Buenos Aires, 10 de julio de 2011 (La Alameda).- La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso la reapertura de las infames “Casitas” de tolerancia de Río Gallegos, que fueron allanadas y clausuradas el 6 de junio de 2009. Más de 80 amparos presentaron los proxenetas respaldados por buena parte del arco político local que a su vez estudian variantes reglamentarias para disimular la infamia de la trata y el proxenetismo bajo el inocente disfraz de whiskería o cabaret clase “C”. Hace dos años la jueza Federal Ana Álvarez allanó y clausuró a los 29 prostíbulos de Río Gallegos, ubicados en el llamado barrio de las “Casitas de tolerancia”.
Allí estaban sometidas a la servidumbre sexual más de 200 mujeres provenientes del norte del país, de países limítrofes e incluso de República Dominicana que eran captadas mediante promesas y engaños aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad. Las llamadas “casitas” eran consideradas por la totalidad de las ONGs que luchan contra la trata como uno de los lugares más pesados de tratantes y proxenetas, casi una estación terminal adónde iban a parar las víctimas antes de ser vendidas al exterior o desaparecer sin dejar rastros. Mucho antes de su clausura, fueron rescatadas victimas de trata en diversos operativos judiciales sobre prostíbulos de esa zona. Una investigación con cámaras ocultas de la Alameda en abril del 2009 puso al descubierto todo lo que ya se sospechaba. Trata, tráfico, servidumbre y complicidad política y policial. Esa investigación y denuncia fue la que precipitó la clausura. Otra investigación en el mismo año con cámaras ocultas de un programa de Facundo Pastor por América TV mostraba cómo actuaban los reclutadores de Río Gallegos en la Villa 31 y dejaba al descubierto las conexiones de estos con la policía y los servicios de inteligencia locales. Cuando se realizó el allanamiento, fue escandaloso y evidente como dentro de las mismas fuerzas de seguridad que participaban del operativo judicial se les anticipó muchas horas antes a los proxenetas a fin de que pudieran huir con las victimas y las evidencias del lugar. No obstante, la jueza Álvarez clausuró las “casitas”, persiguió a los proxenetas y tratantes, realizó allanamientos en otros domicilios y siguió rescatando victimas en Río Gallegos y en otras localidades de Santa Cruz.
Ajustada a derecho, la jueza Álvarez mantuvo la clausura de las casitas, porque si bien los proxenetas y la policía cómplice habían hecho desaparecer gran parte de las evidencias, estaba probado el proxenetismo y la explotación sexual por cuenta ajena, algo prohibido por nuestras leyes y las convenciones internacionales a las que la Argentina adhirió. Pero desde entonces la presión de los proxenetas sobre la justicia y los políticos locales fue incesante, al punto que varias veces en el concejo deliberante estudiaron fórmulas para reabrir esos antros con el cuento de que serían inocentes wiskerías. Mientras tanto, los líderes de las bandas proxenetas como los Flores, Blanca Moyano, Oscar Mazzochi, el “araña” Guerrero y otros personajes claves en estas redes mafiosas caminan libres por las calles con absoluta impunidad.
Desde el propio poder político local se defiende abiertamente la reapertura de las “casitas”: El Secretario de Gobierno, Ernesto Cruz admite que “Trabajamos para encuadrar a las casitas como cabarets”, algo similar plantea al concejal Pablo Grasso. Todo esto bajo el manto justificatorio que les da el gobernador Daniel Peralta que en junio de 2009 en el programa de Andrés Klippan en C5N justificaba a las “casitas” admitiendo que la prostitución en la provincia era “una cuestión cultural”, casi folklórica. Ahora sabemos por los cables de wikileaks difundidos por los medios nacionales, que una posición similar tenía el actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, que justificaba en ese entonces las “casitas” con el curioso argumento de que “si no tienen algún lugar donde gastar su dinero, probablemente violaran mujeres para satisfacer sus deseos” (La Nación 03.04.11) Un argumento bochornoso, repetido por varios funcionarios en aquellos días del 2009. Este es el marco donde la Cámara de Comodoro Rivadavia ha resuelto la reapertura de las “casitas”. Sin embargo, muchos estamos dispuestos a continuar la lucha contra la trata y el proxenetismo en Santa Cruz, invocaremos la Constitución y las leyes, apelaremos a la razón y al sentido común que deben existir en una República para evitar esa aberración. Nadie niega, ni siquiera los defensores de los que regentean los locales de Las Casitas que se trata de prostíbulos, locales prohibidos en todo el territorio de la República Argentina por la ley 12.331 (art.15). Nadie niega que esa actividad esté prohibida por el Convenio sobre la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (ley 11925). Nadie niega que esa conducta está prohibida por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 6) que tiene jerarquía constitucional. Entonces, el único fundamento de una decisión judicial que permite la reapertura de estos locales es la arbitrariedad y la sumisión ante el poder económico del crimen organizado La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) convocan a manifestarnos ante la Procuración General de la Nación hoy viernes 17, a las 15 horas, en Guido 1577, a fin de entregar un petitorio en el que reclamamos que se impida la reapertura de los prostíbulos de las Casitas en Río Gallegos, que se cumplan las leyes y convenciones internacionales que prohíban la explotación sexual por cuenta ajena y la propia resolución dictada por Esteban Righi en la que instruye a los fiscales a promover la clausura de los prostíbulos en todo el territorio de la República Argentina.
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