Esquel (Puerta E).- María Millacura espera que, de esa manera, los medios de comunicación se hagan eco de su reclamo de Justicia. El 2 de octubre pasado se cumplieron seis años de la detención, secuestro y desaparición del joven comodorense. “Nadie me dio una respuesta, es todo una masa de mentiras, engaños y falsedades”, afirmó.
María Millacura ya no siente dolor. Tiene rabia, mucha rabia, toda la rabia que puede caber en una madre que pasó los últimos seis años golpeando cientos de puertas, implorando, reclamando, exigiendo que le devuelvan a su hijo, pero que se lo devuelvan con vida, que se lo devuelvan como se lo llevaron.
En estos 72 meses María hizo de todo: recurrió a los medios, organizó marchas, movilizaciones y, en tres oportunidades, estuvo viviendo en la seccional primera de Comodoro Rivadavia donde Iván Torres, su hijo de 25 años, fue visto por última vez.
En marzo de 2008, María volvió a dejar su casa para mudarse a la comisaría. Se instaló en los pasillos, adentro de una caja de cartón, y pasó allí los últimos 19 meses.
Pero no pasó nada. Iván sigue sin aparecer. Ya casi nadie habla del tema, pero María no descansa y delinea nuevas formas de hacer visible su reclamo.
“Pienso encadenarme en la Casa de Gobierno de la Provincia y en la Nación”, adelantó María, la semana pasada, en una charla que mantuvo con los conductores del programa “Señal de Ajuste”, que se emite por Radio Disco (107.1) de Esquel.
“Estoy esperando que pase un poquito el frío pero yo me voy a encadenar, así puede ser que los medios puedan sacar el tema un poco más”, completó.
El 2 de octubre pasado se cumplieron seis años de la detención, secuestro y desaparición forzada de Iván Torres. María recuerda que cuando el actual gobernador Mario Das Neves asumió su primer mandato la visitó en la comisaría.
“Yo estaba por primera vez asentada en la Primera y me fue a decir que él no iba a tener policías corruptos, que el caso de mi hijo se iba a resolver”, dice la mujer, tras lo cual aclara: “pero ya de esto pasaron seis años y todavía él no ha resuelto nada, ni me quiere hablar; hace tres años él me dio vuelta la cara y no me quiere hablar y de la provincia ninguno me quiere hablar”.
María cree que en este país no existe una verdadera defensa de los derechos humanos. “Nadie me dio una respuesta, es todo una masa de mentiras, engaños y falsedades”, afirma la mujer.
En estos seis años, el ánimo de María fue cambiando: “Ya la angustia la superé, lo que ahora me queda es una rabia que me siento como una leona que ruge en la selva, porque yo no voy a dejar a Iván desaparecido, yo voy a luchar para que a mi hijo me lo devuelvan, porque a mi hijo no se lo tragó la tierra”, recalca.
La denuncia por la detención, secuestro y desaparición de Iván Torres fue presentada hace un año ante las Naciones Unidas. María deposita ahora todas sus esperanzas en la Justicia Internacional.
Mientras tanto planea realizar una nueva movilización en noviembre. El pedido de Justicia no tiene que decaer. “No estamos reclamando una calle o una casa, estamos reclamando la vida, que es lo más apreciado en el mundo entero: es la vida de un ser humano, de un joven y hay una mamá que no descansa”, finaliza.
martes, 27 de octubre de 2009
JEFE POLICIAL PAMPEANO VINCULADO CON UN CABARÉ
Santa Rosa, sábado, 24 de octubre de 2009 (El Diario de La Pampa).- La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció otro caso de "complicidad policial" con el negocio de la prostitución en nuestra provincia.
"Acá hay connivencia entre todos los estamentos, no podemos tener una venda en los ojos. Que se encargue la Justicia de investigar, yo no puedo decir que hay políticos detrás de la trata de personas", dijo la dirigente Liliana Abbrate.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció ayer el vínculo comercial entre otro jefe policial y una whiskería: el planteo llegó a oídos del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez, pero todavía no se sabe que haya tomado decisiones.
Liliana Abbrate, dirigente de la APDH, reveló que el subcomisario de Lonquimay tiene relación con la propietaria o regenteadora del cabaré de la localidad de Colonia Barón. Aunque no hizo nombres y apellidos, le apuntó al responsable de la subcomisaría de Lonquimay, Carlos Adrián Alanís.
Lonquimay fue una de las localidades donde las whiskerías, los cabarés y el negocio de la prostitución estuvieron en debate en los últimos días: el Concejo Deliberante impidió que se instalen nuevos comercios de ese tipo, luego de que estallara un escándalo porque una joven santiagueña logró escapar del prostíbulo y contar lo que había sufrido.
Aunque "Good Night" quedó en el centro de la escena, el intendente Luis Rogers respaldó su funcionamiento, considerándolo un lugar "de contención espiritual".
En los días previos había trascendido el caso de Hugo Benvenutto, subjefe de la Unidad Regional I -que pasó a retiro-, quien públicamente se opuso al cierre de whiskerías. Poco después se comprobó que era pariente de la propietaria de un local de ese tipo en General Acha.
Ayer, Liliana Abbrate habló en el programa radial "Plan B Noticias" (FM Sonar 91.3) y recordó que la trata de personas "es un flagelo social que hay en el país, son redes que están circulando, captando jóvenes en todo el país, y nuestra provincia lamentablemente se ha transformado en un lugar donde se explotan algunas jóvenes en situaciones realmente denigrantes para la humanidad".
"Surgen muchos interrogantes. Tenemos indicios, y le hemos planteado en su oportunidad al ministro la inquietud que hicieron llegar respecto de que un funcionario policial, el subcomisario de la localidad de Lonquimay, tiene una relación de pareja con la mujer encargada del cabaré de Colonia Barón", aseveró.
"No es toda la Policía, en este caso es un funcionario. Y es terrible. La cabeza en toda institución es lo más importante y en este caso hay indicios en el sentido de que se promueve la prostitución", insistió.
Abbrate consideró que "lo que debe hacer es intervenir la Justicia, se puede iniciar una actuación de oficio, pero se toma el tema con mucha liviandad aunque es un flagelo social y es importante que todos se hagan eco, porque son jóvenes que son captadas y obligadas a explotar su propia humanidad. Es lo más vil que un ser humano puede hacer con otro".
La dirigente de la APDH insistió en que "ya está informado el ministro de esta situación específica. Supongo que el señor ministro habrá hecho su tarea. No tenemos acceso a eso, pero seguimos con nuestro trabajo de reflexión y concientización. No podemos avalar ni callar esta situación de connivencia entre algunos funcionarios policiales y la prostitución en nuestra provincia".
"Lo que ocurre -agregó- es que también está la situación de que se los utiliza políticamente a estos lugares... Acá hay connivencia entre todos los estamentos, no podemos tener una venda en los ojos. Que se encargue la Justicia de investigar, yo no puedo decir que hay políticos detrás de la trata de personas, pero sí puedo asegurar que hay indicios de connivencia en el caso específico del subcomisario de Lonquimay. Siendo un funcionario policial hay que pregonar con el ejemplo, no se puede pedir que cumplan con la ley si el funcionario es el primero que la transgrede".
"Estamos luchando para que no haya más impunidad -reiteró- en el sentido estricto de la palabra. Se necesita aire fresco, hay que sacar toda la mugre de abajo de la alfombra y que se traten todos los temas. Es lamentable, pero se ha llegado a esta situación porque como sociedad estamos fallando, no nos hacemos cargo de intervenir y denunciar. Estamos obligados a cuidar y proteger a la sociedad, de esa manera se protege a nuestros hijos y nuestros nietos".
Fuente: agencia Walsh.
"Acá hay connivencia entre todos los estamentos, no podemos tener una venda en los ojos. Que se encargue la Justicia de investigar, yo no puedo decir que hay políticos detrás de la trata de personas", dijo la dirigente Liliana Abbrate.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció ayer el vínculo comercial entre otro jefe policial y una whiskería: el planteo llegó a oídos del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez, pero todavía no se sabe que haya tomado decisiones.
Liliana Abbrate, dirigente de la APDH, reveló que el subcomisario de Lonquimay tiene relación con la propietaria o regenteadora del cabaré de la localidad de Colonia Barón. Aunque no hizo nombres y apellidos, le apuntó al responsable de la subcomisaría de Lonquimay, Carlos Adrián Alanís.
Lonquimay fue una de las localidades donde las whiskerías, los cabarés y el negocio de la prostitución estuvieron en debate en los últimos días: el Concejo Deliberante impidió que se instalen nuevos comercios de ese tipo, luego de que estallara un escándalo porque una joven santiagueña logró escapar del prostíbulo y contar lo que había sufrido.
Aunque "Good Night" quedó en el centro de la escena, el intendente Luis Rogers respaldó su funcionamiento, considerándolo un lugar "de contención espiritual".
En los días previos había trascendido el caso de Hugo Benvenutto, subjefe de la Unidad Regional I -que pasó a retiro-, quien públicamente se opuso al cierre de whiskerías. Poco después se comprobó que era pariente de la propietaria de un local de ese tipo en General Acha.
Ayer, Liliana Abbrate habló en el programa radial "Plan B Noticias" (FM Sonar 91.3) y recordó que la trata de personas "es un flagelo social que hay en el país, son redes que están circulando, captando jóvenes en todo el país, y nuestra provincia lamentablemente se ha transformado en un lugar donde se explotan algunas jóvenes en situaciones realmente denigrantes para la humanidad".
"Surgen muchos interrogantes. Tenemos indicios, y le hemos planteado en su oportunidad al ministro la inquietud que hicieron llegar respecto de que un funcionario policial, el subcomisario de la localidad de Lonquimay, tiene una relación de pareja con la mujer encargada del cabaré de Colonia Barón", aseveró.
"No es toda la Policía, en este caso es un funcionario. Y es terrible. La cabeza en toda institución es lo más importante y en este caso hay indicios en el sentido de que se promueve la prostitución", insistió.
Abbrate consideró que "lo que debe hacer es intervenir la Justicia, se puede iniciar una actuación de oficio, pero se toma el tema con mucha liviandad aunque es un flagelo social y es importante que todos se hagan eco, porque son jóvenes que son captadas y obligadas a explotar su propia humanidad. Es lo más vil que un ser humano puede hacer con otro".
La dirigente de la APDH insistió en que "ya está informado el ministro de esta situación específica. Supongo que el señor ministro habrá hecho su tarea. No tenemos acceso a eso, pero seguimos con nuestro trabajo de reflexión y concientización. No podemos avalar ni callar esta situación de connivencia entre algunos funcionarios policiales y la prostitución en nuestra provincia".
"Lo que ocurre -agregó- es que también está la situación de que se los utiliza políticamente a estos lugares... Acá hay connivencia entre todos los estamentos, no podemos tener una venda en los ojos. Que se encargue la Justicia de investigar, yo no puedo decir que hay políticos detrás de la trata de personas, pero sí puedo asegurar que hay indicios de connivencia en el caso específico del subcomisario de Lonquimay. Siendo un funcionario policial hay que pregonar con el ejemplo, no se puede pedir que cumplan con la ley si el funcionario es el primero que la transgrede".
"Estamos luchando para que no haya más impunidad -reiteró- en el sentido estricto de la palabra. Se necesita aire fresco, hay que sacar toda la mugre de abajo de la alfombra y que se traten todos los temas. Es lamentable, pero se ha llegado a esta situación porque como sociedad estamos fallando, no nos hacemos cargo de intervenir y denunciar. Estamos obligados a cuidar y proteger a la sociedad, de esa manera se protege a nuestros hijos y nuestros nietos".
Fuente: agencia Walsh.
LA CORRIENTE POLÍTICA DE LOS DELEGADOS
(Por Adriana Meyer).- Comisiones internas combativas de diferentes sectores buscan formar un espacio nacional. Los representantes gremiales de base del subte, Zanon, Kraft y otras empresas y entidades estatales impulsan “la coordinación de los sectores combativos” para “recuperar los sindicatos” y articular “una herramienta política de los trabajadores”.
Más de 400 dirigentes se reunieron en el hotel Bauen.
El fenómeno del sindicalismo de base –comisiones internas o cuerpos de delegados– que desafía a los gremios tradicionales parece haber llegado para quedarse. Los especialistas ya dieron cuenta de la creciente presencia de partidos y fuerzas de izquierda en fábricas, empresas de servicios concesionados, gremios, escuelas, universidades, hospitales y otros organismos estatales. Ahora los protagonistas de estas experiencias decidieron vertebrarlas en una corriente político-sindical a nivel nacional: con ese objetivo, unos 400 delegados de todo el país, entre ellos los de Kraft, Zanon y el subte ya se reunieron en el hotel Bauen. Además de lanzar un programa de encuentros en distintas regiones, coincidieron en la necesidad de impulsar “la coordinación de los sectores combativos” para “recuperar los sindicatos y poner en pie una herramienta política de los trabajadores”.
Los representantes gremiales colmaron el auditorio del recuperado Bauen convocados por el Sindicato Ceramista de Neuquén (Soecn), con la presencia de sus dirigentes históricos Alejandro López y Raúl Godoy (anteriores secretario general y adjunto) y los actuales Andrés Blanco, Fabián Ruiz, Cristian Mellado y Alberto Esparza, además de Damián Videla, de la comisión interna de Cerámica Stefani de Cutral-Có. Antes de los discursos recibieron con una ovación a los delegados de Kraft (ex Terrabusi): Javier Hermosilla, de la comisión interna, y los delegados Oscar Coria, Camilo Mones y Christian Abarza. Todos pertenecen al sector de la fábrica que rechaza el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo, al que calificaron como “un golpe traicionero”.
La propuesta de mayor consenso fue la de impulsar una corriente político-sindical “que no sólo luche contra las patronales, el Gobierno y la burocracia sindical, tanto en los sindicatos alineados con la CGT como los que pertenecen a la CTA, sino que también defienda un firme programa de independencia política de los trabajadores, además de la coordinación de las organizaciones obreras combativas y antiburocráticas”. También hubo acuerdo en que el conflicto de Kraft es parte de “una oleada de crisis en la que la clase trabajadora muestra que comienza a ponerse de pie”. En tal sentido, en sus intervenciones varios delegados reafirmaron “la necesidad de construir una corriente en todo el país que se distinga por su práctica y su programa no sólo de las patronales, los gobiernos y las direcciones de las centrales sindicales, sino también de aquellos que, siendo parte de las organizaciones obreras enfrentadas a las distintas variantes de la burocracia sindical, confían en la ‘neutralidad’ del Ministerio de Trabajo, no ven que sus ‘gestiones’ siempre estén al servicio de garantizarles la ‘paz social’ a los empresarios y terminan en muchos casos firmando acuerdos y actas contrarias al mandato y a los intereses de los trabajadores”. Otros delegados señalaron que “no por casualidad esos sectores fueron parte de los que se alinearon con las patronales sojeras (y otros con el Gobierno) durante el conflicto del año pasado, y que así se ve que la independencia política de los trabajadores no es sólo un posicionamiento general, sino que tiene consecuencias concretas en las luchas”.
Las conclusiones recibieron el apoyo del cuerpo de delegados del subte, encabezados por Claudio Dellecarbonara, miembros de las comisión interna de Pepsico Snacks, como Catalina Balaguer y Leo Norniella, y de la interna de Stani-Cadbury, además de Ana Laura Las y Liliana Gasco de ATE-Indec, entre muchas otras organizaciones sindicales
También participaron del debate dirigentes de agrupaciones y partidos de izquierda como el PTS, el MAS, Izquierda Socialista, Convergencia de Izquierda, Frente Obrero y Socialista, Partido de la Revolución Socialista y El Roble. Hubo consenso en dar prioridad al apoyo a la lucha en Kraft, con la organización de un “gran fondo de huelga para los trabajadores despedidos”, además de lo que los mismos trabajadores resuelvan. Como presidencia honoraria del plenario, se propuso y aprobó a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que enfrentan con movilizaciones multitudinarias el cierre de la empresa Luz y Fuerza del Centro, que intenta dejar a miles de empleados en la calle. El próximo plenario se hará en Neuquén y, según los organizadores, será “el puntapié inicial de plenarios en distintas regiones del país”.
Más de 400 dirigentes se reunieron en el hotel Bauen.
El fenómeno del sindicalismo de base –comisiones internas o cuerpos de delegados– que desafía a los gremios tradicionales parece haber llegado para quedarse. Los especialistas ya dieron cuenta de la creciente presencia de partidos y fuerzas de izquierda en fábricas, empresas de servicios concesionados, gremios, escuelas, universidades, hospitales y otros organismos estatales. Ahora los protagonistas de estas experiencias decidieron vertebrarlas en una corriente político-sindical a nivel nacional: con ese objetivo, unos 400 delegados de todo el país, entre ellos los de Kraft, Zanon y el subte ya se reunieron en el hotel Bauen. Además de lanzar un programa de encuentros en distintas regiones, coincidieron en la necesidad de impulsar “la coordinación de los sectores combativos” para “recuperar los sindicatos y poner en pie una herramienta política de los trabajadores”.
Los representantes gremiales colmaron el auditorio del recuperado Bauen convocados por el Sindicato Ceramista de Neuquén (Soecn), con la presencia de sus dirigentes históricos Alejandro López y Raúl Godoy (anteriores secretario general y adjunto) y los actuales Andrés Blanco, Fabián Ruiz, Cristian Mellado y Alberto Esparza, además de Damián Videla, de la comisión interna de Cerámica Stefani de Cutral-Có. Antes de los discursos recibieron con una ovación a los delegados de Kraft (ex Terrabusi): Javier Hermosilla, de la comisión interna, y los delegados Oscar Coria, Camilo Mones y Christian Abarza. Todos pertenecen al sector de la fábrica que rechaza el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo, al que calificaron como “un golpe traicionero”.
La propuesta de mayor consenso fue la de impulsar una corriente político-sindical “que no sólo luche contra las patronales, el Gobierno y la burocracia sindical, tanto en los sindicatos alineados con la CGT como los que pertenecen a la CTA, sino que también defienda un firme programa de independencia política de los trabajadores, además de la coordinación de las organizaciones obreras combativas y antiburocráticas”. También hubo acuerdo en que el conflicto de Kraft es parte de “una oleada de crisis en la que la clase trabajadora muestra que comienza a ponerse de pie”. En tal sentido, en sus intervenciones varios delegados reafirmaron “la necesidad de construir una corriente en todo el país que se distinga por su práctica y su programa no sólo de las patronales, los gobiernos y las direcciones de las centrales sindicales, sino también de aquellos que, siendo parte de las organizaciones obreras enfrentadas a las distintas variantes de la burocracia sindical, confían en la ‘neutralidad’ del Ministerio de Trabajo, no ven que sus ‘gestiones’ siempre estén al servicio de garantizarles la ‘paz social’ a los empresarios y terminan en muchos casos firmando acuerdos y actas contrarias al mandato y a los intereses de los trabajadores”. Otros delegados señalaron que “no por casualidad esos sectores fueron parte de los que se alinearon con las patronales sojeras (y otros con el Gobierno) durante el conflicto del año pasado, y que así se ve que la independencia política de los trabajadores no es sólo un posicionamiento general, sino que tiene consecuencias concretas en las luchas”.
Las conclusiones recibieron el apoyo del cuerpo de delegados del subte, encabezados por Claudio Dellecarbonara, miembros de las comisión interna de Pepsico Snacks, como Catalina Balaguer y Leo Norniella, y de la interna de Stani-Cadbury, además de Ana Laura Las y Liliana Gasco de ATE-Indec, entre muchas otras organizaciones sindicales
También participaron del debate dirigentes de agrupaciones y partidos de izquierda como el PTS, el MAS, Izquierda Socialista, Convergencia de Izquierda, Frente Obrero y Socialista, Partido de la Revolución Socialista y El Roble. Hubo consenso en dar prioridad al apoyo a la lucha en Kraft, con la organización de un “gran fondo de huelga para los trabajadores despedidos”, además de lo que los mismos trabajadores resuelvan. Como presidencia honoraria del plenario, se propuso y aprobó a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que enfrentan con movilizaciones multitudinarias el cierre de la empresa Luz y Fuerza del Centro, que intenta dejar a miles de empleados en la calle. El próximo plenario se hará en Neuquén y, según los organizadores, será “el puntapié inicial de plenarios en distintas regiones del país”.
AMBIENTALISTAS RECHAZAN LEY DE GLACIARES
(Pulsar).- El Senado de Argentina aprobó un nuevo proyecto de Ley para la protección de los glaciares. Para los ambientalistas la nueva norma permitirá continuar con las actividades extractivas en las reservas de agua.
El miércoles 21 de octubre la Cámara de Senadores de Argentina aprobó sobre tablas un nuevo proyecto de ley para la protección de los glaciares.
El texto presentado por el senador oficialista Daniel Filmus deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados de la Nación.
Militantes socio-ambientales denuncian que se trata de una "estafa" ya que permite la explotación minera en las altas cumbres, donde se encuentran los glaciares cordilleranos.
El Congreso Nacional sancionó el año pasado una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial que luego fue vetada por la presidenta Cristina Fernández.
La defensa de los glaciares es uno de los objetivos asumidos por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de Argentina.
Los integrantes de la UAC se oponen a la "Ley Filmus" y reclaman que se vuelva a sancionar la normativa original sin modificaciones.
El miércoles 21 de octubre la Cámara de Senadores de Argentina aprobó sobre tablas un nuevo proyecto de ley para la protección de los glaciares.
El texto presentado por el senador oficialista Daniel Filmus deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados de la Nación.
Militantes socio-ambientales denuncian que se trata de una "estafa" ya que permite la explotación minera en las altas cumbres, donde se encuentran los glaciares cordilleranos.
El Congreso Nacional sancionó el año pasado una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Ambiente Periglacial que luego fue vetada por la presidenta Cristina Fernández.
La defensa de los glaciares es uno de los objetivos asumidos por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de Argentina.
Los integrantes de la UAC se oponen a la "Ley Filmus" y reclaman que se vuelva a sancionar la normativa original sin modificaciones.
lunes, 26 de octubre de 2009
EDITORIAL
Otros vientos corren en latinoamerica.
Medidas políticas,económicas, sociales y legislativas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra es lo que se conoce como reforma agraria. Con ella se soluciona el problema de la concentración de la propiedad en manos de unos pocos y su consecuencia más próxima que es la baja producción de la misma.
En America latina comienza a plantearse la necesidad de una postergada modificación en las politicas de tierra, que tienen los países. Como bien sabemos aires nuevos se perciben en latinoamerica. Por tal motivo, en Bolivia, sin ir más lejos se intenta transformar las estructuras agrarias, no sólo logrando los títulos de las tierras sino que haciendo un control estatal de la función socio económica que éstas deben tener. De lo contrario, es más de lo mismo.
La reforma en la politica de tierra, tiene y debe ser una reforma agraria, de otra manera sólo se cambia figuras. A través de la reforma agraria también se está planteando el concepto real de soberanía de los estados, en lo que se refiere a la alimentación, a la producción, etc.
Cuando se defiende este concepto parace en realidad que se está en contra del propio estado que debiera legislar adecuadamente para que cada uno de sus ciudadanos tengan acceso a la vivienda, una alimentación sana, salud; realmente se está en contra de los políticos de turno que sólo generan leyes y su cumplimiento para los poderosos, que piensan en sus ganancias generando monocultivos, como ha sido la soja, provocando desastre ecologico a lo largo del país, enfermedades, etc.
¿Será este el motivo que llevó al senador morales a inculpar por un escrache sufrido, a una conocida militante social?
¿Qué es lo que molesta? ¿Qué se desmascare la verdadera intencionalidad de los gobiernos? ¿Qué no se les permita avanzar?
LLegará el momento que como un sólo pueblo todos luchemos por el mismo objetivo, tomando el ejemplo de quienes han pensado en la mayoría y no de unos pocos.
Medidas políticas,económicas, sociales y legislativas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra es lo que se conoce como reforma agraria. Con ella se soluciona el problema de la concentración de la propiedad en manos de unos pocos y su consecuencia más próxima que es la baja producción de la misma.
En America latina comienza a plantearse la necesidad de una postergada modificación en las politicas de tierra, que tienen los países. Como bien sabemos aires nuevos se perciben en latinoamerica. Por tal motivo, en Bolivia, sin ir más lejos se intenta transformar las estructuras agrarias, no sólo logrando los títulos de las tierras sino que haciendo un control estatal de la función socio económica que éstas deben tener. De lo contrario, es más de lo mismo.
La reforma en la politica de tierra, tiene y debe ser una reforma agraria, de otra manera sólo se cambia figuras. A través de la reforma agraria también se está planteando el concepto real de soberanía de los estados, en lo que se refiere a la alimentación, a la producción, etc.
Cuando se defiende este concepto parace en realidad que se está en contra del propio estado que debiera legislar adecuadamente para que cada uno de sus ciudadanos tengan acceso a la vivienda, una alimentación sana, salud; realmente se está en contra de los políticos de turno que sólo generan leyes y su cumplimiento para los poderosos, que piensan en sus ganancias generando monocultivos, como ha sido la soja, provocando desastre ecologico a lo largo del país, enfermedades, etc.
¿Será este el motivo que llevó al senador morales a inculpar por un escrache sufrido, a una conocida militante social?
¿Qué es lo que molesta? ¿Qué se desmascare la verdadera intencionalidad de los gobiernos? ¿Qué no se les permita avanzar?
LLegará el momento que como un sólo pueblo todos luchemos por el mismo objetivo, tomando el ejemplo de quienes han pensado en la mayoría y no de unos pocos.
ENCUENTRO DE ALUMNOS
El Bolsón (ANPP).- Un grupo de alumnas de 5° promotor socio cultural del CEM 48 presentaron el trabajo de investigación "tomas de tierras"ocupación versus usurpación, realizado en el marco del taller de comunicaciones a los alumnos de 4° grado de la escuela 103 de Mallin Ahogado.
El objetivo del encuentro fue reflexionar en conjunto, a partir de la dinámica de un taller, sobre la tenencia de la tierra , la imposibilidad de acceder a la misma y las consecuencias que trae la falta de políticas reales y concretas sobre el tema.
El taller, que se realizó el Lunes 26 de Octubre tuvo la participación de veintitres alumnos y tres docentes, dio inicio a partir de la idea del significado de la tierra para cada uno de los participantes, luego los alumnos, a través de un collage, debieron dar solución a una problemática presentada por medio de un relato, arribando a conclusiones generales tales como:la necesidad de contar con la tierra para construir viviendas, poder producir los alimentos y vivir dignamente.
Luego del taller los alumnos de la 103 invitaron a un recorrido por el establecimiento a los visitantes para que conocieran el lugar.
COMUNICADO:¡ALERTA FRENTE A LA NUEVA CRIMINALIZACIÓ N DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES!
Buenos Aires(Organizaciones Sociales).- Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes radicales Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia, son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social, en nombre de la "seguridad" de los propietarios, y del castigo a los desposeídos.
Diarios como Clarín, La Nación, y los medios de comunicación a ellos asociados, se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes aquí firmamos esta declaración, no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que estas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía; e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos.
En el marco de los debates de los movimientos populares, hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista
Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina, que cada vez que comienza a agitarse el "fantasma" de la "violencia" por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o el asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la "guerrilla fabril", que crearon el clima para la escalada golpista.
En la actualidad, la criminalizació n de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificació n de la lucha por los derechos sociales con el delito; estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos, y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los noventa hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión, y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas políticas de criminalizació n de los movimientos populares, están atacando los derechos humanos, y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalizació n de los movimientos sociales, y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora, y de sus representantes políticos y mediáticos.
Primeras firmas: Claudia Korol, Maristella Svampa, Norma Giarracca, Roberto Gargarella, Adolfo Pérez Esquivel, María Teresa Sirvent, Patricia Agosto, Eduardo Rosenzvaig, Alejandro Grimson, Alberto Binder, Silvina Ramírez, Horacio Tarcus, Julian Rebón, Claudio Acuña, Alberto Teszkiewicz, Alba Gonzalez, Liliana Daunes, Atilio Borón, Roxana Longo, Sergio Onofrio, Julieta Elgarte, Martín Daguerre, Juan Pablo Casiello, Guillermo Almeyra, Leonardo Pérez Esquivel, Lorena Bottaro, José Luis Bonifacio, Marcelo Hernandez, Fernando Stratta, Horacio Machado Araoz, Hernán Ouviña, Mario Pecheny, Mirta Antonelli, Mauricio Torme, Silvio Schachter, Claudia Briones, Adrian Pietryszyn, Norma Michi, Juan Wahren, José Luis Coraggio, Federico Polleri, Ezequiel Adamovsky, Martín Bergel, Diana Mauri, Ariel Petruccelli, Pablo Bergel, Miguel Mazzeo, Mariano Feliz, Emiliano López, Osvaldo Battistini, Claudio Pandolfi, Kelly Pereyra, Paula Abal Medina, Gonzalo Moyano, Aldo Casas, Diego Di Risio, Nahuel Fernández, Patricia Collado, Maria Eugenia Errasti, Elsa Beatriz Gil, Teresa Lafitte, Leandro Andrini, Eduardo Molinari, Daniela Mariotti; Manuel Martínez, Mariano Pacheco, Gabriel Fernández Lopez, Javier Rodríguez Pardo, Martín Obregón, José Seoane, Carlos Figari, Martín Gómez Garciandia, Clara Algranati, Luis Rigal, Juan Carlos Escudero, Sergio Nicanoff, Susana Etchegoyen
Espacio del Cid, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Colectivo Chico Mendes, Cátedra Abierta de Estudios Americanistas (UBA)
Diarios como Clarín, La Nación, y los medios de comunicación a ellos asociados, se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes aquí firmamos esta declaración, no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que estas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía; e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos.
En el marco de los debates de los movimientos populares, hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista
Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina, que cada vez que comienza a agitarse el "fantasma" de la "violencia" por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o el asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la "guerrilla fabril", que crearon el clima para la escalada golpista.
En la actualidad, la criminalizació n de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificació n de la lucha por los derechos sociales con el delito; estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos, y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los noventa hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión, y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas políticas de criminalizació n de los movimientos populares, están atacando los derechos humanos, y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalizació n de los movimientos sociales, y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora, y de sus representantes políticos y mediáticos.
Primeras firmas: Claudia Korol, Maristella Svampa, Norma Giarracca, Roberto Gargarella, Adolfo Pérez Esquivel, María Teresa Sirvent, Patricia Agosto, Eduardo Rosenzvaig, Alejandro Grimson, Alberto Binder, Silvina Ramírez, Horacio Tarcus, Julian Rebón, Claudio Acuña, Alberto Teszkiewicz, Alba Gonzalez, Liliana Daunes, Atilio Borón, Roxana Longo, Sergio Onofrio, Julieta Elgarte, Martín Daguerre, Juan Pablo Casiello, Guillermo Almeyra, Leonardo Pérez Esquivel, Lorena Bottaro, José Luis Bonifacio, Marcelo Hernandez, Fernando Stratta, Horacio Machado Araoz, Hernán Ouviña, Mario Pecheny, Mirta Antonelli, Mauricio Torme, Silvio Schachter, Claudia Briones, Adrian Pietryszyn, Norma Michi, Juan Wahren, José Luis Coraggio, Federico Polleri, Ezequiel Adamovsky, Martín Bergel, Diana Mauri, Ariel Petruccelli, Pablo Bergel, Miguel Mazzeo, Mariano Feliz, Emiliano López, Osvaldo Battistini, Claudio Pandolfi, Kelly Pereyra, Paula Abal Medina, Gonzalo Moyano, Aldo Casas, Diego Di Risio, Nahuel Fernández, Patricia Collado, Maria Eugenia Errasti, Elsa Beatriz Gil, Teresa Lafitte, Leandro Andrini, Eduardo Molinari, Daniela Mariotti; Manuel Martínez, Mariano Pacheco, Gabriel Fernández Lopez, Javier Rodríguez Pardo, Martín Obregón, José Seoane, Carlos Figari, Martín Gómez Garciandia, Clara Algranati, Luis Rigal, Juan Carlos Escudero, Sergio Nicanoff, Susana Etchegoyen
Espacio del Cid, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Colectivo Chico Mendes, Cátedra Abierta de Estudios Americanistas (UBA)
COMUNICADO: SIN OTOÑO NO HAY PRIMAVERA
Neuquén (Hijos Alto Valle).- Otoño fue desaparecida en democracia como tantos otros… pero… ¿¿nada más??
No nos conformamos con decir que es una más.
Queremos darle identidad a Otoño, como a cada uno de nuestros 30.000 desaparecidos en dictadura, como a cada uno de los desaparecidos en democracia.
Apropiarnos de cada una de sus historias es una forma de darles identidad y mantener la memoria viva para que no permitamos que se repitan las desapariciones
Estamos convencidos que la calle es el espacio de lucha por justicia y una forma más de construir la memoria; debido a que cuando exigimos justicia por cada uno de los 30000 desaparecidos, el estado nos respondió 32 años después con juicios burgueses que favorecieron y protegen a los genocidas; cuando exigimos justicia por cada persona desaparecida por las redes de trata, el estado nos responde inventando una ley que beneficia a todos los actores que sostienen estas redes.
Esto es una muestra más de la forma ligera con la que el estado simula atender los reclamos por justicia de las problemáticas sociales que se arrastran por años.
Esta es la mejor forma de silenciar, conformar y de perpetuarse en el poder.
Pero… ¿a quiénes silencian? a los que siguen creyendo que el sistema puede dar una respuesta,
¿Quiénes se conforman? la opinión pública que se hace eco de los dichos de los medios de comunicación
¿Por qué se perpetúan en el poder? porque mantienen la obsecuencia con el poder económico, sosteniendo y garantizando una estructura social donde reina la impunidad.
Por eso HIJOS sigue construyendo una justicia no entre paredes de juzgados sino en la calle, una justicia que no permite la impunidad, una justicia que grita:
Ni olvido ni perdón
Justicia popular
Si no hay justicia, hay escrache
A 13 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO NEUQUINO POR LA PÉRDIDA DE 20.000 PUESTOS DE TRABAJO
Por Osvaldo Ortíz
Buenos Aires (Clarín).- "Nosotros eramos piqueteros con "p" de patriota, la verdad no sé con qué "p" son estos que se enganchan con los gobiernos y están al servicio de fuerzas políticas y no de la gente".
Carlos Miguel Riedberger, de 55 años -uno de los hombres que comandó la "primera pueblada" de Cutral Có y Plaza Huincul en 1996, un movimiento que sirvió de cuna de los piqueteros de esta época- marca claramente la diferencia entre aquella lucha y las actuales.
"No fuimos a la ruta para pelear soluciones personales o de un sector, queríamos que la zona volviera ser lo que había sido, que hubiera trabajo para todos", remarca Riedberger.
Ya hacía 4 años que se habían comenzado a desmantelar la central administrativa que la YPF estatal tenía en Plaza Huincul. Repsol la trasladó a la ciudad de Neuquén y detrás se fueron todas las empresas de servicios que tramitaban allí sus contratos.
Las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul -ubicadas en el desierto central neuquino- perdieron 20.000 puestos de trabajo de un plumazo.
"Cuando el 19 de junio de 1996 comenzaron a llamar para ir a la ruta para pedir trabajo, yo me fui con los chicos para ver qué pasaba. Yo había trabajado como mecánico de Gas del Estado, era jefe del sector y ya estaba sin trabajo para esa época. Había, eso sí, punteros de los partidos políticos, sobre todo del Movimiento Popular Neuquino, pero logramos controlarlos. Acordamos pedir obras públicas para que hubiera trabajo de inmediato y proyectos de desarrollo para el futuro", asegura Riedberger.
"Por eso cuando el 26 de junio llegó la jueza federal Margarita de Argüelles y detrás las fuerzas de Gendarmería para sacarnos de la ruta 22, medio pueblo salió a acompañarnos" , recuerda. Cuando los piqueteros le plantearon a la jueza que querían que viniera el gobernador Felipe Sapag, para discutir un petitorio, ella se declaró incompetente para intervenir e hizo retroceder a las fuerzas de Gendarmería.
Rieberger dice que no todo fue en vano. Se reunieron ese mismo día con el gobernador Felipe Sapag y hubo un acuerdo. Luego se construyeron las cloacas, el nuevo hospital, consiguieron que el yacimiento de hidrocarburos El Mangrullo se entregara a los dos municipios, "pero nunca más la zona volvió a ser un lugar de progreso".
Todavía es un proyecto la central hidroeléctrica Chihuídos I, que debía traer agua de riego para desarrollar esa región. Riedberger trabajó incansablemente por este último proyecto, que llegó a licitarse en 1998 con el nombre de "Lolol Có". Actualmente volvió a licitarse y su realización depende de que haya financiamiento del estado nacional.
Rieberger no volvió nunca a cortar una ruta. "Lo que nosotros hicimos no tiene nada que ver con los movimientos piqueteros actuales. No avanzaron nada, los tienen con la cabeza pisada. Yo cuando lo escucho a Luis D´Elía me vuelvo loco, este tipo no puede decir que es piquetero".
Quien fue uno de los principales protagonistas de aquella pueblada, siente que lleva "12 años castigado por no entrar en ese juego de la política; y política debería ser una buena palabra pero la convirtieron en mala".
"Soy mecánico de maquinaria pesada y tres veces en estos años llegué hasta a recibir la vestimenta para entrar a empresas, pero de golpe el puesto no se cubrió", asegura con amargura.
Actualmente vive de un subsidio de $ 150 y sus changas. Su mujer está enferma del corazón, tiene 4 hijos que no puede mandar a estudiar con recursos propios y está enfermo de los pulmones. "Todavía no sé el diagnóstico, pero lo peor es que no puedo seguir arreglando máquinas de la municipalidad por lo que me daban un plus de $ 500 y como no soy empleado, si no trabajo no cobro", cuenta, "por eso cuando la presidenta habla de justicia social, no sé porqué sus palabras se me asemejan a los molinos de viento del gallardo caballero".
Buenos Aires (Clarín).- "Nosotros eramos piqueteros con "p" de patriota, la verdad no sé con qué "p" son estos que se enganchan con los gobiernos y están al servicio de fuerzas políticas y no de la gente".
Carlos Miguel Riedberger, de 55 años -uno de los hombres que comandó la "primera pueblada" de Cutral Có y Plaza Huincul en 1996, un movimiento que sirvió de cuna de los piqueteros de esta época- marca claramente la diferencia entre aquella lucha y las actuales.
"No fuimos a la ruta para pelear soluciones personales o de un sector, queríamos que la zona volviera ser lo que había sido, que hubiera trabajo para todos", remarca Riedberger.
Ya hacía 4 años que se habían comenzado a desmantelar la central administrativa que la YPF estatal tenía en Plaza Huincul. Repsol la trasladó a la ciudad de Neuquén y detrás se fueron todas las empresas de servicios que tramitaban allí sus contratos.
Las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul -ubicadas en el desierto central neuquino- perdieron 20.000 puestos de trabajo de un plumazo.
"Cuando el 19 de junio de 1996 comenzaron a llamar para ir a la ruta para pedir trabajo, yo me fui con los chicos para ver qué pasaba. Yo había trabajado como mecánico de Gas del Estado, era jefe del sector y ya estaba sin trabajo para esa época. Había, eso sí, punteros de los partidos políticos, sobre todo del Movimiento Popular Neuquino, pero logramos controlarlos. Acordamos pedir obras públicas para que hubiera trabajo de inmediato y proyectos de desarrollo para el futuro", asegura Riedberger.
"Por eso cuando el 26 de junio llegó la jueza federal Margarita de Argüelles y detrás las fuerzas de Gendarmería para sacarnos de la ruta 22, medio pueblo salió a acompañarnos" , recuerda. Cuando los piqueteros le plantearon a la jueza que querían que viniera el gobernador Felipe Sapag, para discutir un petitorio, ella se declaró incompetente para intervenir e hizo retroceder a las fuerzas de Gendarmería.
Rieberger dice que no todo fue en vano. Se reunieron ese mismo día con el gobernador Felipe Sapag y hubo un acuerdo. Luego se construyeron las cloacas, el nuevo hospital, consiguieron que el yacimiento de hidrocarburos El Mangrullo se entregara a los dos municipios, "pero nunca más la zona volvió a ser un lugar de progreso".
Todavía es un proyecto la central hidroeléctrica Chihuídos I, que debía traer agua de riego para desarrollar esa región. Riedberger trabajó incansablemente por este último proyecto, que llegó a licitarse en 1998 con el nombre de "Lolol Có". Actualmente volvió a licitarse y su realización depende de que haya financiamiento del estado nacional.
Rieberger no volvió nunca a cortar una ruta. "Lo que nosotros hicimos no tiene nada que ver con los movimientos piqueteros actuales. No avanzaron nada, los tienen con la cabeza pisada. Yo cuando lo escucho a Luis D´Elía me vuelvo loco, este tipo no puede decir que es piquetero".
Quien fue uno de los principales protagonistas de aquella pueblada, siente que lleva "12 años castigado por no entrar en ese juego de la política; y política debería ser una buena palabra pero la convirtieron en mala".
"Soy mecánico de maquinaria pesada y tres veces en estos años llegué hasta a recibir la vestimenta para entrar a empresas, pero de golpe el puesto no se cubrió", asegura con amargura.
Actualmente vive de un subsidio de $ 150 y sus changas. Su mujer está enferma del corazón, tiene 4 hijos que no puede mandar a estudiar con recursos propios y está enfermo de los pulmones. "Todavía no sé el diagnóstico, pero lo peor es que no puedo seguir arreglando máquinas de la municipalidad por lo que me daban un plus de $ 500 y como no soy empleado, si no trabajo no cobro", cuenta, "por eso cuando la presidenta habla de justicia social, no sé porqué sus palabras se me asemejan a los molinos de viento del gallardo caballero".
POSTERGAN ASAMBLEA EN UNTER EL BOLSÓN
El Bolsón (ANPP).- La seccional El Bolsón de la Unter postergó por segunda vez la asamblea que debía realizarse el viernes, por lo cual esta vez se hará mañana martes, a las 18.30, en la sede del gremio, calle Valle Nuevo 2032.
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