S.C. de Bariloche (Al Margen).-La aparición sin vida del agente Lucas Muñoz evidencia la impunidad de que goza la mafia policial. Titi
Almonacid, Jorge Pilquiman, Diego Bonnefoi, Sergio Cárdenas, Nino
Carrasco, Coco Garrido, Daniel Solano, Atahualpa Martínez Vinaya, Lucas
Muñoz … la lista de asesinatos y desapariciones producto de apremios
ilegales y violencia institucional, de la que es responsable la policía
de la provincia de Río Negro, es una muestra de la complicidad entre el
poder judicial provincial y la fuerza que debería garantizar el derecho
ciudadano de vivir en paz en este suelo patagónico.
foto: Fabián Viegas ECPCAM
Una acumulación de indicadores que no hacen más que evidenciar un pacto de impunidad, como también cierta complicidad.
Sucesivos
hechos criminales que no encuentran nunca responsables materiales como
políticos, causas que prescriben en la maraña burocrática judicial y que
esconden la vinculación entre miembros del poder judicial y la
corporación mafiosa policial. Y un poder político que elige
mirar para otro lado, sin voluntad ni capacidad política de modificar
estructuralmente la situación.
Porque tanto el poder judicial
como la institución policial, son actores de poder fáctico, que pueden
poner en jaque la gobernabilidad de cualquier gestión de turno.
¿De qué se habla al referirse a la trama de corrupción en la que se
vincula a esta mafia policial judicial? Monopolio del negocio de las
economías clandestinas que generan la trata de personas, el
narcotráfico, el tráfico de armas como también de aparatos tecnológicos
robados y comercializados en el mercado negro. Y la aparente garantía
de impunidad en sucesivos hechos criminales que implican a miembros de
la fuerza, moviliza al pueblo en reclamo de justicia.
Un paradigma represivo
Quizás habría que indagar en el origen de la creación de la fuerza,
allá por la configuración del territorio nacional, para dar cuenta de la
matriz instituyente. La jefatura de policía de Río Negro fue creada en
1887 como fuerza dependiente del gobernador del territorio, quien en
esos tiempos era electo por el poder ejecutivo nacional (hasta 1955,
cuando el territorio pasó a ser provincia). Su rol era principalmente
mantener el orden y defender los bienes y la vida de los habitantes del
territorio. La policía era el poder principal, sobre todo en el interior
del territorio.
[1]
Los grupos son estigmatizados por clase, por etnia, por prácticas cuestionables, por nacionalidad.
En
el primer periodo, son los indígenas que despojados, relocalizados y
sometidos tras la “Conquista del Desierto” recorren en grupos el
interior del territorio. Cuando la primera fronteriza, los
sectores sobre los que recae la violencia policial son también los
fiscaleros de la zona cordillerana, acusados de robar o usurpar, la
segunda fronteriza suma a los ya mencionados también la marcación
política de trabajadores agremiados. En la década del treinta son
claramente los pequeños productores ganaderos.
[2]
El abuso de la fuerza fue una práctica habitual en las
policías del territorio, las que hasta el traspaso a provincia en 1955
fueron también conocidas como “policías bravas”. Esta
matriz discriminatoria, represiva, punitiva, de violencia estatal, es la
que se configura como doctrina de formación política de la fuerza
policial. La que se consolida a través de las sucesivas décadas
del siglo XX, signado por golpes de Estado que hicieron del paradigma
represivo una herramienta de disciplinamiento social.
El discurso de la inseguridad y las políticas de desgobierno
La hegemonía del relato neoliberal, sobre la “inseguridad”, y los
discursos que plantean la aplicación de mano dura sobre la delincuencia,
habilita un endurecimiento del paradigma represivo en plena vigencia de
un Estado de derecho y garantías. Relato que plantea al sentido común
un abordaje punitivo de la justicia, a la que comienza a referirse como
garantista o represiva, según desde la perspectiva desde la que se
interprete el derecho.
Este relato justifica el aumento de presupuestos a las fuerzas
policiales federales y provinciales, como la creación de nuevas
secretarías y ministerios
. Cada vez mayor infraestructura, cada
vez mayores recursos y cantidad de policías, cada vez mayor poder a una
fuerza, que en la provincia se autogobierna en los hechos y
tiene la capacidad de poner en vilo al poder político y judicial. Tiene
armas en su poder, como el manejo de la información acerca de las
organizaciones criminales que operan en la región (que en muchos casos
se transforman en vínculos e intereses compartidos).
Los acuartelamientos de las diferentes fuerzas policiales
provinciales, en los días previos a las fiestas de fin del 2013, con
motivo de lograr una mejora salarial en el marco de un proceso
devaluatorio, fue una muestra del accionar corporativo de esta fuerza.
La provincia de Río Negro no fue la excepción, y Weretilneck dio el
aumento rapidito y sin chistar. Sin siquiera esbozar el planteo de
llevar a la justicia a aquellos que se revelaron al poder político
civil.
El caso de la designación de Altuna como jefe de la institución
policial, es otro indicador del desgobierno del poder ejecutivo sobre la
fuerza.
Desde 2010, Altuna trabaja como asesor legal de la policía de Río Negro. En
tanto, desde marzo de 2012 hasta su asunción en la jefatura policial,
se desempeñó como profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal en
la Escuela de Agentes y Sub-Oficiales con sede en Bariloche. En
noviembre de 2014 fue postulante al concurso público convocado por el
Consejo de la Magistratura de la provincia, a fin de cubrir la vacante
de la Fiscalía de la Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad. La
posibilidad de que Altuna asumiera el cargo de Fiscal de Cámara generó
un fuerte rechazo de las organizaciones sociales de la ciudad, motivados
por su jactancia de haber defendido en juicios a policías imputados en
casos de apremios ilegales o gatillo fácil, y lograr el sobreseimiento
.
O sus declaraciones misóginas sobre posibles casos de violaciones, a
las que “habría que disfrutar”, plenas de violencia de género. Con su designación como jefe de policía,
el
gobierno hizo lugar al pedido de los organismos de derechos humanos, y
al mismo tiempo puso en la Jefatura a un cuadro técnico, orgánico de la
fuerza policial. Le otorgó la conducción de la fuerza a un miembro de la
fuerza. Autonomía política en materia de seguridad. Por más que sean otros los funcionarios políticos designados en los cargos, en los hechos se revela la realidad.
Preguntas sin respuestas
¿Qué pone de manifiesto el caso de la desaparición y el posterior
asesinato de Lucas Muñoz? ¿Por qué tantos puntos en común con la
desaparición y asesinato de Micaela Bravo? La desaparición y el montaje
de un operativo policial que incluyó a otras fuerzas como la gendarmería
y la policía aeroportuaria, la búsqueda infructuosa por parte de los
familiares, procedimientos iniciales a cargo de la policía rionegrina
que en lugar de preservar pruebas e indicios se encargaron de
tergiversarlos, la aparición sin vida después de casi un mes, la
sensación de que el cuerpo fue “plantado” en un lugar donde ya se había
rastrillado, la aparición del cuerpo de Micaela como el de Lucas a
escasos metros de distancia, en la zona cercana a la rotonda de Ruta 40
Sur y Circunvalación, como si se tratara de una zona liberada.
La gravedad institucional de lo que acontece no se puede camuflar con
cortinas de humo o noticias frívolas de los proyectos comunitarios de
las candidatas a reina de la nieve.
La ciudadanía no confía en
una fuerza corrupta, en la que sus propios miembros están implicados en
el asesinato de un joven policía que evidentemente no quiso ser parte de
algún hecho criminal, como tampoco de su encubrimiento
Las denuncias públicas de los familiares de Lucas, sobre la
“pasividad” que tenía la investigación policial y judicial, lograron
activar el caso y comenzar a desarmar una trama de encubrimiento
policial, que terminó con el apartamiento de tres comisarios, un
subcomisario, dos oficiales y un suboficial, y la detención de estos
tres últimos. El sargento Néstor Meyrelles, de la comisaría de Catriel,
primero de los detenidos por haber comprado un chip telefónico
utilizando el número de DNI de Muñoz. El oficial Luis Irusta, detenido
en Carmen de Patagones, oculto en la casa de un amigo, fue uno de los
policías que intervino en el allanamiento ilegal a la pensión donde
vivía Lucas. Por último, fue detenido el oficial Federico Valenzuela
Campos, amigo de Muñoz, acusado de haber ordenado a Meyrelles la compra
del chip. ¿Qué se esconde tras estas maniobras de encubrimiento? ¿Qué
constaba en las fojas del libro diario arrancado de la comisaría 42? ¿A
qué refiere el gobernador con sus declaraciones sobre un “pacto de
silencio” policial?
El poder político, tanto en su versión ejecutiva como judicial, deberían comenzar a dar respuestas.
Tanto del crimen de Lucas Muñoz, de Micaela Bravo, de Sergio Cárdenas y
Nino Carrasco, de Daniel Solano, Otoño Uriarte, y tantxs otrxs. El
pueblo reclama justicia, y castigo a los culpables.
Por Marcelo Viñuela
Equipo de comunicación Popular Colectivo al Margen.
[1] Pérez, Pilar; “De bandoleros y policías. El farwest patagónico como máscara de violencia institucional”. Al Margen, 2015.
2 Idem.
Editoriales ANP
