El Bolsón (ANPP).- Mañana martes está convocada una reunión en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Primavera (El Bolsón), a las 10, para organizar una fiesta de fin de año y una muestra de lo logrado en este ciclo.
Posiblemente, el evento se realice en en el propio edificio del CIC este sábado, a partir de las 10.
lunes, 6 de diciembre de 2010
FIESTA DE FIN DE AÑO EN COSTA DEL RÍO AZUL
El Bolsón (ANPP).- Vecinos de la costa del río Azul, paraje Mallín Ahogado, tendrán el próximo domingo 19 de diciembre su fiesta de fin de año, con exposiciones, puestos de trueque y venta y espectáculos musicales.
La cita es el Centro Comunitario de la Costa del Río Azul, al lado de la escuela 103, desde las 11, con entrada libre y gratuita.
Habrá almuerzo a la canasta y también servicio de bufet, alreededor de las 13.
El grupo Al Encuentro animará el baile, en tanto que se podrá recorrer una muestra de los talleres y participar de una charla para evaluar el año.
Para la feria de trueque y venta todos los pobladores están invitados a acercar sus productos y las cosas que ya no usen para cambiarlas por otras.
El momento de la música incluirá géneros para bailar como la chacarera, la cueca y la zamba, entre otros ritmos folclóricos. Los organizadores han invitado a los músicos que quieran sumarse a traer sus instrumentos.
La cita es el Centro Comunitario de la Costa del Río Azul, al lado de la escuela 103, desde las 11, con entrada libre y gratuita.
Habrá almuerzo a la canasta y también servicio de bufet, alreededor de las 13.
El grupo Al Encuentro animará el baile, en tanto que se podrá recorrer una muestra de los talleres y participar de una charla para evaluar el año.
Para la feria de trueque y venta todos los pobladores están invitados a acercar sus productos y las cosas que ya no usen para cambiarlas por otras.
El momento de la música incluirá géneros para bailar como la chacarera, la cueca y la zamba, entre otros ritmos folclóricos. Los organizadores han invitado a los músicos que quieran sumarse a traer sus instrumentos.
sábado, 4 de diciembre de 2010
BOLETÍN DE LA CORREPI
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 (Correpi).- Sumario:
1. Policía condenado por fusilar a Romina.
2. Causa Mariano Ferreyra: el procesamiento y las "fotos" que faltan.
3. El caso del blindado: no paran de saltar los botones.
4. Huelgas de hambre en cárceles: ser enemigos, pero del sistema.
5. Repudio ante la feroz represión en Formosa.
6. Gatillo: distintos gobiernos, la misma represión.
POLICÍA CONDENADO POR FUSILAR A ROMINA
Hace 4 años y medio, Romina Lemos (15) fue a bailar a un boliche de Pacheco con sus amigos del barrio. A la salida del baile, un chico que conoció esa noche le ofreció alcanzarla a ella y a otro vecino hasta su casa, en San Fernando. Ninguno de los dos sabía que el auto había sido robado la noche anterior en San Isidro.
Un patrullero reconoció la patente, dio el alerta radial y comenzó la persecución a lo largo de 35 cuadras por la ruta 197. A los tiros, claro. La cosa terminó con el auto sin control, con dos ruedas en llanta, dirigiéndose de lleno a una camioneta policial cruzada a la bajada del puente de Pacheco, a la que embistió ligeramente, para luego chocar el cantero de cemento que separa las manos de la ruta. El conductor se tiró del auto antes que se detuviera, rodó y salió corriendo. Los dos patrulleros que venían detrás se dirigieron a buscar al prófugo.
En el lugar quedó el auto chocado, con la horrorizada Romina hecha un bollito, en posición fetal, en el asiento delantero, y su vecino, de 17 años, igualmente acurrucado en el asiento de atrás. El cabo Cristian Luján González bajó de la camioneta, amartilló una ametralladora UZI, y disparó tres veces, tiro a tiro, contra el lateral derecho del auto. Uno de los proyectiles atravesó el panel trasero derecho del auto, pasó como manteca por el respaldo de la butaca del acompañante, e impactó en la espalda de Romina, unos 6 cm . debajo de la escápula. Como estaba inclinada, con la cabeza entre las rodillas, la bala recorrió el tórax de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Fracturó una costilla, arrasó con el pulmón derecho, pasó por debajo de la clavícula y destrozó la yugular. Ahí quedó el plomo 9 mm , en el cuello de Romina.
El pibe de 17 años fue detenido, pero después de escuchar su declaración fue sobreseído. El policía fue acusado por homicidio simple, pero nunca se ordenó su detención. El juicio oral se suspendió dos veces sin otro motivo que “problemas de agenda” del tribunal.
Finalmente, el lunes 29, el tribunal oral nº 2 de San Isidro tuvo tiempo para ocuparse de Romina, la piba de 15 años que salió a bailar, y la mató un policía. La prueba era tan contundente como la presencia de los militantes de CORREPI, casi todos familiares de víctimas de la represión policial. Entre las banderas con la foto de Romina, estaba también la imagen de Marcelo “Peca” Rivero, el pibe de 17 años asesinado por la policía de Rafael Castillo en marzo de 1989, causa impune hasta hoy. Su mamá, Estela, militante histórica de CORREPI, era la tía abuela de Romina.
Iniciado el debate, el fiscal cambió de idea, y acompañó a la querella en la acusación por homicidio calificado. Llegados los alegatos, después del consabido desfile de policías desmemoriados y de testigos “del procedimiento” que juraron que no vieron nada y hasta uno que dijo que jamás fue a la comisaría a firmar el acta donde aparece su nombre, el fiscal también nos acompañó en pedir prisión perpetua. Exigimos, además, que terminara el privilegio de la libertad para el asesino, y se dictara el mismo martes 30, veredicto condenatorio y se detuviera al policía.
A fuerza de consecuencia y movilización, ése fue el resultado. Desde hoy a las cuatro de la tarde, el policía Cristian Luján González está preso, condenado por haber asesinado a Romina Lemos. El martes 7 de diciembre, a las 12:00, conoceremos la sentencia, y sabremos si lo condenaron a prisión perpetua por homicidio calificado, como pedimos los acusadores, o si se dan maña para inventar alguna cosa más livianita.
CAUSA MARIANO FERREYRA: EL PROCESAMIENTO Y LAS "FOTOS" QUE FALTAN
Se decretaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen político de Mariano Ferreyra, todos ellos, como co-autores de los delitos de homicidio calificado (respecto de Mariano) y tres tentativas del mismo delito (en relación a los otros tres compañeros heridos, entre ellos Elsa Rodríguez, todavía luchando por su vida).
El fallo reconoce que cada uno de los involucrados cumplió una función específica, sin las cual no se hubiera podido cumplir el plan completo, acordado por todos con anterioridad. Ese plan criminal incluía, como ocurrió, la aceptación de todos de los resultados, como lo fueron el asesinato de Mariano y las graves heridas a los demás compañeros. En la decisión judicial hay una descripción detallada, como una "foto" de cada uno y de su respectivo accionar.
CORREPI, patrocinante de parte de los querellantes en la causa, sostuvo siempre esa autoría plural: ni cómplices ni partícipes, todos homicidas, todos asesinos que se inscriben en la larga y ominosa lista de los verdugos del pueblo. Pero también venimos sosteniendo que esa calificación debe abarcar a los que, desde los escritorios de burócratas sindicales, desde los celulares de empresarios socios del gobierno y desde los despachos oficiales de ese mismo gobierno, alentaron, facilitaron y organizaron el crimen.
En la misma causa, en el mismo fallo, está ya probado que los empresarios reunidos en la UGOFE tramitaron los celulares con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo. No ha sido citado (ni siquiera individualizado) ninguno de esos empresarios.
Lo mismo sucede con la policía federal, que prestó más que una "inestimable" colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Sólo se ha dispuesto la formación de una causa paralela, por fuera de la causa de homicidio, solamente para analizar si la policía cumplió o no sus funciones de prevención.
Es ineludible la responsabilidad de Pedraza y de cuanto burócrata ferroviario lo rodea. Al secretario general de la Unión Ferroviaria se le pidió la indagatoria, a regañadientes, cuando una de sus principales intervenciones fue la de avisar al más alto funcionario gubernamental en materia de Transporte que los compañeros iban a realizar una medida en reclamo de sus derechos.
Está probado, incluso con los parámetros judiciales, que el accionar del empresariado, los burócratas y funcionarios del gobierno formó parte insoslayable del todo criminal. El prontuario de la triple alianza antiobrera, por ahora, no registra todas sus fotos en la causa.
EL CASO DEL BLINDADO: NO PARAN DE SALTAR LOS BOTONES
Esta semana, la sección de policiales nos taladró con el caso de un camión blindado que transportaba unos 20 millones de pesos. En un intento de asalto, una banda muy bien organizada mató a dos de los policías que lo custodiaban, e hirió a otros dos. "Una masacre cometida por animales, inhumanos", dijeron a coro los medios y los jefes de gobierno bonaerense. Adjetivos calificativos no usaron cuando fue el asesinato de Mauricio Vega por la espalda, o tras la muerte a palos, con bastones de caballería, de Diego Gallardo, ni tampoco con los más de 3.000 otros pibes asesinados por el Estado. "Héroes", decía Scioli, como si morir en un asalto fuese heroico.
A los pocos días del hecho, se hicieron treinta y pico de allanamientos. ¿Hace falta decir que el primer allanamiento por la muerte de Mariano Ferreyra en el Departamento Central de policía se hizo recién 40 días más tarde, y que, según Aníbal Fernández no fue un allanamiento sino una "presentación"?. Pero volviendo a la causa por el robo, después de los allanamientos exhibieron un organigrama que identificaba como parte de la banda a un custodio vicepresidencial y como jefa de la organización a Adriana Romero, cabo de la policía federal, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Casi instantáneamente, esos nombres se borraron de los medios.
Cuando le preguntaron a Scioli, dijo: "se trata de otra causa similar del 2009, estos allanamientos estaban pensados desde antes del último robo". De todas formas, y con una clara cuota de suerte, encontraron los coches usados en el asalto al blindado, y cosas que fueron robadas a los policías. Para pesar del gobernador, y como nunca nos vamos a cansar de decir, de nuevo "saltó el botón". También en ese caso, la banda estaba dirigida por un ex policía, de apellido Jerez, instructor de tiro e involucrado en el asalto al Banco Credicoop de Saavedra, en noviembre de 1997. El asalto en el que uno de los ladrones, también policía, fusiló al cabo Ayala, porque lo había reconocido. Por más que intenten, no lo pueden disimular: todos polichorros.
HUELGAS DE HAMBRE EN CÁRCELES: SER ENEMIGOS, PERO DEL SISTEMA
El encierro institucional -en su inmensa mayoría de personas revictimizadas por el sistema de desigualdad social- constituye una herramienta del disciplinamiento y el control social, ejercido por el estado en su carácter de gendarme de los intereses de la clase dominante, con el ingenioso método de conceptuarlos como los "enemigos de la sociedad a los que deben resocializar y reinsertar".
Ese encierro, debe además contribuir a la degradación humana del preso, afectando su subjetividad hasta minar las posibilidades efectivas de adquirir conciencia sobre las verdaderas razones de su situación. Es que cualquier alternativa que apunte hacia el conocimiento y potencie la actividad intelectual que todo ser humano lleva consigo, es un presupuesto peligroso para el sistema que basa su dominación en la explotación y la alienación, alternativas conjuntas y motivos reales de aquella "resocialización".
Un preso que transita este camino es un potencial cuestionador del sistema y, si encima se organiza para hacerlo colectiva y autogestivamente, asume ya la condición que más preocupa a los administradores estatales de turno: ser enemigo, pero del sistema.
Rodolfo Rodríguez, Fabio Galante, Juan C. Pérez, Jorge Ramírez Figueroa, Martín Romero, Gastón Brossio, Diego Petrissans, (presos mal llamados "sociales") son internos estudiantes del CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO, que hace más de un mes llevan adelante una huelga de hambre por los constantes impedimentos que el sistema penitenciario (avalado por el “gobierno de los derechos humanos”) les impone.
A su turno, en el penal de Marcos Paz, el compañero Roberto Martino, preso político, ingresó en una nueva semana de huelga de hambre, mientras la justicia debe resolver en estos días sobre su libertad.
En uno y otro caso, se han despertado solidaridades y reclamos conjuntos de sectores del pueblo, que sólo han de cesar cuando se destruyan los privilegios de clase, cuando se instaure una nueva sociedad, pero que, mientras tanto, seguirán bregando por el cese de toda represión, por la defensa de las luchas independientes y por la libertad de sus presos políticos.
REPUDIO ANTE LA FEROZ REPRESIÓN EN FORMOSA
El martes 23, por la noche, la policía de Formosa desalojó de manera violenta a los integrantes de la comunidad toba La Primavera , que mantenían cortada la ruta nacional 86 como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia feudal, de apellido Celía, reclama como suyas con el apoyo del gobierno provincial del gobernador Gildo Insfran, quien en su momento fue menemista, luego duhaldista y hoy es kirchnerista. Insfran gobierna Formosa desde 1995, y, antes, fue dos veces vicegobernador.
Los Celía forman parte de esa minoría poderosa que domina Formosa, tan linda y tan rica, pero que, sometida a este asesino sistema capitalista, que no le suelta el cuello y aprieta cada vez más, es una de las provincias más pobres del país, con los peores índices de pobreza, indigencia y muerte infantil, y más del 60% de su población bajo la línea de pobreza. Según informes privados, alrededor del 80% de los trabajadores del estado reciben salarios inferiores al mínimo vital. En este contexto, el clientelismo político se hace fuerte.
Desde hace tiempo, los integrantes de la comunidad advertían policías de civil, que, en complicidad con los Celía los amenazaban. Las acciones intimidatorias venían en alza y se percibía que se venia la represión. El martes finalmente sucedió. Y el resultado fueron por lo menos dos muertos, 30 heridos, dos niños desaparecidos y 30 casas quemadas.
No hubo un solo policía ni nadie de la familia Celía detenido. A esta maniobra, se suma la desinformación de los medios, tildando de violentos y salvajes a los habitantes de la comunidad, mostrando a la policía como víctima, y presentando el reclamo de los pueblos indígenas como si fueran depredaciones de hordas salvajes
Pero no es para extrañarse, esta ha sido una política del estado argentino desde sus primeros pasos como nación hasta los días de hoy. En 1877 asumía la presidencia Nicolás Avellaneda, con una pesada carga de deuda externa, que prometió a la banca, empresas y particulares ingleses: “Nuestro país pagará sus compromisos exteriores hasta la última gota de sangre del último argentino”. Inmediatamente, Avellaneda nombró ministro de Guerra a un tal Julio Argentino Roca, y litros de ese plasma salvador se recaudaron de venas indias.
En 1947, durante el segundo año de gobierno de Perón, se orquestó una masacre en el monte formoseño. La comunidad Pigalá resistió a un violentísimo desalojo masivo, donde no faltaron balas, incendios intencionales, mujeres violadas, persecuciones y fusilamientos.
Hoy, los tiempos del gobierno de los “derechos humanos” parecen demandar otros métodos, más disfrazados, aunque igual de perversos y premeditados. El estado argentino oculta y silencia la vida marginal y de extrema pobreza de los habitantes originarios de estas tierras, y mantiene un orden represivo y opresor para que las minorías poderosas sometan económicamente a las mayorías indígenas y mestizas.
Es necesario denunciar que el estado argentino lleva a cabo una silenciosa y perversa estrategia de control y exterminio silencioso de aborígenes en el interior del país, como lo hace con los jóvenes pobres en el conurbano.
GATILLO: DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA REPRESIÓN
A 10 días de la presentación del Archivo de casos de personas asesinadas por el estado, el aparato represivo ya se cobró nuevas víctimas. Además de los luchadores asesinados en Formosa, son tres los casos de gatillo fácil que salieron a la luz.
En San Luis, un pibe de 16 años fue asesinado por la policía de la provincia, que disparó contra su cuerpo por “no acatar la voz de alto”.
En Rosario, Santa Fe, una oficial de la Brigada de orden urbano, baleó a un pibe en el tórax que, según el policía, intentó robarle la moto. Murió en el hospital poco después.
En Tucumán, el oficial de la policía federal, Fabio Antonio Abregú (25), fusiló de un disparo en la cara a Pamela Núñez (24), quien viajaba con él y Cecilia Abregú en un automóvil hacia Famaillá. Las versiones declaradas por los hermanos Abregú son contradictorias, y difieren ambas con la exposición hecha por un testigo. Mientras el oficial declara haber sido “atacado a tiros por delincuentes”, el testigo aseguro que no hubo tal ataque, y los disparos se produjeron desde adentro del auto.
En distintas provincias, con distintos gobiernos (peronistas federales, socialistas o kirchneristas) la herramienta para mantener el control social es la misma: represión.
Próximas actividades: Sentencia por Romina Lemos
Convocamos a acompañarnos en la lectura de la sentencia condenatoria al policía Cristian González el martes 7 de diciembre, a las 12:00, en Ituzaingó 340, San Isidro.
1. Policía condenado por fusilar a Romina.
2. Causa Mariano Ferreyra: el procesamiento y las "fotos" que faltan.
3. El caso del blindado: no paran de saltar los botones.
4. Huelgas de hambre en cárceles: ser enemigos, pero del sistema.
5. Repudio ante la feroz represión en Formosa.
6. Gatillo: distintos gobiernos, la misma represión.
POLICÍA CONDENADO POR FUSILAR A ROMINA
Hace 4 años y medio, Romina Lemos (15) fue a bailar a un boliche de Pacheco con sus amigos del barrio. A la salida del baile, un chico que conoció esa noche le ofreció alcanzarla a ella y a otro vecino hasta su casa, en San Fernando. Ninguno de los dos sabía que el auto había sido robado la noche anterior en San Isidro.
Un patrullero reconoció la patente, dio el alerta radial y comenzó la persecución a lo largo de 35 cuadras por la ruta 197. A los tiros, claro. La cosa terminó con el auto sin control, con dos ruedas en llanta, dirigiéndose de lleno a una camioneta policial cruzada a la bajada del puente de Pacheco, a la que embistió ligeramente, para luego chocar el cantero de cemento que separa las manos de la ruta. El conductor se tiró del auto antes que se detuviera, rodó y salió corriendo. Los dos patrulleros que venían detrás se dirigieron a buscar al prófugo.
En el lugar quedó el auto chocado, con la horrorizada Romina hecha un bollito, en posición fetal, en el asiento delantero, y su vecino, de 17 años, igualmente acurrucado en el asiento de atrás. El cabo Cristian Luján González bajó de la camioneta, amartilló una ametralladora UZI, y disparó tres veces, tiro a tiro, contra el lateral derecho del auto. Uno de los proyectiles atravesó el panel trasero derecho del auto, pasó como manteca por el respaldo de la butaca del acompañante, e impactó en la espalda de Romina, unos 6 cm . debajo de la escápula. Como estaba inclinada, con la cabeza entre las rodillas, la bala recorrió el tórax de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Fracturó una costilla, arrasó con el pulmón derecho, pasó por debajo de la clavícula y destrozó la yugular. Ahí quedó el plomo 9 mm , en el cuello de Romina.
El pibe de 17 años fue detenido, pero después de escuchar su declaración fue sobreseído. El policía fue acusado por homicidio simple, pero nunca se ordenó su detención. El juicio oral se suspendió dos veces sin otro motivo que “problemas de agenda” del tribunal.
Finalmente, el lunes 29, el tribunal oral nº 2 de San Isidro tuvo tiempo para ocuparse de Romina, la piba de 15 años que salió a bailar, y la mató un policía. La prueba era tan contundente como la presencia de los militantes de CORREPI, casi todos familiares de víctimas de la represión policial. Entre las banderas con la foto de Romina, estaba también la imagen de Marcelo “Peca” Rivero, el pibe de 17 años asesinado por la policía de Rafael Castillo en marzo de 1989, causa impune hasta hoy. Su mamá, Estela, militante histórica de CORREPI, era la tía abuela de Romina.
Iniciado el debate, el fiscal cambió de idea, y acompañó a la querella en la acusación por homicidio calificado. Llegados los alegatos, después del consabido desfile de policías desmemoriados y de testigos “del procedimiento” que juraron que no vieron nada y hasta uno que dijo que jamás fue a la comisaría a firmar el acta donde aparece su nombre, el fiscal también nos acompañó en pedir prisión perpetua. Exigimos, además, que terminara el privilegio de la libertad para el asesino, y se dictara el mismo martes 30, veredicto condenatorio y se detuviera al policía.
A fuerza de consecuencia y movilización, ése fue el resultado. Desde hoy a las cuatro de la tarde, el policía Cristian Luján González está preso, condenado por haber asesinado a Romina Lemos. El martes 7 de diciembre, a las 12:00, conoceremos la sentencia, y sabremos si lo condenaron a prisión perpetua por homicidio calificado, como pedimos los acusadores, o si se dan maña para inventar alguna cosa más livianita.
CAUSA MARIANO FERREYRA: EL PROCESAMIENTO Y LAS "FOTOS" QUE FALTAN
Se decretaron los procesamientos con prisión preventiva de los siete detenidos por el crimen político de Mariano Ferreyra, todos ellos, como co-autores de los delitos de homicidio calificado (respecto de Mariano) y tres tentativas del mismo delito (en relación a los otros tres compañeros heridos, entre ellos Elsa Rodríguez, todavía luchando por su vida).
El fallo reconoce que cada uno de los involucrados cumplió una función específica, sin las cual no se hubiera podido cumplir el plan completo, acordado por todos con anterioridad. Ese plan criminal incluía, como ocurrió, la aceptación de todos de los resultados, como lo fueron el asesinato de Mariano y las graves heridas a los demás compañeros. En la decisión judicial hay una descripción detallada, como una "foto" de cada uno y de su respectivo accionar.
CORREPI, patrocinante de parte de los querellantes en la causa, sostuvo siempre esa autoría plural: ni cómplices ni partícipes, todos homicidas, todos asesinos que se inscriben en la larga y ominosa lista de los verdugos del pueblo. Pero también venimos sosteniendo que esa calificación debe abarcar a los que, desde los escritorios de burócratas sindicales, desde los celulares de empresarios socios del gobierno y desde los despachos oficiales de ese mismo gobierno, alentaron, facilitaron y organizaron el crimen.
En la misma causa, en el mismo fallo, está ya probado que los empresarios reunidos en la UGOFE tramitaron los celulares con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo. No ha sido citado (ni siquiera individualizado) ninguno de esos empresarios.
Lo mismo sucede con la policía federal, que prestó más que una "inestimable" colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Sólo se ha dispuesto la formación de una causa paralela, por fuera de la causa de homicidio, solamente para analizar si la policía cumplió o no sus funciones de prevención.
Es ineludible la responsabilidad de Pedraza y de cuanto burócrata ferroviario lo rodea. Al secretario general de la Unión Ferroviaria se le pidió la indagatoria, a regañadientes, cuando una de sus principales intervenciones fue la de avisar al más alto funcionario gubernamental en materia de Transporte que los compañeros iban a realizar una medida en reclamo de sus derechos.
Está probado, incluso con los parámetros judiciales, que el accionar del empresariado, los burócratas y funcionarios del gobierno formó parte insoslayable del todo criminal. El prontuario de la triple alianza antiobrera, por ahora, no registra todas sus fotos en la causa.
EL CASO DEL BLINDADO: NO PARAN DE SALTAR LOS BOTONES
Esta semana, la sección de policiales nos taladró con el caso de un camión blindado que transportaba unos 20 millones de pesos. En un intento de asalto, una banda muy bien organizada mató a dos de los policías que lo custodiaban, e hirió a otros dos. "Una masacre cometida por animales, inhumanos", dijeron a coro los medios y los jefes de gobierno bonaerense. Adjetivos calificativos no usaron cuando fue el asesinato de Mauricio Vega por la espalda, o tras la muerte a palos, con bastones de caballería, de Diego Gallardo, ni tampoco con los más de 3.000 otros pibes asesinados por el Estado. "Héroes", decía Scioli, como si morir en un asalto fuese heroico.
A los pocos días del hecho, se hicieron treinta y pico de allanamientos. ¿Hace falta decir que el primer allanamiento por la muerte de Mariano Ferreyra en el Departamento Central de policía se hizo recién 40 días más tarde, y que, según Aníbal Fernández no fue un allanamiento sino una "presentación"?. Pero volviendo a la causa por el robo, después de los allanamientos exhibieron un organigrama que identificaba como parte de la banda a un custodio vicepresidencial y como jefa de la organización a Adriana Romero, cabo de la policía federal, de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Casi instantáneamente, esos nombres se borraron de los medios.
Cuando le preguntaron a Scioli, dijo: "se trata de otra causa similar del 2009, estos allanamientos estaban pensados desde antes del último robo". De todas formas, y con una clara cuota de suerte, encontraron los coches usados en el asalto al blindado, y cosas que fueron robadas a los policías. Para pesar del gobernador, y como nunca nos vamos a cansar de decir, de nuevo "saltó el botón". También en ese caso, la banda estaba dirigida por un ex policía, de apellido Jerez, instructor de tiro e involucrado en el asalto al Banco Credicoop de Saavedra, en noviembre de 1997. El asalto en el que uno de los ladrones, también policía, fusiló al cabo Ayala, porque lo había reconocido. Por más que intenten, no lo pueden disimular: todos polichorros.
HUELGAS DE HAMBRE EN CÁRCELES: SER ENEMIGOS, PERO DEL SISTEMA
El encierro institucional -en su inmensa mayoría de personas revictimizadas por el sistema de desigualdad social- constituye una herramienta del disciplinamiento y el control social, ejercido por el estado en su carácter de gendarme de los intereses de la clase dominante, con el ingenioso método de conceptuarlos como los "enemigos de la sociedad a los que deben resocializar y reinsertar".
Ese encierro, debe además contribuir a la degradación humana del preso, afectando su subjetividad hasta minar las posibilidades efectivas de adquirir conciencia sobre las verdaderas razones de su situación. Es que cualquier alternativa que apunte hacia el conocimiento y potencie la actividad intelectual que todo ser humano lleva consigo, es un presupuesto peligroso para el sistema que basa su dominación en la explotación y la alienación, alternativas conjuntas y motivos reales de aquella "resocialización".
Un preso que transita este camino es un potencial cuestionador del sistema y, si encima se organiza para hacerlo colectiva y autogestivamente, asume ya la condición que más preocupa a los administradores estatales de turno: ser enemigo, pero del sistema.
Rodolfo Rodríguez, Fabio Galante, Juan C. Pérez, Jorge Ramírez Figueroa, Martín Romero, Gastón Brossio, Diego Petrissans, (presos mal llamados "sociales") son internos estudiantes del CENTRO UNIVERSITARIO DEVOTO, que hace más de un mes llevan adelante una huelga de hambre por los constantes impedimentos que el sistema penitenciario (avalado por el “gobierno de los derechos humanos”) les impone.
A su turno, en el penal de Marcos Paz, el compañero Roberto Martino, preso político, ingresó en una nueva semana de huelga de hambre, mientras la justicia debe resolver en estos días sobre su libertad.
En uno y otro caso, se han despertado solidaridades y reclamos conjuntos de sectores del pueblo, que sólo han de cesar cuando se destruyan los privilegios de clase, cuando se instaure una nueva sociedad, pero que, mientras tanto, seguirán bregando por el cese de toda represión, por la defensa de las luchas independientes y por la libertad de sus presos políticos.
REPUDIO ANTE LA FEROZ REPRESIÓN EN FORMOSA
El martes 23, por la noche, la policía de Formosa desalojó de manera violenta a los integrantes de la comunidad toba La Primavera , que mantenían cortada la ruta nacional 86 como medida de protesta por la falta de entrega de títulos de propiedad de 600 hectáreas que una familia feudal, de apellido Celía, reclama como suyas con el apoyo del gobierno provincial del gobernador Gildo Insfran, quien en su momento fue menemista, luego duhaldista y hoy es kirchnerista. Insfran gobierna Formosa desde 1995, y, antes, fue dos veces vicegobernador.
Los Celía forman parte de esa minoría poderosa que domina Formosa, tan linda y tan rica, pero que, sometida a este asesino sistema capitalista, que no le suelta el cuello y aprieta cada vez más, es una de las provincias más pobres del país, con los peores índices de pobreza, indigencia y muerte infantil, y más del 60% de su población bajo la línea de pobreza. Según informes privados, alrededor del 80% de los trabajadores del estado reciben salarios inferiores al mínimo vital. En este contexto, el clientelismo político se hace fuerte.
Desde hace tiempo, los integrantes de la comunidad advertían policías de civil, que, en complicidad con los Celía los amenazaban. Las acciones intimidatorias venían en alza y se percibía que se venia la represión. El martes finalmente sucedió. Y el resultado fueron por lo menos dos muertos, 30 heridos, dos niños desaparecidos y 30 casas quemadas.
No hubo un solo policía ni nadie de la familia Celía detenido. A esta maniobra, se suma la desinformación de los medios, tildando de violentos y salvajes a los habitantes de la comunidad, mostrando a la policía como víctima, y presentando el reclamo de los pueblos indígenas como si fueran depredaciones de hordas salvajes
Pero no es para extrañarse, esta ha sido una política del estado argentino desde sus primeros pasos como nación hasta los días de hoy. En 1877 asumía la presidencia Nicolás Avellaneda, con una pesada carga de deuda externa, que prometió a la banca, empresas y particulares ingleses: “Nuestro país pagará sus compromisos exteriores hasta la última gota de sangre del último argentino”. Inmediatamente, Avellaneda nombró ministro de Guerra a un tal Julio Argentino Roca, y litros de ese plasma salvador se recaudaron de venas indias.
En 1947, durante el segundo año de gobierno de Perón, se orquestó una masacre en el monte formoseño. La comunidad Pigalá resistió a un violentísimo desalojo masivo, donde no faltaron balas, incendios intencionales, mujeres violadas, persecuciones y fusilamientos.
Hoy, los tiempos del gobierno de los “derechos humanos” parecen demandar otros métodos, más disfrazados, aunque igual de perversos y premeditados. El estado argentino oculta y silencia la vida marginal y de extrema pobreza de los habitantes originarios de estas tierras, y mantiene un orden represivo y opresor para que las minorías poderosas sometan económicamente a las mayorías indígenas y mestizas.
Es necesario denunciar que el estado argentino lleva a cabo una silenciosa y perversa estrategia de control y exterminio silencioso de aborígenes en el interior del país, como lo hace con los jóvenes pobres en el conurbano.
GATILLO: DISTINTOS GOBIERNOS, LA MISMA REPRESIÓN
A 10 días de la presentación del Archivo de casos de personas asesinadas por el estado, el aparato represivo ya se cobró nuevas víctimas. Además de los luchadores asesinados en Formosa, son tres los casos de gatillo fácil que salieron a la luz.
En San Luis, un pibe de 16 años fue asesinado por la policía de la provincia, que disparó contra su cuerpo por “no acatar la voz de alto”.
En Rosario, Santa Fe, una oficial de la Brigada de orden urbano, baleó a un pibe en el tórax que, según el policía, intentó robarle la moto. Murió en el hospital poco después.
En Tucumán, el oficial de la policía federal, Fabio Antonio Abregú (25), fusiló de un disparo en la cara a Pamela Núñez (24), quien viajaba con él y Cecilia Abregú en un automóvil hacia Famaillá. Las versiones declaradas por los hermanos Abregú son contradictorias, y difieren ambas con la exposición hecha por un testigo. Mientras el oficial declara haber sido “atacado a tiros por delincuentes”, el testigo aseguro que no hubo tal ataque, y los disparos se produjeron desde adentro del auto.
En distintas provincias, con distintos gobiernos (peronistas federales, socialistas o kirchneristas) la herramienta para mantener el control social es la misma: represión.
Próximas actividades: Sentencia por Romina Lemos
Convocamos a acompañarnos en la lectura de la sentencia condenatoria al policía Cristian González el martes 7 de diciembre, a las 12:00, en Ituzaingó 340, San Isidro.
viernes, 3 de diciembre de 2010
NACE FM KALEUCHE, PRIMERA RADIO COMUNITARIA DE ESQUEL
Esquel (Radio Kalewche).- Radio Kalewche, un proyecto impulsado por Asociación Mapu, viene de la necesidad de contar con un espacio no comercial que impulse y promueva las voces colectivas de la comunidad; una radio que sea operada por la comunidad, para la comunidad y sobre cuestiones importantes que surjan desde la comunidad.Kalewche ha sido pensada y proyectada como espacio de encuentro abierto y libre, participativo, popular y educativo, donde puedan encontrarse quienes quieren decir y compartir, escuchar y aprender, participar y construir aquello que, como vecinos, decidamos que es importante.
El objetivo principal de Kalewche es que vos participes activamente y que hagas de esta radio una herramienta comunitaria de desarrollo social y cultural. Como equipo de trabajo nos proponemos alentar la producción radial local, con especial énfasis en las manifestaciones culturales propias de la zona y en proyectos socio-educativos, promoviendo, además, capacitaciones, cursos y talleres.
El derecho a la comunicación y el derecho a la información son la base de todas las actividades de Kalewche, con una activa participación de la gente en los procesos de creación de noticias, en la generación de “la otra información”, la que los grandes medios desoyen.
Radio Kalewche FM “La Nave de los Locos” toma su nombre de la leyenda de la isla de Chiloé, en la Patagonia chilena, según la cual un barco fantasma rescata náufragos, difuntos y locos, quienes una vez en el barco siguen con su vida, de fiesta y expresándose con libertad. En la Nave de los Locos, Kalewche FM, hay lugar para todos quienes tienen algo para decir y compartir y que hasta ahora son invisibles para los medios.
Radio Kalewche te invita, entonces, a participar e involucrarte en este proceso colectivo de creación y comunicación.
Cómo participar
Podés acercarte al programa de la mañana, No es lo que parece, que se emite de lunes a viernes de 10:00 a 13:00, personalmente en Maestro Tamburini 57 (al fondo), telefónicamente a través del (02945) 457078, por mail a info@kalewchefm.org, dese el sitio Web www.kalewchefm.org, o a través de la página en Facebook de Radio Kalewche.
Podés proponer tu propia columna, microespacio o programa de radio.
Cómo colaborar
Difundí la existencia de este nuevo espacio de comunicación popular entre tus conocidos y amigos y a través de las redes sociales.
A través de la compra solidaria de la remera con el logo de Kalewche FM (30 pesos).
¡Te esperamos!
Equipo de Radio Kalewche FM 90.9
Tamburini 57, Esquel, Chubut
Tel: (02945) 457078
e-Mail: info@kalewchefm.org
Sidio Web: www.kalewchefm.org
Fuente: Puerta E.
PEÑA LATINOAMERICANA EN EL BOLSÓN, MAÑANA
El Bolsón (ANPP).- Mañana sábado 4, a partir de las 21, se realizará en el Centro Cultural Galeano de el Bolsón una Peña Latinoamericana para juntar fondos y comprar un transmisor para Radio La Negra del barrio Usina.El Grupo de Solidaridad con Cuba, la Agrupación Rojinegra y la el grupo de Radio La Negra se juntaron para organizar esta Peña Folclórica Latinoamericana "para comenzar a despedir el año".
Con músicos en vivo, un completo buffet y una entrada popular de sólo cinco pesos, se busca recaudar para que la radio pueda adquirir un nuevo transmisor, "para que las voces que hoy tienen lugar en La Negra puedan ser más escuchadas".
Radio La Negra es un medio independiente, que se financia exclusivamente de aportes de vecinos y militantes; sin publicidad, apoyo de gobiernos ni partidos políticos este medio brinda un espacio libre a otras voces que creen y luchan por el cambio social.
Desde su salida al aire de la comarca en abril de este año, La Negra viene sumando variados programas locales, y llegando por la FM 104.7, a través de un transmisor casero de baja potencia.
"Esta peña es una forma de apoyar un medio realmente independiente, que se mantiene gracias a la militancia de sus integrantes y organizaciones que encuentran en La Negra un espacio de difusión de sus acciones", afirmaron desde la organización.
martes, 30 de noviembre de 2010
LA ANGOSTURA: FRACASA ACERCAMIENTO ENTRE GOBIERNO Y MAPUCHES
El intento de acercamiento entre el gobierno municipal y la comunidad Mapuche Paichil Antriao se rompió tras el incendio que destruyó la casilla del norteamericano William Henry Fisher, ubicada en la zona del conflicto que protagonizan privados por la posesión de las tierras y los Mapuche en la defensa de su territorio en el cerro Belvedere.
Por La Mañana de Neuquen
“La iniciativa del gobierno municipal era proveer agua a las familias y la disposición de un lugar para colocar los residuos por razones de salubridad”, explicó ayer el secretario de gobierno municipal, Ariel Domínguez.
Sin embargo, advirtió que “en base a los hechos que se conocieron en las últimas horas, las negociaciones con la comunidad vuelven a foja cero”. El incendio ocurrió el jueves antes de las 7, cuando la casilla de madera estaba sola. Su propietario, William Henry Fisher, se había quedado esa noche en la villa y subió a primera hora de la mañana y se encontró con el siniestro. Fisher regresó y avisó en la comisaría local del hecho. Personal policial y bomberos voluntarios se desplazaron hasta el lugar del siniestro, en el cerro Belvedere, pero el fuego ya había destruido la casilla.
El resultado de las pericias se conocerá la semana próxima, aunque todo indica que sería intencional. La Policía busca testigos pero hasta ayer nadie vio nada. La Fiscalía local investiga el hecho.
El incendio se suma a la denuncia de un joven que afirmó en un medio local que fueron agredidos el domingo por un grupo de jóvenes vinculados presuntamente con la comunidad Paichil Autónoma, que es un desprendimiento de la Paichil Antriao, pero que no está reconocida.
El incendio ocurrió al día siguiente de que un medio local publicara que el gobierno municipal y la comunidad Paichil Antriao intentaban un acercamiento.
“El esfuerzo del gobierno municipal fue para garantizar la paz social, que pide la comunidad de Villa La Angostura y fue una buena idea que tuvo un mal resultado”, sostuvo Domínguez.
La inan lonco Amandina Gutiérrez lamentó lo sucedido y reconoció que “estábamos en tratativas con el Gobierno”. “Sé que a Fisher le molestaban mucho las tratativas con el Gobierno”, apuntó. Pero admitió que “no pone las manos en el fuego por algunos”.
El secretario de Seguridad municipal, David Tressens, dijo que “con estos hechos de violencia nos tenemos que replegar porque no está garantizada la seguridad de los empleados municipales”. Tressens dijo que hasta hubo amenazas de muerte anónimas que se escucharon en algunas radios locales.
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“Esto traba el diálogo iniciado”
Lo sostuvo el secretario de Seguridad, David Tressens. El Ejecutivo Municipal expresó su repudio al hecho y suspendió las relaciones entabladas con la Comunidad Paichil Antriao. Desde la Comunidad sospechan que el atentado tuvo como objetivo arruinar el diálogo construido.
Por Diario Andino
El miércoles pasado este diario daba cuenta de un acercamiento entre el Municipio y la comunidad para llevar agua potable y realizar la recolección de residuos a las familias que ocupan lotes en el Belvedere.
En ese contexto, la comunidad se comprometería al cese de las hostilidades. Así lo confirmó días atrás el werken de la Confederación Mapuche Neuquina, José Quintriqueo.
No obstante, al margen de la comunidad se encuentra un grupo de jóvenes autodenominados “comunidad Paichil Autónoma” que protagonizaron los últimos hechos de violencia y que no pertenecen a Paichil- Antriao. Las miradas apuntan a ellos, aunque por ahora los autores son desconocidos.
Tras el incendio y la denuncia de unos jóvenes que habrían sido atacados con piedras por un grupo de personas en el acceso al Belvedere mientras paseaban en fourtrax, el Municipio decidió suspender el diálogo iniciado.
“Esto traba todo tipo de diálogo que se había iniciado. No se puede seguir trabajando cuando se producen actos de violencia. Nuestra intención era llevar asistencia por una cuestión humanitaria, pero no significa que lo reconozcamos como comunidad originaria ni que avalemos las ocupaciones”, sostuvo el secretario de Seguridad, David Tressens.
Respecto a la posibilidad de que el autor del hecho fuera otro grupo o persona no vinculada a la comunidad Paichil Antriao, Tressens aseguró que si se tratara de gente del grupo mapuche “autónomo”, en todo caso “es responsabilidad de la comunidad, para nosotros es todo un mismo grupo”.
Una de las representantes de la comunidad, Amandina Gutiérrez aseguró desconocer los hechos pero no descartó que pudiera haber sido un intento de romper el incipiente acercamiento con la comuna.
“Justo que empezamos el diálogo con el Municipio y estamos tratando de conseguir agua para las 30 familias que viven arriba, pasa esto”, dijo en tono irónico otro miembro de la comunidad Paichil Antriao.
Por La Mañana de Neuquen
“La iniciativa del gobierno municipal era proveer agua a las familias y la disposición de un lugar para colocar los residuos por razones de salubridad”, explicó ayer el secretario de gobierno municipal, Ariel Domínguez.
Sin embargo, advirtió que “en base a los hechos que se conocieron en las últimas horas, las negociaciones con la comunidad vuelven a foja cero”. El incendio ocurrió el jueves antes de las 7, cuando la casilla de madera estaba sola. Su propietario, William Henry Fisher, se había quedado esa noche en la villa y subió a primera hora de la mañana y se encontró con el siniestro. Fisher regresó y avisó en la comisaría local del hecho. Personal policial y bomberos voluntarios se desplazaron hasta el lugar del siniestro, en el cerro Belvedere, pero el fuego ya había destruido la casilla.
El resultado de las pericias se conocerá la semana próxima, aunque todo indica que sería intencional. La Policía busca testigos pero hasta ayer nadie vio nada. La Fiscalía local investiga el hecho.
El incendio se suma a la denuncia de un joven que afirmó en un medio local que fueron agredidos el domingo por un grupo de jóvenes vinculados presuntamente con la comunidad Paichil Autónoma, que es un desprendimiento de la Paichil Antriao, pero que no está reconocida.
El incendio ocurrió al día siguiente de que un medio local publicara que el gobierno municipal y la comunidad Paichil Antriao intentaban un acercamiento.
“El esfuerzo del gobierno municipal fue para garantizar la paz social, que pide la comunidad de Villa La Angostura y fue una buena idea que tuvo un mal resultado”, sostuvo Domínguez.
La inan lonco Amandina Gutiérrez lamentó lo sucedido y reconoció que “estábamos en tratativas con el Gobierno”. “Sé que a Fisher le molestaban mucho las tratativas con el Gobierno”, apuntó. Pero admitió que “no pone las manos en el fuego por algunos”.
El secretario de Seguridad municipal, David Tressens, dijo que “con estos hechos de violencia nos tenemos que replegar porque no está garantizada la seguridad de los empleados municipales”. Tressens dijo que hasta hubo amenazas de muerte anónimas que se escucharon en algunas radios locales.
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“Esto traba el diálogo iniciado”
Lo sostuvo el secretario de Seguridad, David Tressens. El Ejecutivo Municipal expresó su repudio al hecho y suspendió las relaciones entabladas con la Comunidad Paichil Antriao. Desde la Comunidad sospechan que el atentado tuvo como objetivo arruinar el diálogo construido.
Por Diario Andino
El miércoles pasado este diario daba cuenta de un acercamiento entre el Municipio y la comunidad para llevar agua potable y realizar la recolección de residuos a las familias que ocupan lotes en el Belvedere.
En ese contexto, la comunidad se comprometería al cese de las hostilidades. Así lo confirmó días atrás el werken de la Confederación Mapuche Neuquina, José Quintriqueo.
No obstante, al margen de la comunidad se encuentra un grupo de jóvenes autodenominados “comunidad Paichil Autónoma” que protagonizaron los últimos hechos de violencia y que no pertenecen a Paichil- Antriao. Las miradas apuntan a ellos, aunque por ahora los autores son desconocidos.
Tras el incendio y la denuncia de unos jóvenes que habrían sido atacados con piedras por un grupo de personas en el acceso al Belvedere mientras paseaban en fourtrax, el Municipio decidió suspender el diálogo iniciado.
“Esto traba todo tipo de diálogo que se había iniciado. No se puede seguir trabajando cuando se producen actos de violencia. Nuestra intención era llevar asistencia por una cuestión humanitaria, pero no significa que lo reconozcamos como comunidad originaria ni que avalemos las ocupaciones”, sostuvo el secretario de Seguridad, David Tressens.
Respecto a la posibilidad de que el autor del hecho fuera otro grupo o persona no vinculada a la comunidad Paichil Antriao, Tressens aseguró que si se tratara de gente del grupo mapuche “autónomo”, en todo caso “es responsabilidad de la comunidad, para nosotros es todo un mismo grupo”.
Una de las representantes de la comunidad, Amandina Gutiérrez aseguró desconocer los hechos pero no descartó que pudiera haber sido un intento de romper el incipiente acercamiento con la comuna.
“Justo que empezamos el diálogo con el Municipio y estamos tratando de conseguir agua para las 30 familias que viven arriba, pasa esto”, dijo en tono irónico otro miembro de la comunidad Paichil Antriao.
TRELEW: CULMINARON JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Trelew, 28 de noviembre de 2010 (CEHCSO - Universidad de Patagonia).- Felizmente, vemos como año tras año la lucha va creciendo y mas agrupaciones se suman a esta lucha colectiva, como lo es la lucha por la igualdad de géneros, una lucha que ya desde hace unos años venimos realizando.Fue en este marco que realizamos seis actividades que atravesaban distintas problemáticas inherentes a la lucha de género como la trata de personas, la legalización del aborto, la ley de educación sexual integral, la violencia de género, la ley de identidad de género (presentada por ATTTA), y la lucha por la memoria de los/las compañeros/as caídos en la lucha por los derechos del género o víctimas del patriarcado que día a día nos oprime y del que de a poco nos vamos liberando.
Así es como el día sábado 27 de noviembre culminamos las actividades con una intervención artística en el pasaje Floridita y en la calle 25 de mayo, en donde aparecieron en escena Andrea Despo y dos actrices que la acompañaron en una obra al aire libre en contra de la violencia hacia la mujer, el grupo de teatro NOVIEMBRE con una muestra de como las mujeres y demás géneros son oprimidos y explotados en este sistema capitalista y patriarcal. Para finalizar, la murga que recientemente se ha creado desde la Secretaría de Cultura del CEHCSO-Conducción FUICH hizo su aparición gritando y cantando por la legalización del aborto, en contra de la violencia de género, y en repudio a la explotación que sufrimos todos los días.
Gracias a todos/as los/las personas que participaron. Y a quienes no lo hicieron, ¡esperamos que se sumen a la lucha!
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR!!
NI UNA MUJER MAS VICTIMA DE LA RED DE TRATAS
SI A LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNEROS
APARICIÓN CON VIDA DE ARACELI!
NATALIA GAITÁN Y MARITA VERÓN PRESENTES!
SI A LA ADOPCIÓN EN LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO!
- Federación Universitaria Patagónica: Secretaría de Género de la FUP
- CEHCSO (Cond. FUICH)
- CEFCE (Cond. ExE)
- CEFCN (Cond. LA CÉLULA)
- INCLUSUR
- ADU
- ESPACIO DOCENTE
- DELEGACIÓN ZONAL DE LA UNPSJB SEDE TRELEW
- MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA
- TENDENCIA ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIA
Fuente: Agencia Nodo Sur.
SE MOVILIZAN HOY A DESARROLLO SOCIAL
Buenos Aires (CUBa MTR en la COD).- Mientras el gobierno dice que no se puede incorporar mas desocupados al programa “Plan Argentina Trabaja” por que no tienen presupuesto, el ministro Boudou acuerda con el FMI (bajándose los pantalones). Se cierra a corto plazo el pago al Club de Paris, como si esto fuera poco se gasta sumas incalculables subsidiando a empresas privadas, grandes monopolios y la banca. Al mismo tiempo se dará por única vez 500 pesos a los jubilados que perciben hasta 1500 pesos mensuales, pero no se habla del 82% que verdaderamente les corresponde. Estamos frente al diciembre más caro de los últimos años, con algo más del 30% de pobres en el país, una verdadera vergüenza para un gobierno que prometió repartir la riqueza.
La realidad de los más humildes es que siguen postergados a la espera que se abran fábricas y se genere trabajo genuino, que le permita llenar la olla en sus hogares, pero sabemos que ese nunca fue el propósito de este gobierno “nacional y popular”.
Mientras tanto Cristina Kirchner se jacta de contar con una recaudación de 50.000 millones de pesos y de ser superior a la de años anteriores
Dada esta situación desde MIDO – CUBa MTR en la COD, nos movilizaremos el próximo MARTES 30 – AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, exigiendo que se cumplan con los acuerdos realizados en ese organismo, hace mas de 10 meses.
POR NUEVOS INGRESOS DE DESOCUPADOS A LAS COOPERATIVAS
CUMPLIMIENTO CON EL CUPO DE POSTULANTES EXISTENTE
AUMENTO EN LOS HABERES POR TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS A $1740-
APERTURA DE INSCRIPCION EN TODO EL PAIS DEL “PLAN ARGENTINA TRABAJO” (CORDOBA-ENTRE RIOS-SANTA FE ROSARIO- CORRIENTES- MAR DEL PLATA- CHACO-entre otras…)
POR UN PAGO COMPLEMENTARIO QUE DIGNIFIQUE LA MESA NAVIDEÑA EN LOS BARRIOS MAS HUMILDES
MOVILIZACION Y PLAN DE LUCHA
MARTES 30 DE NOVIEMBRE
Desde la 11 horas
EN EL RESTO DEL PAIS CADA REGIONAL SE MOVILIZA DE ACUERDO A SU PLANIFICACION
Oscar Kuperman - mesa nacional 15 5325 3150
La realidad de los más humildes es que siguen postergados a la espera que se abran fábricas y se genere trabajo genuino, que le permita llenar la olla en sus hogares, pero sabemos que ese nunca fue el propósito de este gobierno “nacional y popular”.
Mientras tanto Cristina Kirchner se jacta de contar con una recaudación de 50.000 millones de pesos y de ser superior a la de años anteriores
Dada esta situación desde MIDO – CUBa MTR en la COD, nos movilizaremos el próximo MARTES 30 – AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, exigiendo que se cumplan con los acuerdos realizados en ese organismo, hace mas de 10 meses.
POR NUEVOS INGRESOS DE DESOCUPADOS A LAS COOPERATIVAS
CUMPLIMIENTO CON EL CUPO DE POSTULANTES EXISTENTE
AUMENTO EN LOS HABERES POR TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS A $1740-
APERTURA DE INSCRIPCION EN TODO EL PAIS DEL “PLAN ARGENTINA TRABAJO” (CORDOBA-ENTRE RIOS-SANTA FE ROSARIO- CORRIENTES- MAR DEL PLATA- CHACO-entre otras…)
POR UN PAGO COMPLEMENTARIO QUE DIGNIFIQUE LA MESA NAVIDEÑA EN LOS BARRIOS MAS HUMILDES
MOVILIZACION Y PLAN DE LUCHA
MARTES 30 DE NOVIEMBRE
Desde la 11 horas
EN EL RESTO DEL PAIS CADA REGIONAL SE MOVILIZA DE ACUERDO A SU PLANIFICACION
Oscar Kuperman - mesa nacional 15 5325 3150
SABADOS CON TODO EN LA PENITENCIARÍA: ALCOHOL, BALAS Y PALOS
(AW) Pudo ser tragedia. No lo fue porque el guardia Walter Ontivero estaba tan borracho que erró todos los disparos. La denuncia realizada por los integrantes de centro de estudiantes "Azucena Villaflor" de la Unidad Nº 48, del intento de asesinato sufrido por Hugo Cabrera el sábado 20 de noviembre, tuvo su contracara de represión con golpes y palos a los estudiantes que se atrevieron a firmar. Sucios negocios de la corporación penitenciaria detrás de cada golpe.
Por Reneé Isouec
San Martín, 29 de noviembre de 2010 (Agencia Walsh).- Ocurrió el sábado 20 de noviembre pasado. Hugo Cabrera, detenido en la Unidad Nº 48 de San Martín, se dirigía al sector de contenedores de residuos para llevar unas bolsas de basura. Era parte de su tarea habitual de mayordomía. Llegó entonces el alcalde mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Walter Ontivero totalmente ebrio. Sin motivo aparente comenzó a insultar a los gritos a Cabrera y casi simultáneamente cargó su pistola reglamentaria 9 mmm y comenzó a disparar. Cuatro o más disparos contabilizaron los testigos. Probablemente, la cantidad de alcohol ingerida más que la mala puntería del guardia asesino, salvó la vida de Hugo Cabrera, que huyó del lugar rápidamente junto a otros compañeros que se hallaban en la zona.
Hugo Cabrera cursa el primer año de la Carrera de Sociología en la sede que la Universidad de San Martín tiene dentro del penal. La solidaridad no se hizo esperar. El centro de estudiantes "Azucena Villaflor" realizó la denuncia y presentó un Habeas Corpus colectivo en defensa del compañero. El Ministerio de Justicia terminó echando del servicio al asesino borracho, Walter Ontivero o al menos eso se dijo. Lo cierto es que para el viernes 26 de noviembre pasado, Ontivero estaba todavía en la unidad y para no perder la costumbre amenazó a internos denunciantes
Fiebre de sábado por la noche
No es la primera vez que los guardias del SPB se emborrachan en servicio. No es la primera vez que disparan en forma indiscriminada. No es la primera vez que lo hacen en la Unidad Nº 48. Tampoco es la primera vez que los internos no se callan y denuncian lo que son sin duda delitos y graves violaciones a los derechos humanos.
Ya había ocurrido el sábado 28 de agosto de este año. Un guardia de apellido Ruiz, totalmente alcoholizado, comenzó a disparar desde la torreta de vigilancia contra internos y familiares que se encontraban de visita. Un herido con bala de plomo y una cantidad considerable de heridos con postas de goma fue el resultado de la balacera. Después sobrevino una ola represiva: balas de goma y palos en los pabellones.
El centro de Estudiantes, también entonces, denunció enérgicamente lo sucedido.
En esa oportunidad Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría Gral. de San Martín, había declarado en una entrevista realizada por esta agencia que "Los fines de semana, los días viernes, hay pocos jefes, y los subalternos se drogan, se emborrachan, hacen fiestas, generan negociados con familiares de los detenidos para ingresar drogas y facas. Esto hace que sea la propia visita un polvorín a punto de estallar".
El mismo Casolati hizo referencia, en el escrito presentado para denunciar lo ocurrido con Cabrera a la jueza de Ejecución penal Nº 1, a la existencia de "Fiestas penitenciarias de fines de semana con agentes alcoholizados, ingesta desmedida de alcohol del personal penitenciario, participación de agentes femeninas y masculinos en las mismas, y finalmente ingreso de prostitutas a través de móviles del SPB (Chevrolet modelo LUV, patentes CYI 239 y ASF 630), un cóctel de irregularidades que ponen en peligro cierto e inminente la vida de quienes se encuentran alojados en el centro carcelario, además de amenazas e intimidaciones de agentes del SPB a los detenidos para que no denuncien."
La cofradía de los palos
Luego de que se denunciara lo que hizo el guardia Ontivero, la "cofradía de los palos" se puso en funcionamiento. Varios de los estudiantes firmantes del Habeas Corpus fueron reprimidos violentamente con el objeto de amedrentarlos para que dejen de denunciar.
No se trata sólo del "espíritu" corporativo que impera en el SPB que hace que, tanto oficiales como subalternos, protejan a quienes fueron sorprendidos públicamente en la comisión de graves delitos. Delitos que son habituales y que rara vez toman estado público. Se trata además, de proteger los "pequeños" negocios de los subalternos y los más grandes de los oficiales. Negocios que se incrementan en la medida en que se avanza en el escalafón.
Negocios que van desde el ingreso de drogas y de facas hasta acuerdos espurios con la provisión de agua potable y de comida. El penal está construido sobre terrenos del CEAMSE y el agua de las napas está totalmente contaminada. Los indispensables bidones ingresan en poca cantidad a los pabellones y prácticamente son racionados a los internos. Pero es sabido que el agua se compra en grandes cantidades o al menos eso se hace figurar.
Sin embargo hay que hacer notar que la red de agua potable pasa a solo 8 cuadras del complejo penitenciario. No sería demasiado costosa una obra que hiciera llegar el agua de red hasta las cárceles y ahorraría todos los meses, una inversión considerable en bidones. ¿Qué intereses impiden que la obra se realice? No hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta.
Renglón aparte merece el acuerdo con la empresa de Catering "La Resaka" (seguramente elegida por su nombre) que prepara la comida de internos y del personal. La misma está denunciada por deficiente en cantidad y calidad. El acuerdo genera cuantiosas ganancias que son compartidas entre empresarios y autoridades penitenciarias.
¿Será por eso que jefes y hasta jueces "toleran" y hacen la vista gorda cuando se reprime hasta la obscenidad y en muchas ocasiones hasta la muerte? ¿Será por eso que incentivan y muchas veces ordenan (órdenes no escritas) hacer callar las voces de quienes pueden arruinar el negocio?
El negocio, para serlo, debe ser silencioso. La sociedad no debe saber lo que ocurre dentro de las cárceles. Las cárceles deben ser invisibles.
"Coches bombas" en acción
Jesús Cabral se encuentra detenido en la Unidad 48 de San Martín. Es uno de los estudiantes de Sociología que firmó el Habeas Corpus en defensa de Hugo Cabrera. Además Jesús Cabral ha sido el testigo clave para condenar al ex policía bonaerense Hernán Argüello a prisión perpetua por el asesinato del docente y dirigente gremial Ángel Alberto Marcos y a su novia Nancy Nolasco. Los dos fueron asfixiados mediante el terrorífico "submarino seco" a fines de 2005 en Del Viso, partido de Pilar.
Sobran motivos para que Jesús Cabrera sea depositario del odio corporativo uniformado. El pasado 10 de setiembre Jesús, había sido herido con facas por presos al servicio del SPB ("coches bombas" se denomina a estos internos que hacen el trabajo sucio a cambio de algún beneficio). Pocos días antes había firmado un Habeas Curpus colectivo por la represión ocurrida el 28 de agosto anterior.
El miércoles 24 de noviembre en horas de la tarde cuando se dirigía al pabellón donde se aloja, una patota de internos mandada por un jefe de apellido Saravia y por otro de apellido Bumarelli, intentaron atar y darle algunos puntazos a Jesús Cabral. La rápida intervención de otros internos en defensa del compañero impidió que el atentado se consumara. Los integrantes de la patota, ante la presión del resto del pabellón, terminaron confesando que habían sido mandados por los mencionados jefes penitenciarios. Todo lo sucedido fue visto desde la "matera" por el personal de guardia que tenía orden de dejar actuar. Trascendió que el director Mario Aranda llamó al pabellón con gran enojo porque las cosas no salieron como él pensaba.
"Esto te pasa por denunciar"
Eso le dijeron a Mario Cruz. A Mario Cruz lo molieron literalmente a palos. Lo hizo una patota integrada por 8 guardias penitenciarios. Esto ocurrió el jueves 25 de noviembre pasado en las puertas de los tribunales, dentro del móvil en el que había sido trasladado para comparecer. Mientras lo golpeaban, lo insultaban por haber firmado el Habeas Corpus y por "haber mandado en cana" al penitenciario Ontiveros.
De regreso al penal, en el sector de sanidad, el médico de turno tomó nota de las lesiones sufridas por Mario Cruz. Los guardias a su vez pretendían obligar a Mario Cruz a firmar un papel donde él afirmaba que sus lesiones se habían debido a una caída. "Si no lo firmás te vas castigado" le dijeron. Ante la negativa y en presencia del médico de turno Mario fue encerrado en una oficina y nuevamente golpeado.
Mario Cruz no firmó. El viernes 26 de noviembre lo trasladaron al penal de Florencio Varela. Mario Cruz es estudiante de la UnSaM. Hoy se está reclamando que sea devuelto a la unidad 48 para que pueda ejercer su legítimo derecho al estudio.
"Decile a Casolati que no nos importan las denuncias que haga contra nosotros"
Lucas Sebastián Santiso fue llevado al pabellón 12, conocido como los "buzones", el martes 23 de noviembre en horas de la tarde. Lucas también firmó el Habeas Corpus por Cabrera, pero lo acusaron de tener un teléfono celular entre sus pertenencias. Cuando intentó escribir la palabra "Apelo" en el parte acusatorio, no llegó a escribir más que "ape". Los guardias lo empujaron y comenzaron con el ritual de los golpes. Por la noche la saña penitenciaria mostró su rostro. Los golpes se multiplicaron al igual que los insultos y las expresiones que explicaban los motivos verdaderos de la bestial golpiza: "Esto te pasa por denunciero"; "Decile a tu defensor, Casolati, que a nosotros no nos importa lo que él haga, ni las denuncias que quiera hacer contra nosotros" gritaban los guardias. La sesión de golpes y palos continuó al día siguiente.
"En mi cárcel no entran ni viejas de Plaza de Mayo, ni zurdos"
Quien haya escuchado hablar a Mario Aranda, director de la Unidad Nº 48 de San Martín, lo habrá oído referirse al penal como SU cárcel. A tal punto que se puede llegar a pensar que la compró. Al parecer él así lo cree. Por eso no es de extrañar que obre como patrón de estancia. Ni que haya mandado los "coches bombas" para apuñalar al interno Jesús Cabral. Ni que esté detrás de toda la represión ilegal que se realiza dentro del penal. Al menos, y de eso no cabe duda, es el responsable.
Mucho menos extrañaría que dijese que "en SU cárcel no entran ni viejas de Plaza de Mayo, ni zurdos". Según dice un trascendido, eso dijo a los estudiantes del Centro Universitario cuando les entregó un escrito en el que los conminaba a no suscribir (y manifestaba su oposición) el convenio entre el centro de estudiantes y una fundación para que quienes cursaran la carrera de sociología y gozaran del beneficio de salidas transitorias pudiesen salir a realizar trabajos comunitarios en barrios carenciados. La reacción de Aranda habría sobrevenido cuando se enteró que una Madre de plaza de Mayo había sido invitada al acto de firma del mencionado convenio. Paradójicamente el centro de Estudiantes de los internos de la Unidad Nº 48 lleva el nombre de Azucena Villaflor, madre secuestrada y desaparecida el 10 de diciembre de 1977, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Por Reneé Isouec
San Martín, 29 de noviembre de 2010 (Agencia Walsh).- Ocurrió el sábado 20 de noviembre pasado. Hugo Cabrera, detenido en la Unidad Nº 48 de San Martín, se dirigía al sector de contenedores de residuos para llevar unas bolsas de basura. Era parte de su tarea habitual de mayordomía. Llegó entonces el alcalde mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Walter Ontivero totalmente ebrio. Sin motivo aparente comenzó a insultar a los gritos a Cabrera y casi simultáneamente cargó su pistola reglamentaria 9 mmm y comenzó a disparar. Cuatro o más disparos contabilizaron los testigos. Probablemente, la cantidad de alcohol ingerida más que la mala puntería del guardia asesino, salvó la vida de Hugo Cabrera, que huyó del lugar rápidamente junto a otros compañeros que se hallaban en la zona.
Hugo Cabrera cursa el primer año de la Carrera de Sociología en la sede que la Universidad de San Martín tiene dentro del penal. La solidaridad no se hizo esperar. El centro de estudiantes "Azucena Villaflor" realizó la denuncia y presentó un Habeas Corpus colectivo en defensa del compañero. El Ministerio de Justicia terminó echando del servicio al asesino borracho, Walter Ontivero o al menos eso se dijo. Lo cierto es que para el viernes 26 de noviembre pasado, Ontivero estaba todavía en la unidad y para no perder la costumbre amenazó a internos denunciantes
Fiebre de sábado por la noche
No es la primera vez que los guardias del SPB se emborrachan en servicio. No es la primera vez que disparan en forma indiscriminada. No es la primera vez que lo hacen en la Unidad Nº 48. Tampoco es la primera vez que los internos no se callan y denuncian lo que son sin duda delitos y graves violaciones a los derechos humanos.
Ya había ocurrido el sábado 28 de agosto de este año. Un guardia de apellido Ruiz, totalmente alcoholizado, comenzó a disparar desde la torreta de vigilancia contra internos y familiares que se encontraban de visita. Un herido con bala de plomo y una cantidad considerable de heridos con postas de goma fue el resultado de la balacera. Después sobrevino una ola represiva: balas de goma y palos en los pabellones.
El centro de Estudiantes, también entonces, denunció enérgicamente lo sucedido.
En esa oportunidad Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría Gral. de San Martín, había declarado en una entrevista realizada por esta agencia que "Los fines de semana, los días viernes, hay pocos jefes, y los subalternos se drogan, se emborrachan, hacen fiestas, generan negociados con familiares de los detenidos para ingresar drogas y facas. Esto hace que sea la propia visita un polvorín a punto de estallar".
El mismo Casolati hizo referencia, en el escrito presentado para denunciar lo ocurrido con Cabrera a la jueza de Ejecución penal Nº 1, a la existencia de "Fiestas penitenciarias de fines de semana con agentes alcoholizados, ingesta desmedida de alcohol del personal penitenciario, participación de agentes femeninas y masculinos en las mismas, y finalmente ingreso de prostitutas a través de móviles del SPB (Chevrolet modelo LUV, patentes CYI 239 y ASF 630), un cóctel de irregularidades que ponen en peligro cierto e inminente la vida de quienes se encuentran alojados en el centro carcelario, además de amenazas e intimidaciones de agentes del SPB a los detenidos para que no denuncien."
La cofradía de los palos
Luego de que se denunciara lo que hizo el guardia Ontivero, la "cofradía de los palos" se puso en funcionamiento. Varios de los estudiantes firmantes del Habeas Corpus fueron reprimidos violentamente con el objeto de amedrentarlos para que dejen de denunciar.
No se trata sólo del "espíritu" corporativo que impera en el SPB que hace que, tanto oficiales como subalternos, protejan a quienes fueron sorprendidos públicamente en la comisión de graves delitos. Delitos que son habituales y que rara vez toman estado público. Se trata además, de proteger los "pequeños" negocios de los subalternos y los más grandes de los oficiales. Negocios que se incrementan en la medida en que se avanza en el escalafón.
Negocios que van desde el ingreso de drogas y de facas hasta acuerdos espurios con la provisión de agua potable y de comida. El penal está construido sobre terrenos del CEAMSE y el agua de las napas está totalmente contaminada. Los indispensables bidones ingresan en poca cantidad a los pabellones y prácticamente son racionados a los internos. Pero es sabido que el agua se compra en grandes cantidades o al menos eso se hace figurar.
Sin embargo hay que hacer notar que la red de agua potable pasa a solo 8 cuadras del complejo penitenciario. No sería demasiado costosa una obra que hiciera llegar el agua de red hasta las cárceles y ahorraría todos los meses, una inversión considerable en bidones. ¿Qué intereses impiden que la obra se realice? No hace falta ser demasiado perspicaz para darse cuenta.
Renglón aparte merece el acuerdo con la empresa de Catering "La Resaka" (seguramente elegida por su nombre) que prepara la comida de internos y del personal. La misma está denunciada por deficiente en cantidad y calidad. El acuerdo genera cuantiosas ganancias que son compartidas entre empresarios y autoridades penitenciarias.
¿Será por eso que jefes y hasta jueces "toleran" y hacen la vista gorda cuando se reprime hasta la obscenidad y en muchas ocasiones hasta la muerte? ¿Será por eso que incentivan y muchas veces ordenan (órdenes no escritas) hacer callar las voces de quienes pueden arruinar el negocio?
El negocio, para serlo, debe ser silencioso. La sociedad no debe saber lo que ocurre dentro de las cárceles. Las cárceles deben ser invisibles.
"Coches bombas" en acción
Jesús Cabral se encuentra detenido en la Unidad 48 de San Martín. Es uno de los estudiantes de Sociología que firmó el Habeas Corpus en defensa de Hugo Cabrera. Además Jesús Cabral ha sido el testigo clave para condenar al ex policía bonaerense Hernán Argüello a prisión perpetua por el asesinato del docente y dirigente gremial Ángel Alberto Marcos y a su novia Nancy Nolasco. Los dos fueron asfixiados mediante el terrorífico "submarino seco" a fines de 2005 en Del Viso, partido de Pilar.
Sobran motivos para que Jesús Cabrera sea depositario del odio corporativo uniformado. El pasado 10 de setiembre Jesús, había sido herido con facas por presos al servicio del SPB ("coches bombas" se denomina a estos internos que hacen el trabajo sucio a cambio de algún beneficio). Pocos días antes había firmado un Habeas Curpus colectivo por la represión ocurrida el 28 de agosto anterior.
El miércoles 24 de noviembre en horas de la tarde cuando se dirigía al pabellón donde se aloja, una patota de internos mandada por un jefe de apellido Saravia y por otro de apellido Bumarelli, intentaron atar y darle algunos puntazos a Jesús Cabral. La rápida intervención de otros internos en defensa del compañero impidió que el atentado se consumara. Los integrantes de la patota, ante la presión del resto del pabellón, terminaron confesando que habían sido mandados por los mencionados jefes penitenciarios. Todo lo sucedido fue visto desde la "matera" por el personal de guardia que tenía orden de dejar actuar. Trascendió que el director Mario Aranda llamó al pabellón con gran enojo porque las cosas no salieron como él pensaba.
"Esto te pasa por denunciar"
Eso le dijeron a Mario Cruz. A Mario Cruz lo molieron literalmente a palos. Lo hizo una patota integrada por 8 guardias penitenciarios. Esto ocurrió el jueves 25 de noviembre pasado en las puertas de los tribunales, dentro del móvil en el que había sido trasladado para comparecer. Mientras lo golpeaban, lo insultaban por haber firmado el Habeas Corpus y por "haber mandado en cana" al penitenciario Ontiveros.
De regreso al penal, en el sector de sanidad, el médico de turno tomó nota de las lesiones sufridas por Mario Cruz. Los guardias a su vez pretendían obligar a Mario Cruz a firmar un papel donde él afirmaba que sus lesiones se habían debido a una caída. "Si no lo firmás te vas castigado" le dijeron. Ante la negativa y en presencia del médico de turno Mario fue encerrado en una oficina y nuevamente golpeado.
Mario Cruz no firmó. El viernes 26 de noviembre lo trasladaron al penal de Florencio Varela. Mario Cruz es estudiante de la UnSaM. Hoy se está reclamando que sea devuelto a la unidad 48 para que pueda ejercer su legítimo derecho al estudio.
"Decile a Casolati que no nos importan las denuncias que haga contra nosotros"
Lucas Sebastián Santiso fue llevado al pabellón 12, conocido como los "buzones", el martes 23 de noviembre en horas de la tarde. Lucas también firmó el Habeas Corpus por Cabrera, pero lo acusaron de tener un teléfono celular entre sus pertenencias. Cuando intentó escribir la palabra "Apelo" en el parte acusatorio, no llegó a escribir más que "ape". Los guardias lo empujaron y comenzaron con el ritual de los golpes. Por la noche la saña penitenciaria mostró su rostro. Los golpes se multiplicaron al igual que los insultos y las expresiones que explicaban los motivos verdaderos de la bestial golpiza: "Esto te pasa por denunciero"; "Decile a tu defensor, Casolati, que a nosotros no nos importa lo que él haga, ni las denuncias que quiera hacer contra nosotros" gritaban los guardias. La sesión de golpes y palos continuó al día siguiente.
"En mi cárcel no entran ni viejas de Plaza de Mayo, ni zurdos"
Quien haya escuchado hablar a Mario Aranda, director de la Unidad Nº 48 de San Martín, lo habrá oído referirse al penal como SU cárcel. A tal punto que se puede llegar a pensar que la compró. Al parecer él así lo cree. Por eso no es de extrañar que obre como patrón de estancia. Ni que haya mandado los "coches bombas" para apuñalar al interno Jesús Cabral. Ni que esté detrás de toda la represión ilegal que se realiza dentro del penal. Al menos, y de eso no cabe duda, es el responsable.
Mucho menos extrañaría que dijese que "en SU cárcel no entran ni viejas de Plaza de Mayo, ni zurdos". Según dice un trascendido, eso dijo a los estudiantes del Centro Universitario cuando les entregó un escrito en el que los conminaba a no suscribir (y manifestaba su oposición) el convenio entre el centro de estudiantes y una fundación para que quienes cursaran la carrera de sociología y gozaran del beneficio de salidas transitorias pudiesen salir a realizar trabajos comunitarios en barrios carenciados. La reacción de Aranda habría sobrevenido cuando se enteró que una Madre de plaza de Mayo había sido invitada al acto de firma del mencionado convenio. Paradójicamente el centro de Estudiantes de los internos de la Unidad Nº 48 lleva el nombre de Azucena Villaflor, madre secuestrada y desaparecida el 10 de diciembre de 1977, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
OPINIÓN: ¿LOS ASESINATOS DE INDÍGENAS NO TIENEN COSTO POLÍTICO?
Por Darío Aranda
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.
Darío Aranda
27 de noviembre de 2010.
El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.
Darío Aranda
27 de noviembre de 2010.
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