si Videla era el Presidente o fulano o mengano eran los Jefes de Ejército o Armada, tendrán entonces una responsabilidad por torturas, fusilamientos o apropiación de bebés.
Los organismos de DDHH, las Secretarías de DDHH (querellantes en esas causas), festejan las condenas cuando se aplican las responsabilidades indirectas, pero miran para otro lado cuando se asesina alevosamente a un pibe pobre de un barrio pobre en un proceso de control poblacional como se viene haciendo durante la cuarentena.
He ahí la certeza de la Gremial cuando afirma que no existe la “justicia” tal como nos dicen que debería existir.
Los organismos estatales o para-estatales ahora se hacen los tontos cuando las fuerzas de seguridad del gobierno que integran producen semejantes matanzas.
Porque en este caso las instituciones que dirigen esas fuerzas de seguridad también les pagan sus sueldos a ellos y además son dirigentes del mismo proyecto político que es el del gobierno, o los de los gobiernos provinciales cuando es el caso.
Desde la Gremial de Abogados y Abogadas somos conscientes que hay muchos que no acordarán con estos planteos nuestros, sea por convicción o por conveniencia, pero instamos a las militancias de partidos y organismos de DDHH y sobre todo instamos a los familiares de muertos y desaparecidos a que hagan un esfuerzo para pensar, para reflexionar y para llevar la discusión de estas cuestiones a donde sea que haga falta.-
Ya no podemos ser “cuidadosos” o “diplomáticos” para tratar de evitar una discusión real y concreta que tiene responsables reales y concretos en una situación de represión que avanza y que será cada vez peor.
No podemos decir y repetir como lo hacemos “El Estado es responsable” pero callar ante determinado gobierno. Si el estado es responsable lo es con Duhalde, con Macri, con Kirchner o con Fernández.
La Gremial de Abogados y Abogadas se pondrá a la cabeza de esta discusión y no cederá ni un milímetro en estos planteos, porque surgen de hechos indiscutibles como son los que acá volcamos en la lista que adjuntamos.
Y quisiéramos ser objeto, más de críticas que de aplausos o acuerdos, porque estos últimos nos vienen siempre en la cara, pero los primeros son solapados y no se animan a decírnoslo.
Desafiamos a las autoridades de las Secretarías de DDHH de Nación y de cualquier provincia, a las Fiscalías de DDHH, de Género, de Violencia Institucional, a los jueces y fiscales de cualquier jurisdicción, a los Organismos de DDHH o colectivos de juristas y, por supuesto al o los Ministerios de Seguridad sea Nación o provincia. A cualquiera de todos estos, a que se animen a debatir con la Gremial de Abogados y Abogadas, en los términos que nos impongan, con los moderadores que nos indiquen y con los temarios que acordemos.
Quizás un debate de este tipo, por duro y áspero que sea, pueda evitar mas muertes y la sangría que están produciendo en los barrios y zonas de los pobres, o al menos determinar las responsabilidades.
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Julio 2020.
domingo, 19 de julio de 2020
sábado, 18 de julio de 2020
AMENAZAN A HEBE DE BONAFINI
COMUNICADO MADRES DE PLAZA DE MAYO
La Plata, 18 de julio de 2020
Siendo alrededor de las 2 de la mañana, fui amenazada de muerte a través del portero eléctrico de mi casa al que ingresaron después de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. "Para que te calles te vamos a matar", me dijeron.
A las 5.15 de la misma mañana sonó el teléfono de línea y una voz muy mafiosa me dijo, con el mismo tono, "te vamos a matar para que te calles".
Tengo custodia, pero no funciona. Cierran el auto y se van o duermen dentro de él. La custodia es federal.
Ya se hizo la denuncia correspondiente.
#HebeDeBonafini
Asociación Madres de Plaza de Mayo
NI UN PASO ATRÁS
CHUBUT CONTRA LA MEGAMINERÍA: “NOS DEBEN UNA LEY”
En defensa del agua, la vida y el territorio, el 22 de junio se lanzó en toda la provincia la campaña por la Segunda Iniciativa Popular contra la megaminería, una iniciativa de la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut que busca reafirmar la decisión de preservar el territorio frente a proyectos extractivistas.
(revistacitrica.com - por Gioia Claro).- En el sur, el invierno ya pinta de blanco los cerros. Barbijo y bufanda es la moda por estas latitudes. Sin embargo, llueva o nieve, en todas las localidades de Chubut, cumpliendo los protocolos sanitarios, se encuentra una mesita, un puesto sostenido a pulmón por vecines organizades. Se juntan firmas, pero también, y sobre todo, se unen las voluntades de un pueblo que, en toda su diversidad, propone y reclama maneras más dignas y sustentables de vida. Y que tiene claro que la megaminería no es una opción.
La Iniciativa Popular, campaña lanzada el 22 de junio en toda la provincia de Chubut, es un mecanismo de democracia semi directa, establecida en la Constitución Provincial, por el cual un porcentaje de la población (3% del padrón) puede presentar proyectos de ley para que sean tratados en la Legislatura. Una vez juntadas las firmas, primero se la presenta al Tribunal Electoral, y después que el tribunal la revisa, pasa a la Legislatura, que tiene seis meses para tratarla.
El proyecto de ley pretende “establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”, según indica su título, “garantizar el cumplimiento en la actividad minera de los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley Nacional N° 25.675, así como también, garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales, proteger los recursos hídricos, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos, posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo y remediar el impacto ambiental producido a la fecha", entre otros puntos.
“El pueblo chubutense tiene como uno de sus puntos centrales históricos la defensa de sus bienes comunes, de la naturaleza y la articulación del pueblo con la tierra que habita”
Además, según resumen desde la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (UACCH), “prohíbe, en todas sus etapas, la minería metalífera y de minerales radioactivos (como el uranio y el torio) que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa”, que ponga en riesgo todas las formas de vida del territorio".
Ante la voracidad inmobiliaria y el extractivismo, la resistencia
“¡Qué no hemos hecho!”, recapitula Nina D'Orazio, maestra y bibliotecaria jubilada, quien participa desde el inicio del movimiento No a la Mina de Esquel. “En 2002 recuerdo la sala de profesores de la escuela donde yo trabajaba dando Lengua. Los comentarios eran ‘andá a anotarte a la minera porque va a haber movimiento, no sabés qué movimiento’. Yo había llegado a la ciudad con mi marido en el 99', así que teníamos que asentarnos, tener trabajo, y todos me decían que vaya a anotarme a la minera porque yo sabía algo de inglés. A la semana Marta Sahores y Silvia González Román, docentes universitarias, fueron a la tele y con una cafetera, de esas con filtro, nos explicaron cómo iban a sacar el oro de la montaña, la cantidad de cianuro que iban a usar, el dique de cola, la lixiviación, todo. Ellas fueron fundamentales, porque nos abrieron los ojos. Al otro dia, armamos una asamblea con más de 600 personas en la escuela ex Normal, donde el grito unánime fue el No a la Mina”.
“Al principio costaba ponerse de acuerdo, porque había muchos del PJ, radicales, troskos, había de todo. Lo que nos unió fue ese 'No' al destino que nos querían imponer en Esquel. Y ahí empezó. El 4 de diciembre de 2002 iban a presentar la audiencia pública del proyecto "Cordón Esquel, de la Empresa Meridian Gold (que en 2008 vende a Yamana Gold y cambia el nombre a “Proyecto Suyai”). Como esa instancia ya suponía que estaba avalada por el Gobierno, hicimos una marcha de 5 cuadras y no le permitimos hacerla. Desde entonces marchamos todos los 4 de cada mes”, cuenta Nina, orgullosa.
“El pueblo chubutense tiene como uno de sus puntos centrales históricos la defensa de sus bienes comunes, de la naturaleza, de la articulación del pueblo con la tierra que habitan”, nos explica Gonzalo Pérez Álvarez, doctor en Historia e investigador del CONICET y de la UNP San Juan Bosco. “En todos los casos, las respuestas del movimiento ambiental se dieron contra proyectos que se intentaron imponer desde el Estado Nacional o desde las grandes corporaciones empresarias. Es importante resaltar el laburo de las asambleas y del movimiento ambiental, su práctica pedagógica, explicativa, de enseñanza, de difusión de sus principios. Una pedagogía constante que fue permeando distintos sectores sociales. Hoy, como una característica destacable, muy propia de Chubut, el movimiento ambiental ha llegado profundamente a los sectores trabajadores”.
Respecto aquella primera campaña No a la mina, Nina recuerda: “Al principio éramos unas 150 personas recorriendo los barrios, llevando un tríptico que se llamaba ´vecinos informan a vecinos´, donde explicábamos que iba a ser un saqueo, porque no quedaba nada para la provincia, que iba a ser la destrucción del Cerro Tres Torres y que iban a usar millones de litros de agua mensualmente, durante años, siendo que en verano nosotros no tenemos mucha y siempre nos estan restringiendo el riego. En definitiva, que era económica, social y ambientalmente insustentable”.
Cuando la población de Esquel se enteró cómo iba a ser sacado el oro, dejó en claro su rechazo. En el plebiscito de 2003, el 81 por ciento votó No a la Mina. “Fueron más de 11 mil votos, entre los que había alrededor de 6 mil desocupados. Incluso votó más gente que para las elecciones, como el 70 % del padrón”, recuerda Nina.
Fue ante semejante manifestación popular, que las noticias llegaron al resto a la provincia. “Hasta ese momento, solamente en Esquel se blandía la bandera del No a la mina. Al resto de las ciudades no les llegaba el informe. Las noticias, los diarios de la provincia no mostraban lo que pasaba acá. No sé cómo hicimos, pero en 2003 votaron la ley 5001, (denominada ahora XVII-Nº 68) que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro”.
"En la provincia existe una sintonía y articulación entre el movimiento ambiental, el movimiento de los trabajadores y otros movimiento sociales como el movimiento feminista y la lucha y reivindicaciones de los pueblos originarios. Estas articulaciones permiten que las movilizaciones contra la megaminería contaminante no queden como un supuesto reclamo aislado sino que muestra su enlazamiento y unidad con la lucha, en definitiva, por una vida digna y liberada de toda explotación u opresión”, afirma Pérez Álvarez.
Paralelamente, con sus acercamientos y distancias, la lucha de las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche por recuperar o preservar sus territorios ancestrales y la relación de respeto y reciprocidad que son base de su espiritualidad, también formaron parte del proceso de concientizaciòn de la población de Chubut.
“Cuando retornamos a nuestros principios ideológicos, filosóficos y espirituales, estamos reafirmando de qué manera queremos vivir nosotros en nuestro territorio y para qué. Cuando hablamos de control territorial significa controlar ese espacio a partir de las normativas que nos impone la naturaleza, normativas milenarias. Ese control debe tener base o sustento en esas normativas. Nada tiene que ver con la propiedad privada”, dice Mauro Millán, lonko del Lof Pillan Mahuiza, en la región de Corcovado.
Valeria Belozerkovsky, del colectivo Nómadas Comunicación Feminista, explica que “la lucha contra el extractivismo es también contra el patriarcado. Desde los feminismos comunitarios creemos que la vida en comunidad es una relación de respeto entre todas las personas y con la naturaleza. Existe un entretejido de memorias de lucha y resistencia que sostienen y brindan herramientas para pensar los caminos a seguir. En territorios amenazados por la voracidad inmobiliaria, el extractivismo, la negación de la preexistencia de un pueblo ancestral, el racismo y las formas de violencia hacia las mujeres e identidades disidentes, existe una resistencia y una forma de habitar, en la que buscamos construir redes de acuerpamiento y acompañamiento”.
¿Qué pasó con la Primera Iniciativa Popular?
En 2014 se presentó en la Legislatura, donde se trató el 25 de noviembre de ese mismo año, el último día de plazo. “Aquella vez nos robaron la democracia, cometieron impunemente un fraude legislativo, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera. Les legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold", recuerda un texto escrito por diferentes asambleas de la provincia.
La fotógrafa Evelin Oyarzo, integrante de la UACCH, es autora de la imagen que se viralizó, en la que se ve al diputado del PJ Gustavo Muñiz recibiendo indicaciones de la minera Yamana Gold para modificar los artículos de la Ley presentada por el pueblo chubutense.
“Cuando entramos a la Legislatura, los diputados empezaron a acomodarse en sus asientos y yo desde el palco comencé a hacer zoom. Uno de ellos era Muñiz, en una de las hojas que estaba leyendo decía que su voto sobre el proyecto era positivo, lo cual me pareció rarísimo. Si bien contamos con que algunos diputados podrían llegar a votar a favor de la IP, porque siempre se habían manifestado en contra de la megaminería, a él no see nos hubiera ocurrido contarlo. Luego de eso, él tomó el celular y yo saqué esa única foto, que después se difundió. Me puse a leer qué decía el mensaje de texto y le mostré la foto a una compañera que estaba al lado mío. Yo tenía tan naturalizado que los gobiernos y las mineras transan, que entonces no le di importancia y tampoco se la mostré a nadie más. Filmé el comienzo de la sesión y me quedé sin batería. La última foto que yo sacó es la de Muñiz y para esto, las compañeras que estaban abajo no me podían alcanzar mi bolso donde tenía el repuesto porque ya estaban reprimiendo. Se sentía el gas pimienta hasta dentro de la Legislatura”.
"Existe una sintonía y articulación entre el movimiento ambiental, el movimiento de los trabajadores y otros movimiento sociales como el movimiento feminista y la lucha y reivindicaciones de los pueblos originarios"
Es que mientras dentro del recinto los diputados tergiversaban el proyecto y lo convertían en una ley minera, afuera las compañeras y compañeros de las asambleas eran reprimidos con perros, gases y palos.
“Cuando terminó la sesión se sentía la tristeza. Toda la fiesta anterior eran llantos, bronca, decepción. Me fui con un gusto amargo. No entendía mucho qué había pasado. Cuando me pongo a seleccionar el material que iba a subir a Facebook, empecé a llorar. Y borré todas las fotos, dejé solo la de Muñiz. Escribí algo sobre él y los 14 diputados que habían votado esta truchada y me fui a dormir”, recuerda Evelin.
Al día siguiente el abogado ambientalista Enrique Viale vio la imagen y la viralizó en Twitter, y un compañero de Esquel se dio cuenta que “Gastón Ber…” (como se lee en el mensaje de la foto) es Gastón Berardi, de la minera Yamana Gold. “Cuando saqué la foto no dimensioné lo que significaba. Hasta que Enrique Viale me dice ´esa foto es la prueba de todo lo que venimos diciendo en los libros con Marístella Svampa: que el gobierno transa con las mineras, con las empresas, todo el tiempo´”.
Desde los feminismos comunitarios creemos que la vida en comunidad es una relación de respeto entre todas las personas y con la naturaleza.
Chubut tiene la ley 5001, que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. ¿Por qué entonces las empresas aún están instaladas y activas en la provincia? ¿Por qué el presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019 en la cena de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijo que “en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”?
Belén Branchi, abogada y comunicadora de Radio Sudaca FM comunitaria de Trelew, nos explica: "La ley 5001 fue la respuesta que tuvo que dar el gobierno ante la movilización del pueblo de Esquel y su plebiscito. Pero lo hizo como hacen todos los gobiernos, con la trampa de un artículo que ellos consideran que permite ‘zonificar’ la provincia. Hay quienes entendemos que esto no es así porque el artículo da un plazo de 120 días para hacerlo, y esta ley ya tiene 17 años. En 2012 quisieron imponer un marco regulatorio, lo que nos obligó a estar presentes todo ese año en la legislatura de Rawson para impedirlo. Y fue en ese contexto, que desde las asambleas y comunidades de toda la provincia, tomamos la decisión de impulsar la primer Iniciativa Popular (IP), para ampliar y mejorar la 5001. Porque esta ley prohíbe la explotación, pero permite las otras etapas, de cateo y prospección (etapas de búsqueda de zonas con presencia de mineralización explotable) por eso durante todos estos años las empresas continúan acá y los proyectos siguen habilitándose".
El lobby nunca se detuvo
Las empresas siguen en el territorio, aguardando y trabajando para que algún guiño político les dé vía libre. En abril de este año se conoció la noticia del "acuerdo de opción" entre Yamana Gold y el empresario argentino-israelí Eduardo Elsztain sobre el proyecto minero Suyai, tras 17 años de resistencia del pueblo de Esquel. Este acuerdo establece que, a cambio de una asociación que comparta ganancias, Eduardo Elsztain y Saúl Zang, pagarán un monto inicial de 2 millones de dólares para asegurar la opción, y asumirán la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (“ESG”) y, en particular, liderarán los esfuerzos de permisos destinados a avanzar el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo. Por su parte, la empresa Pan American Silver, dueña del proyecto Navidad, (uno de los depósitos de plata más grandes del mundo), ubicado en la meseta norte de la provincia, durante la cuarentena estuvo recorriendo las localidades de la zona repartiendo kits sanitarios y alimentos.
Desde las asamblea tomamos la decisión de impulsar la primer Iniciativa Popular (IP) para ampliar y mejorar la ley 5001 porque esta ley prohíbe la explotación, pero permite las otras etapas, de cateo y prospección"
La empresa refuerza lazos con el poder político de las comunas y municipios donde el Estado está ausente o si llega, lo hace en las camionetas de la minera. Diferentes medios provinciales acaban de publicar una nota firmada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAPEM), que rápidamente recibió adhesiones de funcionarios promineros y en la que se destaca que "la ley 5001 propició el empleo público en detrimento de la inversión privada”. Incluso aseguran que el éxito de la segunda Iniciativa Popular sería como un "salto al abismo".
El poder económico y político, cada vez con menos éxito en la provincia, "siempre intentó contraponer los reclamos ambientales a los reclamos laborales, buscando oponer a personas y colectivas que reclaman contra una actividad contaminante en contra de quienes reclaman por puestos de trabajo”, explica Pérez Álvarez.
Un nuevo intento con más apoyo popular
“Esta vez seremos muchos más que el 3% del padrón porque hay mucha más conciencia, sobre todo en la costa. En 2014 Esquel presentó 8.000 de las 13.007 firmas. En Comodoro y Madryn, en cambio, no había conciencia aún de lo que sucedía. Hoy eso cambió. Seguramente serán decenas de miles firmas", calcula Nina. “Todo el mundo pregunta dónde hay que firmar, en qué horario, cómo pueden hacer para tener planillas para juntar en sus localidades y barrios. Pero más allá de los números, lo que importa es la sensibilización del pueblo sobre el tema. La conciencia social. En Chubut no hay licencia social para la megaminería".
La Iniciativa Popular, campaña lanzada el 22 de junio en toda la provincia de Chubut, es un mecanismo de democracia semi directa, establecida en la Constitución Provincial, por el cual un porcentaje de la población (3% del padrón) puede presentar proyectos de ley para que sean tratados en la Legislatura. Una vez juntadas las firmas, primero se la presenta al Tribunal Electoral, y después que el tribunal la revisa, pasa a la Legislatura, que tiene seis meses para tratarla.
El proyecto de ley pretende “establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras”, según indica su título, “garantizar el cumplimiento en la actividad minera de los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley Nacional N° 25.675, así como también, garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales, proteger los recursos hídricos, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos, posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo y remediar el impacto ambiental producido a la fecha", entre otros puntos.
“El pueblo chubutense tiene como uno de sus puntos centrales históricos la defensa de sus bienes comunes, de la naturaleza y la articulación del pueblo con la tierra que habita”
Además, según resumen desde la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut (UACCH), “prohíbe, en todas sus etapas, la minería metalífera y de minerales radioactivos (como el uranio y el torio) que utilice cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa”, que ponga en riesgo todas las formas de vida del territorio".
Ante la voracidad inmobiliaria y el extractivismo, la resistencia
“¡Qué no hemos hecho!”, recapitula Nina D'Orazio, maestra y bibliotecaria jubilada, quien participa desde el inicio del movimiento No a la Mina de Esquel. “En 2002 recuerdo la sala de profesores de la escuela donde yo trabajaba dando Lengua. Los comentarios eran ‘andá a anotarte a la minera porque va a haber movimiento, no sabés qué movimiento’. Yo había llegado a la ciudad con mi marido en el 99', así que teníamos que asentarnos, tener trabajo, y todos me decían que vaya a anotarme a la minera porque yo sabía algo de inglés. A la semana Marta Sahores y Silvia González Román, docentes universitarias, fueron a la tele y con una cafetera, de esas con filtro, nos explicaron cómo iban a sacar el oro de la montaña, la cantidad de cianuro que iban a usar, el dique de cola, la lixiviación, todo. Ellas fueron fundamentales, porque nos abrieron los ojos. Al otro dia, armamos una asamblea con más de 600 personas en la escuela ex Normal, donde el grito unánime fue el No a la Mina”.
“Al principio costaba ponerse de acuerdo, porque había muchos del PJ, radicales, troskos, había de todo. Lo que nos unió fue ese 'No' al destino que nos querían imponer en Esquel. Y ahí empezó. El 4 de diciembre de 2002 iban a presentar la audiencia pública del proyecto "Cordón Esquel, de la Empresa Meridian Gold (que en 2008 vende a Yamana Gold y cambia el nombre a “Proyecto Suyai”). Como esa instancia ya suponía que estaba avalada por el Gobierno, hicimos una marcha de 5 cuadras y no le permitimos hacerla. Desde entonces marchamos todos los 4 de cada mes”, cuenta Nina, orgullosa.
“El pueblo chubutense tiene como uno de sus puntos centrales históricos la defensa de sus bienes comunes, de la naturaleza, de la articulación del pueblo con la tierra que habitan”, nos explica Gonzalo Pérez Álvarez, doctor en Historia e investigador del CONICET y de la UNP San Juan Bosco. “En todos los casos, las respuestas del movimiento ambiental se dieron contra proyectos que se intentaron imponer desde el Estado Nacional o desde las grandes corporaciones empresarias. Es importante resaltar el laburo de las asambleas y del movimiento ambiental, su práctica pedagógica, explicativa, de enseñanza, de difusión de sus principios. Una pedagogía constante que fue permeando distintos sectores sociales. Hoy, como una característica destacable, muy propia de Chubut, el movimiento ambiental ha llegado profundamente a los sectores trabajadores”.
Respecto aquella primera campaña No a la mina, Nina recuerda: “Al principio éramos unas 150 personas recorriendo los barrios, llevando un tríptico que se llamaba ´vecinos informan a vecinos´, donde explicábamos que iba a ser un saqueo, porque no quedaba nada para la provincia, que iba a ser la destrucción del Cerro Tres Torres y que iban a usar millones de litros de agua mensualmente, durante años, siendo que en verano nosotros no tenemos mucha y siempre nos estan restringiendo el riego. En definitiva, que era económica, social y ambientalmente insustentable”.
Cuando la población de Esquel se enteró cómo iba a ser sacado el oro, dejó en claro su rechazo. En el plebiscito de 2003, el 81 por ciento votó No a la Mina. “Fueron más de 11 mil votos, entre los que había alrededor de 6 mil desocupados. Incluso votó más gente que para las elecciones, como el 70 % del padrón”, recuerda Nina.
Fue ante semejante manifestación popular, que las noticias llegaron al resto a la provincia. “Hasta ese momento, solamente en Esquel se blandía la bandera del No a la mina. Al resto de las ciudades no les llegaba el informe. Las noticias, los diarios de la provincia no mostraban lo que pasaba acá. No sé cómo hicimos, pero en 2003 votaron la ley 5001, (denominada ahora XVII-Nº 68) que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro”.
"En la provincia existe una sintonía y articulación entre el movimiento ambiental, el movimiento de los trabajadores y otros movimiento sociales como el movimiento feminista y la lucha y reivindicaciones de los pueblos originarios. Estas articulaciones permiten que las movilizaciones contra la megaminería contaminante no queden como un supuesto reclamo aislado sino que muestra su enlazamiento y unidad con la lucha, en definitiva, por una vida digna y liberada de toda explotación u opresión”, afirma Pérez Álvarez.
Paralelamente, con sus acercamientos y distancias, la lucha de las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche por recuperar o preservar sus territorios ancestrales y la relación de respeto y reciprocidad que son base de su espiritualidad, también formaron parte del proceso de concientizaciòn de la población de Chubut.
“Cuando retornamos a nuestros principios ideológicos, filosóficos y espirituales, estamos reafirmando de qué manera queremos vivir nosotros en nuestro territorio y para qué. Cuando hablamos de control territorial significa controlar ese espacio a partir de las normativas que nos impone la naturaleza, normativas milenarias. Ese control debe tener base o sustento en esas normativas. Nada tiene que ver con la propiedad privada”, dice Mauro Millán, lonko del Lof Pillan Mahuiza, en la región de Corcovado.
Valeria Belozerkovsky, del colectivo Nómadas Comunicación Feminista, explica que “la lucha contra el extractivismo es también contra el patriarcado. Desde los feminismos comunitarios creemos que la vida en comunidad es una relación de respeto entre todas las personas y con la naturaleza. Existe un entretejido de memorias de lucha y resistencia que sostienen y brindan herramientas para pensar los caminos a seguir. En territorios amenazados por la voracidad inmobiliaria, el extractivismo, la negación de la preexistencia de un pueblo ancestral, el racismo y las formas de violencia hacia las mujeres e identidades disidentes, existe una resistencia y una forma de habitar, en la que buscamos construir redes de acuerpamiento y acompañamiento”.
¿Qué pasó con la Primera Iniciativa Popular?
En 2014 se presentó en la Legislatura, donde se trató el 25 de noviembre de ese mismo año, el último día de plazo. “Aquella vez nos robaron la democracia, cometieron impunemente un fraude legislativo, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera. Les legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold", recuerda un texto escrito por diferentes asambleas de la provincia.
La fotógrafa Evelin Oyarzo, integrante de la UACCH, es autora de la imagen que se viralizó, en la que se ve al diputado del PJ Gustavo Muñiz recibiendo indicaciones de la minera Yamana Gold para modificar los artículos de la Ley presentada por el pueblo chubutense.
“Cuando entramos a la Legislatura, los diputados empezaron a acomodarse en sus asientos y yo desde el palco comencé a hacer zoom. Uno de ellos era Muñiz, en una de las hojas que estaba leyendo decía que su voto sobre el proyecto era positivo, lo cual me pareció rarísimo. Si bien contamos con que algunos diputados podrían llegar a votar a favor de la IP, porque siempre se habían manifestado en contra de la megaminería, a él no see nos hubiera ocurrido contarlo. Luego de eso, él tomó el celular y yo saqué esa única foto, que después se difundió. Me puse a leer qué decía el mensaje de texto y le mostré la foto a una compañera que estaba al lado mío. Yo tenía tan naturalizado que los gobiernos y las mineras transan, que entonces no le di importancia y tampoco se la mostré a nadie más. Filmé el comienzo de la sesión y me quedé sin batería. La última foto que yo sacó es la de Muñiz y para esto, las compañeras que estaban abajo no me podían alcanzar mi bolso donde tenía el repuesto porque ya estaban reprimiendo. Se sentía el gas pimienta hasta dentro de la Legislatura”.
"Existe una sintonía y articulación entre el movimiento ambiental, el movimiento de los trabajadores y otros movimiento sociales como el movimiento feminista y la lucha y reivindicaciones de los pueblos originarios"
Es que mientras dentro del recinto los diputados tergiversaban el proyecto y lo convertían en una ley minera, afuera las compañeras y compañeros de las asambleas eran reprimidos con perros, gases y palos.
“Cuando terminó la sesión se sentía la tristeza. Toda la fiesta anterior eran llantos, bronca, decepción. Me fui con un gusto amargo. No entendía mucho qué había pasado. Cuando me pongo a seleccionar el material que iba a subir a Facebook, empecé a llorar. Y borré todas las fotos, dejé solo la de Muñiz. Escribí algo sobre él y los 14 diputados que habían votado esta truchada y me fui a dormir”, recuerda Evelin.
Al día siguiente el abogado ambientalista Enrique Viale vio la imagen y la viralizó en Twitter, y un compañero de Esquel se dio cuenta que “Gastón Ber…” (como se lee en el mensaje de la foto) es Gastón Berardi, de la minera Yamana Gold. “Cuando saqué la foto no dimensioné lo que significaba. Hasta que Enrique Viale me dice ´esa foto es la prueba de todo lo que venimos diciendo en los libros con Marístella Svampa: que el gobierno transa con las mineras, con las empresas, todo el tiempo´”.
Desde los feminismos comunitarios creemos que la vida en comunidad es una relación de respeto entre todas las personas y con la naturaleza.
Chubut tiene la ley 5001, que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. ¿Por qué entonces las empresas aún están instaladas y activas en la provincia? ¿Por qué el presidente Alberto Fernández, en diciembre de 2019 en la cena de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) dijo que “en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”?
Belén Branchi, abogada y comunicadora de Radio Sudaca FM comunitaria de Trelew, nos explica: "La ley 5001 fue la respuesta que tuvo que dar el gobierno ante la movilización del pueblo de Esquel y su plebiscito. Pero lo hizo como hacen todos los gobiernos, con la trampa de un artículo que ellos consideran que permite ‘zonificar’ la provincia. Hay quienes entendemos que esto no es así porque el artículo da un plazo de 120 días para hacerlo, y esta ley ya tiene 17 años. En 2012 quisieron imponer un marco regulatorio, lo que nos obligó a estar presentes todo ese año en la legislatura de Rawson para impedirlo. Y fue en ese contexto, que desde las asambleas y comunidades de toda la provincia, tomamos la decisión de impulsar la primer Iniciativa Popular (IP), para ampliar y mejorar la 5001. Porque esta ley prohíbe la explotación, pero permite las otras etapas, de cateo y prospección (etapas de búsqueda de zonas con presencia de mineralización explotable) por eso durante todos estos años las empresas continúan acá y los proyectos siguen habilitándose".
El lobby nunca se detuvo
Las empresas siguen en el territorio, aguardando y trabajando para que algún guiño político les dé vía libre. En abril de este año se conoció la noticia del "acuerdo de opción" entre Yamana Gold y el empresario argentino-israelí Eduardo Elsztain sobre el proyecto minero Suyai, tras 17 años de resistencia del pueblo de Esquel. Este acuerdo establece que, a cambio de una asociación que comparta ganancias, Eduardo Elsztain y Saúl Zang, pagarán un monto inicial de 2 millones de dólares para asegurar la opción, y asumirán la responsabilidad de todos los asuntos ambientales, sociales y de gobierno (“ESG”) y, en particular, liderarán los esfuerzos de permisos destinados a avanzar el proyecto a través de sus diferentes etapas de desarrollo. Por su parte, la empresa Pan American Silver, dueña del proyecto Navidad, (uno de los depósitos de plata más grandes del mundo), ubicado en la meseta norte de la provincia, durante la cuarentena estuvo recorriendo las localidades de la zona repartiendo kits sanitarios y alimentos.
Desde las asamblea tomamos la decisión de impulsar la primer Iniciativa Popular (IP) para ampliar y mejorar la ley 5001 porque esta ley prohíbe la explotación, pero permite las otras etapas, de cateo y prospección"
La empresa refuerza lazos con el poder político de las comunas y municipios donde el Estado está ausente o si llega, lo hace en las camionetas de la minera. Diferentes medios provinciales acaban de publicar una nota firmada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAPEM), que rápidamente recibió adhesiones de funcionarios promineros y en la que se destaca que "la ley 5001 propició el empleo público en detrimento de la inversión privada”. Incluso aseguran que el éxito de la segunda Iniciativa Popular sería como un "salto al abismo".
El poder económico y político, cada vez con menos éxito en la provincia, "siempre intentó contraponer los reclamos ambientales a los reclamos laborales, buscando oponer a personas y colectivas que reclaman contra una actividad contaminante en contra de quienes reclaman por puestos de trabajo”, explica Pérez Álvarez.
Un nuevo intento con más apoyo popular
“Esta vez seremos muchos más que el 3% del padrón porque hay mucha más conciencia, sobre todo en la costa. En 2014 Esquel presentó 8.000 de las 13.007 firmas. En Comodoro y Madryn, en cambio, no había conciencia aún de lo que sucedía. Hoy eso cambió. Seguramente serán decenas de miles firmas", calcula Nina. “Todo el mundo pregunta dónde hay que firmar, en qué horario, cómo pueden hacer para tener planillas para juntar en sus localidades y barrios. Pero más allá de los números, lo que importa es la sensibilización del pueblo sobre el tema. La conciencia social. En Chubut no hay licencia social para la megaminería".
viernes, 17 de julio de 2020
EN EL HOYO, CON UN GOLPE ANTIDEMOCRÁTICO SUSPENDEN AL INTENDENTE POL HUISMAN
El Hoyo, CHUBUT ( anpp).- Tras haberse detectado permisos de circulación falsos en el control del paralelo 42 que une a Río Negro con Chubut, la investigación dió con el responsable de los mismos, quién habría declarado y asumido la.responsabilidad. Está situación generó que el intendente Pol Huisman hiciera una denuncia penal, y está denuncia penal fue utilizada como excusa por supuesto entorpecimiento en la investigación para suspender a Huisman.
Compartimos un parte de prensa de une comunicadore que estuvo allí:
Cinco concejales de El Hoyo dieron hoy un golpe contra la democracia al desplazar ilegalmente de su cargo al intendente de la localidad, Pol Huisman, elegido en octubre pasado por el 53% de los ciudadanos de la localidad.
Los concejales César Salamín, Fanny Avalos, Gisel Cortés, Ariel Szudruk y Gretel Arce votaron una comisión investigadora contra Huisman y de inmediato lo suspendieron por 40 días corridos. Minutos antes habían suspendido al concejal Gustavo Flak, por defender al intendente.
Decenas de vecinas y vecinos repudiaron el ataque a la democracia y se congregaron en la sede del Municipio para defender la voluntad popular expresada en las urnas.
La ilegal sesión en la que suspendieron a Huisman se realizó de manera secreta, y se le impidió el ingreso al recinto a los medios de comunicación y al propio intendente, a quien intentaron expulsar con la Policía para que no presenciara el golpe antidemocrático..-
Compartimos un parte de prensa de une comunicadore que estuvo allí:
Cinco concejales de El Hoyo dieron hoy un golpe contra la democracia al desplazar ilegalmente de su cargo al intendente de la localidad, Pol Huisman, elegido en octubre pasado por el 53% de los ciudadanos de la localidad.
Los concejales César Salamín, Fanny Avalos, Gisel Cortés, Ariel Szudruk y Gretel Arce votaron una comisión investigadora contra Huisman y de inmediato lo suspendieron por 40 días corridos. Minutos antes habían suspendido al concejal Gustavo Flak, por defender al intendente.
Decenas de vecinas y vecinos repudiaron el ataque a la democracia y se congregaron en la sede del Municipio para defender la voluntad popular expresada en las urnas.
La ilegal sesión en la que suspendieron a Huisman se realizó de manera secreta, y se le impidió el ingreso al recinto a los medios de comunicación y al propio intendente, a quien intentaron expulsar con la Policía para que no presenciara el golpe antidemocrático..-
miércoles, 8 de julio de 2020
VACACIONES Y DESPUÉS... LA EDUCACIÓN EN RÍO NEGRO, FUERA DE LOS PROTOCOLOS DE NACIÓN
Con una semana de "apagón" docente en protesta por la falta de instancias para la discusión de criterios para la vuelta a clases luego del receso, ni la conducción central del sindicato, ni el gobierno parecen preocuparse por la seriedad de la situación.
El Bolsón (ANPP).- Tras el Plenario Abierto realizado por las agrupaciones opositoras dentro del sindicato docente UnTER, que reunió a dos centenares de docentes de toda la provincia, la central convocó a un plenario de sexretarixs generales y simuló fijar postura frente a las muchas irregularidades planteadas por la oposición. Con ese como sí, y sin ninguna respuesta por parte del gobierno, hoy 8 de julio, la.provincia entra en receso por vacaciones de invierno en Educación, y se supone que a la vuelta del receso, se plantee la vuelta a las clases presenciales. Sin embargo, las escuelas siguen siendo escasas, muchas se encuentran en lentas obras ( que se están tomando su tiempo, aprovechando que no hay clases), y no se ha construido ni una sola aula para dar lugar a las tantas estudiantes sin lugar, que reclaman su vacante.
Al respecto, la conducción de la seccional Cipolletti, que es llevada adelante por la Agrupación Frente en Cipo, coherente con sus proclamas, no ha cesado en la visibilización de la falta de accionar del sindicato docente y del gobierno que, cómodo con un sindicato que no le exige nada, no hace nada.
Compartimos la nota presentada y el comunicado público que entregaron hoy al Ministerio de Educación:
En el marco del Apagón Virtual y jornadas de protesta, una delegación de compañeros/as nos presentamos en la delegación Local del CPE a los fines de realizar presentación formal ante la Ministra exigiendo el Pago en tiempo y forma del Aguinaldo.
Asimismo, presentamos nota dirigida a la Ministra de Educación por el cual dejamos constancia que cualquier protocolo de vuelta a clases debe ser debatido en paritarias y teniendo en cuenta las especificidades de cada nivel, modalidad, ciudad e institución educativa.
Aprobar un protocolo general, sin participación y contemplación de las diferentes realidades institucionales, solo expone a las comunidades educativas. Cualquier protocolo de vuelta a clases no puede desconocer las distintas realidades de las escuelas, ya sean pedagógicas como también edilicia. A su vez advertimos que no puede existir protocolo alguno que implique reforma laboral.
En el último día del apagón virtual y a horas del inicio del Receso invernal dejamos asentado que los/as docentes no soportaremos otro cuatrimestre de ausencia y abandono del Estado; ni del maltrato que hemos recibido por parte del Ministerio de Educación. Hemos sido lxs docentes y familias quienes sostuvimos el sistema educativo durante más de 100 días. Es por ello que advertimos que no avalaremos y seguiremos luchando para que el Gobierno cese con el recorte en la escuela pública y con la intención de que sea voluntaria.
La Escuela ha dejado de ser gratuita y pública en esta cuarentena y el Gobierno de RN solo ha ajustado sobre las comunidades educativas!!!!
Por derecho conquistado, es el Estado el responsable y garante de la Escuela pública, gratuita y para todos/as!!
C. Directiva UnTER Cipolletti. 08-07-2020
Nota presentada:
Cipolletti, 08 de julio de 2020
A la Presidenta del C. P. E.
Prof. Mercedes Jara Tracchia
Los abajo firmantes, en calidad de representantes gremiales de UnTER Cipolletti,
nos dirigimos a usted a los fines de dejar expresada nuestra preocupación ante los
anuncios de vuelta a clases en la provincia y la reciente Resolución CFE N° 364/2020
PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES
PRESENCIALES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES.
Tal lo establece la Resolución CFE 364, firmada en la 97° ASAMBLEA DEL CONSEJO
FEDERAL DE EDUCACIÓN, cada Provincia deberá definir un Plan Jurisdiccional que tiene
que contemplar, en su organización y alcances, lo establecido en dicha resolución. A su
vez, puede sumar otras definiciones que se consideren pertinentes, en virtud de la
implementación específica de los lineamientos y el protocolo marco en cada
jurisdicción.
Asimismo, establece que los Planes Jurisdiccionales que se presenten deberán
tener la aprobación de la máxima autoridad educativa jurisdiccional y de la autoridad
sanitaria que se designe como responsable de avalar el protocolo sanitario de cada
jurisdicción.
Según esta resolución del CFE, este PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS
FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES constituye un piso mínimo de
requerimientos y se enmarca de un proceso consensuado, aunque está claro que es la
primer gran paradoja de la asamblea del CFE, ya que el protocolo marco no ha sido
consultado a comunidad educativa alguna.
Sin embargo, las escuelas –al menos de esta localidad- distan mucho de estar
preparadas desde lo edilicio para garantizar lo que el protocolo describe como necesario
para la prevención y resguardo de la pandemia. En estos 110 días de cuarentena lo único
que ha sido recurrente en el área de Educación ha sido el abandono y ausencia del
Ministerio. NO se ha evidenciado en el relevamiento edilicio que llevamos adelante
desde esta seccional, junto a delegadxs de escuelas, que se hayan realizado los
reacondicionamientos necesarios para aplicar protocolo alguno. Mucho menos se le ha
dado participación a docentes, estudiantes y familias, tal lo establece la resolución 364
CFE.
Es en este marco que dejamos expresa constancia de que cualquier protocolo de
vuelta a clases en la provincia de Río Negro no sólo debe ser debatido en paritarias sino
también debe contener las especificidades de cada nivel, modalidad, ciudad e institución
educativa.
Aprobar un protocolo general, sin participación de las comunidades y sin tener
en cuenta las diferentes realidades institucionales, sólo expone a las comunidades
educativas. Cualquier protocolo de vuelta a clases no puede desconocer las distintas
realidades de las escuelas, ya sean pedagógicas como también edilicias.
Asimismo, las familias, estudiantes y docentes deben tener garantizados los
espacios para sus aportes, dudas e interpelaciones que permitan dar cuenta de la
realidad de su nivel, modalidad y del edificio con el que cuentan. No sólo hace falta el
principio del distanciamiento social, el escalonamiento progresivo y alternado de
estudiantes o los insumos de limpieza para instrumentar un protocolo de retorno a
clases. Cada población estudiantil, por sus realidades sociales, geográficas, franja etaria,
entre otras variables, presentan particularidades que deben ser contempladas.
Le recordamos que hay instituciones que no cuentan siquiera con un espacio que
oficie de dirección, o de preceptoría, o de sala de profesores/as. Incluso hay escuelas y
jardines sin los sanitarios suficientes, sin patio, sin salones de usos múltiples, sin espacios
que permitan un distanciamiento acorde.
Un protocolo de vuelta a clases incluso puede contemplar realidades por nivel o
modalidad, pero ser inaplicable o inviable en muchos establecimientos por las
condiciones o realidad del inmueble.
A su vez, advertimos que no puede existir protocolo alguno que implique una
reforma laboral para los/as trabajadores/as de la educación. Pretender que los/a
docentes continuemos sosteniendo el sistema educativo y las ausencias del Estado es
un avasallamiento y produce desigualdades educativas. Intentar que los mismos
docentes seamos quienes garanticemos un sistema bimodal es claramente una
ilegalidad y una reforma laboral que rechazamos. Por otra parte, entendemos que el
empleador debe garantizar a sus trabajadores/as los insumos de resguardo y
prevención. Mucho menos un protocolo puede hacer un trato diferencial entre la
comunidad educativa. Afirmar que pueden ser aislados preventivamente ante casos
sospechosos estudiantes, pero no el docente que ha trabajado con ellos resulta, al
menos, alarmante. Es desconocer la realidad áulica cotidiana e inevitable.
Ha sido un cuatrimestre de abandono por parte del Gobierno de Río Negro a las
comunidades educativas. No ha garantizado posibilidad alguna de acceso al sistema
educativo, ni a la tan publicitada continuidad pedagógica. Hemos sido los/as docentes
quienes, con nuestro vapuleado salario, sostuvimos los recursos para las propuestas
pedagógicas desarrolladas. Han sido miles de familias y estudiantes que han tenido que
aportar sus propios recursos para recibir dichas propuestas y otros tantos que ni siquiera
han podido hacerlo.
A la crisis social que ha profundizado la pandemia, el Ministerio de Educación
aportó la desigualdad educativa.
Es por ello que solicitamos a Ud, como representante del Poder Ejecutivo en el
Consejo Provincial de Educación, que revierta la decisión de continuar profundizando la
injusticia curricular, la desigualdad educativa y la flexibilización laboral de los/a
docentes. Solicitamos que desarrolle políticas públicas para que la escuela vuelva a ser
pública y para todos/as; que convoque a paritarias para debatir condiciones laborales,
pedagógicas y salariales, y que garantice espacios de participación para que los
protocolos de retorno a clases no sean simples anuncios o, peor aún, peligrosos métodos
que expongan a las comunidades educativas por ser inaplicables.
Comisión Directiva UnTER Cipolletti.
El Bolsón (ANPP).- Tras el Plenario Abierto realizado por las agrupaciones opositoras dentro del sindicato docente UnTER, que reunió a dos centenares de docentes de toda la provincia, la central convocó a un plenario de sexretarixs generales y simuló fijar postura frente a las muchas irregularidades planteadas por la oposición. Con ese como sí, y sin ninguna respuesta por parte del gobierno, hoy 8 de julio, la.provincia entra en receso por vacaciones de invierno en Educación, y se supone que a la vuelta del receso, se plantee la vuelta a las clases presenciales. Sin embargo, las escuelas siguen siendo escasas, muchas se encuentran en lentas obras ( que se están tomando su tiempo, aprovechando que no hay clases), y no se ha construido ni una sola aula para dar lugar a las tantas estudiantes sin lugar, que reclaman su vacante.
Al respecto, la conducción de la seccional Cipolletti, que es llevada adelante por la Agrupación Frente en Cipo, coherente con sus proclamas, no ha cesado en la visibilización de la falta de accionar del sindicato docente y del gobierno que, cómodo con un sindicato que no le exige nada, no hace nada.
Compartimos la nota presentada y el comunicado público que entregaron hoy al Ministerio de Educación:
En el marco del Apagón Virtual y jornadas de protesta, una delegación de compañeros/as nos presentamos en la delegación Local del CPE a los fines de realizar presentación formal ante la Ministra exigiendo el Pago en tiempo y forma del Aguinaldo.
Asimismo, presentamos nota dirigida a la Ministra de Educación por el cual dejamos constancia que cualquier protocolo de vuelta a clases debe ser debatido en paritarias y teniendo en cuenta las especificidades de cada nivel, modalidad, ciudad e institución educativa.
Aprobar un protocolo general, sin participación y contemplación de las diferentes realidades institucionales, solo expone a las comunidades educativas. Cualquier protocolo de vuelta a clases no puede desconocer las distintas realidades de las escuelas, ya sean pedagógicas como también edilicia. A su vez advertimos que no puede existir protocolo alguno que implique reforma laboral.
En el último día del apagón virtual y a horas del inicio del Receso invernal dejamos asentado que los/as docentes no soportaremos otro cuatrimestre de ausencia y abandono del Estado; ni del maltrato que hemos recibido por parte del Ministerio de Educación. Hemos sido lxs docentes y familias quienes sostuvimos el sistema educativo durante más de 100 días. Es por ello que advertimos que no avalaremos y seguiremos luchando para que el Gobierno cese con el recorte en la escuela pública y con la intención de que sea voluntaria.
La Escuela ha dejado de ser gratuita y pública en esta cuarentena y el Gobierno de RN solo ha ajustado sobre las comunidades educativas!!!!
Por derecho conquistado, es el Estado el responsable y garante de la Escuela pública, gratuita y para todos/as!!
C. Directiva UnTER Cipolletti. 08-07-2020
Nota presentada:
Cipolletti, 08 de julio de 2020
A la Presidenta del C. P. E.
Prof. Mercedes Jara Tracchia
Los abajo firmantes, en calidad de representantes gremiales de UnTER Cipolletti,
nos dirigimos a usted a los fines de dejar expresada nuestra preocupación ante los
anuncios de vuelta a clases en la provincia y la reciente Resolución CFE N° 364/2020
PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES
PRESENCIALES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES.
Tal lo establece la Resolución CFE 364, firmada en la 97° ASAMBLEA DEL CONSEJO
FEDERAL DE EDUCACIÓN, cada Provincia deberá definir un Plan Jurisdiccional que tiene
que contemplar, en su organización y alcances, lo establecido en dicha resolución. A su
vez, puede sumar otras definiciones que se consideren pertinentes, en virtud de la
implementación específica de los lineamientos y el protocolo marco en cada
jurisdicción.
Asimismo, establece que los Planes Jurisdiccionales que se presenten deberán
tener la aprobación de la máxima autoridad educativa jurisdiccional y de la autoridad
sanitaria que se designe como responsable de avalar el protocolo sanitario de cada
jurisdicción.
Según esta resolución del CFE, este PROTOCOLO MARCO Y LINEAMIENTOS
FEDERALES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES constituye un piso mínimo de
requerimientos y se enmarca de un proceso consensuado, aunque está claro que es la
primer gran paradoja de la asamblea del CFE, ya que el protocolo marco no ha sido
consultado a comunidad educativa alguna.
Sin embargo, las escuelas –al menos de esta localidad- distan mucho de estar
preparadas desde lo edilicio para garantizar lo que el protocolo describe como necesario
para la prevención y resguardo de la pandemia. En estos 110 días de cuarentena lo único
que ha sido recurrente en el área de Educación ha sido el abandono y ausencia del
Ministerio. NO se ha evidenciado en el relevamiento edilicio que llevamos adelante
desde esta seccional, junto a delegadxs de escuelas, que se hayan realizado los
reacondicionamientos necesarios para aplicar protocolo alguno. Mucho menos se le ha
dado participación a docentes, estudiantes y familias, tal lo establece la resolución 364
CFE.
Es en este marco que dejamos expresa constancia de que cualquier protocolo de
vuelta a clases en la provincia de Río Negro no sólo debe ser debatido en paritarias sino
también debe contener las especificidades de cada nivel, modalidad, ciudad e institución
educativa.
Aprobar un protocolo general, sin participación de las comunidades y sin tener
en cuenta las diferentes realidades institucionales, sólo expone a las comunidades
educativas. Cualquier protocolo de vuelta a clases no puede desconocer las distintas
realidades de las escuelas, ya sean pedagógicas como también edilicias.
Asimismo, las familias, estudiantes y docentes deben tener garantizados los
espacios para sus aportes, dudas e interpelaciones que permitan dar cuenta de la
realidad de su nivel, modalidad y del edificio con el que cuentan. No sólo hace falta el
principio del distanciamiento social, el escalonamiento progresivo y alternado de
estudiantes o los insumos de limpieza para instrumentar un protocolo de retorno a
clases. Cada población estudiantil, por sus realidades sociales, geográficas, franja etaria,
entre otras variables, presentan particularidades que deben ser contempladas.
Le recordamos que hay instituciones que no cuentan siquiera con un espacio que
oficie de dirección, o de preceptoría, o de sala de profesores/as. Incluso hay escuelas y
jardines sin los sanitarios suficientes, sin patio, sin salones de usos múltiples, sin espacios
que permitan un distanciamiento acorde.
Un protocolo de vuelta a clases incluso puede contemplar realidades por nivel o
modalidad, pero ser inaplicable o inviable en muchos establecimientos por las
condiciones o realidad del inmueble.
A su vez, advertimos que no puede existir protocolo alguno que implique una
reforma laboral para los/as trabajadores/as de la educación. Pretender que los/a
docentes continuemos sosteniendo el sistema educativo y las ausencias del Estado es
un avasallamiento y produce desigualdades educativas. Intentar que los mismos
docentes seamos quienes garanticemos un sistema bimodal es claramente una
ilegalidad y una reforma laboral que rechazamos. Por otra parte, entendemos que el
empleador debe garantizar a sus trabajadores/as los insumos de resguardo y
prevención. Mucho menos un protocolo puede hacer un trato diferencial entre la
comunidad educativa. Afirmar que pueden ser aislados preventivamente ante casos
sospechosos estudiantes, pero no el docente que ha trabajado con ellos resulta, al
menos, alarmante. Es desconocer la realidad áulica cotidiana e inevitable.
Ha sido un cuatrimestre de abandono por parte del Gobierno de Río Negro a las
comunidades educativas. No ha garantizado posibilidad alguna de acceso al sistema
educativo, ni a la tan publicitada continuidad pedagógica. Hemos sido los/as docentes
quienes, con nuestro vapuleado salario, sostuvimos los recursos para las propuestas
pedagógicas desarrolladas. Han sido miles de familias y estudiantes que han tenido que
aportar sus propios recursos para recibir dichas propuestas y otros tantos que ni siquiera
han podido hacerlo.
A la crisis social que ha profundizado la pandemia, el Ministerio de Educación
aportó la desigualdad educativa.
Es por ello que solicitamos a Ud, como representante del Poder Ejecutivo en el
Consejo Provincial de Educación, que revierta la decisión de continuar profundizando la
injusticia curricular, la desigualdad educativa y la flexibilización laboral de los/a
docentes. Solicitamos que desarrolle políticas públicas para que la escuela vuelva a ser
pública y para todos/as; que convoque a paritarias para debatir condiciones laborales,
pedagógicas y salariales, y que garantice espacios de participación para que los
protocolos de retorno a clases no sean simples anuncios o, peor aún, peligrosos métodos
que expongan a las comunidades educativas por ser inaplicables.
Comisión Directiva UnTER Cipolletti.
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