(RNMA).-
En estos días trascendió un proyecto de reforma por decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental que se encuentra en este momento esperando la firma del Presidente de la Nación. Desde
Enredando las Mañanas nos comunicamos con
Marcela Martin, trabajadora social del Hospital Colonia Santa María de Punilla, para profundizar en torno a los motivos de la preocupación que este proyecto ha generado en el sector.
Marcela es trabajadora social y desde hace 28 años desempeña su actividad en el Hospital Colonia Santa María en Punilla, a 5 km de la ciudad de Cosquín. Cuando le preguntamos en torno al proyecto de decreto de reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental señala, dos cuestiones centrales en términos legislativos. En primer lugar, que efectivamente esta Ley ya fue reglamentada. Pero además, plantea que el fin de un decreto reglamentario debe ser definir “lo pragmático de aplicación de la ley. Inclusive, los artículos que están claros no son reglamentados, sólo aquellos que necesitan una aplicación práctica que sea indudable su aplicación”. Y no, como sucede con esta propuesta que se hizo pública, “operativizar nuevos conceptos que no son los que están en la fundamentación de la ley del 2010”. En términos de la profesional, avanza sobre “algunas cuestiones de fondo, no de forma” de una ley que fue producto de un fuerte debate nacional de usuarixs y trabajadorxs del ámbito, en el marco de un proceso social y colectivo intenso.
Las palabras no son inocentes: enfermxs vs. sujetos
A nivel conceptual, explica Marcela, la ley nacional es muy clara: “trata a las personas como sujetos con padecimiento subjetivo que requieren de una intervención interdisciplinaria (...) Cuando se empieza en el decreto a hablar de enfermos, ya cambiamos el concepto, porque no es un sujeto que está padeciendo en este momento una sintomatología de una crisis, sino que cuando vos catalogás de enfermo, ya etiquetás (...) ya no lo trata como un sujeto sino como una persona desvalida que requiere que se accione sobre esa situación”.
Para la trabajadora social, ese concepto de enfermo paraliza al otro y no lx reconoce como sujeto portador de derechos “que en este proceso de volver a recuperar la salud y volver a recuperar su inserción en la sociedad tiene, por ejemplo, el derecho a abogados que te representen cuando vos no acuerdes con la terapéutica que un equipo de salud de un hospital público te plantee (...), a no ser sometido, a instalar la palabra como mecanismo de vincularnos con todos aquellos sufrientes que tenemos en la sociedad, que son muchos más de los que creemos”.
Hospitales especializados vs. hospitales generales
Otro de los aspectos que preocupan en la formulación del proyecto es la mención de “hospitales especializados en salud mental y psiquiatría”. Ante esto, explica Martin, “la luz roja se enciende con más intensidad”. La perspectiva de la ley sancionada en 2010 plantea que los servicios de salud mental deben ser parte de los que proveen los hospitales generales, a la par de otros como el de cardiología, de pediatría, etc. “En ese hospital público de todos -aclara-, se plantea un área ambulatoria y con servicio de internación en salud mental. Esto es factible, está sucediendo en Argentina en muchísimos hospitales y es a lo que vamos, a integrar el concepto de la salud mental y de su recuperación en el ámbito de la salud, no en el aislamiento de un hospital especializado donde los locos son encerrados y apartados de la sociedad que los produce”.
“Desmanicomializar nuestras cabezas”
Para la trabajadora social, el concepto de desmanicomialización va incluso más allá de la existencia o no de un edificio, de lo material. Se trata, nos dice, de “desmanicomializar nuestras cabezas. Desmanicomializar sería no aludir al encierro como primera instancia, sino a qué otros dispositivos alternativos le ofrecemos a una persona que está sufriendo un duelo, un ataque de pánico, un episodio de esquizofrenia, lo que sea, cualquier hospital de día, taller o residencia protegidas”.
Marcela relata que en la zona de Punilla, donde ella trabaja, hay tres residencias protegidas que dependen del Hospital, dos de varones y una de mujeres. En ellas, explica, “van, hacen las compras, vuelven, lavan la ropa, la secan, la doblan, hacen la comida, van al médico, se toman el colectivo, y eso lo sostiene el estado provincial porque hemos construido una ley”.
“Desde esa perspectiva -continúa-, nosotros entendemos la desmanicomialización como la concepción de poder atender los episodios de salud mental en los hospitales generales como cualquier otra patología y que ante la crisis, inclusive la internación domiciliaria es viable (...) para evitar la internación aguda en lo que sería una sala de cuidados especiales en un hospital general. Todos estos mecanismos plantea la ley nacional y para eso nos hace falta un presupuesto y hace falta esta mirada de la sociedad, de los usuarios y sus familiares y de los trabajadores en función de que el encierro a lo largo de los años, no solamente la ley lo evite, sino que la sociedad no aluda en primera instancia. Y apunta además, cuando aludís al encierro, al chaleco químico que implica la psicofarmacología”.
Por si fuera poco..
La profesional de la salud señala que son más las cuestiones a puntualizar en torno al proyecto de decreto. Una es la noción de “peligrosidad” o de riesgo potencial de una persona en crisis que propone el texto. Marcela plantea que ese término proviene de una perspectiva jurídica, “de vigilar y castigar, como decía Michael Foucault”. Por el contrario, desde el sector de la salud mental se habla del daño inminente para sí o para terceros que “es una persona que puede estar en una situación en donde se ponga a sí en riesgo y a otros en el marco de una enfermedad, no es peligroso, es una situación de salud”.
En segundo lugar, otra de las cuestiones a atender es que el proyecto quita de la competencia del Ministerio Público de la Defensa la designación de la máxima autoridad del Órgano de Revisión de la Ley y designa para esta tarea al Ministerio de Salud de la Nación. De modo que el control de aplicación de la ley estará a cargo del mismo ente que la ejerce. Además de incrementar en este órgano de control la predominancia de una perspectiva médica biológica, !que es contra lo que venimos debatiendo, que hay una sociedad en crisis, profundamente violenta, discriminadora, como es la sociedad argentina y el capitalismo en general, que necesita este chaleco químico”.
Para finalizar, Marcela Martin afirmó que desde el sector están dispuestxs a dar las discusiones de fondo que hagan falta, “porque el espíritu de la ley en vigencia no tiene mucho que ver con estas palabritas que sutilmente aparecen en el decreto y que abren estas discusiones en Argentina y la vamos a dar en todos los ámbitos que correspondan, y si hay que movilizar, nos movilizaremos”.
Editoriales ANP
