Buenos Aires (La Alameda - MTE).- El viernes 12 fue allanada la granja avícola «Mimosa III», la última granja donde estuvo viviendo Ezequiel Ferreyra quien fuera filmado dos años atrás recolectando huevos y reconociendo que manipulaba veneno para remover el guano y matar las moscas.La medida judicial comenzó a las 15 horas del viernes y fue ordenada por el Juzgado Federal II a cargo del Dr Chavay y en respuesta nuestro requerimiento presentado el lunes 8.
El operativo estuvo a cargo de Prefectura Naval Argentina, con funcionarios de la Dirección de Migraciones y de la Oficina de Rescate y Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia de Nación. En total unas setenta personas bajo responsabilidad del juez federal Chavay que dirigía todo por teléfono a través de su secretario.
La consigna del allanamiento según el Prefecto a cargo del operativo, fue verificar las condiciones de trabajo y de vida de las familias de esa granja, entrevistar a los trabajadores, verificar su documentación y tomar muestras de los venenos que se utilizan en los galpones.
Una delegación de la Alameda con los abogados de la causa y trabajadores denunciantes de otras granjas se hizo presente mientras se desarrollaba el operativo. Lamentablemente constatamos y filmamos numerosas irregularidades antes y durante el procedimiento judicial que denunciamos ante la opinión pública y ante sede judicial.
1. El allanamiento estuvo «avisado» a los encargados de la empresa con varios días de anticipación. El martes 9 de noviembre hubo un singular operativo de la delegación del Ministerio de Trabajo de Campana acompañados por policias de la provincia, en donde los trabajadores fueron testigos de que se le avisó a los encargados que de un momento a otro habría un allanamiento en esa granja.
2. Alertados previamente, el capataz de la empresa Ceferino Veiro (denunciado anteriormente por negarle a la madre de Ezequiel retirarse de la granja para darle asistecia médica a su hijo) retirar parte de los venenos más mórtiferos de la granja (Nuvan, Furadan, Cipermetina) en su camioneta, a la vez que cortó el pasto, colocó carteles por medidas de higiene y seguridad, entregó flamante ropa de trabajo (botas, pantalones, camisas) a los trabajadores y los instruyó a no llevar esos días a los niños a trabajar en los galpones. El propio encargado del allanamiento reconoce que hubo una sorpresiva visita previa del Ministerio y que encontró «muy poca gente» trabajando cuando comenzó el allanamiento del viernes.
3. La primer medida que adopta el personal de Prefectura a cargo del allanamiento es prohibir a todos los trabajadores utilizar sus celulares, impidiendo toda filmación, fotografia y comunicación con el exterior a fin de evitar cualquier registro externo al procedimiento.
4. Los responsables del procedimiento dejaron entrar y salir al capataz de la granja, Ceferino Veiro y al abogado de la empresa Jaime Seoane, pero prohibieron terminantemente que el abogado de los denunciantes (Pablo Sernani) pudiera siquiera hablar con los trabajadores que patrocina que a los gritos denunciaban las irregularidades del procedimiento.
5. La delegación de la Alameda que se hizo presente durante el allanamiento fue recibida con hostilidad por la Prefectura, que no sólo impidió el contacto del abogado con los trabajadores que patrocina,sino además pretendieron impedir que un periodista registrara imágenes desde afuera de la granja de lo que estaba ocurriendo. No fue la misma actitud que adoptaron con el personal de la empresa que entraba y salía del procedimiento como pancho por su casa. En las filmaciones se observa incluso como una mujer ingresa a la granja sin documentación alguna y cómo los trabajadores denuncian a los gritos que la gente de la empresa entra y sale sin inconvenientes.
6. La empresa Nuestra Huella no solo controló el allanamiento con su abogado, sino que además contó con la presencia del capataz, Ceferino Viero. Viero tuvo hasta el privilegio de realizar mini asambleas con los trabajadores que debían testificar durante el mismo allanamiento (cabe señalar que en allanamientos sobre trata el contacto de patrones con empleados está vedado) . Como parte de la puesta en escena, dentro de la camioneta del capataz fueron ubicados los bidones con venenos. Pero no era Nuvan que es el más contaminante y mortífero. Tampoco la justicia se decidió al secuestro de todo el veneno. Solo se llevaron pequeñas muestras.
7. Las complicidades con la empresa por estos días llegaron al punto que la Defensoría de Menores rechazó entrevistar a los hijos de los trabajadores que denunciaron a la empresa Nuestra Huella.
8. Cuando la delegación de la Alameda se retiró de la granja, fuimos alertados telefónicamente por trabajadores de esa granja que denunciaron que el personal de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia los reunió para presionarlos insistentemente de que dejen la granja por su seguridad, cuando los mismos están alli merced a amparos judiciales que ganaron en el fuero laboral defendiendo su derecho al trabajo y la vivienda en condiciones dignas. No se llevaron el veneno peligroso para la salud de las familias, pero querían llevarse a los denunciantes, peligrosos para los intereses de la empresa.
«La Mimosa III» es la granja que hasta el allanamiento de abril de 2008 mantuvo su alambrado perimetral electrificado y con custodia policial en la tranquera con el fin que ningún trabajador pudiera salir del lugar donde trabajan toda la familia, todos los días del año y donde vivían. Allí también se produjo el suicidio de Hernán Felipe López Arias, quien producto de las fuertes presiones que propinaba Nuestra Huella termina ingiriendo Nuvan.
Mientras tanto Ezequiel Ferreyra agoniza en una sala de terapia intensiva del Centro Gallego y existe un férreo hermetismo respecto a su estado de salud desde el jueves pasado. El padre de Ezequiel fue blanqueado laboralmente luego de la denuncia que hizo la Alameda y el MTE en agosto de 2008 y trasladado de la granja «La Fernandez» a «La Mimosa III». El padre de Ezequiel cuenta con la cobertura de la obra social de UATRE, que tiene una clínica con servicios oncólogicos muy cercana a la Mimosa III. Entonces no se se entiende que hace Ezequiel en el Centro Gallego, cuya única relación con la empresa es que su histórico dueño, Carlos Luace siempre se atendió alli y era amigo de los directivos y que el abogado de la firma, Jaime Seoane tiene estrechos vinculos con ese nosocomio privado. Es muy evidente que la empresa está tratanto por todos los medios de esconder las verdaderas causas por las que Ezequiel está agonizando en terapia intensiva.
A pesar de las reiteradas y probadas denuncias por servidumbre y trabajo infantil que tiene la empresa desde hace tres años, la misma sigue gozando de los favores políticos y judiciales.
Cabe recordar que la presidente de la empresa, Alejandra Lopez Camelo, es la prima hermana del intendente de Pilar, Humberto Zúccaro y la cuñada del Secretario General de UATRE local Jorge Herrera. Además el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort fue el abogado de la empresa hace hace muy pocos meses.
La Alameda y el MTE anuncian que el martes 16 de noviembre a las 11 hs marcharan a los Juzgados Federal II y de Garantías en lo Penal de Campana a fin de ampliar las denuncias y solicitar audiencias para reclamar:
1. En el Federal II a cargo del Dr Chavay y donde se tramita la causa por trata,tráfico y envenenamiento por agrotóxicos a) protestaremos por las manifiestas irregularidades del allanamiento; b) reclamaremos que se secuestren los venenos de las granjas; c) que se realice un urgente examen médico al personal de las granjas, particularmente a los casi doscientos niños y d) que se acepte a los trabajadores denunciantes como querellantes, algo que ese juzgado viene negando, mientras permite que personal de la empresa entre y salga de un allanamiento como si fuera un cumpleaños.
2. En el Juzgado de Garantias en lo Penal que presidía Graciela Cione y donde está sobradamente acreditada la reducción a la servidumbre y el trabajo infantil a) solicitaremos que se eleve la causa a juicio oral b) que se procese a los dueños de la empresa y c) que se decomisen los bienes muebles e inmuebles de la empresa y se los ponga bajo la administración del INTA o del Ministerio de Agricultura a fin de salvaguardar el trabajo y la vivienda de los adultos en condiciones dignas.
La Alameda y el MTE hacen responsables a los dos juzgados mencionados por la salud del conjunto de las familias de las granjas y por seguir permitiendo el accionar impune de la empresa, sobre la cual se han presentando numerosas pruebas de su conducta esclavista a lo largo de los últimos tres años.
Editoriales ANP
