Por Carlos Alberto Ripoll
En los próximos días podrá verse en todas las librerías el libro
Diario de guerra, del periodista Claudio Díaz. En él se describen las
relaciones políticas y comerciales del llamado "gran diario argentino"
con representantes del poder mundial como Henry Kissinger y George
Soros, que le permitieron constituirse en el grupo económico de medios
más poderoso de Iberoamérica.
Superada la etapa en la que los poderes
económicos mundiales avasallaban a los países a través de la vía
militar, el sistema de dominación tiene hoy en los diarios y la
televisión, en la radio y los canales de noticias, a sus nuevas
fuerzas de ocupación. El Grupo Clarín es uno de los brazos ejecutores
de este nuevo método de control, la llamada Mediocracia, que hace de
la manipulación informativa y la difamación de sectores políticos,
sindicales y sociales, particularmente el peronismo y el movimiento
obrero, su práctica cotidiana
Revela, por otra parte, su participación como promotor del proceso
de sojización de la Argentina, para convertir al país en un eslabón de
la llamada cadena agroalimentaria mundial. Asimismo, este trabajo de
investigación incursiona en el análisis y la réplica del pensamiento
político, básicamente colonial, que emana desde los diarios La Nación
y Perfil y de la boca o la pluma de periodistas como Joaquín Morales
Solá, Nelson Castro, Mariano Grondona, Magdalena Ruiz Guiñazú, Claudio
Escribano, Eduardo Van der Kooy, Julio Blanck y Alfredo Leuco entre
más de una treintena.
En la historia de la prensa argentina se hace difícil encontrar un
período como éste, en el que se presenta como modelo de honestidad e
inmaculadez a un sector tan corrompido que en nombre del libre
pensamiento y la independencia informativa ha bastardeado de manera
escandalosa el ejercicio periodístico. Precisamente, Claudio Díaz, el
autor de este Diario de guerra, renunció a su trabajo en el
multimedios Clarín tras haber sido censurado por manifestar su
pensamiento político, clara evidencia de que los grandes monopolios de
la comunicación no ejercen ni permiten hacer uso de esa tan mentada
libertad de expresión que dicen defender.
Partes relevantes de la obra:
El libro revela los secretos del Grupo Clarín. La nueva
investigación de Claudio Díaz descubre los intereses del multimedios
con los agronegocios y describe su vínculo con los influyentes
Rockefeller, Kissinger y Soros. La "escuelita" de cuadros mediáticos
con el MIT.
El período que se abrió con la dictadura de Videla y Martínez de
Hoz marca el momento cumbre de la reconversión de la Argentina como
Nación en vías de desarrollo industrial, con capacidad para expandirse
e intentar, a su vez, una independencia respecto del uso de la
tecnología nuclear. En este nuevo "formateo", lo que se buscó y logró
fue hacerla retroceder al estado pre-peronista de la Década Infame.
De manera muy parecida a aquellos tiempos de país-granja, nuestro
territorio, si bien con algunos "islotes" de producción industrial que
sobrevivieron desde la época peronista, se transformó a partir de los
'90 en una especie de supermercado global para ofrecer sus góndolas de
alimentos, cereales y carne principalmente, al resto del mundo. A
comienzos de este siglo, dos lobbistas de corporaciones
transnacionales como son Rosendo Fraga y Jorge Castro, comenzaron a
publicitar la conveniencia de que Santa Fe y Córdoba se convirtieran
en el nuevo paradigma de la inserción de la Argentina en el mundo,
para así transformarse en uno de los eslabones de la llamada cadena
agroalimentaria mundial.
(...) ¿Cómo es posible que Clarín sea, hoy por hoy, más vocero de
la oligarquía agro-ganadera que el mismísimo La Nación? ¿Qué punto de
encuentro puede haber entre un diario que dice representar el
pensamiento progresista e incorpora como columnista de su suplemento
rural al mismísimo Jorge Castro?
Parte de las respuestas que necesitamos encontrar está en la
composición del capital accionario de Clarín. Se reconoce,
oficialmente, que un 18% del mismo se encuentra en manos del Grupo
Goldman Sachs, vinculado a transnacionales del lobby sionista
norteamericano.
(...) Así y todo, hay que agregar que los clanes Magnetto y
Aranda, números 1 y 2 respectivamente del Grupo, detentan una parte
importante del capital accionario del diario. Y que en ambos casos sí
se sabe que poseen campos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe
y Corrientes. Ellos mismos lo han reconocido públicamente al revelarse
informaciones que los tienen como protagonistas de inversiones o
proyectos comerciales.
El caso de José Aranda es el más interesante de analizar. Posee el
principal arrozal de la Argentina, ubicado en la zona de Mercedes, en
Corrientes, a menos de 10 kilómetros de la impresionante extensión de
campo semi-virgen que adquirió el magnate norteamericano Douglas
Tompkins. Se diría que son vecinos.
(...) (Los lazos de Tompkins) con las más altas esferas del poder
económico se hacen visibles en el flujo de fondos de dos de las
asociaciones ecologistas más grandes del mundo a las que está
asociado: la International Forum on Globalization (IFOG) y el Funders
Network on Trade and Globalization (FNTG).
Si bien el mismo Tompkins es el primordial proveedor de fondos,
con más de 1.250.000 dólares invertidos hasta año 2002, entre los
apoyos financieros de IFOG figuran tres instituciones de renombre: el
Rockefellers Brothers Fund, la Turner Foundation y la Ford Foundation,
instituciones vinculadas al banco JP Morgan Chase.
En 1969, David Rockefeller financió una investigación patrocinada
por Henry Kissinger, la que culminó en el llamado Iron Mountain Plan
(IMP).
El IMP exponía la imperiosa necesidad que tenía el establishment
financiero de buscar una forma silenciosa de ganar presencia en las
zonas geográficas que sean de interés estratégico para Estados Unidos,
en pos de mantener su posición hegemónica a nivel global. Entre muchas
de las alternativas propuestas para tales fines sobresalía la
utilización de la causa "ecologista", ya que la misma "cuenta con
social suficiente como para no generar demasiadas sospechas entre la
población", según lo establecido en uno de los considerandos de la
plataforma.
Y algo más interesante todavía: se sabe que la familia de Ted
Turner, el magnate televisivo casado con la actriz Jane Fonda, es
dueña de varias estancias en la Patagonia argentina. El hombre es un generoso
contribuyente de IFOG, una organización entre cuyos miembros también
figuran los hijos británicos de Sir Goldsmith: Edgard (dueño de la
revista The Ecologist) y James, banquero de Londres que también operó
como ejecutivo del Quantum Fund, de George Soros. Que es a donde
queríamos llegar... A Soros, el otro poderoso de las finanzas que
entra a jugar en este extraño entramado que se está dando en
Corrientes y su zona de influencia.
Ahora, ¿qué tendrá que ver Clarín con todo esto? El diario, tal
vez nada. Pero su vicepresidente, José Aranda, sí. Y mucho, como
veremos a partir de los próximos párrafos.
(...) El viernes 11 de julio de 2008, un ratito antes de las 20,
Luis Landriscina "mateaba" el tiempo en su casa a la espera del
inicio, dos horas después, del programa Mano a mano con el campo, que
conduce desde hace cuatro años por el Canal Rural. En ese momento sonó
el teléfono, el conocido humorista atendió y se encontró con la voz de
su hijo Fabio, productor periodístico del ciclo: "Viejo, tengo malas
noticias. Acabo de recibir una llamada del canal; quieren que levantes
la nota sobre el problema en el Ayuí Grande. Parece que estás pisando
callos de gente pesada...".
Landriscina tuvo una actitud ejemplar: "Fabio, nosotros tomamos la
decisión de enviar la grabación del programa completo. Si lo cortan
sería un caso de censura previa que no podemos permitir. Así que
deciles que no sacamos nada...". Su honestidad intelectual quedó
sepultada por la impudicia del Grupo Clarín, propietario del Canal
Rural, que ordenó levantar la emisión de ese viernes y repetir, en su
lugar, el de la semana anterior. Por supuesto, el otro envío nunca fue
emitido al aire.
Los pormenores se conocieron días después. Landriscina había
convocado a su programa a Enrique Lacour, presidente de la Fundación
Iberá, para que explicara el serio impacto ambiental que ocasionaría
en un paraíso natural emblemático de la provincia de Corrientes la
reactivación de un proyecto en el que estaban metidos el
vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y el multimillonario...
George Soros.
La historia es así. A fines de la década del '90, Aranda,
asesorado por el ingeniero agrónomo Héctor Huergo, director del
suplemento rural de Clarín, compró 36 mil hectáreas en el departamento
correntino de Mercedes y se puso a sembrar arroz. Invirtió en ese
rubro a sabiendas de que el modelo económico argentino de las últimas
décadas se perfilaba cada vez más hacia la producción y exportación de
cereales. Le fue muy bien, el negocio se hizo rentable. Buena parte
del producto comercializado bajo el nombre de Arroz Gallo, el de mayor
consumo en la Argentina, provino del campo de Aranda. No se sabe cómo
y cuándo se dio el encuentro, pero ya en el nuevo siglo Soros le
propuso al empresario de Clarín conformar una sociedad para
incrementar la producción de arroz y conseguir con su venta ganancias
extraordinarias, aprovechando el incremento del precio de los granos
en el mercado internacional. Se fijaron una meta: exportar más de 130
mil toneladas anuales.
Hasta el 2008, así como se desconocía este acuerdo, tampoco se
sabía mucho acerca de los medios de los que querían valerse para
sumergir a una parte de Corrientes en una gran olla repleta de la
gramínea. Justamente de esa posibilidad hablaba el ecologista Lacour
en el censurado programa de Landriscina.
Es que para materializar su negocio, Aranda-Soros pretenden
interrumpir el flujo del Ayuí Grande, en el departamento de Mercedes,
con un paredón a cota 60 que lo atravesaría por completo, al punto de
inundar su lecho completo en decenas de kilómetros de costas.
Escribimos en presente porque el proyecto sigue en pie. La propuesta
consiste en crear un lago artificial de proporciones descomunales. Tan
grande como El Palmar de Colón, Entre Ríos, mayor que la famosa Laguna
del Iberá y 12 veces más extenso que el casco urbano de la propia
ciudad de Mercedes. ¿Para qué necesitarían semejante lago artificial?
Para disponer de agua suficiente destinada al riego de las
plantaciones. Es decir: el agua que naturalmente surgió en ese
territorio en el amanecer de los tiempos, ahora pasaría a ser
propiedad privada de los empresarios.
Tal como está planteado, se inundarían 18.000 hectáreas de
ambientes naturales que incluyen pastizales y bosques nativos con
vocación ganadera y conservación de la biodiversidad, para
transformarlos drásticamente al cultivo de arroz. El reservorio
artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de la
gigantesca superficie de plantíos, y el destino de la cuenca del río
Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay)
podría quedar severamente comprometido, no sólo desde el punto de
vista ambiental, sino también productivo, pues la cantidad y calidad
de aguas disponibles cuenca abajo ya no serían las mismas.
Quizá porque el tema tomó estado público, el mismísimo suplemento
rural de Clarín destacó en su edición del 21 de junio de 2008 la
importancia de la inversión "para la producción y la creación de
fuentes de trabajo". Pero se ve que la iniciativa ya venía madurándose
desde antes. "Hubo intentos de llevar adelante el plan mucho antes,
pero la debacle de 2001 nos obligó a desistir en aquella oportunidad",
dijo Mario Freire, a quien se indica como representante de las dos
empresas asociadas, es decir: Copra S.A., cuyo titular es José Aranda,
número 2 del Grupo Clarín, y Adecoagro, perteneciente al financista
húngaro George Soros. "El año pasado tomamos la fuerte decisión de
terminarlo y presentarlo a las autoridades", explicó el propio Aranda
al matutino del grupo económico que preside.
Así fue como a mediados de 2008, el gobernador de Corrientes, José
Colombi, recibió a Aranda y compañía, quienes le entregaron un informe
de 2.000 páginas donde se detallaban "aspectos técnicos y estudios de
impacto ambiental y social que demuestran la viabilidad de la
iniciativa", según dijeron los inversores. La posición de Colombi no
se hizo esperar. En conferencia de prensa el mandatario provincial
afirmó: "Saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento
del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da
esperanzas de crecimiento a la provincia".
Sin embargo, organizaciones ambientalistas consideran ilegal que
un grupo privado se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a
sus bosques y sus especies animales y vegetales. Al mismo tiempo, la
Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación
adelantó en la primera semana de agosto de 2008 que el proyecto
inversor debe ser analizado "muy cuidadosamente" por los efectos
negativos que podría producir en una zona como la de los Esteros del
Iberá. Cuando terminábamos de escribir este libro, el proyecto aún no
se había tratado.
(...) De Aranda, que es decir una parte de Clarín, hay otras cosas
para contar. El ejecutivo ejerce la titularidad de la Asociación
Bradford Argentina, que representa a lo más granado de la oligarquía
ganadera. Durante 2008 esta entidad publicó en el diario dos
solicitadas en la que defendía la lucha "del campo" contra "la
prepotencia del gobierno". Y más todavía: a través de la compañía
Copra S.A., que preside el mismo Aranda, Clarín y La Nación se unieron
hace siete años para empezar a organizar las exposiciones rurales que
tienen lugar, durante los meses de marzo, en distintos polos rurales
de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Estos eventos
concentran a casi todo el espectro del sector agropecuario, lo que les
permite acordar negocios por varios cientos de millones de pesos. En
la edición 2008, realizada en Armstrong, Santa Fe, se concretaron
ventas por $ 380 millones.
Por eso Clarín supo cómo sembrar el terreno durante el chantaje de
los pooles sojeros... Su suplemento rural fue muy cristalino cuando en
la edición del 22 de marzo de 2008, es decir, cuando se cumplían 12
días del paro, establecía que "el campo fue provocado y ahora
reacciona como debe", para agregar que "los productores saben que esta
pelea va para largo y por eso deben prepararse". Pocos días antes, en
la edición del 8 de marzo, el diario homenajeaba a los sacrificados
hombres del campo. En la página central del suplemento sobresalían las
fotografías de los titulares de la Sociedad Rural, por entonces
Luciano Miguens, y de Confederaciones Rurales, Mario Llambías,
brindando con champagne junto al mismísimo Aranda. Buzzi y De Angeli
ni figuraban porque, claro, en ese momento no eran del palo... El paro
ya estaba en marcha y Clarín parecía salir a dar la bienvenida a los
impulsores de la medida. En 2009 el diario repitió la operación. Como
si alentara a su tropa de terratenientes a avanzar contra el enemigo a
paso redoblado, en la edición del jueves 12 de marzo, Huergo escribía
en Clarín: "El aniversario encuentra nuevamente al campo listo para
una nueva batalla...".
(...) La urgencia por cerrar filas en derredor de la torre de
control del nuevo orden, genera tal dependencia que el más grande
grupo de comunicación y formación de ideas y pensamientos de la
Argentina no tiene escrúpulo alguno en seguir difundiendo las ideas de
quien es uno de los mentores de ese nuevo orden, Henry Kissinger, de
quien incluso se ha probado judicial y políticamente su participación
en los más sangrientos ajustes practicados en Argentina y los países
vecinos durante el período de 1973 a 1980.
(...) En las columnas que firma (en Clarín), este genocida
intelectual es presentado como ex secretario de Estado de Estados
Unidos, definición que, por verdadera, no hace sino camuflar su
verdadera identidad: la de un hombre del poder mundial que les pone la
pistola en la cabeza a los países que se niegan a aceptar las reglas
de juego de esa sinarquía.
No es casualidad que disponga a su libre albedrío de las páginas
del matutino. Porque si este medio es en la actualidad uno de los
principales dueños de la riqueza y de las palabras, es gracias al Sr.
K. Cuando en 1976 Martínez de Hoz convenció a la camarilla militar de
que había que dar el zarpazo, una de las primeras medidas que se
decidieron fueron las vinculadas al control de los medios de
comunicación, que los patrocinadores del poder mundial ya habían
determinado como claves para tener todo bajo control.
Por eso en aquel momento, y a instancias de lo que habían decidido
en el Departamento de Estado, Videla y sus esbirros llamaron a los
propietarios de los tres diarios más emblemáticos del momento, Clarín,
La Razón y La Nación, en ese orden, para pactar la Argentina de los
próximos 50 años. El primer paso fue la cesión de Papel Prensa, una
empresa que tomaron por 8 millones de dólares cuando, en realidad, los
estudios de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Estado
determinó que valía 250 millones.
Como dueños de la principal productora de papel de la Argentina,
Clarín y La Nación (La Razón fue absorbida por el Grupo) consiguieron
ahogar a los diarios que no forman parte del poder económico. ¿Por
qué, cómo...? Mediante continuos aumentos en el precio de la materia
prima esencial para el periodismo gráfico. Obsérvese cómo fue
aumentando el valor de la tonelada en los últimos años:
Enero de 2007..$ 1.571
Enero de 2008..$ 1.903
Enero de 2009..$ 2.837
Al llegar la década del '90, el llamado Consenso de Washington
determinó que, para ejercer el control del pensamiento, los grandes
diarios, la radio y la televisión en manos de grupos o personas amigas
y confiables debían abandonar definitivamente su rol como medios de
información, para constituirse en usinas ideológicas y de propaganda
del neoliberalismo.
En Argentina, después del área de hidrocarburos, la inversión más
alta de las corporaciones multinacionales se dirigió hacia los medios
de comunicación. Se traspasaron empresas por valor de 10.000 millones
de dólares. Y la gran mayoría fueron a parar a manos del Grupo Clarín,
que favorecido por la Ley Dromi del gobierno menemista, que derogó
parte del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la dictadura, les
permitió a dueños de diarios adquirir radios y canales de TV.
El personaje clave de esta operatoria fue el lobbista del poder
mundial Henry Kissinger, un viejo amigo del diario que tiene muchas
"colaboraciones" publicadas: hace ya 22 años que Clarín le publica sus
artículos de manera regular, a un promedio de ocho al año.
(...) En setiembre de 1990, al asistir a la reunión organizada por
el Consejo de las Américas en Nueva York, Kissinger pidió en persona
al entonces presidente Menem que se impulsara desde el Estado una
legislación que permitiera a los propietarios de diarios argentinos
acceder al control de emisoras radiales y canales de televisión, ya
que el poder económico mundialista necesitaba de estos medios como
nuevas usinas del ideario neoliberal.
(...) Las vinculaciones de Clarín con el poder mundial no se
detienen allí. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, del
inglés Massachusetts Institute of Technology) es presentado "hacia
afuera" como una de las principales instituciones dedicadas a la
docencia y a la investigación en Estados Unidos, especialmente en
ciencia, ingeniería y economía. Pero en términos "caseros" es lo que
se dice "un formador de cuadros políticos e intelectuales para uso del
dominio mundial".
Hasta su muerte, en julio de 2002, uno de los cerebros del MIT era
el economista norteamericano Rudiger "Rudi" Dornbusch. Acompañado por
su par chileno Ricardo Caballero, ambos hicieron público el 27 de
febrero de 2002 un documento de tres carillas titulado "Argentina, un
plan de rescate que funcione".
Dornbusch consideraba en el mismo que la profunda crisis económica
y social que sufría por ese entonces la Argentina superaba largamente
a los propios argentinos. Y por eso mismo, cualquier solución debería
ser no sólo diseñada, sino ejecutada por extranjeros. Es decir:
proponía la intervención extranjera sobre el Gobierno argentino, al
menos sobre las palancas de la política fiscal, monetaria y la
administración de impuestos.
(...) Frente a esta propuesta indecente, en aquel ya lejano marzo
de 2002 Clarín apenas informaba sobre la disparatada injerencia de
este hombre del MIT. Se había limitado a reproducir en un pequeño
espacio un cable de la agencia Diarios y Noticias (DyN), como para
cumplir con la publicación de la información pero sin hacer tanta
alharaca por el significado de la misma, es decir: un descarado
movimiento neo-imperial auspiciado por una entidad con la que tiene
acuerdos.
Al respecto, el MIT tiene firmado un convenio con la Universidad
de San Andrés, semillero este de donde el Grupo Clarín toma cuadros
profesionales, técnicos e intelectuales, tal los casos de Ricardo
Javier Anglada, quien se desempeña como Director General de Canal 13,
y el internacionalista Juan Andrés Tokatlián, columnista del diario en
la sección Política Exterior.
Los acuerdos del Grupo Clarín con el MIT y con la Universidad de
Columbia, ligada al Departamento de Estado, también redundaron en este
nuevo siglo en la formación de sus periodistas. Desde al menos 2003,
el diario envía a integrantes de su redacción que durante períodos que
van de los cuatro a los nueve meses regresan formateados con las ideas
que incorporan en aquellas mecas del pensamiento liberal.
Curiosamente, a su regreso pasan a ocupar cargos como editores o jefes
de sección.
(...) La muy promocionada Maestría en Periodismo que el Grupo
lanzó en 2001 para formar a gusto y antojo a hombres de la prensa
también responde al mandato de los grupos de poder económico locales y
extranjeros que necesitan contar con profesionales dóciles. Todos los
años, entre 25 y 30 periodistas de la Argentina y de otros países de
habla hispana pagan unos 2.500 dólares para que Clarín les enseñe las
técnicas del periodismo colonial, que cada uno de ellos ejercerá
después en los medios a los que accedan, incluso en algunos de los que
controla el propio pulpo mediático.
--
Carlos Alberto Ripoll - RUMBOS - La Radio Nacional y Popular - Cooperativa de Radio y Televisión - Matrículas 1.023 y 35.619 - POSADAS - Misiones - Argentina - 03752 15565751 - 03752 434865 - www.fmrumbos.com.ar - ripollrumbos@gmail.com
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martes, 30 de marzo de 2010
COMUNICADO: BASTA DE TRABAJO ESCLAVO E IMPUNIDAD
Buenos Aires (La Alameda y Unión de Trabajadores Costureros).- A 4 años del incendio y la muerte de seis inocentes: BASTA DE TRABAJO ESCLAVO E IMPUNIDAD.
A las 19 horas nos concentramos frente al taller incendiado de Luis Viale 1269.
El 30 de marzo murieron calcinados dos costureros y cuatro niños dentro de un taller esclavo en Caballito en el que estaban encerrados y no pudieron escapar. Más de 60 personas trabajaban y vivían allí en condiciones de hacinamiento y servidumbre, muchas de las cuales habían sido traídas desde Bolivia con engaños para luego someterlas a la esclavitud.
El juez Baños sólo se dedicó a investigar las causas del incendio y procesó exclusivamente a los que regenteaban el taller Sillerico y Correa , dejando libres de culpa y cargo a quienes se beneficiaban económicamente de ese taller, los fabricantes Jaime Fischberg y Jaime Geider.
Pese a que en el taller se violaba abiertamente la ley de migraciones y la mayoría de los costureros eran explotados sin documentos nacionales y que muchos de ellos fueron captados mediante mecanismos de trata; pese a que claramente las condiciones de trabajo eran de servidumbre, el juez Baños se negó a investigar esos delitos y a aplicar la ley de trabajo a domicilio que comprometía solidaria y directamente a los fabricantes.
Los talleristas fueron procesados por el incendio y con tan sólo una probatión fueron dejados en libertad. Los fabricantes ni siquiera fueron molestados para declarar y hoy siguen explotando costureros en la provincia de Buenos Aires. Muchos de los costureros de aquel taller fueron trasladados esa misma tarde a otros talleres esclavos, donde siguieron padeciendo el infierno del hacinamiento y la esclavitud.
La Alameda que junto a la Defensoría del pueblo venían denunciado desde meses atrás, el trabajo esclavo y la trata laboral y que señalaba que estábamos en presencia de un régimen neoesclavista de producción del cual se favorecían muchas de las grandes marcas, fue violentamente atacada por los dueños de los talleres en esos días, porque echábamos luz sobre el régimen mafioso en que se venía asentando la producción textil, rodeada de complicidades y cohechos que comprometían a gendarmes en frontera, inspectores, policias y hasta diplomáticos que la encubrian.
Gracias a la lucha de los costureros que se agruparon en la Alameda, muchas cosas comenzaron a cambiar.
Fue lanzado pocas semanas después, un programa de regularización migratoria masiva y gratuita; se rebajaron drásticamente los costos de la documentación que se requería en el país de origen; fueron denunciadas judicialmente más de cien marcas por trabajo esclavo; decenas de talleristas y hasta un fabricante fueron procesados y llevados a juicio oral; cientos de máquinas fueron confiscadas a los esclavistas y cedidas a las victimas para que a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial recuperen la dignidad agrupándose en cooperativas; de los 5000 talleres de aquel entonces, quedaron 3000 en la ciudad y el trabajo registrado tuvo un significativo aumento entre el 2006 y el 2008: fue sancionada la ley de asistencia a las victimas de trata en la ciudad; se comenzaron a elegir cuerpos de delegados en las principales fábricas y no pocas marcas se vieron obligadas a regularizar su situación ante el terrible impacto en su imagen a causa de las denuncias.
Sin embargo, lejos estamos aún de que impere la legislación vigente y la justicia y que se erradique el trabajo esclavo en la ciudad y en el país.
Más de 25.000 costureros aún son reducidos a la servidumbre en 3000 talleres, agrupados fundamentalmente en la zona sudoeste de la Ciudad. En la provincia, el panorama es mucho peor y alli más de 150.000 costureros son esclavizados en los 15 mil talleres que se encuentran desparramados por el conurbano.
Todos los días por las fronteras de Villazón y Yacuiba vienen engañados cientos de hermanos bolivianos para luego ser reducidos a la esclavitud no sólo en la industria textil. De este proceso de trata y tráfico participan de modo cómplice empresas de transporte, medios de comunicación que publicitan avisos engañosos, gendarmes que se hacen los distraídos, comisarias que recaudan y cuerpos inspectivos que no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos.
Pese a que la ley de trabajo a domicilio establece la solidaridad directa entre fabricantes y talleristas por las condiciones en que se desarrolla la producción, sólo un fabricante fue procesado y llevado al banquillo de los acusados por el juez Federal Torres. La abrumadora mayoría de las grandes marcas denunciadas incluso por la Defensoría y el Gobierno de la Ciudad, continúan impunemente valiéndose de la miseria y vulnerabilidad de la población migrante para maximizar sus ganancias de modo brutal.
El año pasado las marcas se jactaron de haber facturado 6000 millones de pesos, 80 % de los cuales fue obtenido desde el infierno de los talleres clandestinos y un 20 % desde las pocas fábricas registradas donde el salario del costurero es uno de los más bajos de la industria junto con el de peón rural.
Lejos estamos de haber alcanzado la justicia para las víctimas de Luis Viale y de haber erradicado las causas que le dieron origen.
Desde que asumió Macri el gobierno de la Ciudad, de un modo deliberado se ha dejado de denunciar a las marcas que usan talleres clandestinos como establece la ley 12.713. Deliberadamente se ocultan etiquetas y pruebas y se omite denunciar ante la justicia a los principales beneficiarios del trabajo esclavo. Las marcas volvieron a sentirse impunes y volvieron a la carga con los talleres clandestinos, deteniendo el proceso de crecimiento en el trabajo registado que había comenzado a desarrollarse meses atrás. Y hasta a Macri le parece «natural» que su novia base su producción en talleres esclavos diseminados y denunciados en capital y provincia. Cada tanto hacen inspecciones y clausuras rimbonbantes para hacer maquillaje estadístico, pero nunca encuentran a las marcas que están detrás de esa infernal explotación. En la procuración de la Ciudad se apilan masivamente los informes de trabajo la explotación ilegal de indocumentados en muchos talleres de la ciudad. No obstante, sólo un puñado de casos es denunciado ante los juzgados federales y cuidando siempre que sólo quede marcado un perejil y escondida la marca beneficiaria.
Al centenar de marcas denunciadas ante juzgados federales, nunca se las señaló en la página oficial del Ministerio de Trabajo como se hace en Brasil, ni se las sancionó económicamente por sus pésimas prácticas. Tampoco las molestó la Afip a pesar de la obvia evasión impositiva en importantes tramos de su cadena de valor.
El listado de decenas de talleres esclavos que trabajaban para grandes marcas en Provincia, nunca fue inspeccionado o allanado, salvo cuando ya eran un escándalo mediático inevitable.
Sin duda , desde aquel trágico incendio a la fecha hemos avanzado algunos pasos, pero el camino a recorrer aún es largo y la justicia para las víctimas no llegó ni en esa causa puntual, ni en la erradicación del trabajo esclavo y la dignificación de los costureros.
Por la memoria de los costureros de Luis Viale y la de todos aquellos costureros que han perdido su vida en el infierno del trabajo esclavo. Por la justicia y la condena a los responsables de aquella tragedia y de todas las marcas que usan y se benefician con el trabajo esclavo. Nos concentramos este martes 30 de marzo a las 19 hs frente al taller de Luis Viale.
Hablaran sobrevivientes de aquella tragedia, delegados costureros de fábrica, ex victimas de trata en talleres clandestinos y miembros de la Alameda. Los esperamos.
Contacto:
Gustavo Vera 1561584835 (Alameda)
Ezequiel Conde 1536543195 (Unión de Trabajadores Costureros)
A las 19 horas nos concentramos frente al taller incendiado de Luis Viale 1269.
El 30 de marzo murieron calcinados dos costureros y cuatro niños dentro de un taller esclavo en Caballito en el que estaban encerrados y no pudieron escapar. Más de 60 personas trabajaban y vivían allí en condiciones de hacinamiento y servidumbre, muchas de las cuales habían sido traídas desde Bolivia con engaños para luego someterlas a la esclavitud.
El juez Baños sólo se dedicó a investigar las causas del incendio y procesó exclusivamente a los que regenteaban el taller Sillerico y Correa , dejando libres de culpa y cargo a quienes se beneficiaban económicamente de ese taller, los fabricantes Jaime Fischberg y Jaime Geider.
Pese a que en el taller se violaba abiertamente la ley de migraciones y la mayoría de los costureros eran explotados sin documentos nacionales y que muchos de ellos fueron captados mediante mecanismos de trata; pese a que claramente las condiciones de trabajo eran de servidumbre, el juez Baños se negó a investigar esos delitos y a aplicar la ley de trabajo a domicilio que comprometía solidaria y directamente a los fabricantes.
Los talleristas fueron procesados por el incendio y con tan sólo una probatión fueron dejados en libertad. Los fabricantes ni siquiera fueron molestados para declarar y hoy siguen explotando costureros en la provincia de Buenos Aires. Muchos de los costureros de aquel taller fueron trasladados esa misma tarde a otros talleres esclavos, donde siguieron padeciendo el infierno del hacinamiento y la esclavitud.
La Alameda que junto a la Defensoría del pueblo venían denunciado desde meses atrás, el trabajo esclavo y la trata laboral y que señalaba que estábamos en presencia de un régimen neoesclavista de producción del cual se favorecían muchas de las grandes marcas, fue violentamente atacada por los dueños de los talleres en esos días, porque echábamos luz sobre el régimen mafioso en que se venía asentando la producción textil, rodeada de complicidades y cohechos que comprometían a gendarmes en frontera, inspectores, policias y hasta diplomáticos que la encubrian.
Gracias a la lucha de los costureros que se agruparon en la Alameda, muchas cosas comenzaron a cambiar.
Fue lanzado pocas semanas después, un programa de regularización migratoria masiva y gratuita; se rebajaron drásticamente los costos de la documentación que se requería en el país de origen; fueron denunciadas judicialmente más de cien marcas por trabajo esclavo; decenas de talleristas y hasta un fabricante fueron procesados y llevados a juicio oral; cientos de máquinas fueron confiscadas a los esclavistas y cedidas a las victimas para que a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial recuperen la dignidad agrupándose en cooperativas; de los 5000 talleres de aquel entonces, quedaron 3000 en la ciudad y el trabajo registrado tuvo un significativo aumento entre el 2006 y el 2008: fue sancionada la ley de asistencia a las victimas de trata en la ciudad; se comenzaron a elegir cuerpos de delegados en las principales fábricas y no pocas marcas se vieron obligadas a regularizar su situación ante el terrible impacto en su imagen a causa de las denuncias.
Sin embargo, lejos estamos aún de que impere la legislación vigente y la justicia y que se erradique el trabajo esclavo en la ciudad y en el país.
Más de 25.000 costureros aún son reducidos a la servidumbre en 3000 talleres, agrupados fundamentalmente en la zona sudoeste de la Ciudad. En la provincia, el panorama es mucho peor y alli más de 150.000 costureros son esclavizados en los 15 mil talleres que se encuentran desparramados por el conurbano.
Todos los días por las fronteras de Villazón y Yacuiba vienen engañados cientos de hermanos bolivianos para luego ser reducidos a la esclavitud no sólo en la industria textil. De este proceso de trata y tráfico participan de modo cómplice empresas de transporte, medios de comunicación que publicitan avisos engañosos, gendarmes que se hacen los distraídos, comisarias que recaudan y cuerpos inspectivos que no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos.
Pese a que la ley de trabajo a domicilio establece la solidaridad directa entre fabricantes y talleristas por las condiciones en que se desarrolla la producción, sólo un fabricante fue procesado y llevado al banquillo de los acusados por el juez Federal Torres. La abrumadora mayoría de las grandes marcas denunciadas incluso por la Defensoría y el Gobierno de la Ciudad, continúan impunemente valiéndose de la miseria y vulnerabilidad de la población migrante para maximizar sus ganancias de modo brutal.
El año pasado las marcas se jactaron de haber facturado 6000 millones de pesos, 80 % de los cuales fue obtenido desde el infierno de los talleres clandestinos y un 20 % desde las pocas fábricas registradas donde el salario del costurero es uno de los más bajos de la industria junto con el de peón rural.
Lejos estamos de haber alcanzado la justicia para las víctimas de Luis Viale y de haber erradicado las causas que le dieron origen.
Desde que asumió Macri el gobierno de la Ciudad, de un modo deliberado se ha dejado de denunciar a las marcas que usan talleres clandestinos como establece la ley 12.713. Deliberadamente se ocultan etiquetas y pruebas y se omite denunciar ante la justicia a los principales beneficiarios del trabajo esclavo. Las marcas volvieron a sentirse impunes y volvieron a la carga con los talleres clandestinos, deteniendo el proceso de crecimiento en el trabajo registado que había comenzado a desarrollarse meses atrás. Y hasta a Macri le parece «natural» que su novia base su producción en talleres esclavos diseminados y denunciados en capital y provincia. Cada tanto hacen inspecciones y clausuras rimbonbantes para hacer maquillaje estadístico, pero nunca encuentran a las marcas que están detrás de esa infernal explotación. En la procuración de la Ciudad se apilan masivamente los informes de trabajo la explotación ilegal de indocumentados en muchos talleres de la ciudad. No obstante, sólo un puñado de casos es denunciado ante los juzgados federales y cuidando siempre que sólo quede marcado un perejil y escondida la marca beneficiaria.
Al centenar de marcas denunciadas ante juzgados federales, nunca se las señaló en la página oficial del Ministerio de Trabajo como se hace en Brasil, ni se las sancionó económicamente por sus pésimas prácticas. Tampoco las molestó la Afip a pesar de la obvia evasión impositiva en importantes tramos de su cadena de valor.
El listado de decenas de talleres esclavos que trabajaban para grandes marcas en Provincia, nunca fue inspeccionado o allanado, salvo cuando ya eran un escándalo mediático inevitable.
Sin duda , desde aquel trágico incendio a la fecha hemos avanzado algunos pasos, pero el camino a recorrer aún es largo y la justicia para las víctimas no llegó ni en esa causa puntual, ni en la erradicación del trabajo esclavo y la dignificación de los costureros.
Por la memoria de los costureros de Luis Viale y la de todos aquellos costureros que han perdido su vida en el infierno del trabajo esclavo. Por la justicia y la condena a los responsables de aquella tragedia y de todas las marcas que usan y se benefician con el trabajo esclavo. Nos concentramos este martes 30 de marzo a las 19 hs frente al taller de Luis Viale.
Hablaran sobrevivientes de aquella tragedia, delegados costureros de fábrica, ex victimas de trata en talleres clandestinos y miembros de la Alameda. Los esperamos.
Contacto:
Gustavo Vera 1561584835 (Alameda)
Ezequiel Conde 1536543195 (Unión de Trabajadores Costureros)
3 AÑOS SIN FUENTEALBA: MARCHA EN NEUQUÉN
El Bolsón (ANPP).- Un acto y una marcha a 3 años del cobarde asesinato del docente Carlos Fuentealba son el motivo de la convocatoria que la Comisión Carlos Presente (CoCaPre) junto a otras organizaciones sociales hacen para el domingo 4 de abril, a las 18, en el monumento a San Martín, en la ciudad de Neuquén.
En esa fecha, pero en 2007, la policía neuquina bajo la orden política del gobernador de entonces, el derechista Jorge Sobisch, fusiló a Carlos Fuentealba en la localidad de Arroyito, durante la represión a una protesta del gremio docente.
En el acto de este domingo habrá un cierre artístico, en el que estarán presentes los grupos Pachamama y Otro Puerto, y el solista mexicano Francisco “Paco” Barrios. "Convocamos también a desarrollar distintas iniciativas en cada ciudad, cada pueblo, cada institución popular de nuestro país", ampliaron desde la CoCaPre.
"Por ello seguimos adelante en nuestro accionar por justicia completa, no basta con la condena del policía fusilador, también hubo responsables políticos y policiales cómplices ese 4 de abril, en primer lugar el ex gobernador Sobisch, que deben ir a juicio y a la cárcel."
Citando al maestro y filósofo brasileño Paulo Freire, los convocantes sostuvieron que "la educación debe ser un instrumento para la liberación de nuestros pueblos",y agregaron: "también es imprescindible la lucha por sostener la memoria activa, la verdad y la justicia. Carlos Fuentealba fue un modelo de docente comprometido con las/los estudiantes, afectados por la dura realidad social y económica que vivían y viven, y reivindicamos su tarea y su rol como docente".
Contacto: Comisión Carlos Presente (0299) 459-2260
Fuente: agencia Walsh.
En esa fecha, pero en 2007, la policía neuquina bajo la orden política del gobernador de entonces, el derechista Jorge Sobisch, fusiló a Carlos Fuentealba en la localidad de Arroyito, durante la represión a una protesta del gremio docente.
En el acto de este domingo habrá un cierre artístico, en el que estarán presentes los grupos Pachamama y Otro Puerto, y el solista mexicano Francisco “Paco” Barrios. "Convocamos también a desarrollar distintas iniciativas en cada ciudad, cada pueblo, cada institución popular de nuestro país", ampliaron desde la CoCaPre.
"Por ello seguimos adelante en nuestro accionar por justicia completa, no basta con la condena del policía fusilador, también hubo responsables políticos y policiales cómplices ese 4 de abril, en primer lugar el ex gobernador Sobisch, que deben ir a juicio y a la cárcel."
Citando al maestro y filósofo brasileño Paulo Freire, los convocantes sostuvieron que "la educación debe ser un instrumento para la liberación de nuestros pueblos",y agregaron: "también es imprescindible la lucha por sostener la memoria activa, la verdad y la justicia. Carlos Fuentealba fue un modelo de docente comprometido con las/los estudiantes, afectados por la dura realidad social y económica que vivían y viven, y reivindicamos su tarea y su rol como docente".
Contacto: Comisión Carlos Presente (0299) 459-2260
Fuente: agencia Walsh.
COMUNICADO: CONVOCATORIA POR FUENTEALBA
Neuquén (Comisión Carlos Presente).- El 4 de abril se cumplen 3 años del asesinato de Carlos Fuentealba. La causa Fuentealba 1, en la que se imputa Poblete (el autor material del disparo), terminó con la condena a cadena perpetua del policía. En cambio, la causa por la responsabilidad políca o mediata del fusilamiento imputa tan sólo a los funcionarios menores (jefes de policía, de los escuadrones especiales y secretario de seguridad).
La justicia se viene negando a imputar a Sobisch, quien reconoció (y reivindicó públicamente las órdenes impartidas la noche anterior a la represión. La causa Fuentealba 2 se encuentra en este momento paralizada. Es esta la causa que necesitamos movilizar. Si les interesa dar una mano, lean la propuesta de la Cocapre:
Carlos Fuentealba fue asesinado en plena democracia, durante el gobierno de Sobisch.
Le dispararon a la cabeza.
El responsable político de ese crimen aún está suelto. Se mueve con total impunidad, como tantos genocidas.
La presión social es lo único que fuerza a la justicia a moverse.
Cada militante es el motor. TU CARTA ES EL MOTOR.
Enviá un escrito de puño y letra, firmado con tu nombre y DNI, pidiendo JUSTICIA a los jueces y fiscales de Neuquén.
No importa dónde estés, tu carta es el motor.
EL TEXTO DEBE DECIR: Yo (tu nombre y DNI) pido que se profundice la investigación y se haga lugar a lo solicitado por la querella en el caso CARLOS FUENTEALBA II. Investiguen al ex gobernador SOBISCH.
Podés mandar tu carta a cualquiera de estas personas o a las dos, mejor.
SOBRE 1: Dr. Guillermo Labate, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén.
Alberdi 52. Neuquén (8300) Argentina.
SOBRE 2: Dr. Alberto Mario Tribug, Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén.
Rivadavia 205/211. Neuqu駭 (8300) Argentina.
Si cada uno/a de nosotros/as se compromete con esta pequeña acción, podremos hacer llegar miles y miles de cartas.
LOS JUECES NO PODRÁN OCULTARLAS.
TENDRÁN QUE HACER JUSTICIA.
POR ESO TE PEDIMOS CARTAS ESCRITAS EN PAPEL Y ENVIADAS POR CORREO TRADICIONAL.
UN ÚLTIMO PEDIDO: TRATÁ DE ENVIARLAS ANTES DEL 4 DE ABRIL, FECHA DEL TERCER ANIVERSARIO.
MUCHAS GRACIAS POR SER PARTE DE ESTA LUCHA
La justicia se viene negando a imputar a Sobisch, quien reconoció (y reivindicó públicamente las órdenes impartidas la noche anterior a la represión. La causa Fuentealba 2 se encuentra en este momento paralizada. Es esta la causa que necesitamos movilizar. Si les interesa dar una mano, lean la propuesta de la Cocapre:
Carlos Fuentealba fue asesinado en plena democracia, durante el gobierno de Sobisch.
Le dispararon a la cabeza.
El responsable político de ese crimen aún está suelto. Se mueve con total impunidad, como tantos genocidas.
La presión social es lo único que fuerza a la justicia a moverse.
Cada militante es el motor. TU CARTA ES EL MOTOR.
Enviá un escrito de puño y letra, firmado con tu nombre y DNI, pidiendo JUSTICIA a los jueces y fiscales de Neuquén.
No importa dónde estés, tu carta es el motor.
EL TEXTO DEBE DECIR: Yo (tu nombre y DNI) pido que se profundice la investigación y se haga lugar a lo solicitado por la querella en el caso CARLOS FUENTEALBA II. Investiguen al ex gobernador SOBISCH.
Podés mandar tu carta a cualquiera de estas personas o a las dos, mejor.
SOBRE 1: Dr. Guillermo Labate, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén.
Alberdi 52. Neuquén (8300) Argentina.
SOBRE 2: Dr. Alberto Mario Tribug, Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén.
Rivadavia 205/211. Neuqu駭 (8300) Argentina.
Si cada uno/a de nosotros/as se compromete con esta pequeña acción, podremos hacer llegar miles y miles de cartas.
LOS JUECES NO PODRÁN OCULTARLAS.
TENDRÁN QUE HACER JUSTICIA.
POR ESO TE PEDIMOS CARTAS ESCRITAS EN PAPEL Y ENVIADAS POR CORREO TRADICIONAL.
UN ÚLTIMO PEDIDO: TRATÁ DE ENVIARLAS ANTES DEL 4 DE ABRIL, FECHA DEL TERCER ANIVERSARIO.
MUCHAS GRACIAS POR SER PARTE DE ESTA LUCHA
MUESTRA FOTOGRÁFICA EN EL FOYEL
El Bolsón (ANPP).- Una muestra de fotos sobre el cacique Foyel y otros integrantes de las comunidades mapuches de hace una centuria puede visitarse gratis en El Viejo Almacén, sobre el acceso sur al paraje El Foyel, en la vera de la ruta nacional 40.
Se trata de reproducciones en papel fotográfico de imágenes que integran el Archivo General de la Nación.
Se trata de reproducciones en papel fotográfico de imágenes que integran el Archivo General de la Nación.
TALLER LITERARIO EN EL BOLSÓN
El Bolsón (ANPP).- Todos los martes, en la biblioteca popular Sarmiento (San Martín y Pueblo Mapuche, El Bolsón) se desarrollá un nuevo ciclo del taller literario "Rondantes".
Los interesados en participar de este espacio artístico gratuito dirigido a todas las edades pueden acercarse a la biblioteca los martes a las 17.
Los interesados en participar de este espacio artístico gratuito dirigido a todas las edades pueden acercarse a la biblioteca los martes a las 17.
PARA FRENAR LA CONTAMINACION
Durante tres días, asambleas ciudadanas de las distintas provincias se reúnen en Chubut para articular acciones contra las actividades extractivas. El objetivo es alertar sobre los efectos de la megaminería, las pasteras y las fumigaciones.
Por Darío Aranda
Esquel (Página 12).- La Asamblea de Esquel fue un freno en el avance de las empresas mineras y un paso adelante en la organización de comunidades que cuestionan la extracción de recursos naturales. En marzo de 2003, mediante un plebiscito en la ciudad, allí se determinó que el 81 por ciento de la población rechazaba la instalación de un yacimiento a cielo abierto frente a la ciudad. A siete años de aquella votación, medio centenar de organizaciones de una decena de provincias se congregan en el XII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación nacional donde confluyen los pueblos que luchan contra la megaminería, las comunidades (rurales y urbanas) que padecen las pasteras y las fumigaciones y las organizaciones que denuncian la contaminación urbano-industrial. La judicialización de la protesta, la represión a los asambleístas y la avanzada empresarial sobre la forma de vida ancestral de los poblados son algunos de los ejes de tres días de trabajo colectivo. Las UAC son un espacio inédito, diverso y autónomo, donde se debaten buena parte de las estrategias y luchas que se desarrollan en el país contra las industrias extractivas.
Desde el jueves y hasta ayer a última hora, durante todo el día, llegaron hasta la Escuela 713 representantes de las más diversas edades y perfiles. Maestras, amas de casa, empleados administrativos, cooperativistas, indígenas, desocupados, profesionales varios, abogados, jubilados, militantes.
“Sean todos bienvenidos a Esquel, un pueblo con dignidad”, fue la frase que abrió la XII UAC. El patio de la escuela anfitriona estaba tapizado con banderas de consignas explícitas. “Contra el saqueo y la contaminación.” “Los glaciares no se tocan.” “Sí a la vida, no a las papeleras.” “No a la criminalización de la protesta.” Y, por múltiples lugares, la clásica frase: “No a la mina”. Los asambleístas de Gualeguaychú (Entre Ríos) fueron de los primeros en tomar la palabra, agradecieron a los anfitriones y recordaron cuál fue el germen contra la pastera Botnia: “Para nosotros, en nuestra lucha contra las papeleras, Esquel fue la referencia a seguir en la lucha ambiental”.
Entre los objetivos del encuentro está profundizar acciones en las diferentes problemáticas socioambientales de cada región, su vinculación y comprender que todas están fundadas en un mismo modelo político y económico de desarrollo. El encuentro de las UAC consiste en trabajo en comisiones, puestas en común y plenarios de consensos. Cada comisión está integrada por una decena de personas que abarcan dos grandes ejes: agua y territorio y desarrollo y descolonización. Y al mismo tiempo están presentes los temas ya clásicos: minería, conflictos urbanos, legales y agrotóxicos. El domingo será el plenario final, de consensos y acciones hasta la próxima UAC.
En las jornadas de trabajo no estará ausente la situación de la ciudad de Andalgalá (Catamarca), que en febrero último sufrió una dura represión y, el último jueves, tres de sus integrantes fueron nuevamente detenidos por su militancia contra la instalación del megaproyecto Agua Rica. La criminalización y la represión de la protesta –que se repite, en distinta magnitud, en casi todas las comunidad movilizadas– también estarán presentes en cada grupo de trabajo y los plenarios.
“Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos”, es una de las certezas que guía el accionar de las UAC, que denuncian por igual el papel del sector privado y de los gobiernos (tanto nacional, como provinciales y municipales). También apunta al rol que desempeña la Justicia –procesando a quienes bloquean caminos– y a la policía, que “efectiviza con mano dura y garrote fácil” los cortes de ruta.
Un reclamo histórico de las UAC es, desde sus primeros encuentros, la derogación de leyes mineras, aprobadas durante el menemismo y sostenidas hasta la actualidad. Las empresas aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento (literalmente el propio Estado se prohíbe la explotación de sus minerales). Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta) ni tasas para la importación.
“Tiene legislación especial para ingresos brutos, patentes, sellos y habilitaciones”, explican desde Esquel. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias. Gozan de estabilidad fiscal por treinta años. Esto es: cualquier modificación –ejemplo: impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001– no los afecta. “Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar sólo contaminación, destrucción y saqueo”, explicaron.
La Unión de Asambleas Ciudadanas es desde hace cinco años un espacio novedoso de articulación de la lucha por los bienes naturales y la autodeterminación de las comunidades. Aunque sus acciones tienen directa relación con el medio ambiente, están lejos de ser espacios simplemente ecologistas, sino que entienden la contaminación como resultante de modelos extractivos continentales, con profundas raíces políticas y económicas y con impactos negativos directos en la salud, el trabajo y la vida de las comunidades.
Por Darío Aranda
Esquel (Página 12).- La Asamblea de Esquel fue un freno en el avance de las empresas mineras y un paso adelante en la organización de comunidades que cuestionan la extracción de recursos naturales. En marzo de 2003, mediante un plebiscito en la ciudad, allí se determinó que el 81 por ciento de la población rechazaba la instalación de un yacimiento a cielo abierto frente a la ciudad. A siete años de aquella votación, medio centenar de organizaciones de una decena de provincias se congregan en el XII Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación nacional donde confluyen los pueblos que luchan contra la megaminería, las comunidades (rurales y urbanas) que padecen las pasteras y las fumigaciones y las organizaciones que denuncian la contaminación urbano-industrial. La judicialización de la protesta, la represión a los asambleístas y la avanzada empresarial sobre la forma de vida ancestral de los poblados son algunos de los ejes de tres días de trabajo colectivo. Las UAC son un espacio inédito, diverso y autónomo, donde se debaten buena parte de las estrategias y luchas que se desarrollan en el país contra las industrias extractivas.
Desde el jueves y hasta ayer a última hora, durante todo el día, llegaron hasta la Escuela 713 representantes de las más diversas edades y perfiles. Maestras, amas de casa, empleados administrativos, cooperativistas, indígenas, desocupados, profesionales varios, abogados, jubilados, militantes.
“Sean todos bienvenidos a Esquel, un pueblo con dignidad”, fue la frase que abrió la XII UAC. El patio de la escuela anfitriona estaba tapizado con banderas de consignas explícitas. “Contra el saqueo y la contaminación.” “Los glaciares no se tocan.” “Sí a la vida, no a las papeleras.” “No a la criminalización de la protesta.” Y, por múltiples lugares, la clásica frase: “No a la mina”. Los asambleístas de Gualeguaychú (Entre Ríos) fueron de los primeros en tomar la palabra, agradecieron a los anfitriones y recordaron cuál fue el germen contra la pastera Botnia: “Para nosotros, en nuestra lucha contra las papeleras, Esquel fue la referencia a seguir en la lucha ambiental”.
Entre los objetivos del encuentro está profundizar acciones en las diferentes problemáticas socioambientales de cada región, su vinculación y comprender que todas están fundadas en un mismo modelo político y económico de desarrollo. El encuentro de las UAC consiste en trabajo en comisiones, puestas en común y plenarios de consensos. Cada comisión está integrada por una decena de personas que abarcan dos grandes ejes: agua y territorio y desarrollo y descolonización. Y al mismo tiempo están presentes los temas ya clásicos: minería, conflictos urbanos, legales y agrotóxicos. El domingo será el plenario final, de consensos y acciones hasta la próxima UAC.
En las jornadas de trabajo no estará ausente la situación de la ciudad de Andalgalá (Catamarca), que en febrero último sufrió una dura represión y, el último jueves, tres de sus integrantes fueron nuevamente detenidos por su militancia contra la instalación del megaproyecto Agua Rica. La criminalización y la represión de la protesta –que se repite, en distinta magnitud, en casi todas las comunidad movilizadas– también estarán presentes en cada grupo de trabajo y los plenarios.
“Minería a gran escala, agronegocios y pasteras forman parte de un mismo modelo extractivo y contaminante, fomentado por empresas y gobiernos”, es una de las certezas que guía el accionar de las UAC, que denuncian por igual el papel del sector privado y de los gobiernos (tanto nacional, como provinciales y municipales). También apunta al rol que desempeña la Justicia –procesando a quienes bloquean caminos– y a la policía, que “efectiviza con mano dura y garrote fácil” los cortes de ruta.
Un reclamo histórico de las UAC es, desde sus primeros encuentros, la derogación de leyes mineras, aprobadas durante el menemismo y sostenidas hasta la actualidad. Las empresas aprovechan a rajatabla el Código Minero Argentino, por el cual el Estado (nacional, provincial o municipal) tiene prohibido explotar por sí solo cualquier yacimiento (literalmente el propio Estado se prohíbe la explotación de sus minerales). Las compañías mineras no tienen retención a la exportación, no deben liquidar divisas (no ingresa el dinero de sus ventas al país, todo se dirige al exterior), no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta) ni tasas para la importación.
“Tiene legislación especial para ingresos brutos, patentes, sellos y habilitaciones”, explican desde Esquel. No pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias. Gozan de estabilidad fiscal por treinta años. Esto es: cualquier modificación –ejemplo: impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001– no los afecta. “Existe toda una estructura jurídica que les garantiza a las compañías llevarse todo y dejar sólo contaminación, destrucción y saqueo”, explicaron.
La Unión de Asambleas Ciudadanas es desde hace cinco años un espacio novedoso de articulación de la lucha por los bienes naturales y la autodeterminación de las comunidades. Aunque sus acciones tienen directa relación con el medio ambiente, están lejos de ser espacios simplemente ecologistas, sino que entienden la contaminación como resultante de modelos extractivos continentales, con profundas raíces políticas y económicas y con impactos negativos directos en la salud, el trabajo y la vida de las comunidades.
CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO
Minería, basurales a cielo abierto, agroquímicos, contaminación fueron algunos de los negocios criticados por sus costos humanos. Y también el silencio que logran tejer en provincias enteras con su poder económico.
Por Darío Aranda
Esquel (Página 12).- Rechazar el modelo extractivo fue el centro del nuevo Encuentro de Asambleas Ciudadanas, que reunió organizaciones sociales y activistas de todo el país. Minería a gran escala, basurales a cielo abierto, monocultivos industriales, agrocombustibles, contaminación de recursos hídricos, represas, plantas de celulosa, agroquímicos, contaminación industrial urbana, fueron algunos de los negocios criticados. Es que “privilegiar los negocios por sobre la vida no sólo tiene sus costos ambientales, también tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias”
La larga lista de ejemplos concretos que se manejó en este encuentro va del alud de Tartagal a la muerte de indígenas desnutridos en Chaco, pasando por el desmonte masivo en Santiago del Estero, la sequía atroz de Córdoba, los niños fumigados de Santa Fe, la expulsión violenta de campesinos e indígenas y la pérdida de soberanía alimentaria.
En el Valle de Punilla, una de las clásicas zonas de turismo en Córdoba, nació hace cuatro años la Asamblea Ongamira Despierta. Había circulado la noticia de que una compañía internacional estaba avanzando con cateos para extraer oro. Con el antecedente fresco de Esquel, los vecinos se organizaron y comenzaron las movilizaciones, denuncias y reclamos al municipio y la provincia. Una decena de pueblos cercanos, de entre cinco y quince mil habitantes, veían peligrar su forma de vida, con el agravante de que el yacimiento estaba cerca de nacientes hídricas. La movilización fue tan grande que la legislatura tuvo que prohibir la minería metalífera en toda la provincia. Fue el primer triunfo de la Asamblea, en septiembre de 2008. “Insistimos en que el modelo de extracción y contaminación es uno, con varios rostros, pero es un solo modelo”, machaca una y otra vez Titina Romero, de Villa Giardino, 67 años, jubilada, porteña de nacimiento, cordobesa por adopción.
Como para demostrarlo, está el problema también cordobés de la capital provincial. Desde hace dos años, los asambleístas de Córdoba resisten la instalación de un enorme basural que el gobierno local pretende abrir en La Falda, zona también turística y con nacientes de ríos. Hasta ahora, la basura de Córdoba Capital se lleva al gigantesco basurero en Bower, en las afueras. En los últimos veinte años se construyeron verdaderas montañas y por las denuncias y la movilización de los vecinos la Justicia determinó que este 31 de marzo el basural debe cerrarse. El gobierno de Córdoba está en cuenta regresiva. Romero propone que en lugar de inundar una comunidad con basura se debata cómo reducir los desechos y cómo reciclar. Pone como referencia a Villa Giardino, donde ya se recicla el 30 por ciento de los desechos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) cuenta con una comisión permanente de “legales” y con una Red de Asistencia Jurídica (Redaj). Romina Tello Cortez integra ambos espacios, detalla que se crearon por necesidad ante las persecuciones judiciales de los asambleístas y no duda: “Existe una criminalización constante de la lucha de las asambleas”. Afirma que en todas las provincias se repite la misma metodología. Cuando comienzan los cortes de ruta, fiscales y funcionarios hacen el trabajo sucio: presentan denuncias penales y amenazan con la cárcel. “Cuando observan que la resistencia sigue firme, viene la represión”, señala y ofrece como muestra lo sucedido en Andalgalá en febrero, con una decena de presos y una veintena de heridos.
Federico Zini tiene 23 años, estudia seguridad e higiene laboral, atiende un kiosco y milita en la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo. En tiempos donde mucho se debate la ley de medios audiovisuales, tiene una certeza poco conocida fuera de Cuyo. “En San Juan ningún medio masivo puede criticar la minería. Las radios, los diarios y los canales de televisión parecen manejados por las empresas mineras y, claro, el gobierno provincial, que pareciera empleado de empresas como Barrick Gold.” Dos anécdotas grafican la incomunicación. Todos los martes, desde hace cinco años, la Asamblea se reúne en la plaza principal de la provincia (25 de Mayo). Sin importar la concurrencia, jamás un medio masivo de San Juan dio cuenta de su existencia, ni para criticarlos. Segunda anécdota: el 7 de junio de 2009, el gobierno de San Juan prohibió la venta de una revista dominical que se entrega con los principales diarios de la región. La publicación (llamada Rumbos, de Editorial La Nación) contenía un artículo crítico a la minería. La increíble censura, reconocida incluso por el mismo gobernador José Luis Gioja, consistió en secuestrar (literalmente) todas las revistas antes de su distribución.
Por Darío Aranda
Esquel (Página 12).- Rechazar el modelo extractivo fue el centro del nuevo Encuentro de Asambleas Ciudadanas, que reunió organizaciones sociales y activistas de todo el país. Minería a gran escala, basurales a cielo abierto, monocultivos industriales, agrocombustibles, contaminación de recursos hídricos, represas, plantas de celulosa, agroquímicos, contaminación industrial urbana, fueron algunos de los negocios criticados. Es que “privilegiar los negocios por sobre la vida no sólo tiene sus costos ambientales, también tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias”
La larga lista de ejemplos concretos que se manejó en este encuentro va del alud de Tartagal a la muerte de indígenas desnutridos en Chaco, pasando por el desmonte masivo en Santiago del Estero, la sequía atroz de Córdoba, los niños fumigados de Santa Fe, la expulsión violenta de campesinos e indígenas y la pérdida de soberanía alimentaria.
En el Valle de Punilla, una de las clásicas zonas de turismo en Córdoba, nació hace cuatro años la Asamblea Ongamira Despierta. Había circulado la noticia de que una compañía internacional estaba avanzando con cateos para extraer oro. Con el antecedente fresco de Esquel, los vecinos se organizaron y comenzaron las movilizaciones, denuncias y reclamos al municipio y la provincia. Una decena de pueblos cercanos, de entre cinco y quince mil habitantes, veían peligrar su forma de vida, con el agravante de que el yacimiento estaba cerca de nacientes hídricas. La movilización fue tan grande que la legislatura tuvo que prohibir la minería metalífera en toda la provincia. Fue el primer triunfo de la Asamblea, en septiembre de 2008. “Insistimos en que el modelo de extracción y contaminación es uno, con varios rostros, pero es un solo modelo”, machaca una y otra vez Titina Romero, de Villa Giardino, 67 años, jubilada, porteña de nacimiento, cordobesa por adopción.
Como para demostrarlo, está el problema también cordobés de la capital provincial. Desde hace dos años, los asambleístas de Córdoba resisten la instalación de un enorme basural que el gobierno local pretende abrir en La Falda, zona también turística y con nacientes de ríos. Hasta ahora, la basura de Córdoba Capital se lleva al gigantesco basurero en Bower, en las afueras. En los últimos veinte años se construyeron verdaderas montañas y por las denuncias y la movilización de los vecinos la Justicia determinó que este 31 de marzo el basural debe cerrarse. El gobierno de Córdoba está en cuenta regresiva. Romero propone que en lugar de inundar una comunidad con basura se debata cómo reducir los desechos y cómo reciclar. Pone como referencia a Villa Giardino, donde ya se recicla el 30 por ciento de los desechos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) cuenta con una comisión permanente de “legales” y con una Red de Asistencia Jurídica (Redaj). Romina Tello Cortez integra ambos espacios, detalla que se crearon por necesidad ante las persecuciones judiciales de los asambleístas y no duda: “Existe una criminalización constante de la lucha de las asambleas”. Afirma que en todas las provincias se repite la misma metodología. Cuando comienzan los cortes de ruta, fiscales y funcionarios hacen el trabajo sucio: presentan denuncias penales y amenazan con la cárcel. “Cuando observan que la resistencia sigue firme, viene la represión”, señala y ofrece como muestra lo sucedido en Andalgalá en febrero, con una decena de presos y una veintena de heridos.
Federico Zini tiene 23 años, estudia seguridad e higiene laboral, atiende un kiosco y milita en la Asamblea Sanjuanina Contra la Contaminación y el Saqueo. En tiempos donde mucho se debate la ley de medios audiovisuales, tiene una certeza poco conocida fuera de Cuyo. “En San Juan ningún medio masivo puede criticar la minería. Las radios, los diarios y los canales de televisión parecen manejados por las empresas mineras y, claro, el gobierno provincial, que pareciera empleado de empresas como Barrick Gold.” Dos anécdotas grafican la incomunicación. Todos los martes, desde hace cinco años, la Asamblea se reúne en la plaza principal de la provincia (25 de Mayo). Sin importar la concurrencia, jamás un medio masivo de San Juan dio cuenta de su existencia, ni para criticarlos. Segunda anécdota: el 7 de junio de 2009, el gobierno de San Juan prohibió la venta de una revista dominical que se entrega con los principales diarios de la región. La publicación (llamada Rumbos, de Editorial La Nación) contenía un artículo crítico a la minería. La increíble censura, reconocida incluso por el mismo gobernador José Luis Gioja, consistió en secuestrar (literalmente) todas las revistas antes de su distribución.
lunes, 29 de marzo de 2010
COMUNICADO:ROSARIO, ULTRAJAN CENTRO POR LA MEMORIA
Los organismos de Derechos Humanos integrantes de la C.D. del Centro Popular de la Memoria, sito en Dorrego y San Lorenzo, denunciamos:
Los organismos de Derechos Humanos integrantes de la C.D. del Centro Popular de la Memoria, sito en Dorrego y San Lorenzo, donde funcionara el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición perteneciente al servicio de informaciones de la policía de la Provincia de Santa Fe, denunciamos con profunda preocupación, que nuevamente ha sido ultrajado este lugar histórico tan emblemático para nuestra ciudad. Esta nueva provocación ofende la memoria de nuestros queridos familiares y compañeros Desaparecidos por la sangrienta dictadura militar, a los sobrevivientes y a las organizaciones del campo popular que durante 34 años luchamos
inclaudicablemente por verdad y justicia. Este aberrante hecho, a dos días del 24 de marzo, y a poco tiempo de iniciarse en nuestra ciudad la mega "causa Feced" ahora caratulada "causa Diaz, Bessone", expresa claramente el pensamiento y el accionar terrorista de estos grupos que siguen actuando con total impunidad. Hechos graves como el que denunciamos se vienen sucediendo en las distintas provincias de nuestro País. Hemos realizado la denuncia pertinente para su investigación y el pedido concreto a las autoridades provinciales que arbitren las medidas correspondientes a los fines de resguardar este lugar que representa la trágica historia que nos tocó vivir.
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
MADRES DE LA PLAZA 25 DE MAYO
MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANO
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE ROSARIO
A.M.S.A.F.E. ROSARIO
A.T.E. ROSARIO
C.O.A.D. ROSARIO
SITRATEL
TESTIGOS-QUERELLANTES-SOBREVIVIENTES-EX PRESOS POLÍTICOS
Los organismos de Derechos Humanos integrantes de la C.D. del Centro Popular de la Memoria, sito en Dorrego y San Lorenzo, donde funcionara el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición perteneciente al servicio de informaciones de la policía de la Provincia de Santa Fe, denunciamos con profunda preocupación, que nuevamente ha sido ultrajado este lugar histórico tan emblemático para nuestra ciudad. Esta nueva provocación ofende la memoria de nuestros queridos familiares y compañeros Desaparecidos por la sangrienta dictadura militar, a los sobrevivientes y a las organizaciones del campo popular que durante 34 años luchamos
inclaudicablemente por verdad y justicia. Este aberrante hecho, a dos días del 24 de marzo, y a poco tiempo de iniciarse en nuestra ciudad la mega "causa Feced" ahora caratulada "causa Diaz, Bessone", expresa claramente el pensamiento y el accionar terrorista de estos grupos que siguen actuando con total impunidad. Hechos graves como el que denunciamos se vienen sucediendo en las distintas provincias de nuestro País. Hemos realizado la denuncia pertinente para su investigación y el pedido concreto a las autoridades provinciales que arbitren las medidas correspondientes a los fines de resguardar este lugar que representa la trágica historia que nos tocó vivir.
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLÍTICAS
MADRES DE LA PLAZA 25 DE MAYO
MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS DERECHOS HUMANO
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE ROSARIO
A.M.S.A.F.E. ROSARIO
A.T.E. ROSARIO
C.O.A.D. ROSARIO
SITRATEL
TESTIGOS-QUERELLANTES-SOBREVIVIENTES-EX PRESOS POLÍTICOS
GOBIERNO ARGENTINO APELARÁ FALLO QUEINHABILITA LA LEY DE MEDIOS
(Pulsar).-El Gobierno de Argentina anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que suspende la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre de 2009.
La Cámara Federal de Mendoza ratificó este jueves el fallo en primera instancia de la jueza Olga Pura de Arrabal, quien dispuso el 21 de diciembre pasado la suspensión de la Ley de Medios como medida cautelar.
La jueza Pura de Arrabal dictó su sentencia a partir de la demanda del diputado federal, Enrique Thomas, quién señaló que durante el debate y aprobación de la Ley de Medios hubo "vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional".
La presidenta, Cristina Fernández, y el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, señalaron que irán a la Corte Suprema para apelar el fallo.
Mariotto señaló que "hay grupos concentrados que no quieren una ley de la democracia". Ello se debe a que la suspensión de la Ley deja en vigencia nuevamente la Ley de Radiodifusión sancionada durante la última dictadura.
Por ello, consideró de "extrema gravedad" la suspensión de la aplicación de la norma. Y señaló que la Cámara utilizó argumentos "tirados de los pelos".
La ley ya fue suspendida por otros jueces federales de primera instancia, pero esta es la primera vez que una Cámara resuelve sobre el tema. Por eso, en adelante deberá pronunciarse la Corte Suprema.
Con la decisión de la jueza Pura de Arrabal, ya son cinco los fallos en contra de la ley, uno de ellos promovido por el Grupo Clarín.
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