(Grupo F.A.L.C.O).- El jueves 3 de diciembre, la OCA (Organización Campesina Agro-Ganadera), instituciones y actores locales de Palma Sola, 6 comunidades indigenas
pertenecientes al Pueblo Guarani y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentamos un amparo ambiental contra la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy (DPPAyRN), donde se solicita se declare la nulidad de las autorizaciones de desmonte otorgadas en el Departamento de Santa Bárbara, a partir de la entrada en vigencia de la ley 26331 (Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, más conocida como ley Bonasso) hasta la actualidad.
También solicitamos a la DPPAyRN, se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones
de desmonte, hasta tanto se sancione por ley un Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) que sea realmente participativo y garantice la conservación de los bosques
nativos de la provincia, contribuyendo a una mejor calidad de vida y al bienestar común de la sociedad.
La ley 26331, obligaba a las provincias a implementar instancias de participación pública para la aprobación del POT, que en Jujuy fueron totalmente salteadas, obviando el espíritu de creación de la ley de bosques que es la conservación de los bosques nativos remanentes, mediante un proceso de participación abierta donde puedan expresar sus opiniones todos los sectores de la sociedad.
En el plan aprobado por decreto, no hay una descripción ni análisis pormenorizado de las masas boscosas forestales en sus aspectos ecológicos, culturales, sociales y conómicos, ni un inventario forestal con un nivel de detalle que permita justificar la zonificación que se realizó.
Actualmente, se continúan autorizando desmontes, que para el Departamento de Santa Bárbara supera las 13.000 hectareas sin evaluar correctamente las consecuencias sociales y ambientales que los mismos ocasionarán en una región tan sensible como esta. Además se debe destacar los graves daños que ocasionan la quema de los cordones de los desmontes, provocando incendios forestales descontrolados que afectan actualmente la región del ramal jujeño.
Para finalizar exigimos:
* La declaración de emergencia forestal, en virtud de los incendios de los últimos meses.
* La responsabilidad del gobierno provincial sobre el futuro los bosques jujeños, la biodiversidad y los posibles desalojos de familias campesinas e indigenas por el avance del desmonte, además del riesgo de inundaciones.
* La sanción que corresponda al gobierno provincial y a la Empresa Ledesma, por no arbitrar los medios necesarios para garantizar la protección del Lote Yuto - Sauzalito, que hacía de "puente verde" para conectar la yunga con el sector chaqueño, el cual fue quemado en los ultimos dias.
* Solicitamos al Poder Judicial de la Provincia, que actue con la urgencia debida otorgando la medida cautelar solicitada, a fin de que el desmonte descontralado deje de avanzar sobre el Bosque Chaqueño y Pedemontano del Dto. de Santa Bárbara.