Coopetel informa a los usuarios de Telefonía Rural dependientes de la
antena ubicada en el Cerro Perito Moreno que actualmente se encuentran sin
servicio, que se está trabajando para reanudar el mismo a la mayor brevedad
posible.
Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas
--
martes, 20 de diciembre de 2011
lunes, 19 de diciembre de 2011
COMUNICADO DE PRENSA: COMUNIDAD MAPUCHE NEHUEN CHE, FOLLIL Y LAS HUAYTEKAS
El Bolsón 17 de diciembre del año 2011
Comunicado de Prensa.
Las comunidades mapuche NEHUEN CHE (Mallin Ahogado), FOLLIL (Mallin Ahogado), LAS HUAYTEKAS ( Los Repollos ) e integrantes del Pueblo Mapuche, queremos manifestar nuestra preocupación por la reciente modificación y parcial aprobación de la ley antiterrrorista, impulsada por el poder legislativo y el gobierno nacional. La misma plantea una clara intencionalidad de criminalizar la protesta social, tomando nuestros reclamos como actos terroristas y dejando totalmente desprotegidos los derechos de los pueblos originarios en las reivindicaciones; tanto sociales, políticas, como territoriales. Esto posibilitará que intereses privados ; como así también el mismo estado utilicen dicha herramienta para criminalizar nuestras demandas históricas.
A su vez, vemos como una gran contradicción que el actual gobierno genere marcos legales y programas que apuntan a fortalecer los derechos de nuestro pueblo; pero por otro lado, obedece las directivas internacionales de EE UU, adoptando la figura del terrorista, aplicable a cualquier luchador social, deslegitimando nuestros reclamos y penándolos.
Las consecuencias de la aplicación de este tipo de leyes, las están viviendo nuestros hermanos Guluche en Chile, quienes son perseguidos, procesados y encarcelados por ejercer sus derechos ancestrales.
Más allá de los condicionamientos legales, seguiremos reivindicando nuestro legítimo derecho al territorio Y a la autodeterminación como pueblo Mapuche
I CONGRESO EXTRAORDINARIO DEL SITER
[S.I.T.E.R.].- En la ciudad de Gral. Roca-Fiske Menuco, a los diecisiete días del mes de Diciembre de 2011, se reunió el I Congreso Extraordinario del Sindicato Independiente de Trabajadoras/es de la Educación de Río Negro, SITER, con la presencia de las Regionales: Viedma, Valle Medio, Gral.Roca-Fiske Menuco, Fernández Oro, Cipolletti y Bariloche y la ausencia de El Bolsón, para tratar el siguiente temario:
3-Política Gremial 2012
4-Pliego de reivindicaciones
1- Las/os compañeras/os Norma Ibáñez y Aurelio Vazquez realizan un informe detallado de lo actuado en función de la construcción de este sindicato hasta arribar a la presentación al Ministerio de Trabajo de la Nación de la Petición de inscripción gremial del SITER.
2 y 3- Luego de un detallado análisis de la situación nacional y provincial se resolvió: Denunciar las condiciones indignas de los trabajadores de Agrocosecha en Valle Medio y la represión constante del Grupo BORA, exigiendo su inmediata disolución. Solidarizarse con los familiares del joven Daniel Solano desaparecido en Lamarque.
Acompañar la lucha de las/os trabajadores de Uatre.
Repudiar las acciones del gobierno pcial. como el “Salariazo” a los funcionarios del Poder Ejecutivo, la declaración de prescindibilidad de cientos de empleados públicos y la represión y encarcelamiento a las/os trabajadoras/es de la Municipalidad de Cinco Saltos.
4- Después de un amplio debate este Congreso acuerda por unanimidad el siguiente Pliego de Reivindicaciones:
Asimismo se resuelve solicitar audiencia con el Gobernador Carlos Soria para presentarle este Pliego de Reivindicaciones.
1-Informe de la Junta Promotora
2-Análisis de la situación Nacional y Provincial3-Política Gremial 2012
4-Pliego de reivindicaciones
1- Las/os compañeras/os Norma Ibáñez y Aurelio Vazquez realizan un informe detallado de lo actuado en función de la construcción de este sindicato hasta arribar a la presentación al Ministerio de Trabajo de la Nación de la Petición de inscripción gremial del SITER.
2 y 3- Luego de un detallado análisis de la situación nacional y provincial se resolvió: Denunciar las condiciones indignas de los trabajadores de Agrocosecha en Valle Medio y la represión constante del Grupo BORA, exigiendo su inmediata disolución. Solidarizarse con los familiares del joven Daniel Solano desaparecido en Lamarque.
Acompañar la lucha de las/os trabajadores de Uatre.
Repudiar las acciones del gobierno pcial. como el “Salariazo” a los funcionarios del Poder Ejecutivo, la declaración de prescindibilidad de cientos de empleados públicos y la represión y encarcelamiento a las/os trabajadoras/es de la Municipalidad de Cinco Saltos.
4- Después de un amplio debate este Congreso acuerda por unanimidad el siguiente Pliego de Reivindicaciones:
- Exigir un salario mínimo de bolsillo que corresponda a la la Canasta Básica Familiar, 5500$.
- Rechazar la Emergencia Educativa y la Municipalización de los servicios de mantenimiento de los edificios escolares, refrigerio y comedor.
- Exigir el pleno funcionamiento del IPROSS y la representación directa y mayoritaria de las/os trabajadoras/es en el Directorio del mismo.
- Rechazar la flexibilización laboral implementada a través de la designación de cargos a término.
- Cumplimiento de la obligatoriedad del funcionamiento de salas de 4 años y la creación de los cargos y secciones correspondientes. Creación de Jardines Maternales y salas de 3 años.
- Cumplimiento real del 82% movil para las/os jubiladas/os.
- Aumento del Presupuesto Educativo.
Asimismo se resuelve solicitar audiencia con el Gobernador Carlos Soria para presentarle este Pliego de Reivindicaciones.
Livia Barros
Sec.Actas y Administración Sec. General
Sindicato Independiente de Trabajadoras/es
de la Educación de Río Negro
COMUNICADO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DEL CEM 30, 48 Y 94
El Bolsón, 13 de diciembre de 2011.
Docentes y Directivos del CEM 30, 48 y 94, queremos informar a la comunidad toda lo ya planteado a las nuevas autoridades educativas, que:
Transcurrido dos meses de haber sido declarada, por el Concejo Deliberante de El Bolsón, la "Emergencia Edilicia" de nuestras escuelas, y tras tres meses de haber tenido que dejar el edificio escolar, por la seguridad de nuestros alumnos y para facilitar, de tal modo, la realización de las obras necesarias y prometidas de electricidad de plan de obra, techo, baños, patio etc.; nos encontramos hoy en la misma situación del punto de partida, sin haberse realizado las reparaciones adecuadas correspondientes.
Habiendo sido capaces de implementar un ?Plan de contingencia pedagógico?, que nos permitió concluir con nuestros alumnos el ciclo lectivo 2011 (funcionando en siete sedes de distintos puntos de la localidad), y conociendo las dificultades que se generaron creemos imprescindible que se dé comienzo, de forma inmediata, a las obras que nos permitan el normal inicio de actividades para el 2012.
En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, pedimos a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación el cumplimiento de las siguientes condiciones definidas por Arquitectura Escolar como imprescindibles:
- Cambio completo del techo y cielorraso;
- Arreglo definitivo de los baños y cloacas, y comienzo de la nueva batería de baños;
- Arreglo del piso del patio externo;
- Finalización de la Obra de Electricidad.
Solicitamos además, y dentro de este marco de garantías de la educación pública:
- La investigación y aplicación de las sanciones correspondientes para el personal designado en educación, de manera irregular, y aquellos que actuaron de manera incorrecta frente a nuestra comunidad educativa. Como así también para la ex Directora de Nivel Medio Profesora Graciela Calabrese, la cual consideramos ha incurrido en el incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
- Se nos facilite copia de la rendición de los fondos destinados a los arreglos del edificio del CEM 30,48 y 94. Se dé explicación sobre los $393.394,35 publicados en la página del Ministerio como fondos destinados a las "refacciones varias del CEM 30 y CCT 7"
Por todo lo expresado y en común acuerdo, consideramos, nos es imposible, administrativa y pedagógicamente, comenzar LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES 2012 HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE ESTAS DEMANDAS.
Acompañan firmas docentes.
El presente documento será presentado el 19 de diciembre en Delegación Regional de Educación Zona Andina Sur.
domingo, 18 de diciembre de 2011
NEUQUEN: MARCHAMOS A 10 AÑOS DE LA REBELION POPULAR DEL 19 Y 20
COMUNICADO DE PRENSA
A 10 AÑOS DE LA REBELION POPULAR DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE MARCHAMOS EN NEUQUEN COMO EN PLAZA DE MAYO
Las organizaciones abajo firmantes convocamos a toda la población a la Movilización este 20 de diciembre a 10 años de la Rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2011.
LUNES 19/12 a las 10:30hs Conferencia de Prensa en ATEN Capital (Perito Moreno 373)
MARTES 20/12 a las 19hs Concentración en el Monumento a San Martin- Neuquén.
A 10 años, ¡viva la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001!
No al tarifazo y ajuste del gobierno K
Paritarias libres, sin topes salariales. La huelga es un derecho, no una extorsión
Cierre de las causas, anulación de las condenas y libertad a los luchadores. Basta de asesinatos, castigo a los culpables. No a la Ley antiterrorista ni a la criminalización de criminalizar la protesta social.
Que la crisis la paguen los grandes capitalistas, banqueros y terratenientes, no los trabajadores y el pueblo.
ATEN Capital, ATEN Plottier, ATEN Centenario, ATEN Zapala, ATEN Senillosa; Sindicato Ceramista, Ceprodh, Partido Obrero, Izquierda Socialista, PTS, Nuevo MAS, Convergencia Socialista- PSTU-MST en Movimiento Proyecto Sur- PCR – POR – Frente Popular Darío Santillan- Corriente de Trabajadores - Agrupación Ambar de ATEN
LA LEY ANTITERRORISTA Y LAS NUEVAS FORMAS DE REPRIMIR LA PROTESTA SOCIAL
(Boletín Sudestada).-
El 14 de octubre pasado, mientras la prensa y la oposición se agitaban frenéticas con las elecciones presidenciales venideras, la presidenta remitía al Congreso un nuevo proyecto de Ley Antiterrorista (y “antilavado”) que propone agregar dos artículos al Código penal y que se sumarían a la Ley 26268 sancionada en 2007, también por proyecto del poder Ejecutivo y en tiempo récord por la presión de GAFI –Grupo de Acción Financiera Internacional–. El mismo Grupo que hoy pide ampliaciones en cuanto al alcance de la ley para que el delito de “terrorismo” se asocie a todos y cada uno de los tipificados en este código, tanto sean cometidos por organizaciones como por individuos, y para penalizar la “financiación del terrorismo”.
Así, Argentina cumpliría con los requisitos solicitados por los Estados Unidos para ser un “país confiable”. La sanción de esta nueva ley sería un retroceso en cuanto a las garantías y libertades de los luchadores sociales: al agregarse la figura de que cuando cualquiera de los “delitos” fuera cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Eso repercute en una duplicación de la pena de 5 a 20 años que ya está vigente.
En estas páginas, reproducimos el comunicado de prensa de la CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) en el que se explayan sobre las modificaciones y las consecuencias que traerían en la criminalización de la protesta social. Además, una nota escrita por el periodista Tomás Astelarra, quien en sus años de trabajo en Colombia pudo constatar lo que representa la sanción de Leyes Antiterroristas en los países latinoamericanos, por parte de un presidente, Álvaro Uribe, que hoy es ciudadano ilustre de la Ciudad del macrismo y asesor de la nueva Gendarmería nacional.
Por último, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; se invita a una conferencia de prensa el próximo lunes 19/12 a las 15 en el Salón Cabezas del Congreso para rechazar el nuevo proyecto. Para adherir al rechazo, enviar correo a: treintaanios@yahoo.com.ar
Por CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)
Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.
Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.
La ley antiterrorista vigente
En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el “terrorismo”, ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. “Terroristas” son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, “terroristas” son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, “terroristas” son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.
La “Ley Antiterrorista” sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorismo” a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.
En primer lugar, la ley mencionada agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las “asociaciones ilícitas terroristas”, definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta “asociación ilícita terrorista” resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere, además, que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional, y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.
El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner
El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”
Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto “aterroriza a la población.” No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.
Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.
Este nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.
Por ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de 10 a 30 años de prisión.
Además, este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de protesta, además de catalogarlas de terroristas.
Resulta evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley,.
Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el “financiamiento” aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de “terrorismo” ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación, todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.
Una ley al servicio del imperialismo
Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de “terroristas” para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.
Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un “terrorista” a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los “terroristas” a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos financieros internacionales.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, genera miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.
No quedan dudas de que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general, que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de “terrorismo”, se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.
En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas, y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.
Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.
Así, Argentina cumpliría con los requisitos solicitados por los Estados Unidos para ser un “país confiable”. La sanción de esta nueva ley sería un retroceso en cuanto a las garantías y libertades de los luchadores sociales: al agregarse la figura de que cuando cualquiera de los “delitos” fuera cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Eso repercute en una duplicación de la pena de 5 a 20 años que ya está vigente.
En estas páginas, reproducimos el comunicado de prensa de la CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) en el que se explayan sobre las modificaciones y las consecuencias que traerían en la criminalización de la protesta social. Además, una nota escrita por el periodista Tomás Astelarra, quien en sus años de trabajo en Colombia pudo constatar lo que representa la sanción de Leyes Antiterroristas en los países latinoamericanos, por parte de un presidente, Álvaro Uribe, que hoy es ciudadano ilustre de la Ciudad del macrismo y asesor de la nueva Gendarmería nacional.
Por último, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; se invita a una conferencia de prensa el próximo lunes 19/12 a las 15 en el Salón Cabezas del Congreso para rechazar el nuevo proyecto. Para adherir al rechazo, enviar correo a: treintaanios@yahoo.com.ar
Nueva ley antiterrorista: una norma para reprimir al pueblo y sus luchas
Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley “antiterrorista”, que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”.
Cabe recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de ellos tipificaba como delito la “asociación ilícita terrorista” y el segundo sancionaba el “financiamiento del terrorismo”.
La ley antiterrorista vigente
En este sentido, no es menor que sea una ley para combatir el “terrorismo”, ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por “terrorismo” y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. “Terroristas” son los iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, “terroristas” son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales, “terroristas” son los mapuches que exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros desde tiempos remotos.
La “Ley Antiterrorista” sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno para detener y acusar de “terrorismo” a cualquiera, sin que sea requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún momento ha sido al menos un eje para la definición de actos terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268, se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún organismo internacional.
En primer lugar, la ley mencionada agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las “asociaciones ilícitas terroristas”, definiéndolas como aquellas cuyo propósito sea “aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir que la característica distintiva del perseguido por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya que todos los demás requisitos para configurar esta “asociación ilícita terrorista” resultan muy difusos y quedan a interpretación libre de los jueces. Esta norma requiere, además, que dicha organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico, político o religioso, estar organizado en redes internacionales y contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o integridad de un número indeterminado de personas. Estos requisitos son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o un organismo internacional, y la ley establece penas que van de los 5 a los 20 años de prisión.
El nuevo proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner
El nuevo proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una legislación “antiterrorista” cuyos alcances son mucho mayores y que permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art. 41 quinquies, que establecería lo siguiente: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala.”
Es decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto “aterroriza a la población.” No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que atemorizan al resto de la población.
Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de las escalas penales.
Este nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran procesados.
Por ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de 10 a 30 años de prisión.
Además, este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de protesta, además de catalogarlas de terroristas.
Resulta evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley,.
Por otra parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de “financiación del terrorismo”, que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es más, la ley castiga inclusive el “financiamiento” aún cuando se trate de personas acusadas de delitos de “terrorismo” ocurridos fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches, con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva legislación, todos los que colaboraran económicamente con estas campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5 y 15 años.
Una ley al servicio del imperialismo
Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de “terroristas” para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.
Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un “terrorista” a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los “terroristas” a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos financieros internacionales.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, genera miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.
No quedan dudas de que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general, que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de “terrorismo”, se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.
En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas, y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.
Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.
EL BOLSÓN: RADIO GOGA FESTEJA SU PRIMER AÑO
(Radio Goga).-
miércoles 21/12 - 18hs
Goga.fm
¡cumplimos 1 año y por eso festejamos!
Performance (Natalia Villanueva / Aldana)+cuentos+música+cortos (UNRN)+comidita+sorteos+
En vivo!
Pey Etura
Tierra Negra
Antiorquesta payasa
Nubes Gypsy
Patagonche trío
Entrada libre y gratuita
¡te esperamos!
Goga.fm 103.5/www.radiogoga.com
El 21 de diciembre del año pasado en el aire de la Comarca Andina del Paralelo 42° se empezó a escuchar lo que hoy es Radio Goga: una radio nueva con inquietudes artísticas y agite cultural.
Hoy, Radio Goga cumple su primer año y lo festeja con todo. En el escenario al aire libre -anticipo de lo que será Goga, el Templo del Arte-, tocarán grandes artistas de la Comarca: habrá performances, escucharemos cuentos, miraremos fotografías y mucho más, mientras, en el aire, por el 103.5 mHz sonará una programación especial de cumpleaños.
La fiesta empezará a las 18 con sets musicales de programas de la radio, tango y cuentos. Todo acompañado por trabajos de alumnos de la carrera de Diseño Audiovisual de la Universidad Nacional de Río Negro y fotografías de Nahir Vera.
A partir de las 20 comenzarán los shows musicales, con la guitarra endiablada de Pey Etura (Lago Puelo). Luego, vendrá Tierra Negra (El Hoyo), la Antiorquesta Payasa (El Bolsón), Nubes Gypsy (El Bolsón) y finalizará la noche Patagonche Trío.
También contaremos con un patio de comidas y un lugar especial para los niños.
La fiesta está abierta a todo público y con entrada gratuita en el anfiteatro de Goga, el Templo del Arte. Ruta 40 y subida de Marquez. El Bolsón.
Te esperamos.
SANTIAGO DEL ESTERO: ASAMBLEA Y MOVILIZACIÓN CAMPESINA INDÍGENA
16 de diciembre(Pulsar).-
Campesinos, pueblos originarios y delegados provinciales se reunieron este jueves en la provincia argentina de Santiago del Estero. Fue para debatir sobre los temas que preocupan al sector campesino indígena en esa provincia.
Al comenzar el encuentro los dirigentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y del MOCASE-Vía Campesina (MOCASE-VC) analizaron la realidad de los distintos departamentos del territorio santiagueño.
Junto a representantes de pueblos originarios, los dirigentes denunciaron las políticas provinciales que permiten el avance del agronegocio, con la violación de los derechos posesorios del campesinado.
Esto significa el incumplimiento por parte de las autoridades provinciales de la Ley de Bosques y la falta de límites a las fumigaciones, entre otras.
Asimismo, responsabilizaron a los ministros de Justicia, Gobierno y de Producción de la provincia por el avance de la soja transgénica y la ganadería a gran escala.
Según señalaron, estas prácticas perjudican la producción diversificada de alimentos que realizan las familias campesinas indígenas en sus territorios ancestrales.
Los participantes del encuentro también analizaron su relación con el Estado provincial. En ese sentido, debatieron sobre diferentes leyes referidas a territorio, bosques, agrotóxicos, acceso a la justicia y desalojos.
Tras los diferentes debates, los sectores reunidos se movilizaron para exigir la suspensión de proyectos de minería a cielo abierto, el freno definitivo a los desmontes y el respeto por parte del Gobierno a la producción campesina indígena.
La marcha finalizó frente a la Casa de Gobierno provincial. Allí, los manifestantes exigieron la libertad de campesinos presos y el castigo a los responsables del asesinato del miembro del MOCASE-VC, Cristian Ferreyra, ocurrido el pasado noviembre.
Vale decir que estos sectores movilizados continuarán en asamblea permanente por el reclamo de sus derechos de acceso al agua, la tierra, al monte, la salud, la educación, los territorios y por la soberanía alimentaria. (PÚLSAR)
Al comenzar el encuentro los dirigentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y del MOCASE-Vía Campesina (MOCASE-VC) analizaron la realidad de los distintos departamentos del territorio santiagueño.
Junto a representantes de pueblos originarios, los dirigentes denunciaron las políticas provinciales que permiten el avance del agronegocio, con la violación de los derechos posesorios del campesinado.
Esto significa el incumplimiento por parte de las autoridades provinciales de la Ley de Bosques y la falta de límites a las fumigaciones, entre otras.
Asimismo, responsabilizaron a los ministros de Justicia, Gobierno y de Producción de la provincia por el avance de la soja transgénica y la ganadería a gran escala.
Según señalaron, estas prácticas perjudican la producción diversificada de alimentos que realizan las familias campesinas indígenas en sus territorios ancestrales.
Los participantes del encuentro también analizaron su relación con el Estado provincial. En ese sentido, debatieron sobre diferentes leyes referidas a territorio, bosques, agrotóxicos, acceso a la justicia y desalojos.
Tras los diferentes debates, los sectores reunidos se movilizaron para exigir la suspensión de proyectos de minería a cielo abierto, el freno definitivo a los desmontes y el respeto por parte del Gobierno a la producción campesina indígena.
La marcha finalizó frente a la Casa de Gobierno provincial. Allí, los manifestantes exigieron la libertad de campesinos presos y el castigo a los responsables del asesinato del miembro del MOCASE-VC, Cristian Ferreyra, ocurrido el pasado noviembre.
Vale decir que estos sectores movilizados continuarán en asamblea permanente por el reclamo de sus derechos de acceso al agua, la tierra, al monte, la salud, la educación, los territorios y por la soberanía alimentaria. (PÚLSAR)
EL BOLSÓN: COMUNICADO DE COOPETEL
COOPETEL INFORMA que el día LUNES 19 DE DICIEMBRE no se atenderá en la Planta de Gas por conmemorarse el Dia del Petróleo.
Estaremos nuevamente a disposición de asociados y clientes, a partir del martes en nuestro horario habitual.
Estaremos nuevamente a disposición de asociados y clientes, a partir del martes en nuestro horario habitual.
ESQUEL: INSISTEN EN CONSTRUIR UNA PISTA DE ATERRIZAJE EN EL PREDIO DE RESERVA NATURAL
(La Tijereta).-
Con el Plan de Manejo durmiendo en el Concejo Deliberante, vuelve el avance con una pista de aterrizaje en La Zeta
Son 35 hectáreas las que pretende el Aeroclub Esquel en el predio que rodea a la laguna La Zeta.
Así lo admitió el presidente de la entidad Selim Bestene. Si bien aclaró que no es incompatible con el carácter de "reserva natural", citó como actividades el aeromodelismo y aladeltas.
No obstante, el vuelo de aeronaves y su impacto en las especies que radican en el lugar son algunos de los cuestionamientos.
Escuchá acá un extracto del reporte de Federico Ovidi
Con el Plan de Manejo durmiendo en el Concejo Deliberante, vuelve el avance con una pista de aterrizaje en La Zeta
Son 35 hectáreas las que pretende el Aeroclub Esquel en el predio que rodea a la laguna La Zeta.
Así lo admitió el presidente de la entidad Selim Bestene. Si bien aclaró que no es incompatible con el carácter de "reserva natural", citó como actividades el aeromodelismo y aladeltas.
No obstante, el vuelo de aeronaves y su impacto en las especies que radican en el lugar son algunos de los cuestionamientos.
Escuchá acá un extracto del reporte de Federico Ovidi
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Editoriales ANP
