14 de noviembre(Red Eco).-
Ser "competitivos" para "atraer inversiones" es
uno de los argumentos del gobierno para fundamentar la necesidad de una
reforma laboral que aumente la productividad. Sin embargo, detrás del
mismo se esconde el verdadero fin de esta reforma: disminuir para el
empresario los "costos laborales" y asi maximizar sus ganancias que, en
gran medida, son parte de los capitales que fuga año tras año. Mariano Pasi, integrante de CTA Autónoma (Capital) para Red Eco Alternativo
(Mariano Pasi, integrante de CTA-A para Red Eco ) Argentina - Las clases dominantes nos bombardean con la “imperiosa necesidad” de una reforma laboral en nuestro país, que le permita ser competitivo en el mercado mundial y así poder captar inversiones que nos lleven al progreso y bienestar general. Argumentan que dicha competitividad se alcanzará si se incrementa la productividad de nuestra clase trabajadora, y que para eso es necesario eliminar algunos “privilegios” -así se expresó el ministro Triaca- de los trabajadores.
Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país, sino que se enmarca en una gran ofensiva global del capital contra el trabajo que tiene como objetivo el incremento constante de las ganancias del primero. Así se dieron ya reformas en España, Francia, México, Italia y recientemente en nuestro vecino Brasil.
El caso de nuestros hermanos brasileros es tomado por el gobierno argentino como un parámetro a seguir en el camino de aumentar la productividad y la competitividad, aunque no como el modelo directamente a copiar. Para clarificar un poco, es necesario señalar que la reforma brasilera lleva la relación patrón-trabajador a condiciones de trabajo propias del Siglo XIX. Entre sus consecuencias, se destaca que ahora las empresas podrán negociar directamente con los trabajadores, dejando a un lado la ley laboral. Así, por ejemplo, la duración de la jornada laboral -se habilitan jornadas de 12 hs-, los despidos, el grado de insalubridad, el salario, el régimen de trabajo, la remuneración por productividad, entre otros puntos, dependerá de lo que acuerde un trabajador con la empresa y no de un acuerdo de convenio donde participan los sindicatos, debilitando así la organización sindical y la fuerza colectiva. Es la exacerbación del contrato basura, la tercerización de los contratos laborales y la destrucción del sindicalismo como herramienta defensiva.
Volviendo a nuestro país, para discutir la pertinencia de una reforma laboral tal como está planteada, deberíamos preguntarnos qué implica aumentar la competitividad y productividad de nuestro trabajo, no en términos individuales sino colectivos. Para esto, es posible remitirse a Carlos Marx y la definición que otorga en El Capital[1] sobre los cinco factores que incrementan la capacidad productiva del trabajo: el grado medio de destreza del obrero, que implica su capacitación a lo largo del tiempo; el nivel de progreso de las ciencias, es decir, la incorporación de tecnologías para en el proceso productivo; la organización social del proceso de producción, que implica eficiencia; el volumen y la eficacia de los medios de producción, el cual depende de la incorporación de más maquinarias y herramientas; por último, las condiciones naturales.
Teniendo en mente los cinco factores antes descriptos, se puede pensar entonces cómo mejorar las condiciones de productividad de los trabajadores y quién es el que debe llevar adelante esas mejoras. Así, queda claro que, a excepción de las condiciones naturales, los restantes cuatro factores implican la inversión de capital por parte de los empresarios para generar así que los trabajadores puedan producir más y con mejor calidad. Incorporación de maquinarias y nuevas tecnologías, con una continua capacitación para su eficaz empleo son indispensables para que nuestro país mejore sus niveles de productividad y sea así más competitivo en el voraz mercado internacional.
Lo anterior permite desenmascarar las verdaderas intenciones de la reforma laboral, la cual busca disminuir derechos laborales -como en el caso de Brasil- para generar con esto una disminución en los costos de los patrones y así maximizar sus ganancias. Por supuesto, mayores ganancias no implican mayores inversiones y crecimiento económico, lo que se evidencia en las siderales cifras de fuga de capitales que año tras año sufre nuestro país, así como el estancamiento de la utilización de la capacidad industrial instalada, que oscila entre el 63 y 67% desde hace años.
Discutir incremento de productividad en nuestro país implica discutir la distribución de la riqueza. Implica reorientar el sistema financiero hacia la provisión de créditos a las PyMEs y el sector industrial en general, para ampliar la capacidad productiva e incorporar tecnología de punta. Implica fomentar la investigación científico-técnica y profundizar las políticas públicas de capacitación para nuevos oficios y roles laborales, así como para la disminución del trabajo informal. También requiere la imposición de un freno al saqueo de los recursos naturales que las empresas transnacionales se llevan de nuestras tierras.
Cabe agregar que la competitividad de la economía nacional no está ligada únicamente a la productividad de su clase trabajadora sino que también es necesario tener en cuenta la infraestructura disponible. En ese sentido, es imperiosa la puesta en marcha de un gran plan de inversiones públicas en áreas estratégicas, como podría ser la industria ferroviaria o las energías renovables. Es sabido que el desarrollo ferroviario permitiría reducir costos de transporte, así como también fomentaría la generación de empleos y tecnología nacional.
Hablar de la competitividad de nuestra economía nos permite destacar que ésta depende principalmente del modelo productivo sobre el que se apoya. En el caso argentino, su estructura agro-minera exportadora lo vuelve vulnerable a los vaivenes de los precios de las materias primas que produce. Por eso, ante la ofensiva que el capital despliega contra los trabajadores, se torna indispensable que la clase trabajadora genere iniciativa política para, en principio, correr el eje de discusión desde lo que beneficia a los patrones hacia lo que beneficia a los sectores populares; luego, romper los discursos falaces que buscan profundizar la precarización laboral; y finalmente, poner en discusión el modelo productivo nacional y la distribución de la riqueza producida socialmente. Sólo así podremos frenar esta nueva embestida contra nuestro pueblo.
[1] Marx, Carlos; El Capital, Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2000
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