APDH NACIONAL DENUNCIA INTIMIDACIÓN A MIEMBROS DE LA COMARCA ANDINA

Buenos Aires (APDH).- La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se suma a la denuncia de intimidación realizada por su filial APDH El Bolsón el sábado 16 de abril corriente, a raíz de la intromisión violenta y destrozos realizados en la vivienda particular de su dirigente, profesor Julio Saquero, en la localidad de El Hoyo - noroeste del Chubut- en ocasión de encontrarse hospedados en la misma los profesores Inés Izaguirre – co-vicepresidenta de la Mesa Ejecutiva Nacional de la APDH - y Pablo Bonavena, ambos docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires. Los visitantes habían sido invitados por el Instituto Superior de formación docente nº 813 de Lago Puelo, por la Mesa Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut y por la delegación El Bolsón de la APDH para dictar una serie de conferencias en el marco de las Primeras Jornadas de Educación y Derechos Humanos en Lago Puelo, y para presentar el libro Lucha de clases, guerra civil y genocidio en Argentina, 1973-1983, del cual son autores.
El profesor Julio Saquero es además autor y firmante de una serie de artículos periodísticos y comunicados de la APDH El Bolsón, referidos al maltrato a jóvenes de la Comarca andina, a las ejecuciones de jóvenes realizados por la policía de Río Negro en la ciudad de Bariloche, y al caso del joven Guillermo Garrido, muerto en el interior de la Comisaría del Bolsón mientras se hallaba detenido. Quienes ingresaron violentamente a su domicilio, revolvieron las pertenencias de los profesores invitados y sólo sustrajeron un radiograbador de Inés Izaguirre.
Tal como lo expresa el comunicado de la Apdh de El Bolsón, consideran que estos hechos constituyen una clara señal de intimidación y una señal mafiosa dirigida hacia los profesores invitados y al dueño de casa, que se suma a las recientes amenazas de muerte a nuestro compañero de la APDH Bariloche, Dr. Rubén Marigo, quien lleva adelante la causa de los jóvenes ejecutados por la policía rionegrina. En Buenos Aires, a 18 de abril de 2011.

Firman:
Miguel Monserrat, hna. Martha Pelloni y obispo Aldo Etchegoyen, Co-presidentes.
Ernesto Moreau, Horacio Ravenna, Elina Aguiar, Susana Pérez Gallart y Rubén Efron,
Co-vicepresidentes.
Bella E. de Friszman, Secretaría Coordinadora.

Texto enviado al ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak, y al secretario de DDHH de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

TRES DE FEBRERO: ABAJO EL MURO

Villa Bosch, conurbano bonaerense (Asamblea de Vecinos de Villa Bosch).- Desde la Asamblea de Vecinos de Villa Bosch convocamos el día martes 26 de abril a marchar una vez más al grito de “ABAJO EL MURO”. Salimos del muro, J.M. Bosch y la vía, a 50 metros de la estación de Villa Bosch línea Urquiza, a las 19:30 hs.
Hace aproximadamente un año...un inmobiliario del barrio construyo un muro que rodea parte del bosque de eucaliptos lindero a la estación de Villa Bosch, una parte del bosque que es público y en 1996 paso a manos privadas, para construir los piletones de un gimnasio. La municipalidad de Tres 3 de Febrero expropio dicho terreno y su intención es construir un mega proyecto en todo el bosque y el casco histórico de la estación de tren, que incluye negocios, bares, estacionamiento, anfiteatro, terminal de micros de larga distancia, etc.
Los vecinos nos oponemos al proyecto municipal del intendente Hugo Omar Curto y desde hace un año que estamos resistiendo y exigiendo que se quite el muro, se devuelva el espacio publico a los vecinos y se preserve el bosque, único pulmón de la zona.
Invitamos a todas y todos a participar de la marcha en defensa del bosque y exigir que se devuelva el espacio público y verde al pueblo. ¡SUMATE! Veni y plantate contra el negocio inmobiliario-municipal en los espacios verdes y públicos.
También te invitamos a participar de las asambleas todos los martes a las 19:30 hs frente al muro.

UAC: CONVOCATORIA ANTINUCLEAR EN BUENOS AIRES

Buenos Aires, 22 de abril de 2011 (Unión de Asambleas Ciudadanas).- Segunda reunión de militantes de la UAC, del Otro Bicentenario y de distintos colectivos, preocupados por la situación nuclear en el mundo y en particular en la Argentina, después de los sucesos de Fukushima, Japón, y ante la inminente inauguración en el país de la central nucleoeléctrica Atucha II.
Se llevará a cabo en el espacio “Chico Mendes”, avenida Ángel Gallardo 752, el próximo lunes 25 de abril a las 19.30. (Esquina Acoyte: “Asamblea del Cid Campeador”).
En la primera reunión realizada en la Facultad de Filosofía y Letras, 35 compañeros de distintos colectivos, decidieron movilizarse en una caravana hacia la central nuclear Atucha II, en la localidad de Lima, departamento de Zárate. También hubo otras propuestas a tener en cuenta. La caravana convoca a distintas agrupaciones ambientalistas, asambleas y vecinos -que luchan a lo largo de la línea norte de la provincia de Buenos Aires en distintas problemáticas- a que se sumen a la movilización.
Se pide, a todos los compañeros, participación, compromiso e ideas en la próxima reunión del lunes 25.

OPINIÓN: NUESTRO EMPOBRECIMIETNO AUMENTA LAS GANANCIAS DE LA BURGUESÍA Y ESTO NO ES CUENTO CHINO

(PRT).- El convenio firmado por el gobernador de Río Negro Miguel Saiz y las empresas Hellongjang Beidahuang State Farms Trade Group y Strong Energy S.A de origen chino, se enmarca en un claro lineamiento de las políticas nacionales, basada en la entrega de nuestro territorio y en este caso tambien de nuestra soberanía alimentaria con el solo fin de beneficiar las ganancias de la burguesía financiera nativa conectada inter-dependientemente con la burguesía financiera mundial.
En el acuerdo, hecho a espaldas del pueblo trabajador rionegrino, el gobierno provincial concede ventajas varias, la más significante es la entrega de más de 320 mil hectáreas para la producción de soja transgénica, la entrega del Puerto de San Antonio Este y como si fuera poco la excepción de todos los impuestos provinciales.
Para los rionegrinos en particular y para todos los argentinos en general, este convenio no posee ninguna ventaja, lo único que trae consigo son graves problemas ambientales con la liquidación de especies de la fauna y flora, poniendo al día el peligro de desertificación de grandes zonas del país, sumado a una política de desalojo de los verdaderos dueños de la tierra y de pequeños productores que a través de oscuras maniobras los llevan a vender sus tierras o son sencillamente expulsados a las periferias de las zonas urbanas donde pasando a engrosar la lista de excluidos.
Los grandes ganadores con este acuerdo son: la gran burguesía campesina, los grandes bancos, las compañías de agroquímicos como Monsanto y los monopolios del comercio exterior: Cargill, Bunge y Dreyfus. Todos ellos forman parte del Partido Militar, junto con los grandes industriales como Gustavo Rocca, Menotti Pescarmona, la Familia Blaquier, los Macri, etc., etc., y los monopolios como Mercedes Benz, Ford, Fiat, etc., etc. Todos son parte de las penurias de nuestro pueblo y ninguno está preso ni juzgado porque ningún gobierno tiene interés en hacerlo.
Frente a esto, el gobierno nacional y provincial tiene la política del silencio y el quietismo, una política muy conveniente y efectiva para los terratenientes y los monopolios que lucran con estos negociados.
Los gobiernos de la burguesía, siguen tirando de la soga de la tolerancia poniendo todas sus herramientas al servicio de SUS intereses de clase. Pero, la soga es cada día más delgada…

CAMPANA MAHUIDA: FALLO DEL MÁXIMO TRIBUNAL NEUQUINO PROTEGIÓ LOS DERECHOS MAPUCHES

El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén denegó una apelación del gobierno neuquino y convalidó la prohibición de que la empresa minera Cormine avance sobre territorio mapuche. El reclamo lo había presentado la comunidad de Campana Mahuida.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 11 de abril de 2011 (Página 12).- Otro revés para una empresa y un estado provincial que impulsan la minería a cielo abierto. Y, al mismo tiempo, un nuevo reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos que rechazan la actividad extractiva con grandes consumos de agua y sustancias tóxicas. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) denegó un pedido del gobierno de Neuquén que, mediante una compañía de origen chino, pretende extraer cobre en la zona de Campana Mahuida (al oeste provincial), donde la población local y la comunidad Mellao Morales habían logrado, en 2009, la prohibición de la actividad. Con la nueva decisión de la Justicia se reafirmó la paralización de la actividad minera en territorio mapuche y se remarcó la necesidad de atender el derecho indígena, que legisla sobre la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en toda actividad territorial que pudiera afectarlos.
La comunidad mapuche Mellao Morales habita la localidad de Campana Mahuida desde el siglo XIX. Está integrada por 300 familias que se dedican a la cría de ganado y pequeñas chacras para autoconsumo. En octubre de 2007 comenzaron a observar vehículos que se internaban en el paraje y subían para la zona del cerro Tres Puntas. Se sorprendieron por la existencia de exploración minera en su territorio e, incluso, de un contrato entre Cormine y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
La comunidad presentó en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. También denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares. Infima cifra para un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas por, según la misma empresa china, 1800 millones de dólares.
La jueza de primera instancia Paula Stanislavski, del Juzgado 1 de Neuquén, se declaró incompetente y derivó la causa al Superior Tribunal (STJ). El 28 de septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén devolvió la causa a primera instancia, pero antes hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. En la práctica, implicó el freno de la actividad minera. El STJ dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena, tal como lo establecen el Convenio 169 de la OIT, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 53 de la Constitución de la Provincia de Neuquén.
La Fiscalía de Estado y Cormine apelaron con un recurso extraordinario. Y el Superior Tribunal acaba de volver a fallar contra el gobierno neuquino. La resolución 141, del 29 de marzo pero difundida esta semana, aclara que no corresponde una presentación como la realizada (por no tratarse de una sentencia definitiva) y cuestiona duramente a Cormine y a la Fiscalía porque su apelación “no logra realizar una crítica razonada a las circunstancias que fueron ponderadas para tomar la decisión (de detener la actividad minera)”. Precisa que el recurso extraordinario carece de argumentos que permitan tomar otra decisión respecto de lo vigente en el Convenio 169, en los “derechos (indígenas) involucrados (...) y los principios constitucionales”.
“Esperábamos el fallo porque es claro que no se respetaron nuestros derechos. Los políticos nos maltrataron para que demos marcha atrás, pero es una decisión tomada. Como pueblo mapuche no queremos minería en nuestro territorio”, afirmó el lonko de la comunidad Mellao Morales, Pedro Beroiza.
El máximo tribunal fue particularmente duro con la Fiscalía de Estado. “No guarda coherencia la conducta desplegada por la Fiscalía.” Y reafirma la vigencia de la resolución 6941 del Superior Tribunal porque, en la presentación judicial, Cormine y Fiscalía “no han logrado desvirtuar los argumentos allí brindados”.
La resolución 6941, dictada el 28 de septiembre de 2009, marca la prevalencia del derecho indígena, la necesidad de prohibir la actividad minera y es un antecedente de peso para otros conflictos entre pueblos originarios y empresas extractivas. Ordenó respetar los derechos indígenas y frenar el avance minero.
Remarcó el derecho a consulta de las comunidades y recuerda que la propia Constitución de Neuquén determina la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo que no serán enajenables ni transmisibles ni susceptibles de gravámenes o embargos, asegurando su participación en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten.
Desde la Fiscalía de Estado, a cargo de Raúl Gaitán, no respondieron los llamados de este diario. Idéntica decisión tomó el presidente de Cormine, Martín Irigoyen. Desde el área de prensa de la Gobernación emitieron un comunicado y adelantaron que será la única expresión sobre el caso: “Nada dice la resolución sobre la cuestión discutida en el juicio y lejos está de afectar el Informe de Impacto Ambiental o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto”.
Aún falta la sentencia que dirima la cuestión de fondo (la legalidad del contrato minero sin consulta a la comunidad mapuche).
Elena Picasso, abogada de la comunidad y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), está a cargo de la defensa de la comunidad junto a Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué. Deja claro que aún no hay que festejar porque la disputa judicial continúa, pero sí se permite una sonrisa: “El derecho indígena está muy por encima del Código de Minería. Y, sobre todo, la tierra y el agua están más protegidas al cuidado de los pueblos originarios que en manos de las mineras”.

FALLO DE LA CIDH EN FAVOR DE UNA COMUNIDAD MAPUCHE DE VILLA LA ANGOSTURA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad que viene siendo hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 12 de abril de 2011 (Página 12).- “Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao.” Es la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el gobierno nacional luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado nacional. La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados. La decisión de la CIDH, que instó a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
En Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial. También es ley el Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Y comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Opdhi) recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de dos años de proceso, el 6 de abril último la CIDH hizo lugar a la medida cautelar presentada y solicitó al gobierno nacional que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (...) de manera tal que se preserve el lugar”.
La Comisión instó a implementar “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe (sitio sagrado comunitario).
“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, instó el organismo de derechos humanos y otorgó un plazo de 20 días para que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.
Mario Railaf, de la comunidad Paichil Antriao, celebró la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se mostró dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.
El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, consideró “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado Nacional a intervenir” y llamó la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la Municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblos originario de la comunidad.
Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación 47/10. Solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que “como autoridad de aplicación y de manera perentoria vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI. A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no fue implementada en Neuquén.
En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”. También solicitó al Gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.
El Odhpi emitió en julio de 2010 su “Informe de situación 2009-2010”, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la Justicia es claro”, afirma.
El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.


Jueces empresariales
La comunidad Wiñoy Tayin Rakizuam (“Volver al pensamiento originario”, en idioma mapuche) vivió siempre en Aluminé, Neuquén. Pero en 2005 se presentó un empresario, alambró tierras de veranada, las reclamó como propias y exigió el retiro de animales. Como la comunidad no abandonó la tierra ancestral, el empresario comenzó un juicio por “usurpación” y “daños y perjuicios”. Por esa causa, la jueza de Zapala Gloria Anahí Martina acaba de ordenar embargos por seis millones de pesos contra la comunidad mapuche (200 mil pesos por cada uno de los treinta referentes de la comunidad). Ya incautaron un auto, grupos electrógenos, carretillas, picos y palas, entre otras herramientas de trabajo.
“Que se trabe embargo preventivo en bienes hasta cubrir la suma de 173.766,33 pesos reclamada como capital y 30.000 pesos para responder a intereses, gastos y costas resultante de la demanda entablada en su contra.” Textual del acta de notificación que llegó la semana pasada a treinta autoridades de la comunidad mapuche, que forma parte del Consejo Zonal Pewenche de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Florentino Nahuel es werken (vocero) mapuche: “La semana pasada hubo un embargo cuando los integrantes de la comunidad estaban en el campo. Pero ya estamos atentos de lo que son capaces algunos jueces y no vamos a permitir que usurpen el territorio y roben nuestras herramientas de trabajo y animales. El pueblo mapuche de Neuquén no permitirá un nuevo atropello”.

SEMINARIO SOBRE INTERCULTURAL Y BILINGÜISMO

El Bolsón (ANPP).- Los días 13 y 14 de mayo, en la sede Lago Puelo del Instituto Superior de Formación Docente 813, se desarrollará un Seminario de Formación en Interculturalidad y Bilingüismo, organizado por la Coordinación en Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de Chubut en conjunto con la Dirección General de Educación Superior.
El seminario es gratuito y consta de cuatro encuentros intensivos durante los días señalados, más tutorias durante el ciclo lectivo 2011, con una carga horaria total de 100 horas reloj.
Hay tres ejes principales: 1) la etnohistoria regional, 2) la comunicación intercultural y 3) la tecnología y la interculturalidad.
Está dirigido a docentes y estudiantes interesados en la educación intercultural.
Para mayor información contactarse con el ISFD 813 al correo electrónico isfd813@isfd813lagopuelo.edu o al teléfono (02944) 499 748, de lunes a viernes de 18 a 22.

ÑORQUIN-CÓ: NUEVA USURPACIÓN DE TERRITORIO MAPUCHE

Ñorquin-Co, 13 de abril de 2011 (Comunidad Mapuche Ancalao).- Desde el Territorio Ancestral de la Comunidad Mapuche Ancalao, ubicada en lo que actualmente se conoce como Ñorquin-Có, provincia de Rio Negro, damos a conocer a kom pu lamgien, kom pu Peñi y a la sociedad en general que la señora Ana Amaranta Ferraria, psicóloga, inscripta en el Colegio de Psicólogos de Bariloche, está usurpando por medio de una compra fraudulenta el territorio milenario y tradicional que nuestra comunidad ocupa pacíficamente desde el año 1886 -derecho que le otorga la Ley Nacional del 2 de octubre de 1884 y cedida por Decreto Nacional de 17 de noviembre de 1900- y que fuera usurpado primeramente por Félix Antonio Sede y luego por su sucesión.
Por ello, como Comunidad, desconocemos a los terratenientes sucesión F. A. Sede y Ana Amaranta Ferraria reivindicando nuestros derechos soberanos sobre el territorio.
Cabe preguntarse cómo una persona formada profesionalmente puede ignorar impunemente el Art: 75 Inc: 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Ley Nacional 26160 de relevamiento territorial que frena los desalojos, y otros convenios nacionales e internacionales que amparan a las comunidades originarias; y usurpar así el territorio, alambrando los campos dejando nuestros animales sin acceso al agua, y realizando un desalojo encubierto al desarmar nuestro puesto por orden del Juez Calcagno en connivencia con la policía de Ñorquin-Có.
Por todo lo expuesto anteriormente exigimos a los Colegios de Psicólogos que tomen una postura frente a estos hechos, y apelamos a los organismos de derechos humanos y públicos como así también a la sociedad en general que se expresen acompañando este repudio y así juntos impedir el avance de estos atropellos
“Que nuestros guerreros defiendan nuestro territorio”
(Al kum telen tañi huichafe kume tañi mapu)

Aldino Jaramillo, José Jaramillo, Jacinto Vergara
Miembros Comunidad Mapuche Ancalao

UNTER: SIN AVANCES EN LA DISCUSIÓN SALARIAL

Fiske Menuco, 13 de abril de 2011 (Unter).- La conducción provincial de la UnTER informa que la entrevista realizada hoy en la mañana con el ministro de Hacienda, Ing. Carlos Oliva ha resultado negativa para el avance en las negociaciones por la
mejora de los salarios docentes, en los términos en que ya estaban acordados en la paritaria docente.
De esta manera se abre un intervalo para algunas reuniones de análisis técnico y la posibilidad de un nuevo encuentro, pero resulta lamentable que habiendo crecido la recaudación provincial en un 38,2 % se retacee de esta manera una posible mejora de los salarios, para que podamos dejar de ocupar un lugar tan relegado en la escala de los salarios básicos del país.
Es evidente que antes que un problema presupuestario, se trata de una decisión política de impedir o retacear esta mejora comprometida, como si estuviéramos en un mercado callejero. Es importante señalar que en tiempos de retroceso y ajuste este gobierno provincial no dudó en rebajar salarios, pagar en bonos, violar derechos previsionales constitucionales, retirar engañosamente a trabajadores para pagarles
> una miseria durante muchos años. Ahora que estamos en tiempos de crecimiento de la economía, el trabajo y la producción y que tiene resuelto el problema de la deuda financiera que ellos mismos supieron conseguir, tiene para distribuir y no quiere hacerlo pagando mejores salarios. Es evidente que la decisión política es priorizar la campaña electoral y los manejos clientelares, antes que dignificar a las y los trabajadoras/es.
Desde que el Sr. Barbeito retornó de competir en la interna radical, suponemos que al cargo de ministro (poco se lo ha visto en elministerio) las negociaciones paritarias se han estancado visiblemente: no parece haber voluntad de mejorar los salarios en los términos de los encuentros anteriores; el avance en las titularizaciones, en cumplimiento del acuerdo paritario nacional y el decreto 134, se tornó en pasos de tortuga y en lo que va de 2011 no se hizo ninguna resolución para ello, cuando toda la documentación fue preparada prolija y trabajosamente por los representantes gremiales en las juntas y los miembros de la conducción sindical a fines de 2010.
Y para completar, luego de la interna aparece el decreto, cuyo expediente se inició en diciembre, que les permite gastar 57 millones sin licitación, para atender refacciones en un tercio de las escuelas que desde hace más de un año reclaman reparaciones. Tarde, mal, politizado y turbio es el procedimiento adoptado. Seguramente no significará una respuesta eficaz y concreta a los graves problemas
edilicios que padecen tantas escuelas en la provincia, muchas con dificultades derivadas de reparaciones y mantenimiento mal realizados por los "contratistas" que accedieron por concurso de precios, en anteriores procedimientos poco claros.
No aceptamos que la normalidad sean estas maniobras lamentables con los recursos del pueblo, para acumular en términos electorales y volver a defraudar a la docencia y a la comunidad educativa en sus derechos más elementales, como el salario, las condiciones dignas de trabajo y la garantía real del derecho social a la Educación en edificios y condiciones adecuadas para nuestras/os estudiantes.-
Con este panorama, el futuro que visualizamos es realmente incierto y nos motiva a pensar en la necesidad de movilizarnos de manera contundente para transformar esta realidad presente que no satisface a nadie, salvo a quienes pretenden seguir gobernando así.

Luis Giannini, Sec. de Prensa. Marcelo Mango,Sec. Gral.

ORGANIZACIONES RURALES PRESENTARAN MAñANA UN PROYECTO PARA QUE NO LOS EXPULSEN DE SUS TIERRAS

Organizaciones rurales hicieron público un proyecto de ley a fin de evitar los desalojos de los campesinos. Mañana lo llevarán al Congreso Nacional.

Por Darío Aranda

Buenos Aires, 18 de abril de 2011 (Página 12).- Disparos en la nuca, cabeza y tórax. Un total de 19 fusilados y 69 heridos. Sucedió el 17 de abril de 1996, hace quince años, en el norte de Brasil, cuando la Policía Militar asesinó a campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Por esa masacre se conmemora cada 17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina, que ayer en Argentina tomó forma de movilizaciones, peñas y, principalmente, un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. La propuesta, que llegará mañana al Congreso Nacional, fue consensuada por una multiplicidad de organizaciones de la base rural de Argentina que, por primera vez, se unieron para frenar el avance del actual modelo agropecuario.
“El modelo agrario dominante genera sistemáticamente atropellos a los derechos humanos. Proponemos otro modelo, con soberanía alimentaria, con reforma agraria integral y reconocimiento a los campesinos e indígenas como los verdaderos productores de los alimentos diversificados y sanos”, explicó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), que ayer conmemoró los hechos sucedidos en Brasil mediante marchas, radios abiertas e, incluso, la inauguración de una escuela campesina en Jocolí (Mendoza).
Desde hace un año, el MNCI junto al Movimiento Campesino Liberación, el Foro de la Agricultura Familiar, el Frente Nacional Campesino y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares debaten (y consensuaron) el proyecto de “Ley de freno a los desalojos”, que será presentado mañana en el Congreso. Se solicita detener los desalojos durante cinco años e insta a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo, denuncia el avance minero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innova al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Ya han comprometido su apoyo los legisladores de Nuevo Encuentro y “referentes de distintos bloques”. Todas las organizaciones impulsoras tienen afinidad y apoyan, aunque con distinto nivel de adhesión, al gobierno nacional. Por lo cual confían que será bien recibida por sectores del oficialismo. Como guiño al Gobierno, las organizaciones centran sus críticas sólo en la Mesa de Enlace y las “transnacionales del agro”.
Durante el debate del proyecto de ley, en la sede de la Federación Gráfica Bonaerense, se reconoció que la extranjerización de la tierra (caballito de batalla de Federación Agraria) no es el principal problema de campesinos y pueblos originarios, ya que los desalojos y el avance sojero son protagonizados por compatriotas con aval de la clase política y el Poder Judicial. “No rechazamos debatir la extranjerización, pero la cuestión de fondo es la tierra para qué. Nosotros decimos para quien la trabaja, campesinos e indígenas, y con función social y títulos comunitarios”, explicó Horacio Britos, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).
La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “La tierra en Argentina”, revela que el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias controlan la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría de campesinos, cuenta sólo con el tres por ciento de la tierra.
No hay cifras oficiales sobre desalojos. El MNCI afirma que en la última década fueron expulsadas del campo al menos 200 mil familias. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por organizaciones sociales, ONG ambientalistas, académicos y técnicos del norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos, casi ocho millones de hectáreas en disputa. El 89 por ciento de los conflictos se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, que trajo la expansión de la frontera agropecuaria en la región chaqueña”, afirma.
La soja representa 50 millones de toneladas y abarca 19 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) 2010-2016 planifica aumentar la producción de soja en 20 millones de toneladas, lo que implicará avanzar sobre nuevas tierras, hoy en manos de campesinos e indígenas.