Por Cecilia Litvin.
Chubut (Red Eco Alternativo).– Iván Eladio Torres desapareció el 2 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia. Era albañil y sufría permanentes hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de la policía local.
La noche de su desaparición, Iván estaba junto a unos amigos. Ellos le pidieron que esperara en la puerta de un local mientras ayudaban a las empleadas a ordenar. Cuando a los pocos minutos salieron, Iván ya no estaba. Los amigos declararon que un rato antes habían visto a un móvil policial (el nº 469) desplazándose despacio con tres policías en el interior.
Al día siguiente, la mamá de Iván, María Leontina Millacura Llaipen, fue a la comisaría primera de Comodoro Rivadavia a denunciar la desaparición de su hijo, pero los policías de turno se negaron a recibirla. María volvió el 6 y 8 de octubre pero tampoco pudo. Recién el 14 de octubre, aceptaron recibirla en la seccional. Allí, ella afirmó que sospechaba de la policía ya que Iván sufría frecuentes privaciones de la libertad y hasta le había comentado que efectivos de esa misma seccional lo habían sometido a un simulacro de fusilamiento.
Un joven que estuvo detenido con Iván en la comisaría 1ra, en septiembre de 2003, relató que en esa oportunidad Torres le contó que los policías le habían advertido que no lo querían ver más por el centro de la ciudad y que lo detendrían cada vez que lo vieran por esa zona.
Sus amigos también declararon que a Iván se lo llevaban siempre “por nada” o por el clásico “averiguación de antecedentes”; al igual que su familia, consideraban que había ensañamiento contra él por parte de varios efectivos de la seccional primera.
Lo cierto es que todos los efectivos policiales que declararon en la causa judicial afirmaron conocer a Iván Torres debido a las sucesivas detenciones que sufría. Esto no explica, entonces, por qué si todos lo conocían lo detenían sistemáticamente por averiguación de antecedentes.
Una de las primeras decisiones de la jueza de la causa, Eva Parcio de Seleme, fue abrir un legajo de búsqueda (recién 5 años después, la Cámara Federal de Apelaciones ordenaría cambiar la carátula de la causa a “desaparición forzada”) y luego fijar una recompensa de 100 mil pesos a quien aportase datos.
La CIDH y el Estado
Ante las demoras en el avance concreto de la investigación, el 14 de noviembre de 2003, los abogados querellantes presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la admitió casi dos años después. Desde entonces y en diversas oportunidades, el Estado argentino respondió las consultas de la comisión negando el hecho de que Iván Torres esté desaparecido. Recién en noviembre de 2009, la Comisión envío un informe de fondo en el que le recomendaba al Estado que reconociera la desaparición forzada de Iván y que diera cuenta de lo sucedido con él, pero nada cambió.
Debido a la falta de respuesta del Estado argentino, la Comisión presentó el 18 de abril de 2010 una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí, se le solicitaba a la Corte que declare que “el Estado de Argentina es responsable de la violación del derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a las garantías judiciales y a la protección judicial (…) en perjuicio de Iván Eladio Torres” y que le ordene al Estado “investigar de manera completa, imparcial y efectiva el destino o paradero de Iván Eladio Torres (…), establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en los hechos relacionados con la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de Iván Eladio Torres (…), realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta respecto de las personas adscritas a los diferentes órganos estatales que han estado involucradas en las investigaciones y procesos llevados a cabo con ocasión de los hechos del presente caso, a fin de determinar la responsabilidad (administrativa, disciplinaria, penal o de otra índole que aplique) por las deficiencias en la investigación y procesamiento de los hechos, que ha derivado en la impunidad. Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con los hechos de este caso y de desagravio de la víctima y sus familiares, así como dar oficialmente el nombre de Iván Eladio Torres a una plaza o calle de la ciudad de Comodoro Rivadavia, destinado a la recuperación de la memoria histórica”.
El Estado debía responder a esta demanda antes del 30 de enero de este año. Lo hizo procesando a los policías involucrados de la Comisaría Primera. Policías que ya habían sido sobreseídos por la jueza de la causa. La misma magistrada que ahora afirma que puede procesarlos pero no detenerlos porque “aún mantienen su carácter de funcionarios públicos”… si, porque aún están ejerciendo funciones como policías. La semana que viene se realizará una audiencia ante la Cámara Federal, ya que los efectivos apelaron este procesamiento.
El próximo paso será que la Corte Interamericana fije fecha para la audiencia oral y pública. Se espera que sea este año. En esa oportunidad, la comisión presentará pericias que buscarán demostrar la cantidad de denuncias y hechos existente donde la policía ha estado involucrada y que no han sido investigados correctamente. Por el lado de la querella, se presentarán como pruebas los daños psíquicos y físicos sufridos por las personas que han sido víctimas de desaparición forzada (vale aquí la aclaración, se considera víctimas de desaparición forzada no solo a la persona que ha desaparecido, sino también a sus familiares más cercanos), además de los testimonios de los testigos. El objetivo de estas pericias es que quede demostrada la práctica sistemática de la violación de derechos humanos que ejerce la policía en los casos de desaparición forzada de personas.
Al demostrar esta sistematicidad quedará en evidencia que esta práctica sólo es posible a través del apoyo del poder político.
Y está claro que desde las fuerzas de seguridad saben la importancia de estos testimonios. Son seis los testigos de la causa de Iván Torres que murieron en circunstancias aún no esclarecidas. Dos de ellos estaban detenidos cuando Iván fue violentamente golpeado en la comisaría.
El último fue Juan Pablo Caba, amigo y cuñado de Iván. El 7 de marzo pasado fue baleado en lo que él denunció como una “emboscada”. “Me quisieron matar”, les dijo a sus familiares mientras estaba internado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde murió el 22 de marzo. La justicia provincial caratuló la causa como “lesiones graves”.
Verónica Heredia, abogada de la familia de Iván, contó a Red Eco que solicitaron que la investigación de la muerte de Caba se realice en el marco de la causa por la desaparición de Iván, pero la jueza Parcio de Seleme lo rechazó.
Además, tanto las familias de Iván y de los testigos como sus abogados son constantemente amenazadas. Una amiga de Iván fue violada por un policía que creía que era la hermana de Torres: “Andá a la comisaría 1ª que te tomo la denuncia”, le dijo el agresor.
Responsabilidad Estatal
El de Iván Torres no es el primero ni único caso de desaparición en Chubut. Son muchos, y la mayoría continúa sin resolverse. Será por eso que el 2 de enero de 2003 (varios meses antes de la desaparición de Iván) el Poder Ejecutivo provincial creyó conveniente crear la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Comodoro Rivadavia. Estaba compuesta por dos oficiales y tres sub-oficiales, es decir todos policías. El jefe de la Unidad, Juan José Ale, es hijo del jefe de la policía provincial Juan Luís Ale, y se encuentra actualmente imputado por el delito de apremios ilegales en perjuicio de un detenido a fines de ese mismo año. ¿Cómo van a estar a cargo de la investigación quienes deben ser investigados? ¿Por qué el Estado no se compromete en estos casos?
Cuando Red Eco le preguntó a la abogada Verónica Heredia justamente por qué el Estado argentino no reconoce la desaparición de Iván Torres, ella afirma: “El Estado argentino hace más de 35 años que no puede resolver la desaparición sistemática de personas. Existen casos de desapariciones forzadas antes y después de lo que fue la última dictadura militar. En 1998, en el marco de un caso anterior, la Corte Interamericana había señalado que la Argentina ni siquiera tenía tipificado como delito la desaparición forzada de personas. Y aún hoy no lo tiene. El Estado no ha generado la estructura necesaria para prevenir casos de desaparición y mucho menos para investigarlos. El Estado argentino no reconoce los casos de desaparición forzada, no reconoce la sistematicidad de este delito, que es de lesa humanidad por más que se hayan cometido en democracia. No lo puede reconocer porque sabe que no puede haber una desaparición forzada de una persona sin la participación del Estado”.
Fuentes: La Vaca / CELS
Editoriales ANP
