Andalgalá, Catamarca, 12 de noviembre de 2010 (Asamblea El Algarrobo).- El domingo pasado fue inaugurada la radio de la Asamblea El Algarrobo de la ciudad catamarqueña de Andalgalá. Transmite a toda la ciudad desde el 105.3 Mhz. Con la colaboración de la Red Nacional de Medios Alternativos, la Asamblea antiminera hoy tiene su propio medio de comunicación y sus primeras salidas al aire serán en el marco del XIV Encuentro de Asambleas Ciudadanas que se llevará a cabo desde hoy y hasta el próximo domingo.
Desde las primeras horas del domingo participantes de la Asamblea el Algarrobo y de la RNMA compartieron la difícil tarea de instalar la antena de transmisión para su nueva radio. El transmisor de radio, construido por la RNMA, pudo empezar a transmitir a media mañana y las repercusiones en toda la ciudad no se hicieron esperar. Durante todo el día la nueva radio recibió visitantes que querían verla en funcionamiento y dejar sus saludos en la Asamblea por el logro.
En los días subsiguientes y hasta el 11 de noviembre participantes de diferentes grupos que integran la RNMA compartieron talleres sobre la gestión y producción de una radio comunitaria con asambleístas de El Algarrobo y otros vecinos que se acercaban para participar del nuevo medio de comunicación de la ciudad.
Hoy comienza en la ciudad el XIV Encuentro de Asambleas Ciudadanas y la radio de la Asamblea El Algarrobo está lista para hacer escuchar las voces de todo el país que estarán cerca de ella.
Fuente: Agencia Walsh.
Envíenos su nota, opinión o información al correo: delpueblo.prensa@gmail.com
lunes, 15 de noviembre de 2010
UNIVERSIDAD DE LA PATAGONIA: UNÁNIME RECHAZO A FONDOS DE LA MINERÍA
(Asociación de Docentes Universitarios).- El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco manifestó en su sesión del viernes, por unanimidad, el rechazo a los fondos provenientes de Minera La Alumbrera.
Fue la consejera alumna, Débora Saso, junto a Mauricio Ruiz, de la Federación Universitaria Patagónica y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, quienes dieron los argumentos que permitieron tomar la decisión a los representantes de docentes, no docentes y estudiantes.
Hasta ahora ya rechazaron los fondos mineros tres universidades y 27 facultades de todo el país. En este marco el debate también llegó a la UNPSJB a través de la Pastoral Social que expuso el tema en el Consejo Social, planteando la necesidad de rechazarlos considerando el impacto que tiene en el medio ambiente y por ende en las comunidades.
La Universidad local ya aceptó el primer envío de fondos de La Alumbrera y ahora debe resolver si aceptará el segundo. Cabe recordar que la sede Esquel, ciudad emblema de la lucha contra la mega minería, rechazó públicamente los fondos y pidió que el Consejo Superior hiciera lo mismo.
El rechazo por parte de facultades y universidades nacionales a los fondos de Minera La Alumbrera y la concientización sobre el daño que ocasiona la mega minería forman parte de la lista en la que figuran los principales logros ambientales de 2009 de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), según un balance efectuado por la agrupación Movida Ambiental de Termas de Río Hondo (integrante de esa organización nacional).
EL ORIGEN
Las universidades nacionales reciben dinero proveniente de las ganancias empresariales de La Alumbrera porque una ley de 1959 determina que el 20 por ciento de aquellas deben ir a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que reparte el 60 por ciento de ese dinero a la provincia de Catamarca, otro 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y el 20 por ciento restante entre las demás universidades.
En el último año varias casas de estudio rechazaron los fondos, por lo que el monto a repartir es cada vez más importante. Sin embargo, algunos sectores de las comunidades universitarias plantean que “si se reciben fondos de personas o instituciones que violaron normas, y que al hacerlo pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, tal aceptación demuestra ausencia de criterios éticos y ‘blanquea’ indirectamente la imagen individual o corporativa de quienes transfieren fondos”.
Fue la consejera alumna, Débora Saso, junto a Mauricio Ruiz, de la Federación Universitaria Patagónica y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, quienes dieron los argumentos que permitieron tomar la decisión a los representantes de docentes, no docentes y estudiantes.
Hasta ahora ya rechazaron los fondos mineros tres universidades y 27 facultades de todo el país. En este marco el debate también llegó a la UNPSJB a través de la Pastoral Social que expuso el tema en el Consejo Social, planteando la necesidad de rechazarlos considerando el impacto que tiene en el medio ambiente y por ende en las comunidades.
La Universidad local ya aceptó el primer envío de fondos de La Alumbrera y ahora debe resolver si aceptará el segundo. Cabe recordar que la sede Esquel, ciudad emblema de la lucha contra la mega minería, rechazó públicamente los fondos y pidió que el Consejo Superior hiciera lo mismo.
El rechazo por parte de facultades y universidades nacionales a los fondos de Minera La Alumbrera y la concientización sobre el daño que ocasiona la mega minería forman parte de la lista en la que figuran los principales logros ambientales de 2009 de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), según un balance efectuado por la agrupación Movida Ambiental de Termas de Río Hondo (integrante de esa organización nacional).
EL ORIGEN
Las universidades nacionales reciben dinero proveniente de las ganancias empresariales de La Alumbrera porque una ley de 1959 determina que el 20 por ciento de aquellas deben ir a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que reparte el 60 por ciento de ese dinero a la provincia de Catamarca, otro 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y el 20 por ciento restante entre las demás universidades.
En el último año varias casas de estudio rechazaron los fondos, por lo que el monto a repartir es cada vez más importante. Sin embargo, algunos sectores de las comunidades universitarias plantean que “si se reciben fondos de personas o instituciones que violaron normas, y que al hacerlo pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, tal aceptación demuestra ausencia de criterios éticos y ‘blanquea’ indirectamente la imagen individual o corporativa de quienes transfieren fondos”.
JORNADA POR LIBERTAD A LOS QUE LUCHAN
Foto: Martino. Abajo: la Galle.
El Bolsón (ANPP).- Para hoy al mediodía estaba previsto un corte en Corrientes y Callao para luego marchar hacia plaza Congreso, con acampe y huelga de ayuno, por la libertad de los presos políticos en Argentina.
Estos son algunos de los presos políticos por quines se pide la libertad inmediata:
Roberto Martino
Dirigente del MTR-FAR. Preso desde el 4 de mayo pasado, luego de una persecución de 1 año.
El Estado Argentino, mantiene preso a Roberto Martino por evidentes maniobras y presiones del Estado sionista de Israel, brazo armado del imperialismo.
Tras una manifestación de las organizaciones pertenecientes al FAR, Frente de Acción Revolucionaria, para denunciar el genocidio y los crímenes aberrantes al que someten al pueblo palestino.
Sin ningún elemento jurídico valido, es una muestra clara del acatamiento de la justicia Argentina a los dictámenes de los que aplastan a los pueblos que no se someten al orden mundial del imperio.
Karina Germano López “La Galle”
Detenida y condenada en Brasil -en 2002- junto a tres militantes chilenos y dos colombianos, a más de 30 años de prisión por el secuestro Washington Olivetto. Este empresario salió ileso del trance y nunca llegó a pagarse el rescate. Cabe destacar que todos los organismos humanitarios de Brasil y de la Argentina condenaron el proceso judicial paolista, lo llamaron "juicio farsa" y acusaron de ultraderechista al tribunal en cuestión. Fue trasladada a la Argentina en el año 2006. El gobierno de los “Derechos Humanos” le niega desde entonces las salidas transitorias que le corresponden aun en la ley burguesa.
Mientras miles de genocidas de la dictadura militar fueron beneficiados con la impunidad y unos pocos con la cárcel VIP o la falsa detención en el living de su domicilio, a nuestra compañera se le negó la salida transitoria que le corresponde por ley.
El fiscal de la causa, Oscar Hermelo, fue recusado por la defensa que ejerce el doctor Eduardo Soares, por haber sido miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar. Paradójicamente, este grupo de tareas es el responsable de la desaparición de Rodolfo “Rocco” Germano, padre de Karina.
Como muchos pibes argentinos, La Galle sufrió la persecución y el exilio. Luego de ser interrogada por un represor al que llamaban “Cuervo” (presumiblemente Alfredo Astiz), vivió el desarraigo en Suecia y España junto a su madre Hilda López. En 1998 regresó del destierro para investigar la desaparición de su padre y se integró a la organización H.I.J.O.S., siendo una de las creadoras de H.I.J.O.S. Zona Norte.
Hoy, a 4 años de estar detenida en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza es impulsora del Centro Universitario Ezeiza (CUE), donde estudia sociología y cuenta con el respeto y afecto de todas sus compañeras.
En un país donde la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy convertida en “Espacio para la Memoria”, fue el escenario en el que actuó el fiscal Hermelo, al tiempo que desaparecía en sus sótanos Rodolfo Germano, ¿qué otro significado puede tener la cárcel de Karina que no sea el empeño represivo de los enemigos de su padre ausente, de su madre viviendo diversos exilios, que hallan en su prisión un revanchismo político cuyo encarnizamiento no termina con el estado de derecho? Se trata de un claro caso de persecución política a una militante popular cuya presencia en libertad irrita a los genocidas, como Hermelo, aún en funciones.
Carlos Olivera
Integrante de SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Construcción y Afines).
Victima de la burocracia sindical y las patotas de la UOCRA. Preso por una causa armada desde diciembre, en la que se lo acusa de intento de homicidio.
El 21 de diciembre, una patota de la UOCRA rompe una asamblea en Lomas de Zamora, con armas de fuego y cuchillos, golpeando y tirando sobre todos los trabajadores.
A Carlos y lo persiguieron acorralaron en un banco secano, donde lo golpearon y acuchillaron, dejándolo casi inconciente. Para luego acusarlo pese a las evidencias de haber sido el agresor.
Carlos Olivera está preso por enfrentar al burócrata de la UOCRA Gerardo Martínez.
Perdió más de 20 kilos, pasó cuatro meses en la cárcel de Sierra Chica y tres en Olmos. Desde el mes de julio se encuentra detenido en la cárcel de Alvear, donde se le niega su condición indiscutible de preso político y el traslado.
Bherta Gonzales
Dirigente del Futradeyo, Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados. Perseguida desde el 26 de Julio del 2007.
José Villalba
Dirigente del Futradeyo, Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados. Preso desde el 26 de Julio del 2007. Con prisión domiciliaria luego de 67 días de huelga de hambre.
El Futradeyo es uno de los movimientos de desocupados al que el estado no pudo coptar, y claramente intento desarticular con la persecución de sus dirigentes.
El 26 de Julio del 2007, policías de civil presentándose como asistentes sociales secuestran a José Villalba, desconociéndose su paradero durante varias horas, mientras su compañera Bertha González pasa a la clandestinidad.
El delito que se les imputa es el de extorsión y coacción.
Nunca fueron notificados de la causa, directamente la fiscal ordeno la captura.
Esta causa armada, donde las supuestas víctimas, los compañeros del movimiento, han negado no solo con sus declaraciones en los juzgados, sino con su compromiso militante. La acusación fue realizada por una delegada que rompió con el movimiento en el 2005, y comenzó a trabajar con el intendente de Moreno.
Fuente: Agencia Walsh.
El Bolsón (ANPP).- Para hoy al mediodía estaba previsto un corte en Corrientes y Callao para luego marchar hacia plaza Congreso, con acampe y huelga de ayuno, por la libertad de los presos políticos en Argentina.
Estos son algunos de los presos políticos por quines se pide la libertad inmediata:
Roberto Martino
Dirigente del MTR-FAR. Preso desde el 4 de mayo pasado, luego de una persecución de 1 año.
El Estado Argentino, mantiene preso a Roberto Martino por evidentes maniobras y presiones del Estado sionista de Israel, brazo armado del imperialismo.
Tras una manifestación de las organizaciones pertenecientes al FAR, Frente de Acción Revolucionaria, para denunciar el genocidio y los crímenes aberrantes al que someten al pueblo palestino.
Sin ningún elemento jurídico valido, es una muestra clara del acatamiento de la justicia Argentina a los dictámenes de los que aplastan a los pueblos que no se someten al orden mundial del imperio.
Karina Germano López “La Galle”
Detenida y condenada en Brasil -en 2002- junto a tres militantes chilenos y dos colombianos, a más de 30 años de prisión por el secuestro Washington Olivetto. Este empresario salió ileso del trance y nunca llegó a pagarse el rescate. Cabe destacar que todos los organismos humanitarios de Brasil y de la Argentina condenaron el proceso judicial paolista, lo llamaron "juicio farsa" y acusaron de ultraderechista al tribunal en cuestión. Fue trasladada a la Argentina en el año 2006. El gobierno de los “Derechos Humanos” le niega desde entonces las salidas transitorias que le corresponden aun en la ley burguesa.
Mientras miles de genocidas de la dictadura militar fueron beneficiados con la impunidad y unos pocos con la cárcel VIP o la falsa detención en el living de su domicilio, a nuestra compañera se le negó la salida transitoria que le corresponde por ley.
El fiscal de la causa, Oscar Hermelo, fue recusado por la defensa que ejerce el doctor Eduardo Soares, por haber sido miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura militar. Paradójicamente, este grupo de tareas es el responsable de la desaparición de Rodolfo “Rocco” Germano, padre de Karina.
Como muchos pibes argentinos, La Galle sufrió la persecución y el exilio. Luego de ser interrogada por un represor al que llamaban “Cuervo” (presumiblemente Alfredo Astiz), vivió el desarraigo en Suecia y España junto a su madre Hilda López. En 1998 regresó del destierro para investigar la desaparición de su padre y se integró a la organización H.I.J.O.S., siendo una de las creadoras de H.I.J.O.S. Zona Norte.
Hoy, a 4 años de estar detenida en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza es impulsora del Centro Universitario Ezeiza (CUE), donde estudia sociología y cuenta con el respeto y afecto de todas sus compañeras.
En un país donde la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy convertida en “Espacio para la Memoria”, fue el escenario en el que actuó el fiscal Hermelo, al tiempo que desaparecía en sus sótanos Rodolfo Germano, ¿qué otro significado puede tener la cárcel de Karina que no sea el empeño represivo de los enemigos de su padre ausente, de su madre viviendo diversos exilios, que hallan en su prisión un revanchismo político cuyo encarnizamiento no termina con el estado de derecho? Se trata de un claro caso de persecución política a una militante popular cuya presencia en libertad irrita a los genocidas, como Hermelo, aún en funciones.
Carlos Olivera
Integrante de SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Construcción y Afines).
Victima de la burocracia sindical y las patotas de la UOCRA. Preso por una causa armada desde diciembre, en la que se lo acusa de intento de homicidio.
El 21 de diciembre, una patota de la UOCRA rompe una asamblea en Lomas de Zamora, con armas de fuego y cuchillos, golpeando y tirando sobre todos los trabajadores.
A Carlos y lo persiguieron acorralaron en un banco secano, donde lo golpearon y acuchillaron, dejándolo casi inconciente. Para luego acusarlo pese a las evidencias de haber sido el agresor.
Carlos Olivera está preso por enfrentar al burócrata de la UOCRA Gerardo Martínez.
Perdió más de 20 kilos, pasó cuatro meses en la cárcel de Sierra Chica y tres en Olmos. Desde el mes de julio se encuentra detenido en la cárcel de Alvear, donde se le niega su condición indiscutible de preso político y el traslado.
Bherta Gonzales
Dirigente del Futradeyo, Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados. Perseguida desde el 26 de Julio del 2007.
José Villalba
Dirigente del Futradeyo, Frente Único de Trabajadores Desocupados y Ocupados. Preso desde el 26 de Julio del 2007. Con prisión domiciliaria luego de 67 días de huelga de hambre.
El Futradeyo es uno de los movimientos de desocupados al que el estado no pudo coptar, y claramente intento desarticular con la persecución de sus dirigentes.
El 26 de Julio del 2007, policías de civil presentándose como asistentes sociales secuestran a José Villalba, desconociéndose su paradero durante varias horas, mientras su compañera Bertha González pasa a la clandestinidad.
El delito que se les imputa es el de extorsión y coacción.
Nunca fueron notificados de la causa, directamente la fiscal ordeno la captura.
Esta causa armada, donde las supuestas víctimas, los compañeros del movimiento, han negado no solo con sus declaraciones en los juzgados, sino con su compromiso militante. La acusación fue realizada por una delegada que rompió con el movimiento en el 2005, y comenzó a trabajar con el intendente de Moreno.
Fuente: Agencia Walsh.
CIPOLLETTI: MILITANTES DENUNCIARON APRIETE POLICIAL
Ocurrió el sábado, luego de que participaran de un escrache frente a la Comisaría Cuarta. Aseguran que hubo amenazas contra un joven.
Cipolletti (La Mañana Cipolletti).- Como consecuencia del escrache efectuado en la comisaría Cuarta, un grupo de militantes del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista denunciaron haber sido "objeto de un apriete por efectivos de la Policía de Río Negro". Los jóvenes habían formado parte de la columna de manifestantes que el sábado, en una marcha por el aniversario del Triple Crimen de 1997, efectuó un escrache en la sede policial. En el lugar hubo pintadas en la fachada del edificio y un patrullero, además de la quema de un muñeco, ante la mirada de tres efectivos policiales.
Tras la desconcentración de la marcha "nos detuvieron en Miguel Muñoz, llegando a 9 de julio, nos pidieron documentos (...) y tras nuestra negativa, amenazaron con llevarnos detenidos", denunciaron a través de un comunicado.
Este medio pudo constatar la existencia del episodio a través de un video en el que se observa a un grupo de efectivos policiales requiriendo la documentación a los militantes -identificados con banderas del PC-. "Persistimos en no mostrar nuestros documentos, exigiendo, además, que se identificaran ellos, lo que nunca hicieron, comenzaron a increparnos de manera tal que en torno a nosotros comenzaron a formar un círculo los transeúntes", se detalló desde las fuerzas políticas.
En la filmación, puede escucharse a uno de los militantes preguntar por qué se les solicitó identificación, sin respuesta concreta de los efectivos. Un hecho llamativo si la presencia policial respondía a un operativo relacionado a posibles daños al edificio y móvil policial, en definitiva, bienes públicos. Más bien, las imágenes parecen respaldar la versión de "un apriete" por parte del grupo de policías.
Según el relato del grupo de jóvenes "finalmente pudimos retirarnos con nuestras banderas en medio de los insultos y las amenazas de los policías. Un efectivo en motocicleta nos siguió hasta el local del Partido Comunista sito en calle Urquiza Nº 676". Esas dos situaciones, en principio, no pueden constatarse a través del video que circula en sitios de Internet, debido a que el tramo final del episodio carece de audio.
Desde el PC y la FJC aseguraron que quien grabó las imágenes "fue objeto de amenazas específicas de los efectivos a su persona, del tono de ´sabemos quién sos, dónde trabajás y dónde vivís`".
Enviado por Federación Juvenil Comunista.
Cipolletti (La Mañana Cipolletti).- Como consecuencia del escrache efectuado en la comisaría Cuarta, un grupo de militantes del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista denunciaron haber sido "objeto de un apriete por efectivos de la Policía de Río Negro". Los jóvenes habían formado parte de la columna de manifestantes que el sábado, en una marcha por el aniversario del Triple Crimen de 1997, efectuó un escrache en la sede policial. En el lugar hubo pintadas en la fachada del edificio y un patrullero, además de la quema de un muñeco, ante la mirada de tres efectivos policiales.
Tras la desconcentración de la marcha "nos detuvieron en Miguel Muñoz, llegando a 9 de julio, nos pidieron documentos (...) y tras nuestra negativa, amenazaron con llevarnos detenidos", denunciaron a través de un comunicado.
Este medio pudo constatar la existencia del episodio a través de un video en el que se observa a un grupo de efectivos policiales requiriendo la documentación a los militantes -identificados con banderas del PC-. "Persistimos en no mostrar nuestros documentos, exigiendo, además, que se identificaran ellos, lo que nunca hicieron, comenzaron a increparnos de manera tal que en torno a nosotros comenzaron a formar un círculo los transeúntes", se detalló desde las fuerzas políticas.
En la filmación, puede escucharse a uno de los militantes preguntar por qué se les solicitó identificación, sin respuesta concreta de los efectivos. Un hecho llamativo si la presencia policial respondía a un operativo relacionado a posibles daños al edificio y móvil policial, en definitiva, bienes públicos. Más bien, las imágenes parecen respaldar la versión de "un apriete" por parte del grupo de policías.
Según el relato del grupo de jóvenes "finalmente pudimos retirarnos con nuestras banderas en medio de los insultos y las amenazas de los policías. Un efectivo en motocicleta nos siguió hasta el local del Partido Comunista sito en calle Urquiza Nº 676". Esas dos situaciones, en principio, no pueden constatarse a través del video que circula en sitios de Internet, debido a que el tramo final del episodio carece de audio.
Desde el PC y la FJC aseguraron que quien grabó las imágenes "fue objeto de amenazas específicas de los efectivos a su persona, del tono de ´sabemos quién sos, dónde trabajás y dónde vivís`".
Enviado por Federación Juvenil Comunista.
ALLANAMIENTO CANTADO MIENTRAS EZEQUIEL AGONIZA
Buenos Aires (La Alameda - MTE).- El viernes 12 fue allanada la granja avícola «Mimosa III», la última granja donde estuvo viviendo Ezequiel Ferreyra quien fuera filmado dos años atrás recolectando huevos y reconociendo que manipulaba veneno para remover el guano y matar las moscas.
La medida judicial comenzó a las 15 horas del viernes y fue ordenada por el Juzgado Federal II a cargo del Dr Chavay y en respuesta nuestro requerimiento presentado el lunes 8.
El operativo estuvo a cargo de Prefectura Naval Argentina, con funcionarios de la Dirección de Migraciones y de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia de Nación. En total unas setenta personas bajo responsabilidad del juez federal Chavay que dirigía todo por teléfono a través de su secretario.
La consigna del allanamiento según el Prefecto a cargo del operativo, fue verificar las condiciones de trabajo y de vida de las familias de esa granja, entrevistar a los trabajadores, verificar su documentación y tomar muestras de los venenos que se utilizan en los galpones.
Una delegación de la Alameda con los abogados de la causa y trabajadores denunciantes de otras granjas se hizo presente mientras se desarrollaba el operativo. Lamentablemente constatamos y filmamos numerosas irregularidades antes y durante el procedimiento judicial que denunciamos ante la opinión pública y ante sede judicial.
1. El allanamiento estuvo «avisado» a los encargados de la empresa con varios días de anticipación. El martes 9 de noviembre hubo un singular operativo de la delegación del Ministerio de Trabajo de Campana acompañados por policias de la provincia, en donde los trabajadores fueron testigos de que se le avisó a los encargados que de un momento a otro habría un allanamiento en esa granja.
2. Alertados previamente, el capataz de la empresa Ceferino Veiro (denunciado anteriormente por negarle a la madre de Ezequiel retirarse de la granja para darle asistecia médica a su hijo) retirar parte de los venenos más mórtiferos de la granja (Nuvan, Furadan, Cipermetina) en su camioneta, a la vez que cortó el pasto, colocó carteles por medidas de higiene y seguridad, entregó flamante ropa de trabajo (botas, pantalones, camisas) a los trabajadores y los instruyó a no llevar esos días a los niños a trabajar en los galpones. El propio encargado del allanamiento reconoce que hubo una sorpresiva visita previa del Ministerio y que encontró «muy poca gente» trabajando cuando comenzó el allanamiento del viernes.
3. La primer medida que adopta el personal de Prefectura a cargo del allanamiento es prohibir a todos los trabajadores utilizar sus celulares, impidiendo toda filmación, fotografia y comunicación con el exterior a fin de evitar cualquier registro externo al procedimiento.
4. Los responsables del procedimiento dejaron entrar y salir al capataz de la granja, Ceferino Veiro y al abogado de la empresa Jaime Seoane, pero prohibieron terminantemente que el abogado de los denunciantes (Pablo Sernani) pudiera siquiera hablar con los trabajadores que patrocina que a los gritos denunciaban las irregularidades del procedimiento.
5. La delegación de la Alameda que se hizo presente durante el allanamiento fue recibida con hostilidad por la Prefectura, que no sólo impidió el contacto del abogado con los trabajadores que patrocina,sino además pretendieron impedir que un periodista registrara imágenes desde afuera de la granja de lo que estaba ocurriendo. No fue la misma actitud que adoptaron con el personal de la empresa que entraba y salía del procedimiento como pancho por su casa. En las filmaciones se observa incluso como una mujer ingresa a la granja sin documentación alguna y cómo los trabajadores denuncian a los gritos que la gente de la empresa entra y sale sin inconvenientes.
6. La empresa Nuestra Huella no solo controló el allanamiento con su abogado, sino que además contó con la presencia del capataz, Ceferino Viero. Viero tuvo hasta el privilegio de realizar mini asambleas con los trabajadores que debían testificar durante el mismo allanamiento (cabe señalar que en allanamientos sobre trata el contacto de patrones con empleados está vedado) . Como parte de la puesta en escena, dentro de la camioneta del capataz fueron ubicados los bidones con venenos. Pero no era Nuvan que es el más contaminante y mortífero. Tampoco la justicia se decidió al secuestro de todo el veneno. Solo se llevaron pequeñas muestras.
7. Las complicidades con la empresa por estos días llegaron al punto que la Defensoría de Menores rechazó entrevistar a los hijos de los trabajadores que denunciaron a la empresa Nuestra Huella.
8. Cuando la delegación de la Alameda se retiró de la granja, fuimos alertados telefónicamente por trabajadores de esa granja que denunciaron que el personal de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia los reunió para presionarlos insistentemente de que dejen la granja por su seguridad, cuando los mismos están alli merced a amparos judiciales que ganaron en el fuero laboral defendiendo su derecho al trabajo y la vivienda en condiciones dignas. No se llevaron el veneno peligroso para la salud de las familias, pero querían llevarse a los denunciantes, peligrosos para los intereses de la empresa.
«La Mimosa III» es la granja que hasta el allanamiento de abril de 2008 mantuvo su alambrado perimetral electrificado y con custodia policial en la tranquera con el fin que ningún trabajador pudiera salir del lugar donde trabajan toda la familia, todos los días del año y donde vivían. Allí también se produjo el suicidio de Hernán Felipe López Arias, quien producto de las fuertes presiones que propinaba Nuestra Huella termina ingiriendo Nuvan.
Mientras tanto Ezequiel Ferreyra agoniza en una sala de terapia intensiva del Centro Gallego y existe un férreo hermetismo respecto a su estado de salud desde el jueves pasado. El padre de Ezequiel fue blanqueado laboralmente luego de la denuncia que hizo la Alameda y el MTE en agosto de 2008 y trasladado de la granja «La Fernandez» a «La Mimosa III». El padre de Ezequiel cuenta con la cobertura de la obra social de UATRE, que tiene una clínica con servicios oncólogicos muy cercana a la Mimosa III. Entonces no se se entiende que hace Ezequiel en el Centro Gallego, cuya única relación con la empresa es que su histórico dueño, Carlos Luace siempre se atendió alli y era amigo de los directivos y que el abogado de la firma, Jaime Seoane tiene estrechos vinculos con ese nosocomio privado. Es muy evidente que la empresa está tratanto por todos los medios de esconder las verdaderas causas por las que Ezequiel está agonizando en terapia intensiva.
A pesar de las reiteradas y probadas denuncias por servidumbre y trabajo infantil que tiene la empresa desde hace tres años, la misma sigue gozando de los favores políticos y judiciales.
Cabe recordar que la presidente de la empresa, Alejandra Lopez Camelo, es la prima hermana del intendente de Pilar, Humberto Zúccaro y la cuñada del Secretario General de UATRE local Jorge Herrera. Además el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort fue el abogado de la empresa hace hace muy pocos meses.
La Alameda y el MTE anuncian que el martes 16 de noviembre a las 11 hs marcharan a los Juzgados Federal II y de Garantías en lo Penal de Campana a fin de ampliar las denuncias y solicitar audiencias para reclamar:
1. En el Federal II a cargo del Dr Chavay y donde se tramita la causa por trata,tráfico y envenenamiento por agrotóxicos a) protestaremos por las manifiestas irregularidades del allanamiento; b) reclamaremos que se secuestren los venenos de las granjas; c) que se realice un urgente examen médico al personal de las granjas, particularmente a los casi doscientos niños y d) que se acepte a los trabajadores denunciantes como querellantes, algo que ese juzgado viene negando, mientras permite que personal de la empresa entre y salga de un allanamiento como si fuera un cumpleaños.
2. En el Juzgado de Garantias en lo Penal que presidía Graciela Cione y donde está sobradamente acreditada la reducción a la servidumbre y el trabajo infantil a) solicitaremos que se eleve la causa a juicio oral b) que se procese a los dueños de la empresa y c) que se decomisen los bienes muebles e inmuebles de la empresa y se los ponga bajo la administración del INTA o del Ministerio de Agricultura a fin de salvaguardar el trabajo y la vivienda de los adultos en condiciones dignas.
La Alameda y el MTE hacen responsables a los dos juzgados mencionados por la salud del conjunto de las familias de las granjas y por seguir permitiendo el accionar impune de la empresa, sobre la cual se han presentando numerosas pruebas de su conducta esclavista a lo largo de los últimos tres años.
La medida judicial comenzó a las 15 horas del viernes y fue ordenada por el Juzgado Federal II a cargo del Dr Chavay y en respuesta nuestro requerimiento presentado el lunes 8.
El operativo estuvo a cargo de Prefectura Naval Argentina, con funcionarios de la Dirección de Migraciones y de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia de Nación. En total unas setenta personas bajo responsabilidad del juez federal Chavay que dirigía todo por teléfono a través de su secretario.
La consigna del allanamiento según el Prefecto a cargo del operativo, fue verificar las condiciones de trabajo y de vida de las familias de esa granja, entrevistar a los trabajadores, verificar su documentación y tomar muestras de los venenos que se utilizan en los galpones.
Una delegación de la Alameda con los abogados de la causa y trabajadores denunciantes de otras granjas se hizo presente mientras se desarrollaba el operativo. Lamentablemente constatamos y filmamos numerosas irregularidades antes y durante el procedimiento judicial que denunciamos ante la opinión pública y ante sede judicial.
1. El allanamiento estuvo «avisado» a los encargados de la empresa con varios días de anticipación. El martes 9 de noviembre hubo un singular operativo de la delegación del Ministerio de Trabajo de Campana acompañados por policias de la provincia, en donde los trabajadores fueron testigos de que se le avisó a los encargados que de un momento a otro habría un allanamiento en esa granja.
2. Alertados previamente, el capataz de la empresa Ceferino Veiro (denunciado anteriormente por negarle a la madre de Ezequiel retirarse de la granja para darle asistecia médica a su hijo) retirar parte de los venenos más mórtiferos de la granja (Nuvan, Furadan, Cipermetina) en su camioneta, a la vez que cortó el pasto, colocó carteles por medidas de higiene y seguridad, entregó flamante ropa de trabajo (botas, pantalones, camisas) a los trabajadores y los instruyó a no llevar esos días a los niños a trabajar en los galpones. El propio encargado del allanamiento reconoce que hubo una sorpresiva visita previa del Ministerio y que encontró «muy poca gente» trabajando cuando comenzó el allanamiento del viernes.
3. La primer medida que adopta el personal de Prefectura a cargo del allanamiento es prohibir a todos los trabajadores utilizar sus celulares, impidiendo toda filmación, fotografia y comunicación con el exterior a fin de evitar cualquier registro externo al procedimiento.
4. Los responsables del procedimiento dejaron entrar y salir al capataz de la granja, Ceferino Veiro y al abogado de la empresa Jaime Seoane, pero prohibieron terminantemente que el abogado de los denunciantes (Pablo Sernani) pudiera siquiera hablar con los trabajadores que patrocina que a los gritos denunciaban las irregularidades del procedimiento.
5. La delegación de la Alameda que se hizo presente durante el allanamiento fue recibida con hostilidad por la Prefectura, que no sólo impidió el contacto del abogado con los trabajadores que patrocina,sino además pretendieron impedir que un periodista registrara imágenes desde afuera de la granja de lo que estaba ocurriendo. No fue la misma actitud que adoptaron con el personal de la empresa que entraba y salía del procedimiento como pancho por su casa. En las filmaciones se observa incluso como una mujer ingresa a la granja sin documentación alguna y cómo los trabajadores denuncian a los gritos que la gente de la empresa entra y sale sin inconvenientes.
6. La empresa Nuestra Huella no solo controló el allanamiento con su abogado, sino que además contó con la presencia del capataz, Ceferino Viero. Viero tuvo hasta el privilegio de realizar mini asambleas con los trabajadores que debían testificar durante el mismo allanamiento (cabe señalar que en allanamientos sobre trata el contacto de patrones con empleados está vedado) . Como parte de la puesta en escena, dentro de la camioneta del capataz fueron ubicados los bidones con venenos. Pero no era Nuvan que es el más contaminante y mortífero. Tampoco la justicia se decidió al secuestro de todo el veneno. Solo se llevaron pequeñas muestras.
7. Las complicidades con la empresa por estos días llegaron al punto que la Defensoría de Menores rechazó entrevistar a los hijos de los trabajadores que denunciaron a la empresa Nuestra Huella.
8. Cuando la delegación de la Alameda se retiró de la granja, fuimos alertados telefónicamente por trabajadores de esa granja que denunciaron que el personal de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia los reunió para presionarlos insistentemente de que dejen la granja por su seguridad, cuando los mismos están alli merced a amparos judiciales que ganaron en el fuero laboral defendiendo su derecho al trabajo y la vivienda en condiciones dignas. No se llevaron el veneno peligroso para la salud de las familias, pero querían llevarse a los denunciantes, peligrosos para los intereses de la empresa.
«La Mimosa III» es la granja que hasta el allanamiento de abril de 2008 mantuvo su alambrado perimetral electrificado y con custodia policial en la tranquera con el fin que ningún trabajador pudiera salir del lugar donde trabajan toda la familia, todos los días del año y donde vivían. Allí también se produjo el suicidio de Hernán Felipe López Arias, quien producto de las fuertes presiones que propinaba Nuestra Huella termina ingiriendo Nuvan.
Mientras tanto Ezequiel Ferreyra agoniza en una sala de terapia intensiva del Centro Gallego y existe un férreo hermetismo respecto a su estado de salud desde el jueves pasado. El padre de Ezequiel fue blanqueado laboralmente luego de la denuncia que hizo la Alameda y el MTE en agosto de 2008 y trasladado de la granja «La Fernandez» a «La Mimosa III». El padre de Ezequiel cuenta con la cobertura de la obra social de UATRE, que tiene una clínica con servicios oncólogicos muy cercana a la Mimosa III. Entonces no se se entiende que hace Ezequiel en el Centro Gallego, cuya única relación con la empresa es que su histórico dueño, Carlos Luace siempre se atendió alli y era amigo de los directivos y que el abogado de la firma, Jaime Seoane tiene estrechos vinculos con ese nosocomio privado. Es muy evidente que la empresa está tratanto por todos los medios de esconder las verdaderas causas por las que Ezequiel está agonizando en terapia intensiva.
A pesar de las reiteradas y probadas denuncias por servidumbre y trabajo infantil que tiene la empresa desde hace tres años, la misma sigue gozando de los favores políticos y judiciales.
Cabe recordar que la presidente de la empresa, Alejandra Lopez Camelo, es la prima hermana del intendente de Pilar, Humberto Zúccaro y la cuñada del Secretario General de UATRE local Jorge Herrera. Además el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort fue el abogado de la empresa hace hace muy pocos meses.
La Alameda y el MTE anuncian que el martes 16 de noviembre a las 11 hs marcharan a los Juzgados Federal II y de Garantías en lo Penal de Campana a fin de ampliar las denuncias y solicitar audiencias para reclamar:
1. En el Federal II a cargo del Dr Chavay y donde se tramita la causa por trata,tráfico y envenenamiento por agrotóxicos a) protestaremos por las manifiestas irregularidades del allanamiento; b) reclamaremos que se secuestren los venenos de las granjas; c) que se realice un urgente examen médico al personal de las granjas, particularmente a los casi doscientos niños y d) que se acepte a los trabajadores denunciantes como querellantes, algo que ese juzgado viene negando, mientras permite que personal de la empresa entre y salga de un allanamiento como si fuera un cumpleaños.
2. En el Juzgado de Garantias en lo Penal que presidía Graciela Cione y donde está sobradamente acreditada la reducción a la servidumbre y el trabajo infantil a) solicitaremos que se eleve la causa a juicio oral b) que se procese a los dueños de la empresa y c) que se decomisen los bienes muebles e inmuebles de la empresa y se los ponga bajo la administración del INTA o del Ministerio de Agricultura a fin de salvaguardar el trabajo y la vivienda de los adultos en condiciones dignas.
La Alameda y el MTE hacen responsables a los dos juzgados mencionados por la salud del conjunto de las familias de las granjas y por seguir permitiendo el accionar impune de la empresa, sobre la cual se han presentando numerosas pruebas de su conducta esclavista a lo largo de los últimos tres años.
ENCUENTRO 14º DE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS: RESISTENCIA Y CONSTRUCCIÓN
Andalgalá, Catamarca, 15 de noviembre 2010 (Renace).- Asambleas y grupos de todo el país se reunieron durante 3 días en Andalgalá, Catamarca, articulando y fortaleciendo luchas y experiencias. En la noche del sábado se realizó la tradicional Caminata por La Vida por el centro de la localidad, con posterior fiesta popular. El éxito reciente de aprobación de Ley de glaciares y las desobedientes leyes provinciales de San Juan y La Rioja, la denuncia penal por actividades ilegales a Minera Cat Gold en Tinogasta, las movilizaciones en Patagonia, la amenaza de derogación de la ley antiminera de Córdoba, los efectos nocivos del polvo en el aire de Guandacol (La Rioja) y los avances en la lucha contra los agrotóxicos, fueron algunos de los temas trabajados. Se harán marchas en todo el país entre el 10 y el 14 de diciembre, y un abrazo internacional en la cordillera el 15 de enero contra el proyecto binacional Pascua Lama. El próximo gran encuentro será en Colón, Entre Ríos, en abril de 2011.
La Unión de Asambleas Ciudadanas llevó adelante su cónclave autoconvocado en la localidad de Andalgalá, fuerte muestra de la resistencia a la megaminería. Este pueblo catamarqueño sorprendió en febrero pasado con una gran movilización, que fue una respuesta popular a la represión sufrida por el
bloqueo a los camiones de la minera Yamana Gold, acción que está cumpliendo
ya once meses sostenida por la Asamblea El Algarrobo y apoyada por toda la UAC.
Esta gran reunión de asambleas y grupos de vecinxs de todo el país se mueve en dos tramas simultáneas: por un lado, la confluencia de resistencias al modelo extractivo, unificando debates en torno a la megaminería, la sojización, los desmontes, la contaminación urbana y rural, el consumismo, la matriz energética. Las acciones se siguen multiplicando: cortes de caminos a las mineras, leyes y ordenanzas contra las fumigaciones, manifestaciones, acciones legales, junta de firmas, obstrucción a maquinarias, intervenciones urbanas, foros, emisión de material gráfico y audiovisual, etc. Por otro lado, la construcción de alternativas superadoras al actual modelo de producción y consumo.
El último gran logro en este camino fue la obtención de la Ley de Glaciares, que hoy es resistida por los gobiernos provinciales pro-mineros.
Lamentablemente –y como muestra de las limitaciones de las herramientas legales- las empresas transnacionales siguen operando, muchas veces por fuera de la ley, como lo refleja el reciente descubrimiento de las actividades de la minera Cat Gold, realizando trabajos exploratorios sin autorización en áreas cercanas a Tinogasta, y entre otras irregularidades desviaron un río. Esto motivó fuertes movilizaciones y la presentación de una denuncia penal.
Y no sólo el corte a la minera en Andalgalá se mantiene: también los vecinos riojanos sostienen desde hace más de 3 años el corte de Peñas Negras en Famatina, que impide las actividades de la Barrick Gold, y hoy se cumple un mes de corte sobre la ruta 34, donde el MOCASE reclama por desalojos y usurpaciones. Además, en Vicente López continúa la guardia permanente de la Asamblea Unidos por el Río protegiendo el único espacio verde del municipio, entre las múltiples acciones que se suceden día a día en todo el país.
Muchos conflictos crecieron en visibilización en este encuentro, como la vigilia en protección del sitio sagrado en Punta Querandí, la situación en Guandacol, la lucha contra la curtiembre en Luján, las protestas contra el incinerador en Marcos Paz (en el marco de los conflictos on los basurales en todo el pais. Como en las últimas ediciones de estos encuentros, fue notable la afluencia de jóvenes que se están sumando. En distintas provincias se están formando nuevos colectivos juveniles, como los casos de los Nuevos Defensores de Guandacol, Belén, y Andalgalá, organizaciones estudiantiles (muy fuerte la presencia de Luján, con un bus completo llegado hasta Catamarca, nutrido de militantes de varias luchas en esa zona), grupos como el Colectivo Tinta Verde o el Espacio Chico Méndez, muy activos.
Nuevamente, desde Chile llegaron integrantes de NO a Pascua Lama, que resisten en el valle del Huasco al proyecto binacional más grande del mundo. En este sentido, se anunció un gran Abrazo por la Vida que se realizará en las alturas cordilleranas el 15 de enero próximo, en coordinación con las Asambleas Sanjuaninas y con asistencia de asambleístas de toda latinomérica.
Debate y reflexión en comisiones
La plaza de Chaquiago se convirtió en escenario de trabajo colectivo donde predominó el debate, la discusión y el intercambio. Se trabajó en comisiones integradas por vecinos que están enfrentando las diferentes problemáticas, entendiendo los ejes transversales que se sufren y buscando fortalecer las coordinaciones regionales.
En los grupos se abordaron los ejes principales planteados por la comisión organizadora, dando un énfasis particular a la problemática minera y la realidad local. Estos objetivos que guiaron el debate fueron planteados en la 13ª UAC, realizada en Agosto en Santiago del Estero.
Un eje invitó a la reflexión acerca de la metodología de acciones conjuntas hacia la efectivización de los reclamos y reivindicaciones asamblearias. En este sentido, se retomó la importancia de la lucha colectiva y el intercambio que propone la Unión de Asambleas, y se profundizó en la difícil tarea de materializar las ideas y proyectos en los que se viene trabajando desde hace tiempo.
La judicialización y criminalización de la protesta fue una de las temáticas más tratadas, surgió en reiteradas ocasiones y se siguió trabajando en estrategias de respuesta ante el incremento de la represión.
Por otro lado, se discutió sobre el Agua como bien común y derecho humano, en el marco de la reciente promulgación de la Ley de Glaciares. Además, se acordaron estrategias a nivel individual y colectivo para preservar este bien. Las consignas de la próximas marchas (entre el 10 y el 14 de diciembre) serán “Agua como derecho esencial para la vida, Por la vida y la dignidad, Contra el saqueo y la contaminación”. También se retomaron debates anteriores acerca de los desafíos ante la invisibilización de las luchas por parte de los medios masivos, y sobre los compromisos políticos y las estrategias para el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. En paralelo, se realizó nuevamente una transmisión de radio a cargo de la Comisión de Prensa y de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se difundió a través de la nueva radio “La voz del Algarrobo” FM 105.3, que con esta transmisión inició sus actividades. Asambleistas de todo el país compartieron con la comunidad andalgalense sus problemáticas y experiencias de lucha. La señal se emitió también vía internet desde la página de la RNMA.
El próximo encuentro será en Colón, afrontando el desafío de articular más fuertemente las luchas cordilleranas y del centro del país con las resistencias a los monocultivos de soja y eucaliptos, la contaminación de las pasteras sobre el Río Uruguay, la defensa de los acuíferos y la biodiversidad, entre otras problemáticas aspectos centrales de esa región. Será anfitriona la Asamblea Popular Ambiental 135, en conjunto con otras asambleas entrerrianas.
Ampliar en www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/1024/132
www.renace.net
La Unión de Asambleas Ciudadanas llevó adelante su cónclave autoconvocado en la localidad de Andalgalá, fuerte muestra de la resistencia a la megaminería. Este pueblo catamarqueño sorprendió en febrero pasado con una gran movilización, que fue una respuesta popular a la represión sufrida por el
bloqueo a los camiones de la minera Yamana Gold, acción que está cumpliendo
ya once meses sostenida por la Asamblea El Algarrobo y apoyada por toda la UAC.
Esta gran reunión de asambleas y grupos de vecinxs de todo el país se mueve en dos tramas simultáneas: por un lado, la confluencia de resistencias al modelo extractivo, unificando debates en torno a la megaminería, la sojización, los desmontes, la contaminación urbana y rural, el consumismo, la matriz energética. Las acciones se siguen multiplicando: cortes de caminos a las mineras, leyes y ordenanzas contra las fumigaciones, manifestaciones, acciones legales, junta de firmas, obstrucción a maquinarias, intervenciones urbanas, foros, emisión de material gráfico y audiovisual, etc. Por otro lado, la construcción de alternativas superadoras al actual modelo de producción y consumo.
El último gran logro en este camino fue la obtención de la Ley de Glaciares, que hoy es resistida por los gobiernos provinciales pro-mineros.
Lamentablemente –y como muestra de las limitaciones de las herramientas legales- las empresas transnacionales siguen operando, muchas veces por fuera de la ley, como lo refleja el reciente descubrimiento de las actividades de la minera Cat Gold, realizando trabajos exploratorios sin autorización en áreas cercanas a Tinogasta, y entre otras irregularidades desviaron un río. Esto motivó fuertes movilizaciones y la presentación de una denuncia penal.
Y no sólo el corte a la minera en Andalgalá se mantiene: también los vecinos riojanos sostienen desde hace más de 3 años el corte de Peñas Negras en Famatina, que impide las actividades de la Barrick Gold, y hoy se cumple un mes de corte sobre la ruta 34, donde el MOCASE reclama por desalojos y usurpaciones. Además, en Vicente López continúa la guardia permanente de la Asamblea Unidos por el Río protegiendo el único espacio verde del municipio, entre las múltiples acciones que se suceden día a día en todo el país.
Muchos conflictos crecieron en visibilización en este encuentro, como la vigilia en protección del sitio sagrado en Punta Querandí, la situación en Guandacol, la lucha contra la curtiembre en Luján, las protestas contra el incinerador en Marcos Paz (en el marco de los conflictos on los basurales en todo el pais. Como en las últimas ediciones de estos encuentros, fue notable la afluencia de jóvenes que se están sumando. En distintas provincias se están formando nuevos colectivos juveniles, como los casos de los Nuevos Defensores de Guandacol, Belén, y Andalgalá, organizaciones estudiantiles (muy fuerte la presencia de Luján, con un bus completo llegado hasta Catamarca, nutrido de militantes de varias luchas en esa zona), grupos como el Colectivo Tinta Verde o el Espacio Chico Méndez, muy activos.
Nuevamente, desde Chile llegaron integrantes de NO a Pascua Lama, que resisten en el valle del Huasco al proyecto binacional más grande del mundo. En este sentido, se anunció un gran Abrazo por la Vida que se realizará en las alturas cordilleranas el 15 de enero próximo, en coordinación con las Asambleas Sanjuaninas y con asistencia de asambleístas de toda latinomérica.
Debate y reflexión en comisiones
La plaza de Chaquiago se convirtió en escenario de trabajo colectivo donde predominó el debate, la discusión y el intercambio. Se trabajó en comisiones integradas por vecinos que están enfrentando las diferentes problemáticas, entendiendo los ejes transversales que se sufren y buscando fortalecer las coordinaciones regionales.
En los grupos se abordaron los ejes principales planteados por la comisión organizadora, dando un énfasis particular a la problemática minera y la realidad local. Estos objetivos que guiaron el debate fueron planteados en la 13ª UAC, realizada en Agosto en Santiago del Estero.
Un eje invitó a la reflexión acerca de la metodología de acciones conjuntas hacia la efectivización de los reclamos y reivindicaciones asamblearias. En este sentido, se retomó la importancia de la lucha colectiva y el intercambio que propone la Unión de Asambleas, y se profundizó en la difícil tarea de materializar las ideas y proyectos en los que se viene trabajando desde hace tiempo.
La judicialización y criminalización de la protesta fue una de las temáticas más tratadas, surgió en reiteradas ocasiones y se siguió trabajando en estrategias de respuesta ante el incremento de la represión.
Por otro lado, se discutió sobre el Agua como bien común y derecho humano, en el marco de la reciente promulgación de la Ley de Glaciares. Además, se acordaron estrategias a nivel individual y colectivo para preservar este bien. Las consignas de la próximas marchas (entre el 10 y el 14 de diciembre) serán “Agua como derecho esencial para la vida, Por la vida y la dignidad, Contra el saqueo y la contaminación”. También se retomaron debates anteriores acerca de los desafíos ante la invisibilización de las luchas por parte de los medios masivos, y sobre los compromisos políticos y las estrategias para el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. En paralelo, se realizó nuevamente una transmisión de radio a cargo de la Comisión de Prensa y de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se difundió a través de la nueva radio “La voz del Algarrobo” FM 105.3, que con esta transmisión inició sus actividades. Asambleistas de todo el país compartieron con la comunidad andalgalense sus problemáticas y experiencias de lucha. La señal se emitió también vía internet desde la página de la RNMA.
El próximo encuentro será en Colón, afrontando el desafío de articular más fuertemente las luchas cordilleranas y del centro del país con las resistencias a los monocultivos de soja y eucaliptos, la contaminación de las pasteras sobre el Río Uruguay, la defensa de los acuíferos y la biodiversidad, entre otras problemáticas aspectos centrales de esa región. Será anfitriona la Asamblea Popular Ambiental 135, en conjunto con otras asambleas entrerrianas.
Ampliar en www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/1024/132
www.renace.net
CÓRDOBA: 26 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE CONTRA UN TRASNFORMADOR
Córdoba, 15 de noviembre de 2010 (Renace).- Vecinos Autoconvocados de Sol y Rio, barrio de la localidad serrana de Carlos Paz colindante con la Comuna de San Antonio de Arredondo, se oponen a la instalación de un Transformador de EPEC (Empresa Provincial de Energia de Córdoba) de 132.000v a 20 metros del Polideportivo local al que concurren cientos de niños, y a metros, además, de un Parque Natural Protegido y de viviendas.
Viviana Altamirano y Susana Bettini son dos de las mujeres que llevan acampando en los jardines del Palacio municipal "16 de Julio" de Carlos Paz 26 largos días sin ingesta de alimentos. El doctor Alberto Depretris realizó este fin de semana un chequeo a las mujeres y determinó que se encuentran con muy bajo peso, riesgo de anemia y en peligro de sufrir daños renales. Sin embargo las mujeres se mostraron dispuestas a continuar con las medidas de fuerza hasta que EPEC presente los informes exigidos por la Provincia para habilitar la nueva estación.
Una de las tres vecinas que realizaba la huelga de hambre, Daniela Mercado, sufrió varias descompensaciones y el 9 de noviembre debió abandonar la medida de fuerza trasladada en una ambulancia ante la conmoción de los ciudadanos.
El 11 de noviembre recibieron la visita de funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quienes se comprometieron a analizar la solicitud de los vecinos, asi como de la diputada nacional Cecilia Merchán (Libres del Sur), quien había adelantado que presentaría un proyecto en la Cámara de Diputados para dar tratamiento a la "relocalización" de la nueva estación de la empresa provincial.
Entretanto, siguen sin respuesta por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y de las autoridades de la comuna de San Antonio de Arredondo, cuya intendente, Patricia Cicerone, no opina. El intendente Carlos Felpeto realizó declaraciones a los medios contra la huelga de hambre al regreso de su participación en la Feria Internacional de Turismo y dijo que los asambleístas están perjudican los intereses de la ciudad y pidió que "recapaciten". Dijo además que para "poder actuar" se deberá esperar el estudio de impacto ambiental prometido por EPEC, porque "nadie va a firmar un informe falso".
El área de Ambiente de la Provincia habría otorgado una habilitación irregular para que se pueda instalar la central en las inmediaciones del Polideportivo de Sol y Río. Adrián Calvo, vocero de EPEC, ratificó que la construcción continúa y que la empresa cumplió con todos los pasos estipulados por la legislación.
Los vecinos autoconvocados presentaron un recurso de amparo para frenar la obra y ahora el tema está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Contacto en el ayuno:
Susana Bettini (03541) 15593197
Norberto Bossi bossivera@hotmail.com
www.renace.net
Viviana Altamirano y Susana Bettini son dos de las mujeres que llevan acampando en los jardines del Palacio municipal "16 de Julio" de Carlos Paz 26 largos días sin ingesta de alimentos. El doctor Alberto Depretris realizó este fin de semana un chequeo a las mujeres y determinó que se encuentran con muy bajo peso, riesgo de anemia y en peligro de sufrir daños renales. Sin embargo las mujeres se mostraron dispuestas a continuar con las medidas de fuerza hasta que EPEC presente los informes exigidos por la Provincia para habilitar la nueva estación.
Una de las tres vecinas que realizaba la huelga de hambre, Daniela Mercado, sufrió varias descompensaciones y el 9 de noviembre debió abandonar la medida de fuerza trasladada en una ambulancia ante la conmoción de los ciudadanos.
El 11 de noviembre recibieron la visita de funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quienes se comprometieron a analizar la solicitud de los vecinos, asi como de la diputada nacional Cecilia Merchán (Libres del Sur), quien había adelantado que presentaría un proyecto en la Cámara de Diputados para dar tratamiento a la "relocalización" de la nueva estación de la empresa provincial.
Entretanto, siguen sin respuesta por parte de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y de las autoridades de la comuna de San Antonio de Arredondo, cuya intendente, Patricia Cicerone, no opina. El intendente Carlos Felpeto realizó declaraciones a los medios contra la huelga de hambre al regreso de su participación en la Feria Internacional de Turismo y dijo que los asambleístas están perjudican los intereses de la ciudad y pidió que "recapaciten". Dijo además que para "poder actuar" se deberá esperar el estudio de impacto ambiental prometido por EPEC, porque "nadie va a firmar un informe falso".
El área de Ambiente de la Provincia habría otorgado una habilitación irregular para que se pueda instalar la central en las inmediaciones del Polideportivo de Sol y Río. Adrián Calvo, vocero de EPEC, ratificó que la construcción continúa y que la empresa cumplió con todos los pasos estipulados por la legislación.
Los vecinos autoconvocados presentaron un recurso de amparo para frenar la obra y ahora el tema está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.
Contacto en el ayuno:
Susana Bettini (03541) 15593197
Norberto Bossi bossivera@hotmail.com
www.renace.net
JORNADA SOBRE VIOLENCIA HACIA LESBIANAS Y BISEXUALES
El Bolsón (ANPP).- Este sábado 20 de noviembre, entre las 10 y las 17, en la Biblioteca Sarmiento (San Martín y Casimiro Huenelaf) se desarrollará una "Jornada de trabajo sobre Violencia Social hacia lesbianas y bisexuales", con la organización del grupo por la diversidad sexual Puertas Abiertas al Sur, de la Comarca Andina.
Coordinarán Ivana Otero y Laura Eiven, integrantes de Desalambrando-Bs.As., grupo que trabaja en la concientización y sensibilización acerca de la violencia cultural, social e institucional hacia las lesbianas / bisexuales y hacia todas las personas que a causa de su expresión, identidad de género o de su orientación sexual sufren discriminación, violencia o segregación.
El objetivo es abordar la violencia como fenómeno político, social y cultural que atraviesa y condiciona nuestra salud y calidad de vida, dentro de un enfoque interdisciplinario, con vistas a la prevención y la acción social
Si bien está abierta a la participación toda la comunidad, la jornada se dirige especialmente al movimiento de mujeres, así como a instituciones que se dedican a la salud, la educación y la promoción de derechos.
Contacto: puertabiertalsur@yahoo.com.ar
Coordinarán Ivana Otero y Laura Eiven, integrantes de Desalambrando-Bs.As., grupo que trabaja en la concientización y sensibilización acerca de la violencia cultural, social e institucional hacia las lesbianas / bisexuales y hacia todas las personas que a causa de su expresión, identidad de género o de su orientación sexual sufren discriminación, violencia o segregación.
El objetivo es abordar la violencia como fenómeno político, social y cultural que atraviesa y condiciona nuestra salud y calidad de vida, dentro de un enfoque interdisciplinario, con vistas a la prevención y la acción social
Si bien está abierta a la participación toda la comunidad, la jornada se dirige especialmente al movimiento de mujeres, así como a instituciones que se dedican a la salud, la educación y la promoción de derechos.
Contacto: puertabiertalsur@yahoo.com.ar
DEFENSORIA DEL PUEBLO PIDIO RECLASIFICAR LOS VENENOS USADOS EN EL CAMPO
En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes y no en los presentados por las empresas.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.
Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.
“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.
En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.
El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.
Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.
La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.
La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.
Por Darío Aranda
Buenos Aires (Página 12).- Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.
La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.
Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.
“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.
En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.
El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.
Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.
La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.
La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.
ARBOLITO EN RÍO GALLEGOS
El Bolsón (ANPP).- En el contexto de su gira "Despertándonos", el grupo de folclore y fusión Arbolito se presentará el sábado 27, en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, que hace pocas semanas desterró el nombre del general asesino Julio Roca de sus calles.
El conjunto de Buenos Aires tendrá un nuevo hito que festejar en la batalla simbólica contra los reivindicadores del genocidio, pues sin duda han sido estos artistas pieza clave en la difusión de las propuestas revisionistas sobre la historia, en especial sobre aquellos capítulos teñidos de sangre e infamia.
En esta tarea han recibido el reconocimiento del gran escritor e investigador Osvaldo Bayer, autor de obras clave para entender a través de la Patagonia la génesis de un estado nacional que sentó sus bases al precio del asesinato masivo, la esclavitud y la xenofobia.
El conjunto de Buenos Aires tendrá un nuevo hito que festejar en la batalla simbólica contra los reivindicadores del genocidio, pues sin duda han sido estos artistas pieza clave en la difusión de las propuestas revisionistas sobre la historia, en especial sobre aquellos capítulos teñidos de sangre e infamia.
En esta tarea han recibido el reconocimiento del gran escritor e investigador Osvaldo Bayer, autor de obras clave para entender a través de la Patagonia la génesis de un estado nacional que sentó sus bases al precio del asesinato masivo, la esclavitud y la xenofobia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)