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viernes, 31 de agosto de 2012

CESAR ANTILLANCA: "EL TRIBUNAL NO FALLÓ A FAVOR DE LA VERDAD"


Buenos Aires, viernes 31 de agosto de 2012 (AW) César Antillanca estuvo en Buenos Aires para organizar el inicio de una campaña de visibilización y denuncia denominada "Violencia institucional e impunidad en las provincias de Chubut y Río Negro". El 5 de septiembre se cumplen dos años de la muerte de su hijo Gonzalo Julián, asesinado a golpes por policías de la comisaría cuarta de Trelew. En marzo de este año, pese a pruebas contundentes y un testimonio clave, el crimen quedó impune porque los acusados fueron absueltos por la justicia.
César Antillanca sabe qué pasó con su único hijo varón durante la madrugada del 5 de septiembre de 2010. Sabe que fue a bailar y que a la salida un grupo de policías le dieron una golpiza en la rotonda 5 de Octubre y lo mataron. Lo sabe porque la autopsia reveló que el deceso fue resultado de fuertes golpes que recibió en la nuca y una chica le contó que vio cuando los policías sacaron el cuerpo de Julián del patrullero y lo "tiraron" a la calle. También sabe que un perito informó que había sangre de su hijo en el móvil policial.
El padre sabe qué le hicieron a su hijo de 20 años de edad y lo saben los trelewenses. Todos saben todo. También sabe la justicia, pero encontró "dudas" allí donde había certezas.
Lúcido y mesurado, César quiere ser "prudente" en sus expresiones. Paradoja: busca las palabras adecuadas para explicar procederes inadecuados de policías, jueces y poder político. Asesinos unos y encubridores otros.
Ana Laura Servent, Alejandro de Franco e Ivana González son los jueces que el 19 de marzo de este año dictaron la absolución de todos los imputados en la causa de Gonzalo Julián Antillanca porque estimaron que no había elementos "suficientes" para condenar a nueve policías y a una civil acusada de encubrimiento.
Durante el juicio se logró la verdad formal necesaria para una condena, pero los jueces, por imperio de "la duda" y la desestimación de "la probabilidad", no condenaron a los culpables, ¿por qué cree que fallaron de ese modo?
En primer lugar mi hijo fue víctima del terrorismo policial y luego de la corrupción institucional. El fallo está corrompido porque se demostró la culpabilidad de los acusados pero se desestimaron las pruebas. Esa arbitrariedad los liberó de su culpabilidad y por lo tanto de la condena, pero no los hizo inocentes.
Quiere decir que para eximir a los culpables de cumplir una condena se desestimaron las pruebas.
Así es, el caso se esclareció y los jueces se apoyaron en la valoración técnica de la prueba. Cuando digo que el fallo es arbitrario, no estoy diciendo que el tribunal no falló a favor de Julián Antillanca, digo que el tribunal no falló a favor de la verdad, que es muy diferente. Sin embargo, yo creía que con todo lo que había de contundente y veraz en la acusación se iba a hacer justicia, pero no fue así.

¿El fallo se apeló?
La arbitrariedad, sumada a evidentes agravios, dio origen a la presentación de un Recurso Extraordinario al Tribunal Superior, donde se pide la anulación del fallo y con ello la posibilidad de un nuevo juicio.
Hay más "dudas" en las motivaciones de los jueces que de la verdad probada en el expediente.
Absolutamente. Además, este es un fallo de clase también. Es una condena social histórica.
Muchos policías también son clasistas, a la vez que desclasados.
La ignorancia y el fanatismo implican una pérdida completa de la posibilidad de razonar. Cuando ellos eligen pegarle a determinada franja de personas cometen un delito clasista y cultural que no está tipificado en el Código Penal. La estrategia del control social necesita de estos delitos.

Los pobres siempre son "sospechosos".
Así es, por eso el fallo fue un dolor muy grande para muchos chubutenses porque aquellos que alguna vez fueron abusados, avasallados y ultrajados en su dignidad, por lo menos esperaban una suerte de devolución por parte de la justicia, donde era tan clara la culpabilidad policial. Fue una derrota tremenda en lo que tiene que ver con las luchas reivindicativas sociales.

SE VIENE NUEVA MARCHA ANTIMINERA EN PUELO


Comarca Andina (Organizaciones varias*).- ¡Porque la megamineria no es desarrollo ni trabajo, sino saqueo y destrucción! ¡Por la restitución ya de la ley anticianuro en Rio Negro! ¡En rechazo al marco regulatorio presentado por Buzzi en la legislatura chubutense!
Nos movilizamos este 4 de septiembre a las 18.30 hs en la plaza de Lago Puelo, para realizar una marcha de antorchas, en simultaneo con otras poblaciones de Chubut.
Traer velas. Y remera, bolso o algún género para imprimir en stencil.

*Convocan: Asamblea Comarcal contra el Saqueo – Sociedad Ecologica Regional – Colectivo de Militantes de Derechos Humanos de El Bolson -  – CTA Provincial - ATECH –Sitraed – ATE Noroeste – Comunidades Mapuche

Contacto: Karina Ponce 44 92 505.

ESQUEL: BATUCADA Y ASAMBLEA CONTRA LA MEGAMINERÍA


Esquel (Asamblea de Vecinos Autoconvocados).- Este sábado 1º de septiembre a partir de las 18 hs. en la Escuela Ex Normal, se realizará una asamblea de vecinos por el NO A LA MINA. Se remarca la puntualidad ya que se dispone del espacio durante dos horas. La obsecuencia del gobierno de Martín Buzzi y la alianza de éste con el sector minero para habilitar la minería a gran escala en todo Chubut motivan el rechazo social que va en aumento en cada rincón de la provincia.
Se invita también a una batucada preparatoria para la marcha del próximo 4, para lo cual se reunirán a ensayar este viernes a las 18 hs. en la pasarela sobre el arroyo Esquel y calle Avellaneda.
Entre los temas a tratar en la asamblea del sábadose encuentran la continuidad de las acciones contra proyecto de ley del gobierno de Martín Buzzi por el cual se permitirá la megaminería en todo Chubut, la coordinación con los vecinos de otros puntos de la provincia, la preparación de la próxima marcha del 4 de septiembre y demás temas que surgirán en el debate.

jueves, 30 de agosto de 2012

PROPONEN CAMBIAR NOMBRE DE CALLE ROCA POR EL DE EVA PERÓN


Si bien en un principio se pensó en el nombre Casimiro Huenelaf (vecino de El Bolsón), el autor del proyecto el concejal Raúl García confirmó que se propondrá finalmente el nombre Eva Perón para conmemorar a la abanderada de los descamisados.

Esquel (Diario El Chubut).- Raúl García concejal de la localidad expresó que en su momento fue autor para cambiar el nombre a la calle Roca por el nombre de un integrante de la comunidad mapuche, por la discusión histórica que ha tenido la figura de Roca aquí en la Patagonia, pero en su momento ese proyecto no prospero. “Nuevamente vamos a poner en discusión cambiar el nombre de la calle Roca por una figura que hoy está siendo conmemorada como lo es Eva Perón, vemos reivindicada la figura de Eva con este gobierno, con el cambio de la imagen el billete de $100, vamos a ver si acompañan esta iniciativa en nuestra localidad”, dijo el concejal.
“Ahora este proyecto está en comisión, yo tengo un recuerdo especial hacia Evita, los Juegos Deportivos y Culturales llevan su nombre por la dedicación que ella puso hacia los niños, la acción deportiva de Evita fue muy importante, más allá de lo que trabajo por la mujer, para mí es un gran recuerdo tiene su gente y sus seguidores que la están ubicando en el lugar que se merece”, agregó el edil bolsones.

FAMILIARES DE GARRIDO SE REUNIERON CON LOZADA


Bariloche, jueves 30 de agosto de 2012 (Bariloche 2000).- A raíz de un pedido de los familiares del joven Guillermo Garrido, quien perdió la vida en una celda de la Comisaría 12 de El Bolsón en enero de 2011, el juez Lozada se trasladó a esa ciudad y este jueves se reunió con padres y parientes. En la foto de archivo, familiares y amigos reclaman justicia.

(Prensa Poder Judicial).-A raíz de un pedido expreso formulado por los familiares del joven cuyo cadáver apareció en una celda de la Comisaría de El Bolsón durante una noche del mes de enero de 2011, el magistrado se trasladó  a esa localidad en el día de hoy a efectos de mantener una entrevista con sus padres y parientes. De ese encuentro participò también el Dr. Francisco Arrien, Agente Fiscal de la localidad.
Durante el  transcurso de la entrevista  el Juez Lozada  informó a los familiares presentes  acerca del estado de la investigación que tiene como imputados a varios de los empleados policiales que prestaban servicios durante la noche de ocurrido el hecho. Asimismo puso en su conocimiento que se trata de una situación de gravedad institucional que exige de todos los operadores judiciales el máximo de esfuerzo para alcanzar la verdad de lo entonces sucedido, toda vez que desde el momento mismo en que una persona es detenida y alojada en una celda de comisaría o en una dependencia carcelaria, surge la responsabilidad del Estado en lo que al cuidado de su vida y salud se trata.
Afirmó el magistrado que la agencia policial y penitenciaria ejercen una posición de garante respecto de las personas detenidas, la cual debe traducirse en su custodia de acuerdo a los términos establecidos en los pactos y tratados internacionales suscriptos por la República Argentina. Agregando que además que deberá velar en el aseguramiento de las condiciones que hacen a la preservación de su integridad física, su salud y su vida.
El cumplimiento de las obligaciones que impuso esa posición de garante, en el caso de Guillermo Garrido, se encuentra en franca crisis, puesto que existe una situación objetiva que de modo inexorable así lo expresa: la existencia de su cadáver en el interior de una celda.
Si ello es así, afirmó el Juez Lozada, pues entonces el Estado provincial a través de sus agencias de investigación debe agotar los esfuerzos tendientes a determinar la verdad de lo entonces acontecido y evaluar,conforme a ello, las responsabilidades penales emergentes.

CÓRDOBA: RECLAMO DE LA COOPERATIVA LA ESPERANZA DE CARREROS Y RECICLADORES

Una vez más los carreros organizados en la Cooperativa La Esperanza salen a la calle el 16 de Agosto del 2012 a reclamar sus derechos como trabajadores y a denunciar el robo sistemático de caballos por algunas protectoras de animales en complicidad con la policía, al mismo tiempo que reclamar el alta de los dos convenios cuyo proceso de negociación data desde principios de este año habiendo siempre sido desoido.

Video producido por Encuentro de Organizaciones - Córdoba

CORREPI - BOLETÍN INFORMATIVO Nº670

(CORREPI).- El plan común de las defensas para justificar el plan criminal

¿Llevaban palos? ¿Tenían gomeras? ¿Había personas con la cara tapada? ¿Tiraron piedras? ¿Buscaban pelear? ¿Por qué siguieron adelante con la movilización si percibieron un “ambiente hostil” en Avellaneda? ¿Sabe que Carlos Olivera fue condenado por abuso de armas? ¿Cuál era el objetivo de la movilización? ¿Mariano Ferreyra trató de subir a las vías? ¿Sabe que eso es un delito? ¿Mariano Ferreyra tenia una gomera? ¿Había tumberas?

Éstas y otras preguntas similares son las que marcaron el rumbo de la estrategia común de las defensas de Pedraza, la patota de la UF y los policías federales cuando declararon en la sala los compañeros de Mariano Ferreyra. Preguntas basadas en una idea central que anima por igual a los defensores particulares y oficiales: están convencidos de que, si logran probar que los trabajadores tercerizados y las organizaciones que los acompañaban querían subir el terraplén y cortar las vías para instalar públicamente su reclamo; si logran probar que frente al ataque de la patota y las policías bonaerense y federal, los compañeros no pusieron la otra mejilla; si logran probar que las organizaciones tenían elementos para la autodefensa, podrán liberar a los asesinos de toda responsabilidad.

Esa estrategia, más vieja que la historia, de culpabilizar a la víctima, se apoya, también, en un hecho irrefutable: el sistema normativo que da marco a este juicio, y el aparato judicial encargado de aplicarlo, no es el de los trabajadores y el pueblo, es el que la burguesía construyó para dar legitimidad a su sistema de explotación.

Seguro que, según el código penal, interrumpir el tránsito, cortar una vía o hacer un piquete en la calle o frente a una empresa pueden ser definidos como delitos. Sólo basta que un juez así lo interprete. Vaya si lo sabremos, con más de 5.000 compañeros sometidos a procesos por protestar, por reclamar, por defender su dignidad. Van décadas de defender compañeros por esos “delitos”, o por otros como manifestarse con la cara tapada o portando un bastón en el cordón de seguridad. Pese a eso, ¿cuántas veces, cuando la movilización y la organización acompañan la defensa técnica, hemos derrotado a ese sistema normativo, a ese aparato judicial, y hemos arrancado la absolución y libertad de tantos compañeros?. Y a la inversa, ¿cuántas veces les hemos infligido la derrota inversa, logrando la condena de sus perros guardianes, policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles y vigiladores privados?

AMENAZAN A INTEGRANTE DE ZAINUCO PARA QUE DEJEN DE DENUNCIAR

Neuquén (8300web).- Dos integrantes de la asociación Zainuco, recibieron el martes amenazas telefónicas para que dejaran de hacer denuncias públicas. Gladys Rodríguez y Blanca López fueron blanco de las intimidaciones a ellas y sus familias. La organización viene haciendo públicos los hechos represivos dentro de las unidades de detención. Entre ellos, la represión y torturas contra 27 policías y el crimen de Cristian Ibazeta en la U11. Dicen que la responsabilidad por lo que les pase, la tiene el gobernador.

Zainuco viene denunciando desde hace años los abusos policiales y las políticas permisivas para que éstas se lleven a cabo en las unidades de detención de Neuquén. En especial en la Unidad 11, en donde se registran los hechos más graves, como la tortura contra internos cometida en 2004 por 27 policías, y el crimen de Cristian Ibazeta, supuestamente a manos de las guardias involucrados en esas denuncias. continúa, ver el artículo completo AQUÍ

CORTE SUPREMA RATIFICÓ SUSPENSIÓN DE PROYECTO MINERO EN CAMPANA MAHUIDA


Esquel, 29 de agosto de 2012 (No a la Mina).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja que interpusiera la Provincia del Neuquén contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Neuquén de decretar medida cautelar y suspender el trámite administrativo relativo a la mina de cobre Campana Mahuida, en territorio de la Comunidad Mapuche Mellao Morales y que desde el año 2008 la Provincia pretende llevar adelante y hasta ahora sin éxito alguno ante la fuerte resistencia de la comunidad mapuche y de los vecinos de Loncopué y Campana Mahuida.

Fuente: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué.

Si bien la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación data del 20 de diciembre pasado, el apoderado de la Comunidad Mellao Morales tomó conocimiento en la fecha de hoy de la decisión adoptada por el Máximo Tribunal de la Nación con los votos de los jueces Lorenzetti, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni.
De esta forma, la exploración y la explotación minera continúan suspendidas en el territorio de la comunidad mapuche hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el juicio principal en el cual se cuestiona la legalidad de la venta de la mina por parte de la Provincia a una empresa China, por el inclumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

VECINOS DE MENDOZA MARCHARON CONTRA LA MINERÍA CONTAMINANTE


Esquel, 25 de agosto de 2012 (No a la Mina).- Se manifestaron por la vigencia de la Ley 7.722 y celebraron el primer aniversario del rechazo a la instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia. A un año del rechazo a la instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia, cientos de vecinos y organizaciones ambientalistas marcharon ayer a la tarde para defender la vigencia de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto, y pedir que los jueces ratifiquen de forma plenaria (no sólo tres de los seis magistrados) la constitucionalidad de la norma frente al pedido de un grupo de empresas mineras que iniciaron acciones judiciales para que sea considerada contraria a la Carta Magna.

Fuentes: diario Los Andes y San Rafael.

Con carteles en las manos, bombos y varios disfrazados de payasos -ya que consideran que el Gobierno no los toma en serio-, se congregaron desde las 19 en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, de Ciudad. Durante su recorrido por distintas calles del microcentro, se manifestaron frente a la Legislatura y concluyeron la movilización ante el edificio del Poder Judicial.
El texto de algunos carteles rezaba: "Somos 75% agua y un 0% oro que defender", "Ley 7722, agua pura, defenderla", "Que toda la Corte Suprema de Justicia ratifique la absoluta constitucionalidad de la 7722".
Existen diez causas que están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por Mario Adaro, Herman Salvini y Carlos Böhm. Sin embargo, el debate aún sigue abierto, ya que algunos de sus miembros opinan que la decisión final sobre el futuro de la ley antiminera debería tomarse entre los seis jueces que componen el organismo, tal como vienen pidiendo públicamente los sectores ambientalistas.
Justamente, la semana pasada ambientalistas, integrantes de diferentes organizaciones de vecinos de toda la provincia y mendocinos se reunieron en la explanada del Poder Judicial para entregar por mesa de entrada una carpeta con 36 mil firmas de personas que apoyan el reclamo para que la ley 7.722 no sea modificada ni declarada inconstitucional.