La Asamblea N° XV, reunida en Colón , provincia de Entre Ríos, los días 25, 26 y 27 de marzo de 2011, ratifica su más absoluto rechazo al plan nucleoeléctrico argentino, continuista del elaborado por los regímenes militares que contemplaban el funcionamiento de seis centrales nucleares para producir energía. La UAC exigió también un plebiscito y un debate público sobre la matriz energética necesaria e ideal para nuestros pueblos y los de América Latina en su conjunto.
El silencio del gobierno argentino con respecto a la catástrofe atómica de Fukushima deja al desnudo la incompetencia, la inoperancia y el menosprecio de quienes tienen el deber de velar por la vida de los ciudadanos y el destino de la nación. El mutismo expone al ridículo al gobierno argentino frente a las declaraciones que con urgencia asumió el llamado primer mundo al replantearse la actividad nuclear en sus territorios, constituyendo urgentes moratorias. También hubo declaraciones de preocupación de Brasil y de Chile, pero Argentina se limitó a la más absoluta mudez, tal vez castigado el gobierno por la inminente (inoportuna e imprudente) puesta en servicio de la nucleoeléctrica Atucha II.
La UAC, desde su formación, viene exigiendo la restitución territorial de la minería uranífera, y el cumplimiento del PRAMU, Proyecto de Remediación de las Minas de Uranio, residuos que las autoridades nucleares abandonaron de manera negligente y con promiscuidad genocida, y el retiro urgente de los desechos radiactivos instalados en las llamadas “trincheras de Ezeiza”, en contacto directo con el acuífero Puelche, aún en litigio judicial. La UAC exige la detención inmediata de todas las exploraciones y explotaciones de uranio en el país y demanda paralizar Atucha II, que desde su origen, ofrece gruesas irregularidades técnicas en su construcción eludiendo normas de seguridad requeridas pos efecto Chernobyl, y peticiona una investigación neutral sobre el estado de las nucleoeléctricas Atucha y Embalse para que se proceda a su inmediato decomiso al haber caducado su vida útil, conforme a especificaciones de los organismos rectores en la materia.
La UAC comunica a la población la necesidad de movilizarse con el objeto de paralizar todas las construcciones nucleares, entre otras razones, por haberse omitido las consultas populares pertinentes según lo establece la ley nacional 24804, artículo 11, “todo nuevo emplazamiento de una instalación nuclear relevante deberá contar con la licencia de construcción que autorice su localización, otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y con la aprobación del estado provincial donde se proyecte instalar el mismo”; vale para el patético caso de la planta de enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa, en Pilcaniyeu, entre otras instalaciones inconsultas en etapa de construcción. Los estados provinciales deberían, por derecho constitucional, haber plebiscitado los proyectos nucleares relevantes.
La desinformación en torno a las actividades nucleares es moneda corriente y las comunicaciones oficiales un cúmulo de falsedades, como las observadas en los medios de difusión a través de técnicos de la CNEA, preocupados por declarar que en Chernobyl murieron solamente 35 personas, cuando se cuenta por millares los habitantes ucranianos que perdieron la vida, bomberos que sucumbieron “invitados” a apagar el incendio, y setecientos mil soldados arrojando materiales sobre el núcleo del reactor a razón de tres minutos de exposición cada uno; la gran mayoría ignoraba el poder de la radiación. En Fukushima mencionan a “medio centenar de héroes”, en este caso inmolados porque sabían a que estaban expuestos. Pero según nuestros registros, la catástrofe de Fukushima es cinco veces más peligrosa que Chernobyl, albergando cinco veces más combustible radiactivo que el de la planta soviética.
La UAC acuerda que la energía nuclear es insegura, no es limpia ni barata y se halla subsidiada por los respectivos países, incapaces de definir el valor real del kilovatio hora. A la fecha, no existe repositorio de desechos radiactivos de alta actividad en el mundo, y algunos países aún discuten la forma de su gestión definitiva.
La radiactividad altera las células de información genética, es sutil y acumulativa y se desconocen el volumen y las reales consecuencias de la liberada por los reactores de Japón obligando a los técnicos responsables afirmar que es cuestión de tiempo poder observar la evolución del colapso nuclear de Fukushima, considerado de extrema gravedad por su impacto no sólo en la región asiática sino en el resto del mundo.
No existe central nuclear que no haya emitido dosis radiactivas significativas al exterior. Sería tedioso enumerar aquí miles de circunstancias de fugas radiactivas provocadas por la actividad humana, que deliberadamente fueron minimizadas y ocultadas, como en los casos de la norteamericana Three Mille Island, en Pensilvania, el Chernobyl de la URSS y el Fukushima actual. El planeta es sacudido, una vez más, por emanaciones radiactivas que perdurarán eternamente y cuyas consecuencias son impredecibles. No solo preocupan los 250.000 años de vida activa del plutonio, letal para toda forma de vida, exposiciones al estroncio 90 ó al cesio 137, con sus noventa y treinta años de vida media, respectivamente, son suficientes para producir miles de casos como el de Goiania, en Brasil; el yodo 131 es uno de los radionucleidos involucrados en las pruebas nucleares atmosféricas, desde 1945. Se encuentra entre los radionucleidos que han producido y continuarán causando aumento del riesgo de cáncer durante décadas y siglos venideros. El yodo 131 aumenta el peligro de cáncer y otras enfermedades de tiroides, bombardeando desde allí al resto del cuerpo. El yodo 129 (con un periodo de semi-desintegración de unos 16 millones de años) se puede producir a partir del xenón 129 en la atmósfera terrestre, o también a través del decaimiento del uranio 238. El estroncio 90 y el cesio 137 son tan letales como el equivalente a 1.000 bombas atómicas de Hiroshima. Y tal generación, tal poder, es lo producido durante un año por una planta nucleoeléctrica de 1.000 megavatios. Pero en toda fuga radiactiva, los radionucleidos nacidos de la fisión nuclear son muchísimos, tan peligrosos unos como otros, la mayoría acuña la condición de alta actividad, obligando a miles de generaciones futuras a convivir con ellos, a mutarse a través de ellos.
La UAC, en consecuencia, sostiene la necesidad urgente de impedir la actividad nuclear en el país y se compromete a luchar activamente por impedir procesos semejantes en los países limítrofes y en el resto de América Latina. Los movimientos sociales, asambleas de todo el país, colectivos y organizaciones no gubernamentales que integran la UAC vienen elaborando propuestas y debates en torno a la matriz energética futura. Esas ponencias denuncian al mismo tiempo al lobby nuclear que se aferra a políticas corrompidas por la falacia del poder del átomo, a la burocracia oficial y a la ignorancia gobernante que dan continuidad a proyectos que ya caducaron, reemplazados en gran parte del mundo, salvo que esta nación impulse el desarrollo bélico nuclear, lo que motivaría otro tipo de comunicado y de pronunciamiento.
Editoriales ANP
